Análisis y crítica del concepto borroso de Globalización en tiempos de crisis del neocapitalismo. Un esbozo propuesto por Eliseo Rabadán Fernández, colaborador de INTROFILOSOFIA

Stoa
Vol. 9, no. 17, 2018, pp. 69–94 ISSN 2007-1868
GLOBALIZACIO ́NYPOSTCAPITALISMO
Eliseo Rabada ́n Ferna ́ndez
Santander, Espan ̃a arsfilosofo@gmail.com
resumen: Tratamos de analizar conceptos y hechos relacionados con la Glo- balizacio ́n, el neoliberalismo, la guerra y la violencia desde una perspectiva cr ́ıtica, que muestre algunas tesis que converger ́ıan en la idea de que el capita- lismo est ́a en un proceso de crisis de tal magnitud que implica cambios en los modelos sociales y pol ́ıticos derivados de la toma del poder pol ́ıtico real por las corporaciones financieras y econo ́micas que de hecho est ́an gestionando el proceso.
palabras clave: Globalizacio ́n

Soros y sus ideologías al servicio de la globalización ultra neoliberal

youtube.com/watch

Nosotros, los hijos de Eichmann, y la globalización neoliberal, inundada por máquinas durante la pandemia

Este texto pertenece al libro de Günther Anders titulado : Nosotros los hijos de Eichmann

Mural del pintor mexicano Diego Rivera

Sentencia sobre tests Co R ONA y falsos positivos además de ilegalidad de confinamientos en un Tribunal portugués

Sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa

11 de noviembre de 2020

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30

1783 / 20.7T8PDL.L1-3
Reportero:MARGARIDA RAMOS DE ALMEIDA
Descriptores:
INTERÉS DE HABEAS CORPUS EN ACTUAR PRUEBAS RT-PCR DE 
SARS-COV-2 PRIVACIÓN DE DETENCIÓN ILEGAL
Documento núm.:RL
Fecha del contrato:11/11/2020
Votación:UNANIMIDAD
Texto completo:s
Texto parcial:norte
Medio de procedimiento:RECURSOS CRIMINALES
Decisión:Disposición denegada
Resumen:I. La ARS no puede apelar una decisión que ordenó la liberación inmediata de cuatro personas, por detención ilegal, en el marco de un proceso de hábeas corpus (art. 220 als. C) yd) del CPPenal), solicitando la validación del encierro. obligatorio para los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (A….) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo, decretada por las autoridades sanitarias (B…, C…. y D… ..) por no tener legitimidad ni interés en actuar. 
II. La solicitud realizada también sería manifiestamente infundada porque: 
A. La prescripción y el diagnóstico son actos médicos, bajo la exclusiva responsabilidad de un médico, inscrito en la Orden de Médicos (Reglamento No. 698/2019, de 5.9).
Así, la prescripción de métodos auxiliares de diagnóstico (como es el caso de las pruebas para la detección de infección viral), así como el diagnóstico de la existencia de una enfermedad, en relación a todas y cada una de las personas, es un asunto que no puede ser realizado por la ley. , Resolución, Decreto, Reglamento o cualquier otra vía normativa , ya que son actos que nuestro ordenamiento jurídico se reserva a la exclusiva competencia de un médico, asegurándose de que, al asesorar a su paciente, éste siempre debe procurar obtener su consentimiento informado ( 1 del artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos). 
SEGUNDO.En el caso que nos ocupa, no existe ningún indicio o evidencia de que tal diagnóstico haya sido efectivamente realizado por un profesional calificado en derecho y que haya actuado de acuerdo con las buenas prácticas médicas. En efecto, lo que se desprende de los hechos dados por supuestos es que ninguno de los demandantes fue visto siquiera por un médico, lo cual es francamente inexplicable, dada la supuesta gravedad de la infección. 
C. El único elemento que aparece en los hechos probados, al respecto, es la realización de pruebas de RT-PCR, una de las cuales presentó resultado positivo en relación a uno de los solicitantes. 
RE.En vista de la evidencia científica actual, esta prueba es, en sí misma, incapaz de determinar, más allá de toda duda razonable, que tal positividad corresponda, de hecho, a la infección de una persona con el virus SARS-CoV-2, por varias razones. , de los cuales destacamos dos (a los que se suma el tema del patrón oro,que por su especificidad ni siquiera abordaremos): 
Para que esta confiabilidad dependa del número de ciclos que componen la prueba; 
Para que esta fiabilidad dependa de la cantidad de carga viral presente. 
III . Cualquier diagnóstico o cualquier acto de vigilancia de la salud (como es el caso de determinar la existencia de infección viral y alto riesgo de exposición, que se incluyen en estos conceptos)realizada sin observación médica previa de los pacientes y sin la intervención de un médico inscrito en la OM (quien procedió a evaluar sus signos y síntomas, así como las pruebas que estimaron adecuadas a su condición), viola el Reglamento No. 698/2019, de 5.9 , así como lo dispuesto en el artículo 97 del Estatuto de la Ordem dos Médicos, pudiendo configurar el delito de usurpación de funciones, p. y P. por el artículo 358 al.b), por C.Penal. 
IV. Toda persona o entidad que emita una orden, cuyo contenido conlleve la privación de la libertad física, ambulatoria, ajena (cualquiera que sea la nomenclatura que asuma esta orden: confinamiento, aislamiento, cuarentena, protección profiláctica, vigilancia de la salud, etc.), que no se ajuste a las disposiciones legales, es decir, en lo dispuesto en el artículo 27 de la CRP , estará realizando una detención ilegal , por orden de una entidad incompetente y por estar motivado por un hecho para el cual la ley no lo permite. 
(Resumen elaborado por el relator)
Decisión de texto parcial:
Decisión de texto completo:Acuerdan una conferencia en la 3ª Sección Penal de la Corte de Apelaciones de Lisboa

I – informe 
1. Mediante resolución del 26/08/2020, se concedió la solicitud de hábeas corpus , por ser ilegal detenerlos , determinando el restitución inmediata a la libertad de las Demandantes SH__SWH___, AH___ y ​​NK___. 2. Luego vino la AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD, representada por la Dirección Regional de Salud de la Región Autónoma de las Azores, para apelar esta decisión, solicitando la validación de la final. 
el confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo, decretada por las autoridades sanitarias (SH__, SWH__ y NK___). 
4. Se admitió el recurso. 
5. Mº Pº, en su réplica, defiende que el presente recurso de casación debe considerarse infundado. 
6. En este tribunal, el ex PGA después de una visa. 
II – punto anterior.
Dado que el recurso interpuesto por el recurrente debe ser desestimado, el tribunal se limitará, en los términos de los párrafos 1, a), y 2 del artículo 420 del Código Procesal Penal, a precisar brevemente los motivos. de la decisión. 

III – justificación. 
1.La sentencia dictada por el tribunal “a quo” tiene el siguiente contenido: 
Hechos probados: 
1. El 01/08/2020 los demandantes llegaron a la isla de São Miguel, provenientes de avión desde la República Federal de Alemania, donde, en el 72 (setenta dos) horas antes de la llegada, habían realizado una prueba a COVID19, con resultado negativo y cuyas copias presentaron y entregaron a la Autoridad Sanitaria Regional, a su llegada al aeropuerto, en Ponta Delgada. 
2. El 07/08/2020 y durante su estancia en la isla de São Miguel, los demandantes AH___ y ​​NK___ realizaron una segunda prueba al COVID19. 
3. El 10/08/2020 y también durante su estancia en la isla de São Miguel, los solicitantes SH___ y ​​SWH___ realizaron una segunda prueba al COVID19.
4. El 08/08/2020 la demandante AH___ fue informada telefónicamente que su prueba realizada el día anterior había acusado “detectado”. 
5. A partir de ese día 08/08/2020 el solicitante AH___ dejó de convivir con los tres solicitantes restantes, habiendo mantenido siempre una distancia nunca menor a 2 (dos) metros de ellos. 
6. El 10/08/2020 los solicitantes SH___, SWH___ y ​​NK___ fueron informados telefónicamente que sus pruebas habían sido “negativas”.
7. El 10/08/2020, el documento se envió a todos los solicitantes por correo electrónico. Verso 25, 25, 26 y 26, suscrito por el Delegado de Salud del municipio de Lagoa, en ejercicio, Dr. Magno José Viveiros Silva, llamado Notificación de Aislamiento Profiláctico – Coronavirus SARS-CoV-2 / Enfermedad COVID – 19, y dos anexos (solo uno de ellos en inglés) y en el que se lee (igual contenido salvo la identificación de cada uno de los Postulantes): 
Aislamiento (…) 
Notificación de 
Aislamiento Profiláctico 
Coronavirus SARS- CoV-2 / Enfermedad COVID – 19 
Autoridad Sanitaria Mário Viveiros Silva Lagoa
En los términos de las Circulares Normativas no DRSCINF / 2020/22 de 25/03/2020 y DRS CNORM2020 / 39B de 04/08/2020 de la AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL (en anexo) y la Norma no 015/2020, de 24 / 07/2020 de la Dirección General de Salud (adjunto) Determino el 
AISLAMIENTO PROFILÁCTICO 
DE 
(…) 
Tarjeta Ciudadana / PASAPORTE No. (…), vigente … hasta … con el número de identificación a la seguridad social para el período del 08/08/2020 al 22/08/2020 por peligro de contagio y como medida de contención del COVID 19 (SARS-Cov-2) 
Fecha 2020/08/10 (… )
8. Las Demandantes solicitaron el envío de dichos resultados, y el informe de prueba enviado a las Demandantes AH___ y ​​NK___ fue enviado por correo electrónico el 13/08/2020 ya las Demandantes SH___ y ​​SWH___ ayer, 24 / 08/2020, por correo electrónico, informes redactados en portugués. 
9. Entre el 1 y el 14 de agosto los solicitantes fueron alojados en el alojamiento Marina Mar II, en Vila Franca do Campo. 
10. A partir del 14 de agosto, los solicitantes serán alojados en “THE LINCE AZORES GREAT HOTEL, CONFERENCE & SPA”, en Ponta Delgada (donde se encuentran actualmente), por orden del Delegado de Salud como se describe en 7 de la siguiente manera: 
– En la sala 502 están los solicitantes SH___ y ​​SWH___. 
– En la habitación 501 está el solicitante AH___.
– En la habitación 506 está el solicitante NK___. 
11. Los solicitantes intentaron al menos 3 veces comunicarse con la línea telefónica de ayuda que conocen (296 249 220) para ser aclarados en su idioma o, al menos, en el idioma inglés, pero nunca tuvieron éxito, ya que solo responden y responder en portugués, que los solicitantes no entienden. 
12. En el hotel, las comidas son entregadas en la habitación, por los servicios del hotel, en horarios predeterminados y según la elección de un tercero, excepto durante los primeros 3 días en el Hotel Lynce donde se sirvió el desayuno. y las comidas restantes a través del servicio de habitaciones.
13. El 15 de agosto, mientras cumplía con el aislamiento profiláctico determinado por la Delegada de Salud, la solicitante AH___ comenzó a sufrir una inflamación en la boca, aparentemente como resultado del aparato dental que utiliza. 
14. Habiendo, por teléfono, al 296 249 220, comuniqué esta situación con la Autoridad Regional de Salud, quien solicitó el apoyo médico necesario. 
15. Esta solicitud fue ignorada por la referida línea de ayuda, la cual no brindó al AH___ requerido el apoyo necesario.
16. Al no ver ningún apoyo, dos días después, el 17 de agosto, debidamente protegida con mascarilla y guantes, la solicitante SWH___ salió de su habitación, se dirigió a la farmacia más cercana al hotel, donde adquirió una pomada para calmar temporalmente situación referida, habiendo regresado inmediatamente al hotel y a su habitación. 
17. El 19/08/2020 fue enviado por el Delegado de Salud, Dr. JMS___, al correo electrónico de las Demandantes, donde dice: 
(…) AH___ solo se cura después de tener una prueba negativa y una 2da prueba de curación negativa, cuando eso suceda la delegación de salud se pondrá en contacto contigo (…) (sic).
18. El 21/08/2020 el siguiente mensaje fue transmitido a los cuatro postulantes, por el Delegado de Salud Dr. JMS___, por correo electrónico: “Es decir, cuando termine la cuarentena, se debe hacer una prueba y si es negativa se puede salir de casa ”(sic). 
19. El mismo 21 de agosto, el solicitante SH___ interrogó al referido médico y Delegado de Salud, Dr. JMS___, por correo electrónico que envió, lo siguiente (traducido al portugués en régimen libre): 
Estimado Dr. JMS___ , 
Ya hicimos dos pruebas de COVID / persona, todas negativas (SH___, SWH___, NK___). ..y después de eso pasamos 2 semanas en aislamiento, ¡y ninguno de nosotros tiene ningún síntoma! 
Tenemos documentos del Dr. MMS ___, confirme.
¿Nadie nos dijo nada sobre las nuevas pruebas después del tiempo de aislamiento? 
Ya hemos reprogramado nuestros vuelos y planeamos salir de la isla. 
Explique el motivo de su declaración. 
¿Por qué no se realizó ayer la prueba AH___ COVID? 
Saludos, 
SH___ ”20. Los 
reclamantes no recibieron respuesta a este correo electrónico, con la excepción del reclamante AH___ quien fue notificado de una nueva prueba de detección, específicamente, para el próximo día 29/08/2020. 
21. El 20/08/2020 la demandante AH___ realizó una tercera prueba a COVID19, y al día siguiente (21/08/2020), solo por teléfono, se informó que el resultado había acusado “detectado”.
22. La demandante AH___ solicitó que se le remitiera prueba escrita de este resultado positivo, la cual le fue enviada vía correo electrónico ayer, 24/08/2020. 
23.Las Demandantes interrogaron al personal de recepción del hotel donde se hospedan y se les informó que ninguno de los cuatro reclamantes, sin excepción, podrá salir de las habitaciones. 
24. Los solicitantes no tienen, ni han presentado, ningún síntoma de la enfermedad (fiebre, tos, dolores musculares, estornudos, falta de olfato o paladar). 
25.Los demandantes no han explicado el contenido de los dos documentos que se les enviaron con los escritos enumerados en el párrafo 7. 
26.Los demandantes tienen su residencia habitual en la República Federal de Alemania, identificada en estos documentos.
Razón fundamental:
La cuestión que aquí se plantea se basa en el hecho de que las Demandantes se encuentran privadas de su libertad (desde el 10 de agosto hasta la fecha actual, según los hechos probados) y, en consecuencia, de poder hacer uso del presente instituto de hábeas corpus. -como explicaremos a continuación-, se pregunta si existe o no un fundamento jurídico para esta privación de libertad.
En efecto, sin siquiera cuestionar la constitucionalidad orgánica de la Resolución del Consejo del Gobierno Regional No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, actualmente en vigor en el ámbito de los procedimientos aprobados por el Gobierno de las Azores para contener la propagación del virus SARS-COV-. 2 en esta Comunidad Autónoma, en la situación actual la detención / confinamiento de las Demandantes desde el pasado 10 de agosto se materializa mediante una comunicación realizada vía correo electrónico, en portugués, en los términos que se señalan como probado en el punto 7.
Ahora, como se desprende del punto 7 de los hechos probados, la autoridad regional de salud, a través del respectivo Delegado de Salud del área territorial donde se encontraban los Demandantes, determinó su aislamiento profiláctico bajo las Circulares Normativas No. DRSCINF / 2020 / 22 de 2020/03/2025 y DRS CNORM2020 / 39B de 2020/08/04 de la AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD y Norma no. 015/2020, de 24/7/2020 de la Dirección General de Salud. Y, fue a través de En una comunicación con el sustento antes señalado, se destaca, en circulares normativas y norma de la Dirección General de Salud, que la Autoridad Regional de Salud privó a los Demandantes de su libertad, pues de los hechos probados se deriva de la saciedad que éstos, en el rigor de los conceptos ,fueron detenidos del 10 al 14 de agosto de 2020 en un desarrollo hotelero en Vila Franca do Campo y desde el 14 de agosto de 2020 hasta la fecha actual confinados, y por tanto detenidos, en una habitación de hotel en esta ciudad de Ponta Delgada. No podemos olvidar, sobre todo porque se destaca de la lista de hechos probados, que el poder de movimiento y el derecho a la movilidad de la Demandante – o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las habitaciones donde que encontraron fue ir a este tribunal y hacer declaraciones (con la excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la demandante en clara desesperación para ayudar al dolor de su hija en los términos probados).No podemos olvidar, sobre todo porque se destaca de la lista de hechos probados, que el poder de movimiento y el derecho a la movilidad de la Demandante – o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las habitaciones donde que encontraron fue ir a este tribunal y hacer declaraciones (con la excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la demandante en clara desesperación para ayudar al dolor de su hija en los términos probados).No podemos olvidar, sobre todo porque se destaca de la lista de hechos probados, que el poder de movimiento y el derecho a la movilidad de la Demandante – o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las habitaciones donde que encontraron fue ir a este tribunal y hacer declaraciones (con la excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la demandante en clara desesperación para ayudar al dolor de su hija en los términos probados).que el poder de circulación y el derecho de movilidad de los demandantes – o el de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las salas donde se encuentran fue acudir a este juzgado y hacer declaraciones (con excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la solicitante en clara desesperación por ayudar al dolor de su hija en los términos probados).que el poder de circulación y el derecho de movilidad de los demandantes – o el de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las salas donde se encuentran fue acudir a este juzgado y hacer declaraciones (con excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la solicitante en clara desesperación por ayudar al dolor de su hija en los términos probados).
En definitiva, luego de analizar la factualidad encontrada, es inexorable concluir que estamos ante una privación real de la libertad personal y física de los solicitantes, no permitida por ellos, que les impide no solo desplazarse, sino también estar en familia, viviendo alrededor de 16 días. separados (los demandantes SH___ y ​​SWH___ y ​​su hija, aquí el Demandante, AH___) y, en el caso del Demandante NK___ totalmente solo, sin ningún contacto físico con nadie. Decir que no hay privación de libertad porque en cualquier momento pueden estar ausentes de sus respectivas habitaciones, en las que se encuentran es una falacia, basta con mirar las comunicaciones que se hicieron después del 10 de agosto, ninguna de ellas en idioma alemán,y las condiciones en las que han vivido (sin olvidar que son ciudadanos extranjeros con la barrera del idioma inherente) o solicitar su regreso a su lugar de origen es una falacia, y para esta conclusión basta con mirar las últimas comunicaciones realizadas en portugués, subraya el que destaca como comprobado en el punto 8, en particular “Es decir, cuando finalizan la cuarentena tienen que hacer una prueba y si es negativa pueden salir de la casa como del hotel donde se encuentran confinados. 3 dormitorios.cuando terminan la cuarentena tienen que hacer una prueba y si es negativa pueden salir de casa como del hotel donde están confinados en 3 habitaciones.cuando terminan la cuarentena tienen que hacer una prueba y si es negativa pueden salir de casa como del hotel donde están confinados en 3 habitaciones.
Por tanto, si las Demandantes se encuentran privadas de libertad, ante circunstancias probadas, es necesario trazar el camino en el que nos movemos, iniciando el recorrido por la luz rectora del sistema legislativo portugués: la Constitución de la República Portuguesa. 
Así, en cuanto a la jerarquía normativa, es necesario recordar que, tal y como establece el artículo 1 de la CRP, “Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y comprometida con la construcción de una sociedad libre y justa. y solidario ”. De ahí que quede claro que la unidad de sentido en la que se basa nuestro sistema de derechos fundamentales se basa en la dignidad humana – el principio de la dignidad de la persona humana es la referencia axial de todo el sistema de derechos fundamentales.
Uno de ellos, el más relevante por su carácter estructurador del propio Estado democrático, es el principio de igualdad, previsto en el artículo 13 de la CRP, que establece, en su párrafo 1, que “Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley. ”, agregando el párrafo 2, que“ Nadie puede ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de ningún derecho o exento de cualquier deber por ascendencia, sexo, raza, idioma, territorio de origen, religión, creencias políticas o ideológicas, educación, situación económica, condición social u orientación sexual ”.
Y, en lo que aquí importa, bajo el epígrafe “derecho a la libertad y la seguridad”, el artículo 27, núm. 1 de la CDP establece, “Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad”, refiriéndose José Lobo Moutinho, en anotación a este artículo, que “La libertad es un momento absolutamente decisivo y esencial – por no decir, el modo de ser mismo constitutivo – de la persona humana (Ac. n ° 607/03:“ demanda óntica ”), que le otorga esa dignidad en El orden jurídico portugués (y, sobre todo, jurídico-constitucional) encuentra su fundamento granítico (artículo 1 de la Constitución). En este sentido, se puede decir la piedra angular de la edificación social “(Ac. N ° 1166/96)” (aut.cit., En op. Cit., P. 637).
Dado que la libertad humana no es unidimensional y puede adquirir múltiples dimensiones, como se ejemplifica en los artículos 37 y 41 de la CRP, la libertad en cuestión en el artículo 27 es la libertad física, entendida como libertad de movimiento corporal, de ir y venir, libertad de deambulación o locomoción, estipulando en el párrafo 2 de este último artículo que “ Nadie puede ser privado total o parcialmente de libertad, salvo que sea como consecuencia de una sentencia judicial condenatoria por la práctica de un acto punible en la ley con pena privativa de libertad o prisión. aplicación judicial de una medida de seguridad ”. – nuestro subrayado.
Las excepciones a este principio se encuentran tipificadas en el párrafo 3, que establece que: 
“ Se exceptúa de este principio la privación de libertad, por el tiempo y en las condiciones que determine la ley, en los siguientes casos:
a) Detención en flagrante delito; 
b) Detención o prisión preventiva por fuertes indicios de infracción penal correspondiente a una pena de prisión con un límite máximo de más de tres años; 
c) El arresto, detención u otra medida coercitiva sujeta a control judicial, de una persona que haya ingresado o permanezca ilegalmente en territorio nacional o contra quien se encuentre en trámite de extradición o expulsión; 
d) Prisión disciplinaria impuesta al personal militar, con garantía de recurso ante el tribunal competente; 
e) Someter al menor a medidas de protección, asistencia o educación en un establecimiento adecuado, decretado por el tribunal judicial competente;
f) Detención por decisión judicial por desobediencia a la decisión de un tribunal o para asegurar la comparecencia ante la autoridad judicial competente; 
g) Detención de sospechosos, con fines de identificación, en los casos y por el tiempo estrictamente necesario; 
h) Internamiento de un paciente con anomalía psíquica en un establecimiento terapéutico adecuado, decretado o confirmado por autoridad judicial competente ”. 
Finalmente, cabe recordar que, en caso de privación de libertad en contra de lo dispuesto en la Constitución y la Ley, el Estado se constituye en el deber de indemnizar al lesionado en los términos que establece la ley, según se desprende del párrafo 5 del artículo 27, señalando , de conformidad con el artículo 3 del CRP:
(…) 2. El Estado está subordinado a la Constitución y se basa en la legalidad democrática. 
3. La vigencia de las leyes y demás actos del Estado, comunidades autónomas, autoridades locales y cualesquiera otras entidades públicas depende de su cumplimiento de la Constitución. 
Cuando llegamos aquí, habiendo trazado el territorio legal, miremos más de cerca la situación en la que se movió la Autoridad Sanitaria Regional en la situación bajo análisis. 
Las Demandantes SH__SWH__ y NK_ se sometieron a una prueba de cribado para el virus SARS-CoV-2, cuyo resultado fue negativo para todos, con la misma prueba positiva para la Demandante AH___, lo que dio lugar a la mencionada orden de aislamiento profiláctico y la consiguiente permanencia de las mismas en los términos establecidos. y probado.
Por lo tanto, en vista del contenido de la notificación hecha a las Demandantes, este tribunal no puede dejar de expresar, ab initio, su perplejidad ante la determinación de aislamiento profiláctico a las cuatro Demandantes. 
Como se desprende de la definición dada por la Dirección General de Salud, “la cuarentena y el aislamiento son medidas de lejanía social imprescindibles en salud pública. Se utilizan especialmente en respuesta a una epidemia y están destinados a proteger a la población de la transmisión entre personas. La diferencia entre cuarentena y aislamiento radica en el estado de enfermedad de la persona que quiere estar ausente. En otras palabras: 
la cuarentena se utiliza en personas que se supone que están sanas, pero que pueden haber estado en contacto con un paciente infectado;
el aislamiento es la medida que se utiliza en las personas enfermas, para que a través de la distancia social no contagien a otros ciudadanos ”. (en https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/isolamento/?fbclid=IwAR34hD77oLCpxUVYJ9Ol4ttgwo4tsTOvPfIa3Uyoh0EJEbCs3jEihkaEPAY#sec-0).
Volviendo al presente caso, la Autoridad Regional de Salud decidió hacer una pizarra en blanco de conceptos esenciales, porque delimitan el tratamiento diferenciado (porque diferente, pasa el pleonasmo), las situaciones de las personas infectadas y de quienes estuvieron en contacto con él, de cara al orden de aislamiento profiláctico a todos los reclamantes, aunque solo uno de ellos tiene resultado positivo a la prueba de detección antes mencionada. Y, más decidido, hacer letra muerta de la Resolución del Consejo de Gobierno No. 207/2020 de 31 de julio, prohibiendo a la sumisión obligatoria la validación judicial del tribunal competente decretó que es obligatoria la cuarentena, cuando derive a la saciedad de los hechos. probado que los Demandantes SH__SWH__ y NK___, como máximo, están sujetos a cuarentena obligatoria.
No lo hizo dentro de las 24 horas previstas en el punto 6 de la citada Resolución, ni siquiera en un plazo más amplio –como en las 48 horas previstas en el artículo 254, apartado 1, letra a), del Código Procesal Penal, o 26, nº 2, de la LSM – continuar realizando cualquier comunicación y, por tanto, la evidente restricción a la libertad de las Demandantes SH__SWH__ y NK_ siempre será ilegal.
En este paso, la citada Resolución de Consejo de Gobierno No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, establece en el punto 4 que en los casos en que el resultado de la prueba del virus SARS-CoV-2 sea positivo, la La salud local, en el ámbito de sus competencias, determinará los procedimientos a seguir. El Solicitante AH___ positivo en la prueba de cribado para el virus en cuestión, fue notificado, reiterando en los mismos términos que los demás Solicitantes, del orden de aislamiento profiláctico entre el 10/08/2020 al 22/08/2020. 
En este punto, es necesario aclarar que la notificación realizada como probado en el punto 7, es traída de lo que figura en la Norma de DGS015 / 2020, norma a la que alude además de las circulares normativas (disponibles para consulta enhttps://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de-24072020-pdf.aspx ), y cuéntanos, en lo que importa aquí: (. ..) Contactos con exposición de alto riesgo 
15. Un contacto clasificado como de exposición de alto riesgo, según los términos del Anexo 1, está sujeto a: a) 
Vigilancia activa durante 14 días, desde la fecha de la última exposición; 
b) Determinación de aislamiento profiláctico, en domicilio u otro lugar definido a nivel local, por la Autoridad Sanitaria, hasta el final del período de vigilancia activa, según el modelo de Despacho no. 2836-A / 2020 y / o n 310º-A / 20202 (modelo disponible en http://www.seg-social.pt/documents/10152/16819997/GIT_70.docx/e6940795-8bd0-4fad-b850-ce9e05d80283 )
Siguiendo esta norma de la Dirección General de Salud, se lee, entre otros, en la circular normativa No. DRSCNORM / 2020 / 39B, de 2020-08-04 (disponible para consulta en http://www.azores.gov. pt / NR / rdonlyres / 25F80DC1-51E6-4447-8A38-19529975760 / 1125135 / CN39B_signed1.pdf ), 
(…) a. Contactos 
cercanos 
de alto riesgo Los contactos cercanos de alto riesgo se tratan como casos sospechosos hasta el resultado de laboratorio el caso sospechoso. Estos contactos cercanos deben ser evaluados para SARS-CoV-2. Se consideran contactos de alto riesgo: i. Cohabitación con caso confirmado de COVID-19; (…) 
ii. Vigilancia y control de contactos cercanos
3. Contactos cercanos de alto riesgo, dado que, en la actualidad, se estima que el período de incubación de la enfermedad (tiempo transcurrido desde la exposición al virus hasta la aparición de los síntomas) está entre 1 y 14 días, deben cumplir con 14 días de aislamiento profiláctico, incluso si tienen pruebas de detección negativas durante ese período, y se debe realizar una prueba el día 14. Si el resultado de la prueba del día 14 es negativo, se dan de alta. Si los contactos cercanos de alto riesgo conviven con el caso positivo, solo deben ser dados de alta cuando se determine la curación del caso positivo, y, por lo tanto, se debe extender el aislamiento profiláctico respectivo. 
(…) 
13. Cumplimiento del aislamiento profiláctico
Todas las personas identificadas como casos sospechosos, hasta que se conozcan los resultados negativos, cumplen con aislamiento profiláctico; 
Todas las personas que dieron positivo por Covid-19 y que son dadas de alta después de una prueba de curación (internación o en el hogar), no necesitan someterse a un nuevo período de aislamiento de 14 días o repetir una nueva prueba el día 14. 
Todos los pasajeros que desembarquen en aeropuertos de la Región desde aeropuertos ubicados en áreas consideradas zonas de transmisión comunitaria activa o con cadenas de transmisión activas para el virus SARS-CoV-2 deberán cumplir con los procedimientos vigentes en la Región en ese momento. 
Llegados aquí, analizamos el valor legal de las normas / orientaciones de la Dirección General de Salud y de la circular normativa 39B, del 08/04/2020, de la Dirección Regional de Salud,No cabe duda de que hemos entrado en el ámbito de la orientación administrativa. 
Al respecto, con la especificidad de reportar a la Autoridad Tributaria -que tiene la misma posición administrativa jurídica que la Autoridad Nacional de Salud en el ius imperium del Estado-, CASALTA NABAIS (Ley Tributaria, 6a ed., Almedina, p. 197), “los llamados lineamientos administrativos, tradicionalmente presentados en las más diversas formas como instructivos, circulares, circulares, circulares, órdenes normativas, reglamentos, dictámenes, etc.”, que son muy frecuentes en el derecho tributario, constituyen “reglamentos internos que, al tener como destinataria únicamente a la Administración Tributaria, sólo ésta les debe obediencia, siendo, por tanto, de obligado cumplimiento sólo para los órganos ubicados jerárquicamente por debajo del organismo que los autoriza.
Por eso no son vinculantes para los particulares ni los tribunales. Y esto es si se trata de reglamentos organizacionales, que definen reglas aplicables al funcionamiento interno de la administración tributaria, creando métodos de trabajo o modos de actuación, o si son reglamentos interpretativos, que proceden a la interpretación de preceptos legales (o normativos).
Es cierto que densifican, explicitan o desarrollan los preceptos legales, definiendo previamente el contenido de los actos a realizar por la administración cuando se apliquen. Pero eso no los convierte en el estándar de validez de los actos que apoyan. De hecho, la valoración de la legalidad de los actos de la administración tributaria debe realizarse a través del enfrentamiento directo con la norma legal correspondiente y no con el reglamento interno, que se interpone entre la norma y el acto ”.
Ahora bien, el problema de la pertinencia normativa de las Circulares de Administración (Tributaria) ya fue planteado y considerado en las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 583/2009 y 42/14, de 18/11/2009 y 09/09/12, respectivamente, y esa Corte decidió, Con lo cual coincidimos, que las prescripciones contenidas en las Circulares para la Administración Tributaria, independientemente de su irradiación persuasiva en la práctica de los ciudadanos, no constituyen normas para los fines del sistema de control de constitucionalidad comprometido con la Corte Constitucional.
Como se subraya en dicha nota (Sentencia 583/2009) “(…) Estos actos, en los que destacan las“ circulares ”, emanan del poder de autoorganización y del poder jerárquico de la Administración. Contienen órdenes de servicio genéricas y es por ello y sólo dentro del respectivo ámbito subjetivo (de la relación jerárquica) que se les garantiza su cumplimiento. Incorporan pautas para acciones futuras, transmitidas por escrito a todos los subordinados de la autoridad administrativa que las emitió. Estos son modos de decisión estandarizados, asumidos para racionalizar y simplificar la operación de los servicios. Vale la pena decir que, aunque indirectamente pueden proteger la seguridad jurídica y garantizar la igualdad de trato mediante la aplicación uniforme de la ley, no regulan la materia que tratan en relación con los particulares, ni constituyen una regla de decisión de los tribunales ”.
En consecuencia, al carecer de una fuerza vinculante heterónoma para las personas y al imponerse al juez solo por el valor doctrinal que puedan tener, las prescripciones contenidas en las “circulares” no son estándares para los efectos del sistema de control de constitucionalidad de la competencia de la Corte Constitucional. 
Lo dicho permite concluir que los lineamientos administrativos transmitidos en forma de circulares normativas, como en el presente caso, no constituyen disposiciones de valor legislativo que puedan ser objeto de una declaración de inconstitucionalidad formal – ver Sentencia del Tribunal Supremo Administrativo, de 21/06/2017, disponible para consulta en www.dgsi.pt .
Y esto para dejar en claro que las normas invocadas por la Autoridad Regional de Salud que apoyaron la privación de libertad impuesta a las Demandantes mediante notificación de aislamiento profiláctico son lineamientos administrativos no vinculantes para las Demandantes. Por cierto. sólo mire a quién se dirigen respectivamente: 
Circular Normativa No. DRSCNORM / 2020 / 39B: “Para: Unidades de Salud del Servicio Regional de Salud, Delegados Municipales de Salud (C / c Azores Regional Civil Protection and Fire Service, Line de Saúde Açores) Asunto: Detección del SRAS-CoV-2 y atención de casos sospechosos o confirmados de infección por SRAS-CoV-2 Fuente: Dirección Regional de Salud (…)
Norma 015/2020, del 24/7/2020: “ASUNTO: COVID-19: Detección de contactos PALABRAS CLAVE: Coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, Detección de contactos (rastreo de contactos), Investigación epidemiológica 
PARA: Sistema de salud (…). 
En esta secuencia, y en forma resumida, este tribunal no puede dejar de subrayar que el presente caso, nos permitimos decir aberrante, de privación de libertad de las personas, carece absolutamente de fundamento jurídico, y no se vuelve a plantear. Argumento de que la defensa de la salud pública está en juego porque el tribunal siempre actúa de la misma manera, es decir, de acuerdo con la ley, además, de ahí la necesidad de la confirmación judicial consagrada en la Ley de Salud Mental en el caso de internamiento obligatorio, ya que la facticidad encontrada y los resultados anteriores:
– Las Demandantes han estado confinadas al espacio de una habitación por cerca de 16 días, con base en una notificación de “aislamiento profiláctico” hasta el 22/08/2020, plazo que ya ha sido excedido y operada la notificación, que en todo caso es ilegal como medio para detener a personas por las razones ya explicadas (basta con mirar las normas constitucionales expuestas anteriormente), ha caducado;
– Los demandantes nunca han recibido información, comunicación, notificación, según corresponda, en su lengua materna, ni se les ha proporcionado un intérprete, desde el principio en flagrante violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 5, núm. 2 y 6, párrafo 3, inc. A) y las normas procesales penales (ver artículo 92 del Código Procesal Penal), es decir, en nuestro ordenamiento jurídico se detiene a una persona extranjera y sin dominio de el idioma portugués es inmediatamente designado como intérprete, y en el caso de las Demandantes que se limitaron a viajar a esta isla y disfrutar de su belleza, nunca se les concedió tal posibilidad; 
– Los reclamantes después del 22/08/2020 están confinados al espacio de una habitación con base en las siguientes comunicaciones:
– El 19/08/2020 fue enviado por el Delegado de Salud, Dr. JMS___, al correo electrónico de las Demandantes, donde dice: 
(…) AH___ solo se cura después de tener una prueba negativa y una 2ª prueba de curación negativa, cuando esto suceda, la delegación de salud se pondrá en contacto contigo (…) (sic). 
– El 21/08/2020 se transmitió a los cuatro postulantes el siguiente mensaje, por parte del Delegado de Salud Dr. JMS___, vía correo electrónico: “Es decir, cuando termine la cuarentena, hay que hacer una prueba y si esta es negativa, puede retirarse hogar ”(sic); 
– La privación de libertad de las Demandantes no estuvo sujeta a escrutinio judicial alguno.
Como dijimos inicialmente, aún podríamos considerar la constitucionalidad orgánica de la Resolución del Consejo de Gobierno No. 1207/2020, de 31 de junio, sin embargo, creemos que es un tema sin importancia para el objeto de la decisión a tomar, que es rápida, porque incluso A la luz de tal resolución, la decisión no puede ser diferente, con base en la decisión del Tribunal Constitucional, de 31/07/2020, en el ámbito del proceso nº 424/2020, y, porque la posición de la Autoridad Sanitaria Regional en las presentes circunstancias remonta la aplicación de circulares normativas, con el valor explicado anteriormente.
Finalmente, y debido a que este tribunal ha ido resolviendo sucesiva y recientemente en el ámbito de este instituto de habeas corpus frente a órdenes dictadas por la Autoridad Sanitaria Regional, nos permitimos suscribir y subrayar el siguiente extracto de la primera resolución de este Tribunal de Instrucción Penal:
La cuestión del confinamiento obligatorio en el caso de enfermedades contagiosas, y los términos en los que debe ocurrir, es una cuestión apremiante, que no está respaldada por el artículo 27, párrafo 3, del CRP, concretamente en su párrafo h), donde sólo está prevista la hospitalización de pacientes con anomalías psíquicas en un establecimiento terapéutico adecuado, decretada o confirmada por la autoridad judicial competente. Es urgente legislar sobre esta materia, estableciendo, de manera clara, los principios fundamentales a los que debe obedecer, dejando los aspectos detallados a la ley derivada – y solo estos. 
Porque, como dice el profesor Gian Luigi Gatta, que citamos aquí en una traducción gratuita,En este momento, las energías del país están enfocadas en emergencias. Pero ante la necesidad de proteger los derechos fundamentales, también y sobre todo en caso de emergencia, los Tribunales están obligados a hacer su parte. Porque, además de la medicina y la ciencia, el derecho –y en primer lugar el derecho de los derechos humanos– debe estar a la vanguardia: no para prohibir y sancionar – como se recalca demasiado estos días – sino para garantizar y proteger a todos. nosotros. Hoy la emergencia se llama coronavirus. No sabemos mañana. Y lo que hagamos o no hagamos hoy, para mantener el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema, puede condicionar nuestro futuro ”. (en “I diritti fondamentali alla evidencia del coronavirus. Perché una legge sulla quarantena es necesaria”,) “.
No será difícil admitir y aceptar que la turbulencia legislativa generada en torno a la contención de la propagación del COVID-19 tuvo -y seguirá teniendo- en su razón de ser la protección de la salud pública, pero esta turbulencia nunca podrá lesionar el derecho a la muerte. libertad y seguridad y, en última instancia, el derecho absoluto a la dignidad humana.
Queda por decidir en consecuencia. 
(…) 
Por lo tanto, a la luz de lo anterior, dado que la detención de los Demandantes SH__SWH___, AH___ y ​​NK___ es ilegal, decido acoger la presente solicitud de hábeas corpus y, en consecuencia, determinar su inmediata restitución a la libertad. 
2. El solicitante llegó a las siguientes conclusiones, que extrajo de su motivación:
1. El presente recurso se dirige contra la decisión emitida por el Tribunal erudito, que consideró que “la detención de los Demandantes SH__SWH___, AH___ y ​​NK___ es ilegal” y decidió “acoger la presente solicitud de hábeas corpus y, en consecuencia, determinar la restitución inmediata de ellos a la libertad ”; 
2.Sólo en aras de la economía procesal, es decir, por su escasa relevancia para la apreciación del fondo del caso, no se apela la facticidad probada, sin embargo, cabe señalar que se basó únicamente en las declaraciones de la los propios solicitantes.
3. La decisión impugnada por no haber cumplido el solicitante con el punto 6 de la Resolución del Consejo del Gobierno Regional de las Azores No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, violó el ámbito de aplicación de la misma Resolución, definida en punto 1 de la misma Resolución; 
4. La convalidación judicial de cuarentena obligatoria, prevista en el punto 6 de la citada resolución, sólo aplica a la cuarentena obligatoria decretada para pasajeros que no acepten, alternativamente, alguno de los trámites previstos en el punto 1 de la mencionada Resolución;
5. Los solicitantes cumplieron con el procedimiento previsto en el párrafo 1 a) de la Resolución No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, por lo que nunca podrían estar sujetos a cuarentena obligatoria bajo dicha Resolución y, en consecuencia, no existe lugar a la convalidación judicial, previsto en el punto 6 de la Resolución n. ° 207/2020, de 31 de julio de 2020. 
6. Contrariamente a lo que se defiende en la sentencia impugnada, el ordenamiento jurídico portugués permite la adopción de medidas excepcionales, incluida la separación de personas, consecuente decreto de confinamiento obligatorio de personas infectadas y con alta probabilidad de estar infectadas, mediante el mecanismo previsto en el artículo 17 de la Ley nº 81/2009, de 21 de agosto;
7. El Consejo de Ministros hizo uso legítimo de la facultad reglamentaria excepcional, prevista en el artículo 17 de la Ley No. 81/2009, mediante las Resoluciones del Consejo de Ministros No. 55-A / 2020, de 31 de julio, 2020 y No. 63-A / 2020, de 14 de agosto; 
8. El párrafo 2 de la Resolución del Consejo de Ministros No. 55-A / 2020, de 31 de julio de 2020, dispuso medidas de carácter excepcional, necesarias para combatir el COVID -19, para ser aplicadas en todo el territorio nacional, a saber las previstas en el régimen adjunto a dicha resolución; 
9. El artículo 2 del Anexo decretó que: 
Artículo 2 
Reclusión obligatoria 
1 – Se encuentran en internación obligatoria, en un establecimiento de salud, en su domicilio o en otro lugar definido por las autoridades sanitarias:
a) Pacientes con COVID -19 y aquellos infectados con SARS -CoV-2; 
b) Ciudadanos para los que la autoridad sanitaria u otros profesionales sanitarios hayan determinado vigilancia activa. 
2 – (…) ” 
10. El solicitante AH___ cuando esté infectado con el virus SARS-CoV-2, de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, letra a) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros 55-A / 2020, tenía que estar en confinamiento obligatorio; 
11. El Tribunal a quo, al decretar el hábeas corpus de AH___ y ​​permitir su libre circulación, violó el artículo 17 de la Ley nº 81/2009, de 21 de agosto, en referencia al artículo 2, núm. 1, letra a) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros No. 55-A / 2020;
12. Los solicitantes SH__SWH__ y NK_ de acuerdo con las reglas estipuladas por la Autoridad Nacional de Salud, contenidas en la Norma 015/2020, del 24/07/2020, son contactos con Exposición de Alto Riesgo, y deben estar sujetos a: a 
. Vigilancia activa durante 14 días, a partir de la fecha de la última exposición; 
b) Determinación de aislamiento profiláctico, en domicilio u otro lugar definido a nivel local, por la Autoridad Sanitaria, hasta el final del período de vigilancia activa, según el modelo de Despacho no. 2836-A / 2020 y / o n 3103-A / 20202 ” 
13. Los solicitantes SH__SWH__ y NK_, sujetos a vigilancia activa, de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, letra b) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros núm. 55-A / 2020, tenía que estar en confinamiento obligatorio;
14. El Tribunal a quo, al decretar el hábeas corpus de SH__SWH__ y NK_ y permitir su libre circulación, violó el artículo 17 de la Ley nº 81/2009, de 21 de agosto, por referencia al artículo 2, núm. 1, inciso b) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros nº 55-A / 2020. 
15. Es imperativo que la Decisión impugnada sea revocada y sustituida por una que valide el confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo, decretado por las autoridades sanitarias (SH__SWH__ y NK___). 
3. En su respuesta, el MºPº extrajo las siguientes conclusiones: 
 1– La sentencia del Tribunal Constitucional de 31-07-2020 (Proc. 403/2020; 1. ‘Sección; Cons. José António Teles Pereira), tras concluir que el confinamiento obligatorio, ya sea por cuarentena o por aislamiento profiláctico, constituye una verdadera privación de libertad no prevista en el art. 27, núm. 2, del CRP, y que toda privación de libertad requiere autorización previa de la Asamblea de la República, loque no sucedió con las Resoluciones del Gobierno Regional de las Azores que imponían una cuarentena obligatoria, considerándose verificada la inconstitucionalidad orgánica de las referidas normas.
2 – Estas normas, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, son en todo material idénticas a las contenidas en las Resoluciones del Consejo de Ministros nº 55-A / 2020, de 31-07, 63-A / 2020, de 14-08 , y 70-A / 2020, de 11-09, y 88-A / 2020, de 14-10, en la medida en que prevean las privaciones de libertad no previstas en un documento legal correspondiente emanado de la entidad competente, así como no se encuentran en las excepciones previstas en el art. 27, nº 3, de la CRP, por lo que también deben ser inaplicados por violación del art. 27 (1) del CRP.
3 – Previsión del art. 5, párrafo 1, al. e), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales – Roma, 04-11-1950), relativo al Derecho a la Libertad y la Seguridad, que “Toda persona tiene derecho a libertad y seguridad “y que” Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo en los siguientes casos y de acuerdo con el procedimiento legal: (…) “Si se trata de la detención legal de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de mental extranjero, alcohólico, drogadicto o vagabundo ”, podemos concluir que la privación de libertad de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa es una forma de detención y que, según la Convención, es posible que Que los Estados dispongan la detención de estas personas en su legislación interna.
4 – Teniendo en cuenta el principio constitucional de tipicidad de las medidas privativas de libertad, y no previendo el art. 27, de la CRP, en ninguno de los párrafos del número 3, la privación de libertad de una persona “susceptible de propagar una enfermedad contagiosa”, 
5 – Y teniendo el inciso h) – que prevé la admisión de una anomalía psiquiátrica en un establecimiento terapéutico apropiado – añadido por el art. 11.0, nº 6, de la Ley Constitucional nº 1/97, de 20 de septiembre (4. ‘revisión constitucional), en un momento en el que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya preveía expresamente la detención de una persona susceptible de propagación enfermedad contagiosa,
6 – Y que el legislador constitucional, ni en la referida revisión constitucional ni en una posterior, agregó otro párrafo al párrafo 3 del art. 27. de prever esta posibilidad, como lo hizo con el internamiento de un paciente con una anomalía psíquica, podemos concluir que nos encontramos ante una decisión consciente del legislador constitucional de no permitir la privación de libertad de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, solo por ese hecho.
7 – Análisis del régimen constitucional del derecho a la libertad y seguridad previsto en el art. 27, No. 1, de la CRP, podemos concluir, por lo tanto, que no es posible que el legislador, aunque a través de la Asamblea de la República o del Gobierno autorizado por ella, genere privaciones de libertad no previstas en el n. 3 de la citada norma constitucional, es decir, respecto de las personas con enfermedades infecciosas y contagiosas, ya sean estas privaciones de libertad confinamientos, cuarentenas o aislamientos profilácticos, sin incurrir en ninguna norma creada al efecto de inconstitucionalidad material por vulneración de dicha norma constitucional.
8 – Pasando ahora al régimen legal para la admisión de personas con enfermedades contagiosas, la Ley No. 2036 de 08-08-1949 preveía la posibilidad de promover el aislamiento o internamiento de personas con enfermedades infecciosas, pero solo, en este caso. último caso, en situaciones en las que existiera un grave peligro de contagio, recurriendo a una autoridad de decisión de aislamiento o internamiento.
9 – A su vez, el art. 17 de la Ley nº 81/2009, de 21-08, que derogó la Ley nº 2036 del 8/9/1949, otorga al miembro del Gobierno responsable del área de la salud una facultad reguladora especial, según lo estipulado en la base XX de la Ley No. 48/90, de 24-08 (Ley Básica de Salud), a saber, “tomar las medidas de excepción necesarias en caso de emergencia de salud pública, incluyendo la restricción, suspensión o cierre de actividades o separación de personas no enfermas, medios de transporte o mercancías, que hayan estado expuestas, a fin de evitar la posible propagación de infecciones o contaminación ». 
10– A partir de aquí, se desprende que la posibilidad de promover el aislamiento o internamiento de personas con enfermedades infecciosas y contagiosas no está prevista en esta ley, según lo dispuesto en la Ley N ° 2036 de 09-08-1949. Por otro lado, dado que las medidas tomadas por las autoridades sanitarias respetan la Constitución y la ley y la Ley Constitucional no prevé la privación de libertad para las personas con enfermedades infecciosas, la interpretación que se debe dar a la expresión “separación de personas que no son pacientes, medios de transporte o bienes, que han sido expuestos ”, para estar de acuerdo con la Constitución de la República Portuguesa no puede alcanzar el núcleo del derecho a la libertad, es decir, no debe constituir una privación total de libertad.
11 – Por otro lado, la actual Ley Básica de Salud – Ley No. 95/2019, de 04-09 – establece en la Base 34, en materia de defensa de la salud pública, que la autoridad de salud pública puede «b) Desatar , de acuerdo con la Constitución y la ley, internación o atención médica obligatoria para personas que de otro modo constituirían un peligro para la salud pública. 
12 – Ley No. 82/2009, de 02-04, que regula el régimen legal para la designación, competencia y funcionamiento de las entidades que ejercen la competencia de las autoridades sanitarias, dispone en su art. 5 ° las facultades de la autoridad sanitaria, a saber, “c) Activar, de conformidad con la Constitución y la ley, el internamiento o la prestación obligatoria de asistencia sanitaria a las personas en situación de perjuicio para la salud pública”.
13 – De ello se desprende que, dado que las medidas tomadas por las autoridades sanitarias respetan la Constitución y la ley, y la Ley Constitucional no prevé la privación de libertad de las personas con enfermedades infecciosas y contagiosas, si la interpretación que se dé a la expresión o la prestación obligatoria de asistencia sanitaria a las personas que corren peligro de dañar la salud pública ‘, ya sea en el sentido de que las autoridades sanitarias puedan ordenar el internamiento u otra medida restrictiva de la libertad de circulación, o la prestación obligatoria de asistencia sanitaria por parte de personas con enfermedades infecciosas y contagiosas, tal interpretación de la ley es materialmente inconstitucional por violación del art. 27 (1) del CRP.
14 – Que define la Ley N ° 27/2006, de 03-07 (Ley Fundamental de Protección Civil) “Accidente grave” como un evento inusual con efectos relativamente limitados en el tiempo y el espacio, capaz de afectar a personas y otros seres la vida, los bienes o el medio ambiente, pero estableciéndose en el art. 5, párrafo 1, al. a), el principio de prioridad del interés público relativo a la protección civil sobre los intereses de la defensa nacional, la seguridad interior y la salud pública, podemos concluir que situaciones graves de salud pública, como la actual pandemia, no se incluyen en el interés público en La protección civil, por tanto, no está incluida en los conceptos de “accidente mayor” y “catástrofe” a que se refiere el art. 3 de la Ley de Protección Civil.
15 – De aquí también se puede concluir que las Resoluciones del Consejo de Ministros – y las Resoluciones del Consejo del Gobierno Regional – que se basaron en la Ley Básica de Protección Civil para declarar “la situación de contingencia y alerta, en el ámbito de la enfermedad pandémica COVID-19 “, a saber, las Resoluciones del Consejo de Ministros no. 55-A / 2020, de 31-07, 63-A / 2020, de 14-08, 68-A / 2020, de 28-08, y 70-A / 2020, de 11-09 – derogada por Resolución del Consejo de Ministros nº 88-A / 2020, de 14-10, actualmente vigente -, que prevé en el punto 2 el “confinamiento obligatorio, en establecimiento de salud, en su domicilio o en otro lugar definido por las autoridades sanitarias: (…) «a) Pacientes con COVID-19 e infectados por SARS-CoV-2; (…) “B) Los ciudadanos para quienes la autoridad sanitaria u otros profesionales sanitarios hayan determinado vigilancia activa”, no tienen base legal, ya quela Ley de Protección Civil no se aplica a situaciones de peligro para la salud pública. 
16 – Podemos así concluir que las Resoluciones del Consejo de Ministros n. 55-A / 2020, de 31-07, 63-A / 2020, de 14-08, 68-A / 2020, de 28-08 , 81/2020, 29-09 – este último fue derogado por Resolución del Consejo de Ministros nº 88-A / 2020, de 14-10, actualmente vigente -, y su Anexo, que fueron emitidos por el Gobierno, en el uso poderes administrativos, creó un régimen que restringe la libertad de los ciudadanos con enfermedades infecciosas y contagiosas (cuarentenas, profilácticas situaciones de personas con enfermedad contagiosa o peligro para la salud pública, establecieron la combinación de la práctica de un delito de desobediencia por tales violaciones y el agravamiento de la pena prevista por dicho delito,violar directamente el art. 27 (1) de la CRP, que, por ser inconstitucional, debe por tanto ser retirado del caso, contrariamente a la solicitud del demandante,
17 – Manteniendo la decisión sub judice.  
4. El solicitante es la autoridad sanitaria regional, representada por la Dirección Regional de Salud de la Región Autónoma de las Azores. 
El Decreto Ley No. 11/93, de 1993-01-15, en su versión actual (Estatuto del Servicio Nacional de Salud) determina que (énfasis agregado): 
 Artículo 1 
El Servicio Nacional de Salud , en adelante denominado SNS, es un conjunto ordenado y jerárquico de instituciones y servicios oficiales que brindan atención médica, que operan bajo la supervisión o supervisión del Ministerio de Salud . 
Artículo 3 
1 – El NHS está organizado en regiones sanitarias. 
2 – Las regiones de salud se dividen en subregiones de salud, integradas por áreas de salud.
Artículo 6 
1 – En cada región sanitaria existe una administración sanitaria regional, en adelante ARS . 
2 – Las ARS tienen personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. 
3- Las ARS tienen las funciones de planificación, distribución de recursos, orientación y coordinación de actividades, gestión de recursos humanos, apoyo técnico y administrativo, así como evaluar el funcionamiento de las instituciones y servicios de salud.
4 – (…). 
Por su parte, establece el Decreto-Ley nº 22/2012 
Artículo 1 
1 – Las Administraciones Autonómicas de Salud, IP, en sus abreviaturas ARS , IP., son institutos públicos integrados en la administración indirecta del Estado , dotados de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. 
2 – Las ARS, IP, continúan con sus funciones, bajo la supervisión y vigilancia del miembro gubernamental responsable del área de salud. 
3- Las ARS, IP, se rigen por las normas contenidas en este decreto-ley, por lo dispuesto en la ley marco de los institutos públicos y en el Estatuto del Servicio Nacional de Salud y por las demás normas que le sean de aplicación .


Artículo 3
1 – Las ARS, IP, tienen la misión de garantizar a la población de la respectiva área geográfica de intervención el acceso a la prestación de atención en salud, adecuando los recursos disponibles a las necesidades y cumpliendo y haciendo cumplir las políticas y programas de salud en su área de intervención.
2 – Es responsabilidad de cada ARS, IP, en el ámbito de las respectivas circunscripciones territoriales: 
a) Ejecutar la política nacional de salud, de acuerdo con las políticas globales y sectoriales, con miras a su organización racional y optimización de recursos ; 
b) Participar en la definición de medidas de coordinación de la planificación intersectorial, con el objetivo de mejorar la prestación de salud;
c) Colaborar en la elaboración del Plan Nacional de Salud y monitorear su implementación a nivel regional; 
d) Desarrollar e impulsar actividades en el campo de la salud pública, a fin de garantizar la protección y promoción de la salud de las poblaciones; 
e) Asegurar la ejecución de programas de intervención local dirigidos a reducir el consumo de sustancias psicoactivas, prevenir conductas adictivas y reducir las dependencias; 
f) Desarrollar, consolidar y participar en la gestión de la Red Nacional Integrada de Atención Continuada según los lineamientos definidos;
g) Asegurar la planificación regional de los recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo la ejecución de los proyectos de inversión necesarios, de las instituciones y servicios que prestan atención de salud, supervisando su asignación; 
h) Elaborar, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, el listado de instalaciones y equipos; 
i) Asignar, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, recursos financieros a las instituciones y servicios de atención de salud integrados o financiados por el Servicio Nacional de Salud y a entidades privadas con o sin fines de lucro. , que presten asistencia sanitaria o actúen en los ámbitos a que se refieren los puntos e) yf);
j) Celebrar, monitorear y revisar los contratos en el ámbito de las alianzas público-privadas, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, y asignar los recursos financieros respectivos; 
l) Negociar, celebrar y monitorear, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, los contratos, protocolos y convenciones de ámbito regional, así como realizar la respectiva evaluación y revisión, tanto en el ámbito de la prestación de salud como en las áreas referidas. en los puntos e) yf);
m) Orientar, brindar soporte técnico y evaluar el desempeño de las instituciones y servicios de salud, de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos y reglamentos emitidos por los servicios centrales y organismos competentes en los diferentes campos de intervención; 
n) Asegurar la adecuada articulación entre los servicios de salud para garantizar el cumplimiento de la red de derivación; 
o) Asignar recursos económicos, mediante la firma, seguimiento y revisión de contratos en el ámbito de la atención continua integrada; 
p) Elaborar programas funcionales de establecimientos de salud; 
q) Concesión de licencias a unidades privadas de atención de salud y unidades en el área de adicciones y conductas adictivas en el sector social y privado;
r) Emitir dictámenes sobre planes maestros de unidades de salud, así como sobre creación, modificación y fusión de servicios; 
s) Emitir dictámenes sobre la adquisición y expropiación de terrenos y edificaciones para la instalación de servicios de salud, así como sobre proyectos de las instalaciones de los prestadores de servicios de salud. 
3 – Para el desempeño de sus funciones, las ARS, IP, podrán colaborar entre sí y con otras entidades del sector público o privado, con o sin fines de lucro, en los términos de la legislación vigente. 
5. La disposición de hábeas corpus requerida se enmarca en lo dispuesto en el artículo 220 de la CPP, que dice lo siguiente:
Habeas corpus por detención ilegal
1 – Los detenidos por orden de cualquier autoridad podrán solicitar al juez de instrucción del área donde se encuentren que ordene su inmediata presentación judicial, por cualquiera de las siguientes causales: 
a) Excedido el plazo de entrega al poder judicial; 
b) Mantener la detención fuera de los lugares legalmente permitidos; 
c) La detención fue realizada u ordenada por una entidad incompetente; 
d) La detención esté motivada por un hecho para el cual la ley no lo permite.
2- La solicitud puede ser firmada por el detenido o por cualquier ciudadano en el goce de sus derechos políticos.
3.- Toda autoridad que ponga un obstáculo ilegítimo para la presentación de la demanda a que se refieren los párrafos anteriores o para su remisión al juez competente es sancionada con la pena prevista en el artículo 382 del Código Penal. 
6. Disfrutando.
El artículo 401 del Código Penal establece lo siguiente: 
1 – Tienen legitimidad para apelar: 
a) El Ministerio Público, de las decisiones, incluso en el interés exclusivo del imputado; 
b) El imputado y el asistente, de las decisiones que se hayan pronunciado en su contra; 
c) Las partes civiles, por parte de las decisiones que se dicten contra cada uno; 
d) Aquellos a quienes se les haya ordenado el pago de alguna cantidad, en los términos de este Código, o tengan que defender un derecho afectado por la decisión.
2 – Cualquiera que no tenga interés en actuar no puede apelar.


7. La primera cuestión que surge aquí es la de la legitimidad del demandante, en el contexto de un recurso de casación en un proceso penal. 
yo. Estamos en el ámbito de una jurisdicción penal, cuyo objeto es asegurar el ejercicio efectivo del jus puniendi del Estado, es decir, que se dedica a investigar y decidir sobre conductas que constituyan delito o falta administrativa. 
Es en este contexto y con tal fin que la Ley determina quién tiene la legitimidad para poder discutir la bondad de una sentencia dictada por un tribunal penal. 
ii.En este caso, observamos que la demandante no es demandada, no es asistente y no ha presentado ningún reclamo civil que, dado el principio de adhesión, determinaría su posición como demandante o demandada. 
iii. Así, ante la Ley y teniendo en cuenta la lista de intervinientes que el legislador entendió que pueden tener legitimidad para intervenir en un proceso en este tipo de jurisdicción, en el recurso de apelación tendremos que concluir que el solicitante carece de legitimidad para poder venir a discutir el contenido de una decisión judicial en este contexto. 
iv.De hecho, aquí no se discute la práctica de ningún delito, ni de ningún delito de carácter administrativo, teniendo la certeza de que la cuestión de las posibles consecuencias a nivel penal, del reconocimiento de la existencia de una detención ilegal, es un asunto que habrá que discutir. en su propia sede, es decir, en una investigación que pueda abrirse a tal efecto, siendo completamente ajena a la decisión del presente caso. 
v. Concluimos, por tanto, que la demandante carece de legitimidad para apelar contra la decisión dictada por el tribunal “a quo”.


8. Independientemente de la cuestión de la legitimidad, parece que, asimismo, el demandante carece de interés en actuar. 
yo.Como se desprende de la jurisprudencia y doctrina pacífica al respecto, el interés por actuar significa la necesidad de que alguien tenga que utilizar el mecanismo de apelación como forma de reaccionar frente a una decisión que perjudique los intereses que defiende o que haya frustrado su expectativa o beneficio legítimo. 
ii. Ahora bien, en el presente caso, la pregunta es: ¿la decisión generó alguna desventaja para los intereses que defiende la ARS? ¿O una expectativa o beneficio legítimo? 
La respuesta es manifiestamente negativa. 
De lo contrario, veamos. 
iii. El ARS continúa con sus funciones, bajo la supervisión y supervisión del miembro gubernamental responsable del área de salud .
Así, e inmediatamente, ya sea por las funciones que le son encomendadas, o por su jerarquía manifiesta, frente a la tutela, habrá que concluir que ninguna ARS persigue un interés propio y autónomo, que debe defender. Quien continuará, eventualmente, será el Ministro respectivo o el Gobierno en el que se inserte, ya que los “intereses” de la ARS no serán los suyos, sino que se incluirán en la política de salud del ministerio que supervisa dicha entidad. 
Cabe señalar, además, que en la definición de sus atribuciones [1] , no se le asigna ninguna función específica de defensa, con independencia y en su propio nombre, en los tribunales, de los intereses que corresponden a sus funciones que, en lo que concierne con respecto a las infracciones penales o administrativas, no existen … 
iv.Por su parte, el interés que el propio solicitante pretende defender y que consta en la solicitud, al final de este recurso, la validación del confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar en La vigilancia activa, para exposición de alto riesgo, decretada por las autoridades sanitarias (SH__SWH__ y NK___) – es en sí misma contradictoria y va más allá del propósito y alcance de un tribunal penal. 
Contradictorio porque la demandante no admite que el confinamiento corresponda a la privación de libertad. Si es así, no se vislumbra dónde se basa la jurisdicción del apelante para validar “confinamientos”. Y fuera del ámbito de actuación de un tribunal penal, porque no le corresponde al tribunal tomar decisiones declarativas para validar infecciones o enfermedades… 
v . Finalmente, no se ve que una expectativa o beneficio legítimo tenga una entidad bajo la tutela de un organismo gubernamental, visto frustrado por la decisión ahora criticada. Sierra. De ello se desprende que el solicitante no tiene interés en emprender acciones, razón por la cual, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 401 del CP Penal, no puede apelar la decisión. 9. La decisión del tribunal “a quo” para recibir el presente recurso no vincula a este tribunal (artículo 414 CPPenal), por lo que nada impide su rechazo. 10. 

No obstante, y para la tranquilidad de las conciencias, también se agregará lo siguiente: 
Aunque no se entendiera, el recurso presentado sería manifiestamente infundado, por las siguientes razones sucintas : 
i. En primer lugar, por el razonamiento exhaustivo y correcto expuesto en la sentencia, por parte del tribunal “a quo”, cuyo contenido está plenamente suscrito. 
En verdad,De acuerdo con la Constitución y la Ley, las autoridades sanitarias no tienen el poder ni la legitimidad para privar a nadie de su libertad, ni siquiera bajo la etiqueta de “confinamiento”, que efectivamente corresponde a una detención, ya que tal decisión solo puede determinarse. o convalidada por la autoridad judicial, es decir, la competencia exclusiva, en vista de la Ley que aún nos rige, para ordenar o validar dicha privación de libertad, la afecta exclusivamente un poder autónomo, el Poder Judicial. 
De ahí se desprende que toda persona o entidad que emita una orden, cuyo contenido lleve a la privación de la libertad física, ambulatoria, ajena (cualquiera que sea la nomenclatura que asuma esta orden: confinamiento, aislamiento, cuarentena, protección profiláctica, etc.), que no se ajusta a las disposiciones legales, es decir, a lo dispuesto en el artículo 27 de la CRP y sin que se le haya otorgado tal poder de decisión, en virtud de la Ley, proveniente de la RA, en el ámbito estricto de la declaración de estado de emergencia o sitio. , con el debido respeto al principio de proporcionalidad – para imponer y precisar los términos y condiciones de dicha privaciónse estará realizando una detención ilegal, por orden de una entidad incompetente y por estar motivada por un hecho para el cual la ley no lo permite (Cabe decir, además, que esta cuestión se ha debatido, a lo largo del tiempo, en relación con otros fenómenos de salud pública, a saber, en relación con la infección por VIH y la tuberculosis, por ejemplo. Y, que se sepa, nunca nadie ha sido privado de su libertad, por sospecha o certeza de padecer tales enfermedades, precisamente porque la Ley no lo permite). 
Es en este ámbito que, sin lugar a dudas, la situación bajo consideración en este proceso, teniendo certeza de que los medios de defensa adecuados, contra detenciones ilegales, se subsume al recurso de recurso de hábeas corpus , previsto en el art. c) yd), de CPPenal. 
Y con razón, el tribunal “a quo” ordenó la liberación inmediata de cuatro personas que fueron privadas de libertad ilegalmente. 
ii.En segundo lugar, porque la solicitud realizada en el recurso de casación resulta imposible . 
De lo contrario, veamos:


11. De hecho, se solicita que “se valide el confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo , decretada por las autoridades (SH__SWH__ y NK_) “.


12. Es con gran asombro que este tribunal se enfrente a tal solicitud, sobre todo si tenemos en cuenta que el recurrente trabaja en el sector de la salud.
¿Desde cuándo le corresponde a un tribunal realizar diagnósticos clínicos, por iniciativa propia y en base a posibles resultados de pruebas? ¿O el ARS? ¿Desde cuándo el diagnóstico de una enfermedad se hace por decreto o por ley?

13. Como el solicitante tiene más que una obligación de saber, un diagnóstico es un acto médico, responsabilidad exclusiva de un médico . 
Esto es lo que se desprende inequívoca y perentoriamente del Reglamento N ° 698/2019, de 5.9 (reglamento que define los propios actos de los médicos), publicado en RD. 
Allí se determina, de manera imperativa (lo que requiere su cumplimiento por parte de todos, incluido el solicitante) que (énfasis agregado): 

Artículo 1 
Objeto
Este reglamento define los actos profesionales propios del médico, su responsabilidad, autonomía y límites, en el ámbito de su desempeño. 

Artículo 3 
Calificación 
1 – El médico es el profesional legalmente capacitado para ejercer la medicina , capacitado para el diagnóstico , tratamiento, prevención o recuperación de enfermedades y otros problemas de salud , y capaz de brindar atención e intervenir en individuos, grupos de personas individuos o grupos de población, enfermos o sanos, con el fin de proteger, mejorar o mantener su estado y nivel de salud. 
dos –Los médicos que tienen un registro vigente en la Asociación Médica Portuguesa son los únicos profesionales que pueden ejercer los actos propios de los médicos , en los términos del Estatuto de la Asociación Médica Portuguesa, aprobado por el Decreto-ley n. con las modificaciones introducidas por la Ley 117/2015, de 31 de agosto y del presente reglamento.


Artículo 6
Acto médico en general
1º – El acto médico consta de diagnóstico , pronóstico , vigilancia , investigación, pericia médico-legal, codificación clínica, auditoría clínica, prescripción y ejecución de medidas farmacológicas y no terapéuticas. técnicas farmacológicas, médicas , cirugía y rehabilitación, promoción de la salud y prevención de enfermedades en todas sus dimensiones, es decir, física, psíquica y social de las personas, grupos de población o comunidades, respetando los valores éticos de la profesión médica.


Artículo 7 
Acto diagnóstico 
La identificación de un trastorno, enfermedad o estado de una enfermedad mediante el estudio de sus síntomas y signos y el análisis de las pruebas realizadas es un procedimiento sanitario básico que debe ser realizado por un médico y, en cada área específica , por un médico especialista y tiene como objetivo establecer la mejor terapia preventiva, quirúrgica, farmacológica, no farmacológica o rehabilitadora.

14. Incluso en el marco de la Ley de Salud Mental, Ley N ° 36/98, de 24 de julio, el diagnóstico de la patología que puede conducir a la hospitalización obligatoria es realizado obligatoriamente por médicos especialistas y su juicio técnico y científico, inherente a la evaluación. clínico-psiquiátrico – queda excluido de la libre valoración del juez (ver artículos 13, 3, 16 y 17 de dicha Ley).


15. Así, cualquier diagnóstico o cualquier acto de vigilancia de la salud (como es el caso de determinar la existencia de infección viral y alto riesgo de exposición, que se muestran cubiertos por estos conceptos) realizado sin observación médica previa a los solicitantes, sin la intervención de un médico. inscrito en el OM (que procedió a la evaluación de sus signos y síntomas, así como a los exámenes que estimó oportunos a su condición), viola dicho Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 97 de la Orden de los Doctores, pudiendo configurar el delito pag. y P. por el art. 358 al.b) (Usurpación de funciones) de C.Penal, si lo dicta alguien que no tenga tal calidad, es decir, que no sea médico inscrito en la Ordem dos Médicos.
También viola núm. 1 del artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que Portugal suscribió y está obligado a respetar interna y externamente, ya que no se ha proporcionado ningún documento que acredite el consentimiento aclarado que impone esta Declaración. .
Así, queda claro que la prescripción de métodos auxiliares de diagnóstico (como es el caso de las pruebas para la detección de infección viral), así como el diagnóstico de la existencia de una enfermedad, en relación a todas y cada una de las personas, es un asunto que no puede ser ser realizados por Ley, Resolución, Decreto, Reglamento o cualquier otro medio normativo, por tratarse de actos que nuestro ordenamiento jurídico se reserva a la exclusiva competencia de un médico, asegurándose que, al asesorar a su paciente, éste siempre debe procurar obtener la su consentimiento informado.


16. En el caso que nos ocupa, no existe ningún indicio o evidencia de que tal diagnóstico haya sido efectivamente realizado por un profesional calificado en Derecho y que haya actuado de acuerdo con las buenas prácticas médicas.
En efecto, lo que se desprende de los hechos dados por supuestos es que ninguno de los demandantes fue visto siquiera por un médico, lo cual es francamente inexplicable, dada la supuesta gravedad de la infección. 


17. De hecho, el único elemento que aparece en los hechos probados al respecto es la realización de pruebas de RT-PCR, una de las cuales presentó resultado positivo en relación con una de las demandantes. 
yo. Sin embargo, a la vista de la evidencia científica actual, esta prueba es, en sí misma, incapaz de determinar, más allá de toda duda razonable, que tal positividad corresponde, de hecho, a la infección de una persona por el virus SARS-CoV-2, por Varias razones, de las que destacamos dos (a las que se suma el tema del patrón oro que, por su especificidad, ni siquiera abordaremos):
Para que esta fiabilidad dependa de la cantidad de ciclos que componen la prueba; 
Para que esta fiabilidad dependa de la cantidad de carga viral presente. 
ii. De hecho, las pruebas de RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa), pruebas de biología molecular que detectan el ARN del virus, comúnmente utilizadas en Portugal para probar y enumerar el número de infectados (después de la recolección nasofaríngea), se realizan amplificando muestras. , a través de ciclos repetitivos. 
El número de ciclos de tal amplificación da como resultado la mayor o menor confiabilidad de tales pruebas. 
iii. Y el problema es que esta fiabilidad se muestra, en términos de evidencia científica (y en este campo, el juez tendrá que apoyarse en el conocimiento de expertos en la materia) más que discutible.
Este es el resultado, entre otros, del estudio de correlación muy reciente y completo entre 3790 muestras positivas de qPCR y cultivos celulares positivos, incluidos los aislados de SARS-CoV-2 de 1941 , por Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Van Thuan Hoang Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola, Enfermedades Infecciosas Clínicas, ciaa1491, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491,emhttps://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093 / cid / ciaa1491 / 5912603 , publicado a finales de septiembre de este año, por Oxford Academic , realizado por un grupo que reúne a algunos de los mayores expertos europeos y mundiales en la materia. 
Este estudio concluye [2] , en traducción libre:
“Con un umbral de ciclo (ct) de 25, aproximadamente el 70% de las muestras permanecen positivas en el cultivo celular (es decir, estaban infectadas): en un ct de 30, el 20% de las muestras permanecieron positivas; en un ct de 35, el 3% de las muestras permanecieron positivas; y en un ct superior a 35, ninguna muestra permaneció positiva (infecciosa) en cultivo celular (ver diagrama). 
Esto significa que si una persona tiene una prueba de PCR positiva en un umbral de ciclo de 35 o más (como en la mayoría de los laboratorios de EE. UU. Y Europa), las posibilidades de que una persona se infecte son menos del 3%. La probabilidad de que la persona reciba un falso positivo es del 97% o más ”. 
iv. Lo que se sigue de estos estudios es simple:la posible confiabilidad de las pruebas de PCR realizadas depende, de entrada, del umbral de ciclos de amplificación que contengan, de tal manera que, hasta el límite de 25 ciclos, la confiabilidad de la prueba será de alrededor del 70%; si se realizan 30 ciclos, el grado de fiabilidad desciende al 20%; si se alcanzan los 35 ciclos, el grado de fiabilidad será del 3%. 
v. Sin embargo, en el presente caso, se desconoce el número de ciclos de amplificación con los que se realizan las pruebas de PCR en Portugal, incluidas las Azores y Madeira, ya que no pudimos encontrar ninguna recomendación o límite al respecto. 
Sierra. A su vez, en un estudio muy reciente de Elena Surkova, Vladyslav Nikolayevskyy y Francis Drobniewski, accesible en: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext , publicado en el igualmente prestigioso The Lancet, Respiratory Medicine , hace referencia (además de las múltiples preguntas que el mismo la precisión de la prueba aumenta, en cuanto a la detección específica del virus sars-cov 2, debido a las fuertes dudas sobre el cumplimiento del llamado estándar de oro) (traducción libre):
“Cualquier prueba diagnóstica debe ser interpretada en el contexto de la posibilidad real de la enfermedad, antes de su realización . Para Covid-19, esta decisión de realizar la prueba depende de una valoración previa de la existencia de síntomas, antecedentes médicos de Covid 19 o presencia de anticuerpos, cualquier posible exposición a esta enfermedad y la posibilidad de otro posible diagnóstico. ” [3]“ Una de las posibles razones para presentar resultados positivos puede ser la diseminación prolongada de ARN viral, que se sabe que se extiende durante semanas después de la recuperación, en aquellos que estuvieron previamente expuestos al SARS-CoV-2. Sin embargo, y lo que es más relevante, no existen datos científicos que sugieran que niveles bajos de ARN viral por RT-PCR equivalen a infección, a menos que la presencia de partículas virales infecciosas haya sido confirmada por métodos de cultivo de laboratorio .

En resumen, las pruebas de Covid-19 que muestran falsos positivos son cada vez más probables, en el panorama climático epidemiológico actual en el Reino Unido, con importantes consecuencias personales, sanitarias y del sistema social ”. [4]


18. Así, con tantas dudas científicas expresadas por expertos en la materia, que son los que aquí importan, en cuanto a la confiabilidad de tales pruebas, desconociendo los parámetros de su desempeño y sin un diagnóstico realizado por un médico, en el sentido de la existencia de infección y riesgo, este tribunal nunca podría determinar que AH___ tenía el virus SARS-CoV-2, ni que SH__SWH__ y NK_ habían tenido exposición de alto riesgo.


19.En resumen, se dirá que, dado que el recurso interpuesto es inadmisible, por falta de legitimidad y desinterés en la actuación del solicitante, así como manifiestamente infundado, deberá ser desestimado, en virtud del en los artículos 401 nº1 al. a), 417 nº6 al. b) y artº420 nº1 als. a) yb), todos los CP Penal. iv – decisión.

En vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 417, párrafo 6, al. b) y 420 nº1 als. a) yb), ambos del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso interpuesto por la AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL, representada por la Dirección Regional de Salud de la Región Autónoma de las Azores .
 
En los términos del numeral 3 del artículo 420 de la CPPenal, se condena al solicitante en la sanción procesal de 4 UC, así como en el TJ de 4 UC y costas. 
Informar inmediatamente al tribunal “a quo” del contenido de esta sentencia.

Lisboa, 11 de noviembre de 2020

Margarida Ramos de Almeida

Ana Paramés

_______________________________________________________ [1] [1] 2 – Es responsabilidad de cada ARS, IP, en el ámbito de las respectivas circunscripciones territoriales:

a) Implementar la política nacional de salud, de acuerdo con políticas globales y sectoriales, orientadas a su organización racional y optimización de recursos;
b) Participar en la definición de medidas de coordinación de la planificación intersectorial, con el objetivo de mejorar la prestación de salud; 
c) Colaborar en la elaboración del Plan Nacional de Salud y monitorear su implementación a nivel regional; 
d) Desarrollar e impulsar actividades en el campo de la salud pública, a fin de garantizar la protección y promoción de la salud de las poblaciones; 
e) Asegurar la ejecución de programas de intervención local dirigidos a reducir el consumo de sustancias psicoactivas, prevenir conductas adictivas y reducir las dependencias; 
f) Desarrollar, consolidar y participar en la gestión de la Red Nacional Integrada de Atención Continuada según los lineamientos definidos;
g) Asegurar la planificación regional de los recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo la ejecución de los proyectos de inversión necesarios, de las instituciones y servicios que prestan atención de salud, supervisando su asignación; 
h) Elaborar, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, el listado de instalaciones y equipos; 
i) Asignar, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, recursos financieros a las instituciones y servicios de atención de salud integrados o financiados por el Servicio Nacional de Salud y a entidades privadas con o sin fines de lucro. , que presten asistencia sanitaria o actúen en los ámbitos a que se refieren los puntos e) yf);
j) Celebrar, monitorear y revisar los contratos en el ámbito de las alianzas público-privadas, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, y asignar los recursos financieros respectivos; 
l) Negociar, celebrar y monitorear, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, los contratos, protocolos y convenciones de ámbito regional, así como realizar la respectiva evaluación y revisión, tanto en el ámbito de la prestación de salud como en las áreas referidas. en los puntos e) yf);
m) Orientar, brindar soporte técnico y evaluar el desempeño de las instituciones y servicios de salud, de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos y reglamentos emitidos por los servicios centrales y organismos competentes en los diferentes campos de intervención; 
n) Asegurar la adecuada articulación entre los servicios de salud para garantizar el cumplimiento de la red de derivación; 
o) Asignar recursos económicos, mediante la firma, seguimiento y revisión de contratos en el ámbito de la atención continua integrada; 
p) Elaborar programas funcionales de establecimientos de salud; 
q) Concesión de licencias a unidades privadas de atención de salud y unidades en el área de adicciones y conductas adictivas en el sector social y privado;
r) Emitir dictámenes sobre planes maestros de unidades de salud, así como sobre creación, modificación y fusión de servicios; 
s) Emitir dictámenes sobre la adquisición y expropiación de terrenos y edificaciones para la instalación de servicios de salud, así como sobre proyectos de las instalaciones de los prestadores de servicios de salud. 
[2] “que en un umbral de ciclo (ct) de 25, aproximadamente el 70% de las muestras permanecieron positivas en cultivo celular (es decir, infecciosas); a un ct de 30, el 20% de las muestras permanecieron positivas; con un ct de 35, el 3% de las muestras permanecieron positivas; y en un ct por encima de 35, ninguna muestra quedó positiva (infecciosa) en el cultivo celular (ver diagrama). Esto significa que si una persona obtiene un resultado de prueba de PCR “positivo” en un umbral de ciclo de 35 o más (como se aplica en la mayoría de los laboratorios de EE. UU. y muchos laboratorios europeos), 
la probabilidad de que la persona sea infecciosa es inferior al 3%. La probabilidad de que la persona reciba un resultado “falso positivo” es del 97% o más .

[3] Cualquier resultado de una prueba de diagnóstico debe interpretarse en el contexto de la probabilidad de enfermedad previa a la prueba. Para COVID-19, la evaluación de probabilidad previa a la prueba incluye síntomas, historial médico previo de COVID-19 o presencia de anticuerpos, cualquier exposición potencial a COVID-19 y la probabilidad de un diagnóstico alternativo.1 Cuando existe baja probabilidad previa a la prueba, los resultados positivos deben ser interpretado con precaución y una segunda muestra analizada para su confirmación.

[4]La diseminación prolongada de ARN viral, que se sabe que dura semanas después de la recuperación, puede ser una razón potencial para que las pruebas de frotis sean positivas en personas previamente expuestas al SARS-CoV-2. Sin embargo, lo que es más importante, no hay datos que sugieran que la detección de niveles bajos de ARN viral por RT-PCR se equipare con la infectividad a menos que las partículas de virus infecciosas se hayan confirmado con métodos de laboratorio basados ​​en cultivos.7

En resumen, los resultados de la prueba de frotis de COVID-19 falsos positivos podrían ser cada vez más probablemente en el clima epidemiológico actual en el Reino Unido, con consecuencias sustanciales a nivel personal, del sistema de salud y social (panel).

COR o Na: Tribunal portugués dictamina que las pruebas de P C R son poco fiables e ilegales para poner en cuarentena a las personas

Quintanarooall.com
19 de noviembre de 2020
https://www.quintanarooall.com/noticias/principales/item/39509-tribunal-portugues-dictamina-que-las-pruebas-de-pcr-son-poco-fiables-e-ilegales-para-poner-en-cuarentena-a-las-personas

Tribunal portugués dictamina que las pruebas de PCR son poco fiables e ilegales para poner en cuarentena a las personas

El tribunal declaró que la confiabilidad de la prueba depende de la cantidad de ciclos utilizados y la carga viral presente. Citando a  Jaafar et al. 2020 , el tribunal concluye que

“Si alguien obtiene un resultado positivo mediante PCR cuando se usa un umbral de 35 ciclos o más (como es la regla en la mayoría de los laboratorios en Europa y EE. UU.), La probabilidad de que dicha persona esté infectada es menor del 3%, y la probabilidad que dicho resultado sea un falso positivo es del 97% ”.

El tribunal señala además que se desconoce el umbral de ciclo utilizado para las pruebas de PCR que se están realizando actualmente en Portugal.

Los ciclos de umbral utilizados en las pruebas de PCR en la India están entre 37 y 40, lo que hace que la confiabilidad de la prueba de PCR sea inferior al 3% y la tasa de falsos positivos tan alta como el 97%.

Este caso se refería al hecho de que cuatro personas habían sido puestas en cuarentena por la Autoridad Sanitaria Regional. De estos, uno había dado positivo por COVID mediante una prueba de PCR; se consideró que los otros tres habían sufrido un alto riesgo de exposición. En consecuencia, la Autoridad Sanitaria Regional decidió que los cuatro eran infecciosos y un peligro para la salud, lo que requería que se aislaran.

“Dada la cantidad de dudas científicas que existen – como lo expresan los expertos, es decir, los que importan – sobre la confiabilidad de las pruebas de PCR, dada la falta de información sobre los parámetros analíticos de las pruebas y la ausencia de un diagnóstico médico que respalde la de infección o riesgo, no hay forma de que este tribunal pueda determinar si C era realmente un portador del virus SARS-CoV-2, o si A, B y D habían tenido un alto riesgo de exposición al mismo. “

También es importante recordar que la PCR se inventó como una forma de crear copias de material genético. Nunca tuvo la intención de ser una herramienta de diagnóstico.

Las pruebas estándar de coronavirus arrojan una gran cantidad de casos positivos a diario. Estas pruebas se realizan en base a  protocolos defectuosos de la OMS  que están diseñados para incluir también casos de falsos positivos.

Este hecho sobre los falsos positivos de las pruebas de PCR fue observado por primera vez en público por el Dr. Beda M. Stadler, biólogo suizo, profesor emérito y ex director del Instituto de Inmunología de la Universidad de Berna.

Entonces, si hacemos una prueba de corona de PCR en una persona inmune, no se detecta un virus, sino una pequeña parte rota del genoma viral. La prueba da positivo mientras queden pequeñas partes destrozadas del virus. Correcto: incluso si los virus infecciosos han muerto hace mucho tiempo, una prueba de corona puede dar positivo, porque el método de PCR multiplica incluso una pequeña fracción del material genético viral lo suficiente [para ser detectado].

Anteriormente, la autoridad sanitaria nacional de Finlandia incluso cuestionó el protocolo de análisis de la  OMS . La OMS había pedido a los países que realicen pruebas a tantos pacientes como sea posible  para detectar el  coronavirus.

Finlandia se quedó sin capacidad de prueba y comenzó a limitar las pruebas de coronavirus solo a los grupos más vulnerables y al personal sanitario. La autoridad sanitaria nacional de Finlandia dijo que realizar pruebas a personas con síntomas leves sería un desperdicio de recursos sanitarios.

En una revelación sorprendente, el jefe de seguridad sanitaria de Finlandia, Mika Salminen, desestimó el aviso de la OMS diciendo que la  OMS no comprende las pandemias  y que su protocolo de prueba de coronavirus es ilógico y no funciona.

Entonces, si los protocolos de prueba de la OMS se basan realmente en las tecnologías y metodologías de investigación más confiables, precisas y bien obtenidas disponibles en todo el mundo, ¿no deberían haber sabido acerca de su efectividad insignificante y su impacto en causar pánico y caos? De hecho, la OMS sabe que no funciona y, además, esta no es la primera vez que se expresan críticas de este tipo.

En el pasado, en 2010, la  OMS fue sorprendida fingiendo una pandemia  y se vio obligada a admitir que su metodología para medir la viralidad o la propagación de la enfermedad, en lugar de su gravedad, era incorrecta.

Para obtener las últimas actualizaciones sobre el brote, consulte nuestra  Cobertura de coronavirus .

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(GreatGameIndia:https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/ )

La Guerra cultural ; los enemigos internos de España y Occidente

www.youtube.com/watch

UN ARTÍCULO De Gregorio SELSER.De cómo se fueron viendo obligados muchos Estados de Iberoamérica, a pasar de grandes productores y exportadores de CAFÉ,a ir entrando, aun a pesar de sí mismos, en el cultivo y negocio de exportación de cocaína, hacia los Estados Unidos y / o Europa.

INTROFILOSOFIA(NOTA): Proponemos la lectura de este artículo del gran periodista y crítico historiador, uno de los más reconocidos analistas políticos sobre asuntos de Iberoamérica, o como el mismo Gregorio Selser gustaba decir: Nuestra América. En el artículo podemos comprobar el nivel de agudeza crítica que mostraba cada uno de sus artículos periodísticos.

Prensa Latina – México

El Independiente – España (NOTA de Introfilosofía sobre este diario español: El Independiente fue presionado , hasta su definitivo cierre, siendo presidente del Gobierno de España, el socialdemócrata Felipe González, del PSOE, Partido Socialista Obrero Español.Los motivos de este presionar y rápido cierre, por quiebra, según se dijo en su momento- mera cortina de humo para tapar la realidad de su cierre, cuya causa fue el hecho de que este diario fue el ÚNICO que se opuso abiertamente a la participación de España en la llamada Iª Guerra del Golfo, y además, por su apoyo a las luchas de los mineros de Asturias y León( regiones tradicionalmente productoras de carbón), contra la política felipista (por Felipe González); (ordenada desde el núcleo duro de la Unión Europea) política llamada de reconversión industrial, dirigida desde Alemania, o desde la Unión Europea, siempre excelente coartada (“lo dice la UE”) para los políticos españoles, cuando de aplicar medidas rudas y muy poco o nada populares, que fueron convirtiendo a España, desde finales de los años ochenta del S XX , hasta el presente, ya entrado el XXI(fines de 2020) en un auténtico Estado vasallo de Alemania, y de su IV Reich en formación, llamado de modo demagógico pero “sentimentalmente eficaz “, Unión Europea, cuyo himno no es otro sino el conocidísimo Himno a la Alegría, que canta el coro en la Novena Sinfonía de Beethoven.Un canto que resulta ser un poema del poeta del Idealismo alemán, Schiller. (nota 1) Idealismo que oculta los intereses del Estado germano, bajo vanas quimeras y ensueños visionarios que engañan y ocultan la realidad subyacente a semejantes dosis de IDEALISMO irracional, pero sicológica y políticamente útiles a sus intereses como Reich (Imperio, en alemán)

nota 1: datos tomados de Wikipedia:

El himno de la Unión Europea, oficialmente Himno Europeo, es uno de los cuatro símbolos oficiales de la Unión Europea.1​ El himno tiene su origen en la Oda a la Alegría (An die Freude en alemán), escrita por Friedrich von Schiller en 1785 y la composición realizada por Ludwig van Beethoven para su novena sinfonía. Fue adoptado oficialmente en 1985.1​Este himno, según la Unión Europea, no sustituye a los himnos nacionales de los países de la UE, sino que “celebra los valores que todos ellos comparten”.1​

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO De Gregorio SELSER: 1-8-89

Guerra del café vs. guerra de la droga

Hace pocas semanas los países productores de café en América Latina fueron sacudidos por el desplome de su precio en el mercado internacional. Lo han resentido ya los principales productores y exportadores, Brasil y Colombia, pero además los que les siguen en importancia, tales como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Para Nicaragua, significará, según cifras extraoficiales, que dejará de percibir 50 millones de dólares en divisas duras. Otro castigo a su economía.

Tanto Brasil como Colombia no ocultaron, desde el primer momento de producida la catástrofe, su inquina contra Estados Unidos, a quien imputaron una interesada manipulación de precios, a la baja. Empero, ninguna de sus expresiones oficiales de disgusto y censura alcanzaron el nivel y la modalidad de crítica que el producido en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, durante la actual celebración de la reunión del Grupo de los Ocho, organización regional que agrupa a México, Venezuela, Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

Allí, de un modo escasamente diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Roberto de Abreu Sodré, declaró sin tapujos que su patria y Colombia disponen de suficientes reservas de café como para hacer frente a una guerra de precios en el mercado de grano, que como se sabe está regido por la OIC (Organización Internacional del Café). De un modo áspero agregó:

“Si Estados Unidos escogió la guerra, habrá guerra. En la guerra de precios hay dos países que tienen munición de guerra en cantidad y calidad, Colombia y Brasil.”

Su colega colombiano, Julio Londoño, tras reafirmar ante la prensa su coincidencia con el malestar prevaleciente entre los países productores de ese grano, deslizó empero su acrimonio y censura en una dirección totalmente inesperada. Dijo: “La caída en los precios repercutirá sensiblemente en la lucha contra el narcotráfico. Este problema podría agudizarse en países como Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y algunas naciones centroamericanas, al reducirse los ingresos por la baja de los precios de productos como el café, puesto que se dispondrá de menores fondos e incentivos para sustituir los cultivos de coca y mariguana”.

La mancha geográfica de productores de coca, mariguana y otros entorpecentes cubre ya vastas porciones de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y México. Otros países son mencionados como escalas de tránsito hacia Estados Unidos e incluyen a Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, República Dominicana, Jamaica e Islas Bahamas entre otros. En Costa Rica un reciente dictamen de una comisión de la Asamblea Legislativa probó dramáticamente que la llamada “Suiza de América” no sólo es ya un campo de aterrizaje intermitente para el Cártel de Medellín, sino que poderosos narcotraficantes financiaron las campañas electorales de los presidentes Luis Alberto Monge y Oscar Arias.

Peor aún, también reseñó que el país había sido utilizado como repetido escenario para el intercambio de armas para los contrarrevolucionarios nicaragüenses (contras), por cocaína y mariguana hacia Estados Unidos, con conocimiento y autorización del vicealmirante John Poindexter, el teniente coronel Oliver North, el jefe local de la CIA Joseph Fernandez, el embajador norteamericano Lewis Tambs y el hacendado John Hull (que inmediatamente huyó de Costa Rica). La citada comisión solicitó que a todos ellos, más otra serie de individuos implicados en esas transacciones delincuenciales, les fuera prohibida la entrada en el país.

Nicaragua no es mencionada en los informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), organismo de control de estupefacientes de Estados Unidos, como país productor o de escala de tránsito de narcóticos. Cuba, en fecha reciente, expuso también de un modo dramático que el problema había llegado a sus costas y alcanzado a elevados jefes militares hasta entonces insospechables e introduciendo el factor corrupción con efectos penosos en funcionarios de confianza del gobierno.

Las alusiones de Abreu y Londoño simbiotizan productos tan disímiles como el café y las drogas ilícitas, como formando parte de un mismo universo problemático. No hay duda de que se trata de un mensaje nada casual dirigido a Washington y que simplificadamente diría: “-Si Estados Unidos abate los precios de nuestros principales productos tradicionales de exportación, ¿no está obligando a los productores de café a volcarse a la producción masiva de cocaína y mariguana y al negocio respectivo del narcotráfico?” Este tipo de advertencias en código fácilmente descifrable viene siendo intermitentemente emitido por dirigentes de países que nada tienen en contra de Estados Unidos y se consideran sus amigos. Colombia y Brasil se cuentan tradicionalmente entre los mejores aliados de esa potencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil despachó a Italia un ejército para colaborar con los Aliados, y durante la Guerra de Corea, Colombia fue el único páis latinoamericano que despachó un batallón armado en apoyo de su aliado mayor en la región.

Ello no impide que ambos se sientan ahora víctimas. El ministro Sodré fue muy explícito en Cartagena de Indias: “La maniobra de Estados Unidos y otros países, que desafortunadamente pertenecen al grupo de los productores (alusión, entre otros, a México), quebraron el acuerdo cong ran daño para todos”. Colombia y Brasil disponen de millones de sacos de café, de reserva. La “guerra” puede ser todavía librada por ambos países con ese recurso. Si la perdieran, ¿sería la única opción restante la otra conflagración que, obviamente, nadie querría? Para suavizar su rispidez inicial, Londoño informó que hay una posibilidad de reinstaurar el quebrado pacto cafetalero.

NOTA DE INTROFILOSOFIA: Si alguno de quienes leyeren este texto, estuviera interesado en conocer más detalladamente el proceso del cierre del diario El Independiente (España), en el que Gregorio Selser colaboraba en los últimos años de su vida, recomendamos leer este texto a continuación:

139

La desaparición de El Independiente:

tramas, competencia y fracaso empresarial

AUTOR:

Maximiliano FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Universidad Católica de Ávila

FUENTE: Revista

Historia y Comunicación Social

2008, 13 139-154

RESUMEN

El Independiente (Madrid, 20/6/1987-31/10/1991), uno de los periódicos más críticos en la reciente historia

democrática española, desapareció no sólo porque “molestaba al poder” y porque la Organización Nacional

de Ciegos Españoles (ONCE) “decidió cerrarlo” ante las presiones ejercidas por otros medios, como han sostenido

sus directivos; es decir, sucumbió no sólo por las tramas políticas y empresariales. Desapareció por la

convergencia de otras causas o factores que lo hacían inviable desde el punto de vista económico: por un contexto

de dura competencia periodística, de concentración mediática y de bajos índices de lectura; por su incapacidad

para mejorar ingresos por ventas y publicidad —muy por debajo de competidores como El Mundo—

y por sus elevados costes.

Tratamos de demostrar que la ONCE-Divercisa malogró cerca de 4.000 millones de pesetas como principal

accionista, que no se atrevió a consolidar el gran grupo mediático que estaba formando y que los datos económicos

determinaron cierre.

Palabras clave: gestión, tramas, competencia, presiones, concentración, inviabilidad

The Disappearance of El Independiente:

Strategies, Competition and Business Failure

ABSTRACT

The disappearance of El Independiente (Madrid, 20/6/1987-31/10/1991), one of the most critical newspapers

in the recent democratic history of Spain, resulted not only because it “troubled the power establishment” or

because The National Organization for the Blind (ONCE) had decided to “close it”, as their managers contended,

faced with the pressures of other media; that is to say, it didn’t succumb solely in response to political

or business strategies. It disappeared because of the convergence of other causes or factors which made

it unfeasible from an economic point of view: as a result of tough competition in the journalistic field, of

media concentration and low readership; because of its failure to increase revenue by means of sales and

publicity — very modest compared to competitors such as El Mundo — and its elevated production costs.

We attempt to show that ONCE-Diversia lost almost 4.000 million pesetas as principal shareholder, that it

failed to consolidate the great media group it was forming and that economic factors were decisive in the

close.

Key words: gestion, strategies, competition and business failure.

En la Historia de la Comunicación en general y del periodismo en particular

han figurado tradicionalmente centenares de cabeceras con fechas precisas de fundación,

declaraciones programáticas, nombres de fundadores, directores y redacciones,

etc. No todas, por el contrario, anunciaron su cierre y menos aún fueron las

que se permitieron comentar los motivos del mismo, señalar a sus responsables y

hasta escribir algún epílogo. Tampoco resulta habitual pasar tempranamente por el

Historia y Comunicación Social

2008, 13 139-154

ISSN: 1137-0734

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140 Historia y Comunicación Social

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prisma de la historia y que se analicen los contextos de la fundación y clausura,

sus efectos y repercusiones…

El Independiente, surgido como semanario el 20 de junio de 1987, transcurridos

ya 20 años, y convertido en diario el 4 de julio de 1989, fue uno de los periódicos

más críticos, quizás el que más, y una especie de mito, en el actual sistema

democrático español, hasta el momento de su desaparición el 31 de octubre de

1991. Se trata seguramente de la más clara manifestación de los costes de la independencia

periodística y la libertad de expresión. En sus dos últimos números,

anunció y recogió numerosas reacciones sobre su cierre, facilitando el estudio de

su trayectoria e incluso el de las empresas que operaban con mayor fuerza en plena

carrera hacia la concentración mediática.

En los ejemplares del 29, 30 y 31 de octubre de 1991, y en los que editaban

entonces otras cabeceras como El País, El Mundo y Abc, por citar los de mayor

difusión entre la prensa española del momento, se coincidía en culpar a la

Organización Nacional de Ciegos (ONCE), hasta entonces propietaria de la empresa

editora Ediobser, y a Servifilm, como compradora de sus acciones, de cerrar el

periódico a cambio de algunos beneficios políticos. Y esa misma causa se ha estado

esgrimiendo durante mucho tiempo por los directivos del diario, que en algunos

casos extienden las responsabilidades al gobierno de Felipe González.

En el presente estudio, se trata de analizar, con la perspectiva del tiempo, con

datos registrales y con un análisis objetivo de sus magnitudes económicas (ventas,

publicidad, costes, situación del mercado…), incluso comparándolas con las de

otras cabeceras (especialmente con El Mundo, como principal competidor), el conjunto

de causas que de manera convergente confluyeron para el cierre de esta

publicación, que se presentó a lo largo de su trayectoria como la más progresista

entre los diarios de su época. En la misma medida se analizan las condiciones

objetivas de mercado (publicidad y lectores) en las que se desenvolvió y el fenómeno

de la concentración mediática que definía el contexto periodístico y el nuevo

orden o sistema de comunicación en España.

1. INTERESES POLÍTICOS Y EMPRESARIALES

La teoría de que el cierre se produjo por decisión de la Organización Nacional

de Ciegos de España (ONCE) y de Servifilm Spain Cinematográfica, respondiendo

a intereses políticos gubernamentales y a contrapartidas, se esgrimió en las páginas

de El Independiente, sin atender a las cifras objetivas de Ediobser como empresa

editora y sin apenas cuestionar su viabilidad. En cambio, en otros periódicos nacionales

de la época estaba más presente la idea de quiebra económica e inviabilidad.

El País concretamente titulaba el 29 de octubre que “Hachuel entra con un

15% en Tele 5 a cambio de comprar El Independiente”. Y su redactor José F.

Beaumont detallaba que “El financiero Jacques Hachuel se ha hecho cargo del

72% de las acciones que tenía la ONCE en El Independiente, periódico que soporta

2.645 millones de pérdidas al año, a cambio de asegurar una participación de un

15% en el canal de televisión privada Tele 5, en el que la ONCE participa con un

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25%, según fuentes que han intervenido en esta operación”. Se añadía en la noticia

que “Hachuel, a través de su empresa Servifilm España Cinematográfica, se hará

cargo de un 5% de la participación total (un 15%) que tiene en Tele 5 el empresario

extremeño Ángel Medrano y de un 10% que será extraído de las participaciones

de Chocolates Trapa o de la propia ONCE”1.

Dos días después volvía a personalizar en el financiero la decisión del cierre:

“Jacques Hachuel, nuevo propietario de El Independiente, comunicó ayer a la

dirección y a los trabajadores del periódico su decisión de cerrarlo momentáneamente

“por razones económicas” y de editarlo en la semana del 5 al 10 de diciembre

como semanario”2. El periódico del grupo Prisa aludía asimismo a la situación

de quiebra y a que las pérdidas del rotativo se elevaban a 220 millones de pesetas

mensuales. Lo momentáneo acabaría convirtiéndose, como tantas veces, en definitivo

y nunca volvió a editarse como diario ni como semanario.

La agencia Efe y El Mundo, por su parte, adelantaban ya el 26 de octubre la

noticia de la venta de las acciones por parte de la ONCE al empresario Jacques

Hachuel, en los 328 millones de pesetas que la organización de ciegos había pagado

en abril, y el deseo de Hachuel de convertirlo en semanario. En el mismo sentido

se pronunciaban el consejero delegado de Divercisa, Fernando Ónega, y el consejero

delegado y vicepresidente de Ediobser, Alberto Ferrer3. Las acciones, que

entonces suponían el 70% del total, fueron vendidas por Divercisa S.A. y Uniprex

S.A. a Servifilm Spain Cinematográfica S.A., propiedad del empresario francés.

El día del cierre, el mismo en el que los responsables del periódico El Sol destituyeron

al editor, al director y a sus adjuntos, El Mundo sostenía que “la desaparición

como diario de El Independiente es consecuencia directa de la venta del

72% de sus acciones, hasta ahora en poder la ONCE, al financiero Jacques

Hachuel”. Pero apuntaba un posible trueque o juego de intereses al que se han aferrado

siempre los directivos de El Independiente para argumentar a favor de los

factores exógenos como causantes del cierre: “A cambio, Hachuel habría entrado

con un 15% en el accionariado de la cadena privada Tele 5″4.

El director general de la organización de ciegos, Miguel Durán, declaró la víspera

del cierre que la organización vendía las acciones del periódico “por los

muchos ataques externos que la ONCE ha recibido en estos meses por su participación

en los medios de comunicación, especialmente en los escritos”5.

En El Independiente se iba más lejos a la hora de señalar los factores exógenos,

y se anunciaban acciones legales contra la venta del periódico: “Tenemos

constancia de las presiones, algunas cercanas al chantaje, a la ONCE y al propio

Durán para que se salieran de un campo reservado a los poderes tradicionales”. Y,

a párrafo seguido, se añadía: “Pero la ONCE sabe que no acaba aquí su papel. Es

la responsable de los perjuicios que haya ocasionado tratando de dar por finalizada

la publicación diaria de El Independiente, por sorpresa, sin contar con los trabajadores

del periódico ni con los otros accionistas”6.

Los representantes de los empleados, el comité de empresa, en concreto, anunciaba

haber “iniciado el proceso de asesoramiento legal en los terrenos civil, laboral

y mercantil para clarificar los términos de la operación de venta de las acciones

de Ediobser a Servifilms Spain Cinematográfica, SA, garantizar los derechos labo-

Maximiliano Fernández Fernández La desaparación de El Independiente: tramas…

142 Historia y Comunicación Social

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rales de los trabajadores e iniciar las oportunas acciones legales”7. En carta abierta

a Miguel Durán, se le acusaba de causar perjuicio a los empleados y a la empresa,

anunciando que se reservaba “el derecho a ejercer las oportunas acciones legales”8.

Y colectivos sociales, como los sindicatos UGT y CCOO, por boca de sus

secretarios generales, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, IU, trabajadores del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, comités de empresas, redacciones

de diferentes publicaciones, entre ellas El Mundo, El Sol, Ya, Diario 16, El

Observador, Cambio 16, Época, Interviú, Tiempo, El Siglo, Mundo Obrero,

Ajoblanco… y de Telemadrid, RTVE, Antena 3 Televisión, Cope, Onda Madrid, el

presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y políticos como Jorge

Vestrynge, Pablo Castellano, Gabriel Camuñas, Nicolás Sartorius, Aleix Vidal

Cuadras, Raúl Morodo, Rodrigo Rato, la dirección del CDS, Simón Sánchez

Montero o intelectuales como José Luis López Aranguren, Julio Caro Baroja o

Julio Cerón y periodistas de distintos medios, como Luis del Olmo, coincidían en

señalar que el diario representaba las ideas de progreso y que su desaparición era

un síntoma de la aniquilación de la izquierda.

También el entonces director y las principales firmas del periódico se sumaban

a la denuncia. De esta forma, Manuel Soriano culpaba al Gobierno y a los poderes

establecidos, a la oposición conservadora y a los otros periódicos: “El

Independiente molesta al Gobierno por su espíritu radicalmente crítico, irrita a

otros periódicos porque les disputa un espacio en el estrecho mercado, lo odian los

sectores más conservadores del país y lo combate ese “establishment” que siempre

mandó en España y al que se ha entregado Felipe González. Entre todos han creado

las condiciones para ahogar una voz libre y heterodoxa, que nació al margen de

los compromisos políticos y de los intereses económicos tejidos en la transición

democrática”9.

Abel Hernández, entonces adjunto a la Dirección, reclamaba conocer las razones

políticas del cierre, denunciado que “las oscuras tramas político-financieras,

con fuertes ramificaciones en los medios de comunicación, son la principal amenaza

a la libertad de expresión10.

En Abc, el propio ex director de El Independiente, Pablo Sebastián, bajo el

ropaje de Aurora Pavón, defendía con toda su fuerza la teoría de la conspiración

contra el periódico, aludiendo al “crimen imperfecto” que se había planificado “en

el despacho de Alfonso Guerra en Moncloa” y a la “autoría material de la ONCE”,

con Jacques Hachuel como “intermediario”11. Incluso meses antes del cierre, invitaba

a una ofensiva contra los propios empresarios que sostenían la deficitaria

empresa: “Larga vida y zafarrancho de combate permanente si el del bastón, tiburón

ciego con un parche en cada ojo, no mete la garrota en la rueda del timón para

torcer el rumbo de tan romántico velero”12.

2. LAS CONDICIONES DEL MERCADO DE LA COMUNICACIÓN

De manera que los responsables del periódico y las fuerzas que lo alentaron —

que no respaldaron políticamente ni apoyaron económicamente—, han recurrido

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siempre a factores exógenos para explicar el cierre de El Independiente y a determinadas

tramas empresariales y políticas. Sin embargo y al margen de los alegatos

periodísticos y de la épica esproncediana, un análisis más desapasionado y con los

datos de tirada, publicidad y balance económico sobre la mesa, inducen a valorar,

al menos en la misma medida, otros factores de carácter interno que ponen de

manifiesto su propia inviabilidad. Ahora bien, no puede desvincularse una causa

de la otra, aunque resulta difícil cuantificar en qué medida la escasez de publicidad

se debía a las exclusiones y discriminaciones gubernamentales y en qué medida se

debía a la reducida tirada del periódico, a su formato durante mucho tiempo tamaño

sábana, a su izquierdista línea editorial…

Para empezar, El Independiente había nacido en un contexto de pluralidad

informativa y de aumentos publicitarios, pero en una sociedad que seguía manteniendo

bajos niveles de lectura, lo que provocaba una dura competencia empresarial

y una implacable selección darwiniana de medios.

En los años de la transición democrática desaparecieron buen número de cabeceras,

algunas quizás por causas políticas, pero la mayoría por problemas de inviabilidad,

ya que no se explica el cierre de una empresa periodística, en un sistema

democrático, si su marcha económica es favorable. La llamada Prensa y Radio del

Movimiento acumulaba pérdidas de 1.365 millones de pesetas en 1975 y en torno

a 6.000 en 1979. La supresión del Organismo Autónomo de Medios de

Comunicación Social, que había acogido a la Prensa del Movimiento y a los diarios

Pueblo y Marca, fue aprobada en 1982 por las últimas Cortes con mayoría de

UCD, antes de la victoria del PSOE. Cerraron los periódicos del régimen, como El

Alcázar (1978), Arriba (1984) y los de la cadena del Movimiento Nacional, incluido

Pueblo (1984), que había bajado de 200.000 ejemplares en los buenos tiempos

de Emilio Romero a 40.000 y acumulaba pérdidas anuales de 1.400 millones de

pesetas.

También cerraron en el último cuarto de siglo la prestigiosa revista de Joaquín

Ruiz Jiménez Cuadernos para el diálogo (1978), la revista Destino (1980),

Informaciones (1922-1983), los aludidos diarios Pueblo (1939-1984) y Arriba

(1984), las distintas Hoja del Lunes, Triunfo (1962-1982), Claro (1991), El

Independiente (1987-1991), El Sol (1990-92), El Viejo Topo (reaparece en 1993),

La Calle, Ya (1935-1995), Diario 16 (1976-2001) Y desaparecieron asimismo la

mayoría de los centros de la cadena Antena 3 Radio —absorbidos por la Ser—,

Canal 10 y otros medios escritos y hablados.

En el año de aparición de El Independiente, en 1987, la difusión media de la

prensa española estaba en 2,7 millones de ejemplares (69,8 copias por 1.000 habitantes)

o 3,1 (79,7 por 1.000) si se incluye la prensa deportiva, según datos de

Fundesco de 1989, que situaban a España en el puesto 42º del mundo y en el 11º

de la entonces Europa de los Doce. “España, con el 12% de la población de la CE,

apenas consume el 4 por 100 de los aproximadamente 76 millones de ejemplares

diarios que circulan en las 12 naciones. El índice medio de difusión español es

solamente una tercera parte del europeo, que se eleva a 237,5 ejemplares por 1.000

habitantes”13. En el siguiente ejercicio, el de 1988, el incremento neto de la prensa

diaria se sitúa en el 2,6% para la de información general o 3,7 si se tiene en cuenta

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la deportiva; en 1989, la difusión se eleva a 3.260.000 ejemplares vendidos, un

84,7 por 1.000 habitantes…

De los 64 periódicos de información general controlados por la OJD en 1988,

un total de 58 registraron subidas en la difusión y 13 retrocedieron, lo que confirma

la tendencia al alza de la prensa española; pero también refleja las dificultades

para una buena parte de las cabeceras. El problema era que entonces, El País

(376.230 ejemplares de difusión OJD en 1988) y Diario 16 (139.956), fundados

poco antes, estaban consolidados y en expansión, junto a los tradicionales Abc

(267.772), La Vanguardia (202.741), etc. y no parecía que hubiera lugar para tantas

cabeceras nuevas: El Mundo, El Independiente, El Sol, Claro…

Más esperanzador resultaba el dato de ingresos por publicidad, que experimentaban

entonces en España una subida desde los 48.000 millones de pesetas (288,5

millones de euros) de 1982 a 188.750 de 1988 (aumento del 293%), según estimacines

de J. Walter Thompson, que sitúan a nuestro país en la cabeza de la Europa

de los Doce en la relación de ingresos/difusión. La multinacional de compra de

medios Carat ubica a España en el cuarto lugar de Europa en inversión publicitaria

en 1990, con 8.500 millones de dólares, por debajo de Alemania (11.000), Francia

(10.200) y Gran Bretaña (8.600)14. Y se hace eco también del fenómeno de la concentración

al constatar la presencia de siete grandes grupos en buen número de

medios de comunicación: Reed Internacional (2.000 millones de dólares en 1990)

Fininvest (1.800), Bertelsmann, Hachette, Maxwell, Axel Springer y Hersant.

En 1987, el año de aparición de El Independiente como semanario, las empresas

periodísticas españolas declararon unos beneficios netos de 11.658 millones de

pesetas, siete veces más que en 1984. En el ejercicio siguiente, la facturación de

los medios impresos llegó a 275.250 millones de pesetas en concepto de publicidad

y a 140.000 por ventas y suscripciones15.

Los rendimientos publicitarios de la prensa española en 1988 se situaban bastante

por encima de los costes en los periódicos de más tirada: El País: 129 ptas.

por ejemplar y día (de los 25.079 millones de pesetas de ingresos por publicidad y

ventas, el 70,9% correspondían al primer capítulo); Abc: 117 ptas. por ejemplar y

día (ingresos anuales de 17.840 millones, de los que el 64% correspondían a publicidad);

La Vanguardia: 127 (el 73,6% de sus 12.784 millones correspondientes a

publicidad), Diario 16: 87 ptas. por ejemplar y día, etc.

De manera que el índice de lectores no aconsejaba sacar a la luz nuevas publicaciones,

aunque el de facturación y publicidad era más alentador; pero hacían

falta tirada y buenos equipos para captarla o formar parte de grandes grupos de

comunicación para aprovechar sus sinergias o tener ciertas concomitancias con el

poder, circunstancias que no se producían en el caso de El Independiente.

3. INVIABILIDAD EMPRESARIAL

Las circunstancias objetivas externas aconsejaban prudencia y buenos estudios

de mercado antes de poner en marcha una publicación semanal y más aún antes de

convertirla en diario, sobre todo si las pérdidas empezaban a acumularse. Quizás

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por eso, uno de los accionistas que más se negó a la conversión de semanario en

diario era justamente quien más mentalidad empresarial tenía, Jacques Hachuel,

quien, según Jaime Peñafiel, “se opuso con todas sus fuerzas”17.

De hecho, cuando se cerró El Independiente, al margen de las acusaciones de

los periodistas, el Consejo de Administración, más atento a la cuenta de resultados,

adujo razones económicas18.

En un estudio que hemos realizado sobre 28 números de esta cabecera, sumamos

espacios publicitarios equivalentes a 214,62 de un total de 1.652 planas, lo

que da una media de 7,66 páginas de pago por periódico de 59 (media estadística)

y una cifra de 12,93% de publicidad en cada uno. En los 28 números se incluyen

los tres primeros, los dos del 17 y 24 de junio de 1988, en que se cumplía el primer

aniversario, y los tres últimos del semanario, más los tres primeros del diario y los

correspondientes a días correlativos múltiplos de tres19 de meses sucesivos, desde

el 3-7-1989 al 31 del 10 de 1991.

Exactamente, el estudio está efectuado sobre ejemplares de los días 20-6-1987

(anuncios por espacio de 5,75 de 48 páginas, el 11,98%), 27-06-87 (4,21 de 48

planas, el 8,75% del espacio), 4-7-87 (2,93 de 48, el 6,10%), 18-7-87 (4,63/48, el

9,64%), 19-08-87 (4,38/56, el 7,82%), 17-6-88 (12,53/60, el 20,88), 24-6-88

(24,44/80, el 30,55), 26-5-89 (9,28/48, el 19,33), 2-6-89 (6,25/48, el 13,02), 9-6-

89 (7,5/48, el 15,62), 4-7-89 (18,21/64, el 28,45), 5-7-89 (9,20/48, el 19,17), 6-7-

89 (12,22/48, el 25,46), 3-7-90 (9,22/64, el 14,4), 4-7-90 (6,92/56, el 12,36), 16-

12-90 (6/64, el 9,37), 22-12-90 (4,25/56, el 7,59), 2-1-91 (5,25/48, el 10,94),

4-2-91 (6,65/64, el 10,39), 7-2-91 (3,8/64, el 5,94), 10-4-91 (7,77/64, el 12,14),

13-5-91 (10,82/72, el 15,02), 16-6-91 (5,67/80, el 7,08), 19-7-91 (4,5/56, el 8,03),

22-8-91 (2,77/64, el 4,33), 25-9-91 (3,6/64, el 5,62), 28-10-91 (8,6/72, el 11,94) y

31-10-91 (7,27/72, el 10,09). En conjunto, se inserta en los 28 números seleccionados

publicidad por espacio de 214,62 páginas en un total de 1.652, lo que da una

media de 7,66 páginas por periódico de 59 (media estadística), el 12,93%.

La tendencia no mejoró con el tiempo, ya que la media de las páginas del

semanario analizadas era del 14,37% de sus espacios, mientras que la del diario

baja al 12,13%. Ratifica este dato el alusivo a la media de inserciones publicitarias

a lo largo de toda la trayectoria: 7,66 páginas, el 12,93% de las planas de cada

número, mientras que la del último año baja a 6,07 páginas, el 9,22 del espacio de

cada uno.

La mayor parte de las páginas completas correspondía a marcas de automóviles

y entidades bancarias, grandes sustentadores de los medios de comunicación

españoles, seguidas de un partido político, el CDS, con grandes dificultades financieras,

como se sabe, y de la ONCE, Iberia, etc. Son los anuncios que llegan a los

medios sin necesidad de hacer un gran esfuerzo de captación: En cambio, cuando

hay que atraer anunciantes menos “cautivos”, se nota la pobreza de la cartera de

clientes y el escaso esfuerzo del departamento de publicidad —salvo cuando se

publicó un buen extraordinario sobre autonomías, bien trabajado y bien sostenido

publicitariamente— o sus dificultades para captar anuncios por la escasa aceptación

del soporte.

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En cuanto a la denunciada marginación o discriminación oficial, que también

formulaba El Mundo, cuando se consideraba excluido o discriminado respecto a

otros medios, el estudio recoge que en los 28 números aparecen 3 páginas del

Tesoro Público, 2 de Telefónica, 1 de Hacienda, de Instituto Español de Comercio

Exterior, V Centenario de España, Amper, RENFE, Parlamento Europeo, Oferta

Pública de Empleo y anuncios de administraciones no gobernadas por el PSOE.

También de sociedades como Endesa (2 páginas), Iberia (4), Tabacalera (2), etc.

Evidentemente, había publicidad de la administración estatal socialista o de

sociedades con participación estatal, pero en menor número que en otros medios,

como denunciaban los afectados, entre ellos asimismo El Mundo. Ahora bien, no

puede olvidarse, sin embargo, que la tirada de El Independiente era inferior a la de

los grandes medios nacionales, aunque —resulta inevitable la casuística— también

su tarifa.

En consecuencia, todo indica que la escasez de anuncios se debía a cuatro factores

concomitantes: las reducidas ventas, una cierta discriminación gubernamental,

el poco atractivo del periódico y su línea editorial izquierdista.

Cuantificando más, resulta realmente difícil obtener una cifra exacta de ingresos

publicitarios, debido a la existencia de páginas de promoción, inserciones de

clavo o gratuitas, descuentos en unos casos y recargos por emplazamientos en

otros, páginas de breves, etc. Si compensamos unas con otras y homogeneizamos

los anuncios sobre la unidad de página en día laboral -580.000 pesetas o 3.485

euros, frente a las 700.000 de los domingos y frente a las 720.000 pesetas que

resulta de multiplicar por los 40 módulos de una plana el precio de 18.000 pesetas/

módulo- obtendríamos que las 6,07 páginas diarias generarían en 1991 unos

ingresos por publicidad de 3.520.000 pesetas/día de las de entonces, unos 21.155

euros.

Menores incluso resultaban los ingresos por ventas, que calculamos en

3.120.000 pesetas diarias en 1991 (18.751 euros) si aceptamos la cifra de 117.000

lectores proporcionada por el Estudio General de Medios (1986-98) para el citado

año, cifra que, dividiéndola entre tres, permite hablar de una difusión de 39.000

ejemplares. El precio del ejemplar era de 80 pesetas (0,48 euros) desde el 13 de

febrero del año 91.

Sumando ambos capítulos, obtenemos que los ingresos diarios por publicidad

y venta de ejemplares podían ascender a 6.640.000 pesetas (39.907 euros), lo que

vendría a suponer, continuando la extrapolación, unas entradas mensuales de 199

millones de pesetas o 2.410 millones al año (14,48 millones de euros), considerando

los 363 días de aparición. Ingresos, en definitiva, que se quedaban muy cortos,

para mantener una plantilla de 260 trabajadores, bien pagados en general y de

manera especialmente generosa en los casos de los directivos o grandes articulistas,

como Antonio Gala o Camilo José Cela, que cobraba 100.000 pesetas de las de

entonces por artículo. Claro que se trataba de un Nobel y de otro gran escritor cargado

de los mejores premios nacionales; el problema, a tenor de la cifra de ventas,

es que no atraían muchos lectores al periódico.

Maximiliano Fernández Fernández La desaparación de El Independiente: tramas…

Historia y Comunicación Social

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147

Esto explica el montante de pérdidas que fue acumulando la empresa, las sucesivas

ampliaciones de capital, disminución del valor de las acciones y otros números

en el plano inclinado de la gráfica de resultados hacia el cierre.

La empresa Ediobser, cuyo nombre fue registrado pensando en editar El

Observador, aunque se adelantó una empresa catalana y se optó por dar el nombre

de El Independiente a la cabecera, fue una fundación personal de Pablo Sebastián,

con 100.000 pesetas, que, al cabo del tiempo, cuando salió de la dirección y de la

empresa, le reportarían 100 millones de la vieja divisa española. Empezó sus operaciones

el 9 de septiembre de 1986 y cinco meses después ya se produce la primera

ampliación de capital, hasta 250 millones, sentándose en el Consejo de

Administración Luis González Seara, Pablo Sebastián, Jaime Peñafiel y empresarios

y abogados como Carlos García Pardo, Francisco Segrelles, José Osinalde,

Luis Carlos Rodrigo Mazuré y Santiago Muñoz Machado. Pronto figurarían entre

los accionistas, directamente o a través de otras sociedades, Miguel Durán, como

presidente de la Once, Mario Conde, Jacques Hachuel… Algunos de estos accionistas

están encausados en el caso Telecinco, que juzga ahora el Tibunal Supremo.

Las sucesivas pérdidas absorbieron los diferentes aumentos de capital, los más

importantes, según hemos visto en los libros registrales de la sociedad, el de 877

millones del 14-12-1989; 1.810, del 23-2-1990; 635, del 16-04-1991, y 1.429, del

12 del 6 de 1992, con un total desembolsado de 5.753 millones de pesetas, superados

por unas pérdidas que, al cierre del periódico, estaban en 7.566 millones, a los

que todavía se sumaron otros 100 millones esfumados con posterioridad; en total,

7.666 millones de pesetas de las de antes, 46 millones de euros.

La mayor parte de este dinero salió del bolsillo del constructor vasco José

Osinalde y, sobre todo, de las sociedades Divercisa y Uniprex, pertencientes a la

ONCE y que tenían una pasmosa liquidez. A Divercisa le costó El Independiente

2.064 millones de pesetas en acciones, más 1.913 en aval de una deuda contraída

con el Banco Español de Crédito, más otros 10 de una ampliación acordada el 29

de junio de 1992… en total unos 3.978 millones de pesetas, 24 millones de euros.

Divercisa, cuyos movimientos se juzgan en el caso Telecinco, se había inscrito

el 9-9-1986 con un capital de 3 millones de pesetas, que fueron aumentados en 997

el 8-6-1989, en otros 9.000 el 10-12-90, en 2.309 el 31-12-91 y en 15,3 millones el

16-2-2000; pero el 22-12-1996 se consigna una disminución de capital, por pérdidas,

de 12.087 millones de pesetas. Una buena parte de esta cantidad se esfumó en

El Independiente, otra se invirtió en la compra de Telecinco, alguna cantidad debió

de recuperarse tras la venta de la rotativa Albert adquirida por la ONCE, y de otra

quizás se sepa cuando el Tribunal Supremo decida sobre el recurso presentado por

la Abogacía del Estado por el recurso de casación interpuesto tras el fallo de la

Audiencia Nacional de 9-4-2007, que absuelve de delitos fiscales y de falsedad a

los encausados Miguel Durán, Santiago Muñoz Machado, Francisco Javier de la

Rosa Martí, Rafael Álvarez-Bouza Diego, Ángel Medrano Cuesta, Alfredo

Messina, Giovanni Acampara y Juan Carlos López-Cid Fuentes, algunos de ellos

viejos conocidos en los consejos de Administración de Ediobser.

Se trató, por lo tanto, de unas pérdidas cuantiosas, aunque no mayores que las

padecidas por otras empresas informativas en sus inicios y que, no obstante, resul-

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taban muy poco significativas en el cómputo de los 300.000 millones de ingresos

por la venta del cupón que se presupuestaban para 1991.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE

EL MUNDO

Un análisis comparativo de los ingresos publicitarios de El Independiente y los

de El Mundo20, periódico que pugnaba entonces del mismo modo por la aceptación

en los quioscos, muestra la gran diferencia existente entre ambos. Ponderando

los diferentes formatos (40 módulos por página El Independiente y 45, de menor

tamaño, El Mundo), excluyendo las páginas de breves en compensación por las de

clavo, promoción, repeticiones, etc., y comparando las mismas fechas aleatorias

de 199121, el año del cierre, cotejamos que siempre tiene más publicidad El

Mundo y, más aún, que siempre es mejor su relación publicidad por página que la

de El Independiente, realizado, en consecuencia, con mayores costes de papel y

menos ingresos, también con mayores costes de personal, como es sabido, porque

su plantilla era más grande y estaba mejor pagada.

La siguiente tabla, realizada para nuestro libro De las tramas contra El

Independiente a la concentración mediática actual, es suficientemente aclaratoria:

COMPARACIÓN DE LA PUBLICIDAD EL INDEPENDIENTE/EL MUNDO. 1991

Fecha Periódico Págs./Tot. % Periódico Págs./Tot. % Dif. pág. Dif. %

02-01 El Indep. 5,25/48 10,90 El Mundo 8,55/52 16,44 -3,30 -5,54

04-02 El Indep. 6,65/64 10,39 El Mundo 7,40/56 13,21 -0,75 -2,82

07-03 El Indep. 3,80/64 5,94 El Mundo 10,70/56 19,11 -6,90 -13.17

10-04 El Indep. 7,77/64 12,14 El Mundo 9,55/60 15,92 -1,78 -3,78

13-05 El Indep. 10,82/72 15,02 El Mundo 19,87/72 27,60 -9,05 -12,58

16-06 El Indep. 5,78/80 7,08 El Mundo 9,64/72 13,39 -3,86 -6,31

19-07 El Indep. 4,50/56 8,03 El Mundo 9,62/60 16,03 -5,12 -8,00

22-08 El Indep. 2,77/64 4,33 El Mundo 6,08/52 11,69 -3,31 -7,36

25-09 El Indep. 3,60/64 5,62 El Mundo 4,42/68 6,50 -0,82 -0,88

28-10 El Indep. 8,60/72 11,94 El Mundo 15,46/68 22,73 -6,86 -10,79

31-10 El Indep. 7,27/72 10,09 El Mundo 11,20/64 17,05 -3,93 -6,96

Total El Indep. 66,81/720 9,28 El Mundo 112,49/680 16,54 -45,68 -78,19

Medias El Indep. 6,07/65,45 9,22 El Mundo 10,22/61,82 16,53 -4,15 -7,11

Elaboración propia

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La tabla muestra que todos los días el rotativo de Pedo J. inserta más publicidad

que el de Pablo Sebastián y Manuel Soriano, llegando incluso a las 7 y 9 páginas

de diferencia el 7 de marzo y el 13 de mayo de 1991 y, además, con menos

gasto de papel (680 planas El Mundo en los 13 días escogidos aleatoriamente,

frente a las 720 de El Independiente en los mismos días). En cada número, El

Independiente publica una media de 4,15 páginas menos de publicidad que El

Mundo, que, por otra parte, contrata más anuncios de portada, con sus correspondientes

recargos.

El periódico de Ediobser no sólo insertaba menos publicidad que el de Unidad

Editorial, sino que, además, su tarifa era más baja como consecuencia de la menor

difusión, lo que en las páginas de El Mundo se esgrimía como argumento de la

exclusión oficial sin la menor contemplación. En mayo de 1991 El Mundo denunciaba

discriminación por parte del Ministerio de Asuntos Sociales hacia los periódicos

más críticos con el gobierno, recordando que su difusión era de 104.016

ejemplares en el periodo de 5 de noviembre de 1990 a 17 de abril de 1991, cifra

contrastada en la Guía de Medios del mismo año22, y aludiendo a la “escasa difusión

de El Independiente”, cuyos datos no figuraba en la OJD. El Estudio General

de Medios (1968-98) le asignaría después 84.000 lectores en 1990 y 11.7.000 en

1991, cantidades que, divididas entre 3 lectores por ejemplar, permitiría calcular

una difusión de 28.000 y 39.000 ejemplares vendidos, respectivamente. El

Independiente tuvo menos publicidad oficial, pero, en la misma medida, su departamento

correspondiente captó menos publicidad comercial que su principal competidor,

ya fuera debido a una peor gestión o a la mayor dificultad para conseguirla

con menos tirada o ambas causas de la vez.

Por otro lado, la plana publicitaria de El Mundo se vendía en 1991 a 790.000

pesetas, frente a las 580.000 de la de El Independiente. Si en 1991 insertaba, como

hemos visto, una media de 10,22 páginas (4,15 más que el de Ediobser), sus ingresos

diarios se elevaban a 8.073.800 pesetas, 4.553.200 más que el periódico de

nuestro estudio. Si a esto añadimos que sus ingresos por venta de ejemplares

(104.001 por 80 ptas.) se elevaban a 8.320.080 pesetas, obtenemos en este capítulo

una diferencia de 5.200.080 unidades de la antigua moneda. Todo ello arroja una

cifra de 9.753.280 pesetas diarias de diferencia entre los ingresos de las dos cabeceras,

que, multiplicados por los 363 días de publicación al año, eleva a 3.540

millones de pesetas ó 21,28 millones de euros de diferencia de ingresos anual.

Naturalmente y al margen de las tramas y los manejos políticos, es una cantidad

que define la inviabilidad económica de la empresa y explica la diferencia de trayectoria

de dos cabeceras con un inicio semejante en el tiempo y en el contexto.

Contrariamente a la idea de Manuel Soriano explicada en mi libro De las tramas

contra El Independiente a la concentración mediática actual, de que una

empresa periodística nunca cierra por razones económicas, todo parece indicar que

una empresa periodística no cierra, en un sistema democrático, si su cuenta de

resultados es favorable.

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5. UN GRAN GRUPO MEDIÁTICO

El Independiente, como indicamos, nació en un contexto de concentración

mediática, surgido en nuestro país con la transición democrática, que se fue acentuando

hasta llegar al estado actual. Era el inicio de un nuevo orden informativo,

por utilizar la terminología del profesor Jesús Timoteo Álvarez23 o nuevo sistema

mundial de comunicación, en terminología utilizada por Enrique Bustamante24.

Ya en 1988, los diez grupos más poderosos en España, que asociaban 28 cabeceras,

controlaban 2.200.481 de los 3.050.000 de ejemplares vendidos diariamente,

el 72 %, mientras que las 85 cabeceras restantes sumaban el 28%. Entre los

grandes holdings mundiales con presencia en medios de comunicación españoles

figuraban ya Bertelsmann, Time-Warner, Fininvest, Hachette, Pearson, Maxwell,

Mondadori…

Junto a ellos, descollaban poderosamente grupos españoles con gran expansión

en los años 90: Prisa (El País, El Siglo, Ser, Canal Plus, Editorial Santillana…),

Anaya (El Sol y un amplio grupo de editoras) Zeta (La Gaceta de los Negocios,

Tiempo, Interviú, Panorama, Telecinco…), Grupo 16 (Diario 16, Cambio 16,

Motor 16…), Prensa Española (Abc), Correo (El Correo Español- El Pueblo

Vasco), Godó (La Vanguardia), Prensa Ibérica (La Nueva España, Heraldo de

Aragón) y, desde noviembre de 1989, Unidad Editorial (El Mundo).

En este contexto, en el que resulta muy difícil competir con los poderosos, la

única salida empresarial para Ediobser era incorporarse a un gran grupo de comunicación,

perdiendo, obviamente, parte de su autonomía e independencia. A punto

estuvo de conseguirlo cuando la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), a través

de Divercisa y Uniprex, se hizo con la mayoría de las acciones y dispuesta a

conformar un gran grupo mediático con Onda Cero, Telecinco, Servimedia y otras

publicaciones. Pero un cierto romanticismo trasnochado, el espíritu de independencia

inquebrantable y un afán crítico del que no escapaban la propia ONCE,

unido a las presiones de otros medios de comunicación contra Miguel Durán,

como presidente de la organización, y tal vez a las aludidas tramas de políticos

opuestos a un medio tan contestatario, dieron al traste con el proyecto.

Ciertamente estas fueron las claves.

Ahora bien, aún reconociendo que formar parte de un gran grupo genera sinergias

y apoyos casi decisivos, la historia muestra también en contraste que ni

siquiera eso salva a las publicaciones deficitarias, como sucedió con Claro (del

poderosos grupo alemán Spiegel), El Sol (grupo Anaya), Diario-16 (Grupo 16), Ya

(Edica) y el semanario El Globo (del Grupo Prisa, al igual que Radio El País, que

cerró con poco más de 6 meses de vida y unas pérdidas de 300 millones de pesetas.

De esta forma puede concluirse que fue determinante en el cierre el factor económico

o muy coadyuvante, si valoramos en la misma medida las tramas políticas

y los manejos empresariales.

Maximiliano Fernández Fernández La desaparación de El Independiente: tramas…

Historia y Comunicación Social

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151

6. OTROS FACTORES: ESCASA REPERCUSIÓN, BUENAS PLUMAS,

IZQUIERDISMO…

Pero hay otros aspectos, además del contexto mediático, el económico, las circunstancias

políticas, etc., que no pueden pasar desapercibidos en la historia de

una publicación, como los de su repercusión, corrientes de opinión, posicionamientos,

aportaciones periodísticas y literarias…

Aunque se ha dicho que el periódico era leído en los despachos de los políticos

y empresarios españoles más influyentes y en los ámbitos culturales más progresistas,

como casi todos los rotativos nacionales, lo cierto que su escasa difusión le

restó influencia y no llegó a grandes sectores de la población. Su cierre fue recogido

en casi todas las cabeceras importantes de la época y sus páginas han sido

citadas para explicar movimientos políticos y empresariales o para ilustrar la vida

española de los años 80 y 90.

Así lo hacen, entre otros, los historiadores Alejandro Pizarroso25, Juan

Francisco Fuentes, Javier Fernández Sebastián26, María Luisa Suárez27 y María

Jesús Casals28 … y los periodistas Raúl Heras29, Víctor Márquez Reviriego30,

Pedro Muñoz31, Graciano Palomo32, José Díaz Herrera y Ramón Tijeras33, Pedro

J. Ramírez34, Eric Fratttini35, Pilar Cernuda36, José Antonio Martínez Soler37,

Fernando Jáuregui38, Juan Luis Galiacho39 …

Desde el punto de vista de su aportación al periodismo, la cabecera de

Ediobser y sus mentores pueden presumir de haber hecho una información verdaderamente

independiente y plural, crítica, sin cortapisas, muy orientada a la investigación

y a la denuncia de la corrupción política y del enriquecimiento económico

en la España de la transición democrática.

Sus posicionamientos fueron muy claros en contra de la primera guerra de

Irak, la de 1990, en contra del belicismo, del terrorismo etarra y del terrorismo de

Estado, en contra de cualquier corruptela, de todo lo que supusiera recortes a la

libertad de expresión, etc.

En este sentido deben interpretarse la denuncia de la muerte de la etarra Lucía

Origoitia de un tiro en la nuca; las declaraciones de Pablo Castellano que provocaron

una gran crisis en el PSOE; el asunto de la compra de vestidos, valorados en

varios millones de pesetas y con cargo a los presupuestos del Estado por la entonces

directora general de TVE, Pilar Miró; el dictamen contra la iniciativa de Canal

10; el caso de Monserrat Dexeus, la esposa del ministro Carlos Rmero, acusada de

controlar cuentas de campañas estatales desde una empresa publicitaria…

Otro tanto puede asegurarse en lo que se refiere a su aportación literaria, con

excelentes artículos de Camilo José Cela y Raúl del Pozo, a los que se unían diariamente

los cortos afilados de Antonio Gala —”La Proa” y “La Tronera”—, los

divertimentos de Aurora Pavón (Pablo Sebastián) y Jaime Peñafiel y las grandes

firmas tanto habituales, según las épocas, de González Seara, Abel Hernández,

Andrés Aberasturi, Fernando Jáuregui…, como de colaboradores ocasiones

(Aranguren, Caro Baroja, J.J. Armas Marcelo, Fernando Arrabal, Caballero

Bonald, Antonio Burgos…)

Maximiliano Fernández Fernández La desaparación de El Independiente: tramas…

152 Historia y Comunicación Social

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Los primeros y los geniales viñetistas Chumy Chúmez y El Roto, constituyeron

un grupo creador crítico y rebelde, un verdadero colectivo de autores con una

marca de identidad que difícilmente se encuentra en otros periódicos de nuestra

época.

Respecto a sus posicionamientos izquierdistas, a los que aludíamos anteriormente,

remitimos del mismo modo a nuestro estudio de contenidos realizado en el

libro De las tramas contra El Independiente a la concentración mediática

actual40, en el que se pone de manifiesto tanto la rebeldía editorial como las recurrencias

informativas a posicionamientos ubicados a la izquierda del PSOE, nacionalismo

vasco, grupos políticos y sociales minoritarios, algún guiño republicano y

otros posicionamientos alejados de las mayorías sociológicas centristas.

CONCLUSIONES

En definitiva, no se puede achacar a una única causa el cierre de El

Independiente, sino a causas concomitantes, muy convergentes: contexto muy

competitivo, no pertenencia a un gran grupo mediático, grandes pérdidas económicas

(derivadas de su reducida tirada, escasos apoyos publicitarios, elevadas retribuciones

y deficiente gestión), presiones de otros medios, aislamiento político…

Sin duda una de las principales causas objetivas fue la escasa difusión del

periódico, consecuencia a su vez de tres planteamientos erróneos concomitantes:

poco atractiva e incómoda presentación, falta de mercadotecnia y línea editorial

lejana a las preferencias de las mayorías lectoras.

Sin embargo, creemos que fue una gran aventura periodística, que demostró la

dificultad de competir en solitario en el mercado nacional; una interesante experiencia

de libertad de expresión, con un alto coste —aislamiento y cierre—, y una

interesantísima aportación al periodismo español de finales del siglo XX, caracterizada

por sus tendencias críticas, su independencia y sus valores literarios.

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NOTAS

1 El País, 29-10-1991, p. 21.

2 “Jacques Hachuel cierra el diario El Independiente”, El País, 31-10-1991, p. 33.

3 “La ONCE vende El Independiente”, en El Mundo, 26-10-1991, C5, y “Los trabajadores piden el

respeto al compromiso del rotativo con las libertades”, El Mundo 27-10-1991.

4 “El Independiente desaparece hoy como diario y El Sol destituye a cuatro de sus altos cargos”, El

Mundo, 31-10-1991, p. 21.

5 “Miguel Durán afirma que abandona El Independiente por presiones externas”, El Independiente,

29-10-1991, p. 22.

6 “La lucha por una cabecera independiente”, EI, 29-10-1991, p. 1.

7 “Comunicado del Comité de empresa”, EI, 29-10-1991, p. 22.

8 “Un tremendo daño”, EI, 29-10-1991, p. 22.

9 “Muere un periódico vivo”, EI, 31-10-1991, p. 1.

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2008, 13 139-154

10 “Vamos a seguir”, EI, 29-10-1991, p. 19.

11 “Meye Muelle”, Abc, 9-11-1991, p. 28.

12 PAVÓN, Aurora (Pablo Sebastián), “Abierta está la cancela”, Abc, 14-6-1991, p. 33.

13 DÍAZ NOSTY, B, “Crecimiento de la oferta, crecimiento del negocio”, en Informes anuales de

Fundesco. Comunicación social 1989/Tendencias, Madrid, 1989, p. 23.

14 MONTAÑÉS, F. Montañés, “El decenio de la revolución mediática”, El Mundo, 26-10-1991, C-3.

15 FUNDESCO, Comunicación Social, 1989, Tendencias, p. 23.

16 FUNDESCO, Comunicación Social, 1990, Tendencias, p. 23.

17 “Ya vuelve el español do solía”, EI, 31-10-1991, p. 71.

18 “Cierran El Independiente diario”, EI, 31-10-1991, p. 1.

19 Se empezó el 2 de enero porque el día de Año Nuevo no se publican periódicos, siguiendo el 4, y,

a partir de ahí, múltiplos de 3.

20 Puede verse con más detalle en nuestra obra De las tramas contra El Independiente a la concentración

mediática actual, Madrid, Fragua, 2007, pp. 184-190.

21 Se empieza el 2 de enero porque el 1 no hay periódicos, siguiendo con el 4, y, a partir de ahí, múltiplos

de 3.

22 Guía de Medios de Comunicación de España, nº 108, Madrid, Remarca, 1991.

23 TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús, Del viejo orden informativo, Madrid, Actas, 1997.

24 BUSTAMANTE, Enrique, Hacia un nuevo sistema mundial de información, 2003.

25 PIZARROSO, Alejandro: De la Gazeta Nueva a Canal Plus. Breve historia de los medios de

comunicación en España, Madrid, 1992, p. 210.

26 FUENTES, Juan Francisco, y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, Historia del Periodismo español,

Madrid, Síntesis, 1997. p. 333.

27 SANTAMARÍA SUÁREZ, Luisa, El comentario periodístico. Los géneros persuasivos, Madrid,

p. 1990.

28 SANTAMARÍA SUÁREZ, Luisa, y CASALS CARRO, María Jesús, La opinión periodística,

argumentos y géneros para la persuasión, Madrid, Fragua, 2000.

29 HERAS, Raúl, El Clan. La historia secreta de la beatiful people, Madrid, Temas de hoy, 1990.

30 MÁRQUEZ REVIRIEGO, Víctor, El desembarco andaluz, Barcelona, Planeta, 1990.

31 MUÑOZ, Pedro, RTVE, La sombra del escándalo, Madrid, Temas de hoy, 1990.

32 PALOMO, Graciano, El vuelo del halcón, Madrid, Temas de hoy, 1990.

33 DÍAZ HERRERA, José y TIJERAS, Ramón: El dinero del poder. La trama económica en la

España socialista, Madrid, Cambio 16, 1991.

34 RAMÍREZ, Pedro J. Y ROBLES, Marta, Pedro J. Ramírez. El Mundo en mis manos, Barcelona,

Grijalbo, 1991.

35 FRATTINI, Eric, y COLÍAS, Yolanda, Tiburones de la comunicación. Grandes líderes de los grupos

multimedia, Madrid, Pirámide, 1996.

36 CERNUDA, Pilar, y JÁUREGUI, Fernando, Crónicas de la crispación. Una visión personal del

fin del felipismo, Madrid, 1996.

37 MARTÍNEZ SOLER, José Antonio, Jaque a Polanco. La Guerra digital: un enfrentamiento en las

trincheras de la política, el dinero y la prensa. Madrid, Temas de hoy, 1998.

38 JÁUREGUI, Fernando, Cinco horas y toda una vida con Fraga. La historia de un fracaso admirable,

Madrid, Espejo de Tinta, 2004.

39 GALIACHO,J.L., Del cielo al abismo, Barcelona, Nueva República, 2006.

40 Ibid, pp. 49-157.

OTRO TEXTO DE INTERES PARA CONOCER, DE MODO CRÍTICO, EL “CASO” del Diario El Independiente y de cómo fue víctima del Poder político de los yuppies socialdemócratas (PSOE) , con Felipe González al mando. https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/13/aih_13_4_037.pdf

España desde el alcornocal Crítica al nodulismo pro yanky de una de las variantes actuales del Materialismo Filosófico fundado por Gustavo Bueno

España desde el alcornocal

https://elrepublicohispanoblog.wordpress.com/2019/05/31/espana-desde-el-alcornocal/
— Leer en elrepublicohispanoblog.wordpress.com/2019/05/31/espana-desde-el-alcornocal/

¿Buscan las elites europeas nuevo amo? Parece que ya lo han encontrado , precisamente en China.

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El nuevo orden del dinero , tras la crisis del coro na , video entrevista con el experto alemán Ernst Wolff(video en alemán, con posibilidad de poner subtítulos automáticos en español)