Bienvenidos a la Nueva Normalidad del siglo XXI

lbry://@Canal007#f/Bienvenido-a-la-Nueva-Normalidad#6

DATOS ( EN SERIO Y CON RIGOR METODOLÓGICO)PARA UN ANALISIS Y CRITICA MATERIALISTAS SOBRE LO QUE REALMENTE IMPLICA EL COR O NA V

PINTURA REALIZADA POR JOAQUIN MARTINEZ CANO, ARTISTA DE CANTABRIA, NORTE DE ESPAÑA(AÑO 2021)

Kary Mullis, premio Nobel 1993 por inventar la prueba PCR; Santa Mónica, Calif., 7 de diciembre de 1997 (Video, 4 min.; Engl., subt en español):
https://lbry.tv/@kikei:e/La-explicaci%C3%B3n-m%C3%A1s-clara-de-por-qu%C3%A9-la-prueba-PCR-no-es-apta-para-diagn%C3%B3stico-en-palabras-de-su-inventor-el-premio-Nobel-de-qu%C3%ADmica-1993-Kary-Banks-Mullis.:e

Dr. Jur. Reiner Fuellmich (co fundador de la Fundación Comisión Corona [Stiftung-Corona-Ausschuss])- El único propósito de la prueba PCR es asustar a la gente
19 de noviembre de 2020
(Deutsch, subt. español; 2 min) https://www.bitchute.com/video/AyZYRaJyHewj/

Performance La nueva normalidad (Berna, Suiza)
10 de noviembre de 2020
(Deutsch, subt. español; 3:22 min.) https://www.bitchute.com/video/pxTWwT8ZJGaR/

Análisis y crítica del concepto borroso de Globalización en tiempos de crisis del neocapitalismo. Un esbozo propuesto por Eliseo Rabadán Fernández, colaborador de INTROFILOSOFIA

Stoa
Vol. 9, no. 17, 2018, pp. 69–94 ISSN 2007-1868
GLOBALIZACIO ́NYPOSTCAPITALISMO
Eliseo Rabada ́n Ferna ́ndez
Santander, Espan ̃a arsfilosofo@gmail.com
resumen: Tratamos de analizar conceptos y hechos relacionados con la Glo- balizacio ́n, el neoliberalismo, la guerra y la violencia desde una perspectiva cr ́ıtica, que muestre algunas tesis que converger ́ıan en la idea de que el capita- lismo est ́a en un proceso de crisis de tal magnitud que implica cambios en los modelos sociales y pol ́ıticos derivados de la toma del poder pol ́ıtico real por las corporaciones financieras y econo ́micas que de hecho est ́an gestionando el proceso.
palabras clave: Globalizacio ́n

Entrevista a Gustavo Bueno sobre diversos temas de interés para el sistema del Materialismo Filosófico (audio en podcast)

go.ivoox.com/rf/3032906

Gustavo Bueno, en audio -(video) explica qué podemos entender, desde el sistema filosófico del Materialismo Filosófico, por definición gnoseológica de Ciencias Humanas.

Nosotros, los hijos de Eichmann, y la globalización neoliberal, inundada por máquinas durante la pandemia

Este texto pertenece al libro de Günther Anders titulado : Nosotros los hijos de Eichmann

Mural del pintor mexicano Diego Rivera

Sentencia sobre tests Co R ONA y falsos positivos además de ilegalidad de confinamientos en un Tribunal portugués

Sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa

11 de noviembre de 2020

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30

1783 / 20.7T8PDL.L1-3
Reportero:MARGARIDA RAMOS DE ALMEIDA
Descriptores:
INTERÉS DE HABEAS CORPUS EN ACTUAR PRUEBAS RT-PCR DE 
SARS-COV-2 PRIVACIÓN DE DETENCIÓN ILEGAL
Documento núm.:RL
Fecha del contrato:11/11/2020
Votación:UNANIMIDAD
Texto completo:s
Texto parcial:norte
Medio de procedimiento:RECURSOS CRIMINALES
Decisión:Disposición denegada
Resumen:I. La ARS no puede apelar una decisión que ordenó la liberación inmediata de cuatro personas, por detención ilegal, en el marco de un proceso de hábeas corpus (art. 220 als. C) yd) del CPPenal), solicitando la validación del encierro. obligatorio para los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (A….) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo, decretada por las autoridades sanitarias (B…, C…. y D… ..) por no tener legitimidad ni interés en actuar. 
II. La solicitud realizada también sería manifiestamente infundada porque: 
A. La prescripción y el diagnóstico son actos médicos, bajo la exclusiva responsabilidad de un médico, inscrito en la Orden de Médicos (Reglamento No. 698/2019, de 5.9).
Así, la prescripción de métodos auxiliares de diagnóstico (como es el caso de las pruebas para la detección de infección viral), así como el diagnóstico de la existencia de una enfermedad, en relación a todas y cada una de las personas, es un asunto que no puede ser realizado por la ley. , Resolución, Decreto, Reglamento o cualquier otra vía normativa , ya que son actos que nuestro ordenamiento jurídico se reserva a la exclusiva competencia de un médico, asegurándose de que, al asesorar a su paciente, éste siempre debe procurar obtener su consentimiento informado ( 1 del artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos). 
SEGUNDO.En el caso que nos ocupa, no existe ningún indicio o evidencia de que tal diagnóstico haya sido efectivamente realizado por un profesional calificado en derecho y que haya actuado de acuerdo con las buenas prácticas médicas. En efecto, lo que se desprende de los hechos dados por supuestos es que ninguno de los demandantes fue visto siquiera por un médico, lo cual es francamente inexplicable, dada la supuesta gravedad de la infección. 
C. El único elemento que aparece en los hechos probados, al respecto, es la realización de pruebas de RT-PCR, una de las cuales presentó resultado positivo en relación a uno de los solicitantes. 
RE.En vista de la evidencia científica actual, esta prueba es, en sí misma, incapaz de determinar, más allá de toda duda razonable, que tal positividad corresponda, de hecho, a la infección de una persona con el virus SARS-CoV-2, por varias razones. , de los cuales destacamos dos (a los que se suma el tema del patrón oro,que por su especificidad ni siquiera abordaremos): 
Para que esta confiabilidad dependa del número de ciclos que componen la prueba; 
Para que esta fiabilidad dependa de la cantidad de carga viral presente. 
III . Cualquier diagnóstico o cualquier acto de vigilancia de la salud (como es el caso de determinar la existencia de infección viral y alto riesgo de exposición, que se incluyen en estos conceptos)realizada sin observación médica previa de los pacientes y sin la intervención de un médico inscrito en la OM (quien procedió a evaluar sus signos y síntomas, así como las pruebas que estimaron adecuadas a su condición), viola el Reglamento No. 698/2019, de 5.9 , así como lo dispuesto en el artículo 97 del Estatuto de la Ordem dos Médicos, pudiendo configurar el delito de usurpación de funciones, p. y P. por el artículo 358 al.b), por C.Penal. 
IV. Toda persona o entidad que emita una orden, cuyo contenido conlleve la privación de la libertad física, ambulatoria, ajena (cualquiera que sea la nomenclatura que asuma esta orden: confinamiento, aislamiento, cuarentena, protección profiláctica, vigilancia de la salud, etc.), que no se ajuste a las disposiciones legales, es decir, en lo dispuesto en el artículo 27 de la CRP , estará realizando una detención ilegal , por orden de una entidad incompetente y por estar motivado por un hecho para el cual la ley no lo permite. 
(Resumen elaborado por el relator)
Decisión de texto parcial:
Decisión de texto completo:Acuerdan una conferencia en la 3ª Sección Penal de la Corte de Apelaciones de Lisboa

I – informe 
1. Mediante resolución del 26/08/2020, se concedió la solicitud de hábeas corpus , por ser ilegal detenerlos , determinando el restitución inmediata a la libertad de las Demandantes SH__SWH___, AH___ y ​​NK___. 2. Luego vino la AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD, representada por la Dirección Regional de Salud de la Región Autónoma de las Azores, para apelar esta decisión, solicitando la validación de la final. 
el confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo, decretada por las autoridades sanitarias (SH__, SWH__ y NK___). 
4. Se admitió el recurso. 
5. Mº Pº, en su réplica, defiende que el presente recurso de casación debe considerarse infundado. 
6. En este tribunal, el ex PGA después de una visa. 
II – punto anterior.
Dado que el recurso interpuesto por el recurrente debe ser desestimado, el tribunal se limitará, en los términos de los párrafos 1, a), y 2 del artículo 420 del Código Procesal Penal, a precisar brevemente los motivos. de la decisión. 

III – justificación. 
1.La sentencia dictada por el tribunal “a quo” tiene el siguiente contenido: 
Hechos probados: 
1. El 01/08/2020 los demandantes llegaron a la isla de São Miguel, provenientes de avión desde la República Federal de Alemania, donde, en el 72 (setenta dos) horas antes de la llegada, habían realizado una prueba a COVID19, con resultado negativo y cuyas copias presentaron y entregaron a la Autoridad Sanitaria Regional, a su llegada al aeropuerto, en Ponta Delgada. 
2. El 07/08/2020 y durante su estancia en la isla de São Miguel, los demandantes AH___ y ​​NK___ realizaron una segunda prueba al COVID19. 
3. El 10/08/2020 y también durante su estancia en la isla de São Miguel, los solicitantes SH___ y ​​SWH___ realizaron una segunda prueba al COVID19.
4. El 08/08/2020 la demandante AH___ fue informada telefónicamente que su prueba realizada el día anterior había acusado “detectado”. 
5. A partir de ese día 08/08/2020 el solicitante AH___ dejó de convivir con los tres solicitantes restantes, habiendo mantenido siempre una distancia nunca menor a 2 (dos) metros de ellos. 
6. El 10/08/2020 los solicitantes SH___, SWH___ y ​​NK___ fueron informados telefónicamente que sus pruebas habían sido “negativas”.
7. El 10/08/2020, el documento se envió a todos los solicitantes por correo electrónico. Verso 25, 25, 26 y 26, suscrito por el Delegado de Salud del municipio de Lagoa, en ejercicio, Dr. Magno José Viveiros Silva, llamado Notificación de Aislamiento Profiláctico – Coronavirus SARS-CoV-2 / Enfermedad COVID – 19, y dos anexos (solo uno de ellos en inglés) y en el que se lee (igual contenido salvo la identificación de cada uno de los Postulantes): 
Aislamiento (…) 
Notificación de 
Aislamiento Profiláctico 
Coronavirus SARS- CoV-2 / Enfermedad COVID – 19 
Autoridad Sanitaria Mário Viveiros Silva Lagoa
En los términos de las Circulares Normativas no DRSCINF / 2020/22 de 25/03/2020 y DRS CNORM2020 / 39B de 04/08/2020 de la AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL (en anexo) y la Norma no 015/2020, de 24 / 07/2020 de la Dirección General de Salud (adjunto) Determino el 
AISLAMIENTO PROFILÁCTICO 
DE 
(…) 
Tarjeta Ciudadana / PASAPORTE No. (…), vigente … hasta … con el número de identificación a la seguridad social para el período del 08/08/2020 al 22/08/2020 por peligro de contagio y como medida de contención del COVID 19 (SARS-Cov-2) 
Fecha 2020/08/10 (… )
8. Las Demandantes solicitaron el envío de dichos resultados, y el informe de prueba enviado a las Demandantes AH___ y ​​NK___ fue enviado por correo electrónico el 13/08/2020 ya las Demandantes SH___ y ​​SWH___ ayer, 24 / 08/2020, por correo electrónico, informes redactados en portugués. 
9. Entre el 1 y el 14 de agosto los solicitantes fueron alojados en el alojamiento Marina Mar II, en Vila Franca do Campo. 
10. A partir del 14 de agosto, los solicitantes serán alojados en “THE LINCE AZORES GREAT HOTEL, CONFERENCE & SPA”, en Ponta Delgada (donde se encuentran actualmente), por orden del Delegado de Salud como se describe en 7 de la siguiente manera: 
– En la sala 502 están los solicitantes SH___ y ​​SWH___. 
– En la habitación 501 está el solicitante AH___.
– En la habitación 506 está el solicitante NK___. 
11. Los solicitantes intentaron al menos 3 veces comunicarse con la línea telefónica de ayuda que conocen (296 249 220) para ser aclarados en su idioma o, al menos, en el idioma inglés, pero nunca tuvieron éxito, ya que solo responden y responder en portugués, que los solicitantes no entienden. 
12. En el hotel, las comidas son entregadas en la habitación, por los servicios del hotel, en horarios predeterminados y según la elección de un tercero, excepto durante los primeros 3 días en el Hotel Lynce donde se sirvió el desayuno. y las comidas restantes a través del servicio de habitaciones.
13. El 15 de agosto, mientras cumplía con el aislamiento profiláctico determinado por la Delegada de Salud, la solicitante AH___ comenzó a sufrir una inflamación en la boca, aparentemente como resultado del aparato dental que utiliza. 
14. Habiendo, por teléfono, al 296 249 220, comuniqué esta situación con la Autoridad Regional de Salud, quien solicitó el apoyo médico necesario. 
15. Esta solicitud fue ignorada por la referida línea de ayuda, la cual no brindó al AH___ requerido el apoyo necesario.
16. Al no ver ningún apoyo, dos días después, el 17 de agosto, debidamente protegida con mascarilla y guantes, la solicitante SWH___ salió de su habitación, se dirigió a la farmacia más cercana al hotel, donde adquirió una pomada para calmar temporalmente situación referida, habiendo regresado inmediatamente al hotel y a su habitación. 
17. El 19/08/2020 fue enviado por el Delegado de Salud, Dr. JMS___, al correo electrónico de las Demandantes, donde dice: 
(…) AH___ solo se cura después de tener una prueba negativa y una 2da prueba de curación negativa, cuando eso suceda la delegación de salud se pondrá en contacto contigo (…) (sic).
18. El 21/08/2020 el siguiente mensaje fue transmitido a los cuatro postulantes, por el Delegado de Salud Dr. JMS___, por correo electrónico: “Es decir, cuando termine la cuarentena, se debe hacer una prueba y si es negativa se puede salir de casa ”(sic). 
19. El mismo 21 de agosto, el solicitante SH___ interrogó al referido médico y Delegado de Salud, Dr. JMS___, por correo electrónico que envió, lo siguiente (traducido al portugués en régimen libre): 
Estimado Dr. JMS___ , 
Ya hicimos dos pruebas de COVID / persona, todas negativas (SH___, SWH___, NK___). ..y después de eso pasamos 2 semanas en aislamiento, ¡y ninguno de nosotros tiene ningún síntoma! 
Tenemos documentos del Dr. MMS ___, confirme.
¿Nadie nos dijo nada sobre las nuevas pruebas después del tiempo de aislamiento? 
Ya hemos reprogramado nuestros vuelos y planeamos salir de la isla. 
Explique el motivo de su declaración. 
¿Por qué no se realizó ayer la prueba AH___ COVID? 
Saludos, 
SH___ ”20. Los 
reclamantes no recibieron respuesta a este correo electrónico, con la excepción del reclamante AH___ quien fue notificado de una nueva prueba de detección, específicamente, para el próximo día 29/08/2020. 
21. El 20/08/2020 la demandante AH___ realizó una tercera prueba a COVID19, y al día siguiente (21/08/2020), solo por teléfono, se informó que el resultado había acusado “detectado”.
22. La demandante AH___ solicitó que se le remitiera prueba escrita de este resultado positivo, la cual le fue enviada vía correo electrónico ayer, 24/08/2020. 
23.Las Demandantes interrogaron al personal de recepción del hotel donde se hospedan y se les informó que ninguno de los cuatro reclamantes, sin excepción, podrá salir de las habitaciones. 
24. Los solicitantes no tienen, ni han presentado, ningún síntoma de la enfermedad (fiebre, tos, dolores musculares, estornudos, falta de olfato o paladar). 
25.Los demandantes no han explicado el contenido de los dos documentos que se les enviaron con los escritos enumerados en el párrafo 7. 
26.Los demandantes tienen su residencia habitual en la República Federal de Alemania, identificada en estos documentos.
Razón fundamental:
La cuestión que aquí se plantea se basa en el hecho de que las Demandantes se encuentran privadas de su libertad (desde el 10 de agosto hasta la fecha actual, según los hechos probados) y, en consecuencia, de poder hacer uso del presente instituto de hábeas corpus. -como explicaremos a continuación-, se pregunta si existe o no un fundamento jurídico para esta privación de libertad.
En efecto, sin siquiera cuestionar la constitucionalidad orgánica de la Resolución del Consejo del Gobierno Regional No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, actualmente en vigor en el ámbito de los procedimientos aprobados por el Gobierno de las Azores para contener la propagación del virus SARS-COV-. 2 en esta Comunidad Autónoma, en la situación actual la detención / confinamiento de las Demandantes desde el pasado 10 de agosto se materializa mediante una comunicación realizada vía correo electrónico, en portugués, en los términos que se señalan como probado en el punto 7.
Ahora, como se desprende del punto 7 de los hechos probados, la autoridad regional de salud, a través del respectivo Delegado de Salud del área territorial donde se encontraban los Demandantes, determinó su aislamiento profiláctico bajo las Circulares Normativas No. DRSCINF / 2020 / 22 de 2020/03/2025 y DRS CNORM2020 / 39B de 2020/08/04 de la AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD y Norma no. 015/2020, de 24/7/2020 de la Dirección General de Salud. Y, fue a través de En una comunicación con el sustento antes señalado, se destaca, en circulares normativas y norma de la Dirección General de Salud, que la Autoridad Regional de Salud privó a los Demandantes de su libertad, pues de los hechos probados se deriva de la saciedad que éstos, en el rigor de los conceptos ,fueron detenidos del 10 al 14 de agosto de 2020 en un desarrollo hotelero en Vila Franca do Campo y desde el 14 de agosto de 2020 hasta la fecha actual confinados, y por tanto detenidos, en una habitación de hotel en esta ciudad de Ponta Delgada. No podemos olvidar, sobre todo porque se destaca de la lista de hechos probados, que el poder de movimiento y el derecho a la movilidad de la Demandante – o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las habitaciones donde que encontraron fue ir a este tribunal y hacer declaraciones (con la excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la demandante en clara desesperación para ayudar al dolor de su hija en los términos probados).No podemos olvidar, sobre todo porque se destaca de la lista de hechos probados, que el poder de movimiento y el derecho a la movilidad de la Demandante – o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las habitaciones donde que encontraron fue ir a este tribunal y hacer declaraciones (con la excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la demandante en clara desesperación para ayudar al dolor de su hija en los términos probados).No podemos olvidar, sobre todo porque se destaca de la lista de hechos probados, que el poder de movimiento y el derecho a la movilidad de la Demandante – o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las habitaciones donde que encontraron fue ir a este tribunal y hacer declaraciones (con la excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la demandante en clara desesperación para ayudar al dolor de su hija en los términos probados).que el poder de circulación y el derecho de movilidad de los demandantes – o el de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las salas donde se encuentran fue acudir a este juzgado y hacer declaraciones (con excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la solicitante en clara desesperación por ayudar al dolor de su hija en los términos probados).que el poder de circulación y el derecho de movilidad de los demandantes – o el de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación – son tan limitados que la primera salida de las salas donde se encuentran fue acudir a este juzgado y hacer declaraciones (con excepción del viaje a la farmacia SWH___ de la solicitante en clara desesperación por ayudar al dolor de su hija en los términos probados).
En definitiva, luego de analizar la factualidad encontrada, es inexorable concluir que estamos ante una privación real de la libertad personal y física de los solicitantes, no permitida por ellos, que les impide no solo desplazarse, sino también estar en familia, viviendo alrededor de 16 días. separados (los demandantes SH___ y ​​SWH___ y ​​su hija, aquí el Demandante, AH___) y, en el caso del Demandante NK___ totalmente solo, sin ningún contacto físico con nadie. Decir que no hay privación de libertad porque en cualquier momento pueden estar ausentes de sus respectivas habitaciones, en las que se encuentran es una falacia, basta con mirar las comunicaciones que se hicieron después del 10 de agosto, ninguna de ellas en idioma alemán,y las condiciones en las que han vivido (sin olvidar que son ciudadanos extranjeros con la barrera del idioma inherente) o solicitar su regreso a su lugar de origen es una falacia, y para esta conclusión basta con mirar las últimas comunicaciones realizadas en portugués, subraya el que destaca como comprobado en el punto 8, en particular “Es decir, cuando finalizan la cuarentena tienen que hacer una prueba y si es negativa pueden salir de la casa como del hotel donde se encuentran confinados. 3 dormitorios.cuando terminan la cuarentena tienen que hacer una prueba y si es negativa pueden salir de casa como del hotel donde están confinados en 3 habitaciones.cuando terminan la cuarentena tienen que hacer una prueba y si es negativa pueden salir de casa como del hotel donde están confinados en 3 habitaciones.
Por tanto, si las Demandantes se encuentran privadas de libertad, ante circunstancias probadas, es necesario trazar el camino en el que nos movemos, iniciando el recorrido por la luz rectora del sistema legislativo portugués: la Constitución de la República Portuguesa. 
Así, en cuanto a la jerarquía normativa, es necesario recordar que, tal y como establece el artículo 1 de la CRP, “Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y comprometida con la construcción de una sociedad libre y justa. y solidario ”. De ahí que quede claro que la unidad de sentido en la que se basa nuestro sistema de derechos fundamentales se basa en la dignidad humana – el principio de la dignidad de la persona humana es la referencia axial de todo el sistema de derechos fundamentales.
Uno de ellos, el más relevante por su carácter estructurador del propio Estado democrático, es el principio de igualdad, previsto en el artículo 13 de la CRP, que establece, en su párrafo 1, que “Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley. ”, agregando el párrafo 2, que“ Nadie puede ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de ningún derecho o exento de cualquier deber por ascendencia, sexo, raza, idioma, territorio de origen, religión, creencias políticas o ideológicas, educación, situación económica, condición social u orientación sexual ”.
Y, en lo que aquí importa, bajo el epígrafe “derecho a la libertad y la seguridad”, el artículo 27, núm. 1 de la CDP establece, “Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad”, refiriéndose José Lobo Moutinho, en anotación a este artículo, que “La libertad es un momento absolutamente decisivo y esencial – por no decir, el modo de ser mismo constitutivo – de la persona humana (Ac. n ° 607/03:“ demanda óntica ”), que le otorga esa dignidad en El orden jurídico portugués (y, sobre todo, jurídico-constitucional) encuentra su fundamento granítico (artículo 1 de la Constitución). En este sentido, se puede decir la piedra angular de la edificación social “(Ac. N ° 1166/96)” (aut.cit., En op. Cit., P. 637).
Dado que la libertad humana no es unidimensional y puede adquirir múltiples dimensiones, como se ejemplifica en los artículos 37 y 41 de la CRP, la libertad en cuestión en el artículo 27 es la libertad física, entendida como libertad de movimiento corporal, de ir y venir, libertad de deambulación o locomoción, estipulando en el párrafo 2 de este último artículo que “ Nadie puede ser privado total o parcialmente de libertad, salvo que sea como consecuencia de una sentencia judicial condenatoria por la práctica de un acto punible en la ley con pena privativa de libertad o prisión. aplicación judicial de una medida de seguridad ”. – nuestro subrayado.
Las excepciones a este principio se encuentran tipificadas en el párrafo 3, que establece que: 
“ Se exceptúa de este principio la privación de libertad, por el tiempo y en las condiciones que determine la ley, en los siguientes casos:
a) Detención en flagrante delito; 
b) Detención o prisión preventiva por fuertes indicios de infracción penal correspondiente a una pena de prisión con un límite máximo de más de tres años; 
c) El arresto, detención u otra medida coercitiva sujeta a control judicial, de una persona que haya ingresado o permanezca ilegalmente en territorio nacional o contra quien se encuentre en trámite de extradición o expulsión; 
d) Prisión disciplinaria impuesta al personal militar, con garantía de recurso ante el tribunal competente; 
e) Someter al menor a medidas de protección, asistencia o educación en un establecimiento adecuado, decretado por el tribunal judicial competente;
f) Detención por decisión judicial por desobediencia a la decisión de un tribunal o para asegurar la comparecencia ante la autoridad judicial competente; 
g) Detención de sospechosos, con fines de identificación, en los casos y por el tiempo estrictamente necesario; 
h) Internamiento de un paciente con anomalía psíquica en un establecimiento terapéutico adecuado, decretado o confirmado por autoridad judicial competente ”. 
Finalmente, cabe recordar que, en caso de privación de libertad en contra de lo dispuesto en la Constitución y la Ley, el Estado se constituye en el deber de indemnizar al lesionado en los términos que establece la ley, según se desprende del párrafo 5 del artículo 27, señalando , de conformidad con el artículo 3 del CRP:
(…) 2. El Estado está subordinado a la Constitución y se basa en la legalidad democrática. 
3. La vigencia de las leyes y demás actos del Estado, comunidades autónomas, autoridades locales y cualesquiera otras entidades públicas depende de su cumplimiento de la Constitución. 
Cuando llegamos aquí, habiendo trazado el territorio legal, miremos más de cerca la situación en la que se movió la Autoridad Sanitaria Regional en la situación bajo análisis. 
Las Demandantes SH__SWH__ y NK_ se sometieron a una prueba de cribado para el virus SARS-CoV-2, cuyo resultado fue negativo para todos, con la misma prueba positiva para la Demandante AH___, lo que dio lugar a la mencionada orden de aislamiento profiláctico y la consiguiente permanencia de las mismas en los términos establecidos. y probado.
Por lo tanto, en vista del contenido de la notificación hecha a las Demandantes, este tribunal no puede dejar de expresar, ab initio, su perplejidad ante la determinación de aislamiento profiláctico a las cuatro Demandantes. 
Como se desprende de la definición dada por la Dirección General de Salud, “la cuarentena y el aislamiento son medidas de lejanía social imprescindibles en salud pública. Se utilizan especialmente en respuesta a una epidemia y están destinados a proteger a la población de la transmisión entre personas. La diferencia entre cuarentena y aislamiento radica en el estado de enfermedad de la persona que quiere estar ausente. En otras palabras: 
la cuarentena se utiliza en personas que se supone que están sanas, pero que pueden haber estado en contacto con un paciente infectado;
el aislamiento es la medida que se utiliza en las personas enfermas, para que a través de la distancia social no contagien a otros ciudadanos ”. (en https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/isolamento/?fbclid=IwAR34hD77oLCpxUVYJ9Ol4ttgwo4tsTOvPfIa3Uyoh0EJEbCs3jEihkaEPAY#sec-0).
Volviendo al presente caso, la Autoridad Regional de Salud decidió hacer una pizarra en blanco de conceptos esenciales, porque delimitan el tratamiento diferenciado (porque diferente, pasa el pleonasmo), las situaciones de las personas infectadas y de quienes estuvieron en contacto con él, de cara al orden de aislamiento profiláctico a todos los reclamantes, aunque solo uno de ellos tiene resultado positivo a la prueba de detección antes mencionada. Y, más decidido, hacer letra muerta de la Resolución del Consejo de Gobierno No. 207/2020 de 31 de julio, prohibiendo a la sumisión obligatoria la validación judicial del tribunal competente decretó que es obligatoria la cuarentena, cuando derive a la saciedad de los hechos. probado que los Demandantes SH__SWH__ y NK___, como máximo, están sujetos a cuarentena obligatoria.
No lo hizo dentro de las 24 horas previstas en el punto 6 de la citada Resolución, ni siquiera en un plazo más amplio –como en las 48 horas previstas en el artículo 254, apartado 1, letra a), del Código Procesal Penal, o 26, nº 2, de la LSM – continuar realizando cualquier comunicación y, por tanto, la evidente restricción a la libertad de las Demandantes SH__SWH__ y NK_ siempre será ilegal.
En este paso, la citada Resolución de Consejo de Gobierno No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, establece en el punto 4 que en los casos en que el resultado de la prueba del virus SARS-CoV-2 sea positivo, la La salud local, en el ámbito de sus competencias, determinará los procedimientos a seguir. El Solicitante AH___ positivo en la prueba de cribado para el virus en cuestión, fue notificado, reiterando en los mismos términos que los demás Solicitantes, del orden de aislamiento profiláctico entre el 10/08/2020 al 22/08/2020. 
En este punto, es necesario aclarar que la notificación realizada como probado en el punto 7, es traída de lo que figura en la Norma de DGS015 / 2020, norma a la que alude además de las circulares normativas (disponibles para consulta enhttps://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de-24072020-pdf.aspx ), y cuéntanos, en lo que importa aquí: (. ..) Contactos con exposición de alto riesgo 
15. Un contacto clasificado como de exposición de alto riesgo, según los términos del Anexo 1, está sujeto a: a) 
Vigilancia activa durante 14 días, desde la fecha de la última exposición; 
b) Determinación de aislamiento profiláctico, en domicilio u otro lugar definido a nivel local, por la Autoridad Sanitaria, hasta el final del período de vigilancia activa, según el modelo de Despacho no. 2836-A / 2020 y / o n 310º-A / 20202 (modelo disponible en http://www.seg-social.pt/documents/10152/16819997/GIT_70.docx/e6940795-8bd0-4fad-b850-ce9e05d80283 )
Siguiendo esta norma de la Dirección General de Salud, se lee, entre otros, en la circular normativa No. DRSCNORM / 2020 / 39B, de 2020-08-04 (disponible para consulta en http://www.azores.gov. pt / NR / rdonlyres / 25F80DC1-51E6-4447-8A38-19529975760 / 1125135 / CN39B_signed1.pdf ), 
(…) a. Contactos 
cercanos 
de alto riesgo Los contactos cercanos de alto riesgo se tratan como casos sospechosos hasta el resultado de laboratorio el caso sospechoso. Estos contactos cercanos deben ser evaluados para SARS-CoV-2. Se consideran contactos de alto riesgo: i. Cohabitación con caso confirmado de COVID-19; (…) 
ii. Vigilancia y control de contactos cercanos
3. Contactos cercanos de alto riesgo, dado que, en la actualidad, se estima que el período de incubación de la enfermedad (tiempo transcurrido desde la exposición al virus hasta la aparición de los síntomas) está entre 1 y 14 días, deben cumplir con 14 días de aislamiento profiláctico, incluso si tienen pruebas de detección negativas durante ese período, y se debe realizar una prueba el día 14. Si el resultado de la prueba del día 14 es negativo, se dan de alta. Si los contactos cercanos de alto riesgo conviven con el caso positivo, solo deben ser dados de alta cuando se determine la curación del caso positivo, y, por lo tanto, se debe extender el aislamiento profiláctico respectivo. 
(…) 
13. Cumplimiento del aislamiento profiláctico
Todas las personas identificadas como casos sospechosos, hasta que se conozcan los resultados negativos, cumplen con aislamiento profiláctico; 
Todas las personas que dieron positivo por Covid-19 y que son dadas de alta después de una prueba de curación (internación o en el hogar), no necesitan someterse a un nuevo período de aislamiento de 14 días o repetir una nueva prueba el día 14. 
Todos los pasajeros que desembarquen en aeropuertos de la Región desde aeropuertos ubicados en áreas consideradas zonas de transmisión comunitaria activa o con cadenas de transmisión activas para el virus SARS-CoV-2 deberán cumplir con los procedimientos vigentes en la Región en ese momento. 
Llegados aquí, analizamos el valor legal de las normas / orientaciones de la Dirección General de Salud y de la circular normativa 39B, del 08/04/2020, de la Dirección Regional de Salud,No cabe duda de que hemos entrado en el ámbito de la orientación administrativa. 
Al respecto, con la especificidad de reportar a la Autoridad Tributaria -que tiene la misma posición administrativa jurídica que la Autoridad Nacional de Salud en el ius imperium del Estado-, CASALTA NABAIS (Ley Tributaria, 6a ed., Almedina, p. 197), “los llamados lineamientos administrativos, tradicionalmente presentados en las más diversas formas como instructivos, circulares, circulares, circulares, órdenes normativas, reglamentos, dictámenes, etc.”, que son muy frecuentes en el derecho tributario, constituyen “reglamentos internos que, al tener como destinataria únicamente a la Administración Tributaria, sólo ésta les debe obediencia, siendo, por tanto, de obligado cumplimiento sólo para los órganos ubicados jerárquicamente por debajo del organismo que los autoriza.
Por eso no son vinculantes para los particulares ni los tribunales. Y esto es si se trata de reglamentos organizacionales, que definen reglas aplicables al funcionamiento interno de la administración tributaria, creando métodos de trabajo o modos de actuación, o si son reglamentos interpretativos, que proceden a la interpretación de preceptos legales (o normativos).
Es cierto que densifican, explicitan o desarrollan los preceptos legales, definiendo previamente el contenido de los actos a realizar por la administración cuando se apliquen. Pero eso no los convierte en el estándar de validez de los actos que apoyan. De hecho, la valoración de la legalidad de los actos de la administración tributaria debe realizarse a través del enfrentamiento directo con la norma legal correspondiente y no con el reglamento interno, que se interpone entre la norma y el acto ”.
Ahora bien, el problema de la pertinencia normativa de las Circulares de Administración (Tributaria) ya fue planteado y considerado en las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 583/2009 y 42/14, de 18/11/2009 y 09/09/12, respectivamente, y esa Corte decidió, Con lo cual coincidimos, que las prescripciones contenidas en las Circulares para la Administración Tributaria, independientemente de su irradiación persuasiva en la práctica de los ciudadanos, no constituyen normas para los fines del sistema de control de constitucionalidad comprometido con la Corte Constitucional.
Como se subraya en dicha nota (Sentencia 583/2009) “(…) Estos actos, en los que destacan las“ circulares ”, emanan del poder de autoorganización y del poder jerárquico de la Administración. Contienen órdenes de servicio genéricas y es por ello y sólo dentro del respectivo ámbito subjetivo (de la relación jerárquica) que se les garantiza su cumplimiento. Incorporan pautas para acciones futuras, transmitidas por escrito a todos los subordinados de la autoridad administrativa que las emitió. Estos son modos de decisión estandarizados, asumidos para racionalizar y simplificar la operación de los servicios. Vale la pena decir que, aunque indirectamente pueden proteger la seguridad jurídica y garantizar la igualdad de trato mediante la aplicación uniforme de la ley, no regulan la materia que tratan en relación con los particulares, ni constituyen una regla de decisión de los tribunales ”.
En consecuencia, al carecer de una fuerza vinculante heterónoma para las personas y al imponerse al juez solo por el valor doctrinal que puedan tener, las prescripciones contenidas en las “circulares” no son estándares para los efectos del sistema de control de constitucionalidad de la competencia de la Corte Constitucional. 
Lo dicho permite concluir que los lineamientos administrativos transmitidos en forma de circulares normativas, como en el presente caso, no constituyen disposiciones de valor legislativo que puedan ser objeto de una declaración de inconstitucionalidad formal – ver Sentencia del Tribunal Supremo Administrativo, de 21/06/2017, disponible para consulta en www.dgsi.pt .
Y esto para dejar en claro que las normas invocadas por la Autoridad Regional de Salud que apoyaron la privación de libertad impuesta a las Demandantes mediante notificación de aislamiento profiláctico son lineamientos administrativos no vinculantes para las Demandantes. Por cierto. sólo mire a quién se dirigen respectivamente: 
Circular Normativa No. DRSCNORM / 2020 / 39B: “Para: Unidades de Salud del Servicio Regional de Salud, Delegados Municipales de Salud (C / c Azores Regional Civil Protection and Fire Service, Line de Saúde Açores) Asunto: Detección del SRAS-CoV-2 y atención de casos sospechosos o confirmados de infección por SRAS-CoV-2 Fuente: Dirección Regional de Salud (…)
Norma 015/2020, del 24/7/2020: “ASUNTO: COVID-19: Detección de contactos PALABRAS CLAVE: Coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, Detección de contactos (rastreo de contactos), Investigación epidemiológica 
PARA: Sistema de salud (…). 
En esta secuencia, y en forma resumida, este tribunal no puede dejar de subrayar que el presente caso, nos permitimos decir aberrante, de privación de libertad de las personas, carece absolutamente de fundamento jurídico, y no se vuelve a plantear. Argumento de que la defensa de la salud pública está en juego porque el tribunal siempre actúa de la misma manera, es decir, de acuerdo con la ley, además, de ahí la necesidad de la confirmación judicial consagrada en la Ley de Salud Mental en el caso de internamiento obligatorio, ya que la facticidad encontrada y los resultados anteriores:
– Las Demandantes han estado confinadas al espacio de una habitación por cerca de 16 días, con base en una notificación de “aislamiento profiláctico” hasta el 22/08/2020, plazo que ya ha sido excedido y operada la notificación, que en todo caso es ilegal como medio para detener a personas por las razones ya explicadas (basta con mirar las normas constitucionales expuestas anteriormente), ha caducado;
– Los demandantes nunca han recibido información, comunicación, notificación, según corresponda, en su lengua materna, ni se les ha proporcionado un intérprete, desde el principio en flagrante violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 5, núm. 2 y 6, párrafo 3, inc. A) y las normas procesales penales (ver artículo 92 del Código Procesal Penal), es decir, en nuestro ordenamiento jurídico se detiene a una persona extranjera y sin dominio de el idioma portugués es inmediatamente designado como intérprete, y en el caso de las Demandantes que se limitaron a viajar a esta isla y disfrutar de su belleza, nunca se les concedió tal posibilidad; 
– Los reclamantes después del 22/08/2020 están confinados al espacio de una habitación con base en las siguientes comunicaciones:
– El 19/08/2020 fue enviado por el Delegado de Salud, Dr. JMS___, al correo electrónico de las Demandantes, donde dice: 
(…) AH___ solo se cura después de tener una prueba negativa y una 2ª prueba de curación negativa, cuando esto suceda, la delegación de salud se pondrá en contacto contigo (…) (sic). 
– El 21/08/2020 se transmitió a los cuatro postulantes el siguiente mensaje, por parte del Delegado de Salud Dr. JMS___, vía correo electrónico: “Es decir, cuando termine la cuarentena, hay que hacer una prueba y si esta es negativa, puede retirarse hogar ”(sic); 
– La privación de libertad de las Demandantes no estuvo sujeta a escrutinio judicial alguno.
Como dijimos inicialmente, aún podríamos considerar la constitucionalidad orgánica de la Resolución del Consejo de Gobierno No. 1207/2020, de 31 de junio, sin embargo, creemos que es un tema sin importancia para el objeto de la decisión a tomar, que es rápida, porque incluso A la luz de tal resolución, la decisión no puede ser diferente, con base en la decisión del Tribunal Constitucional, de 31/07/2020, en el ámbito del proceso nº 424/2020, y, porque la posición de la Autoridad Sanitaria Regional en las presentes circunstancias remonta la aplicación de circulares normativas, con el valor explicado anteriormente.
Finalmente, y debido a que este tribunal ha ido resolviendo sucesiva y recientemente en el ámbito de este instituto de habeas corpus frente a órdenes dictadas por la Autoridad Sanitaria Regional, nos permitimos suscribir y subrayar el siguiente extracto de la primera resolución de este Tribunal de Instrucción Penal:
La cuestión del confinamiento obligatorio en el caso de enfermedades contagiosas, y los términos en los que debe ocurrir, es una cuestión apremiante, que no está respaldada por el artículo 27, párrafo 3, del CRP, concretamente en su párrafo h), donde sólo está prevista la hospitalización de pacientes con anomalías psíquicas en un establecimiento terapéutico adecuado, decretada o confirmada por la autoridad judicial competente. Es urgente legislar sobre esta materia, estableciendo, de manera clara, los principios fundamentales a los que debe obedecer, dejando los aspectos detallados a la ley derivada – y solo estos. 
Porque, como dice el profesor Gian Luigi Gatta, que citamos aquí en una traducción gratuita,En este momento, las energías del país están enfocadas en emergencias. Pero ante la necesidad de proteger los derechos fundamentales, también y sobre todo en caso de emergencia, los Tribunales están obligados a hacer su parte. Porque, además de la medicina y la ciencia, el derecho –y en primer lugar el derecho de los derechos humanos– debe estar a la vanguardia: no para prohibir y sancionar – como se recalca demasiado estos días – sino para garantizar y proteger a todos. nosotros. Hoy la emergencia se llama coronavirus. No sabemos mañana. Y lo que hagamos o no hagamos hoy, para mantener el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema, puede condicionar nuestro futuro ”. (en “I diritti fondamentali alla evidencia del coronavirus. Perché una legge sulla quarantena es necesaria”,) “.
No será difícil admitir y aceptar que la turbulencia legislativa generada en torno a la contención de la propagación del COVID-19 tuvo -y seguirá teniendo- en su razón de ser la protección de la salud pública, pero esta turbulencia nunca podrá lesionar el derecho a la muerte. libertad y seguridad y, en última instancia, el derecho absoluto a la dignidad humana.
Queda por decidir en consecuencia. 
(…) 
Por lo tanto, a la luz de lo anterior, dado que la detención de los Demandantes SH__SWH___, AH___ y ​​NK___ es ilegal, decido acoger la presente solicitud de hábeas corpus y, en consecuencia, determinar su inmediata restitución a la libertad. 
2. El solicitante llegó a las siguientes conclusiones, que extrajo de su motivación:
1. El presente recurso se dirige contra la decisión emitida por el Tribunal erudito, que consideró que “la detención de los Demandantes SH__SWH___, AH___ y ​​NK___ es ilegal” y decidió “acoger la presente solicitud de hábeas corpus y, en consecuencia, determinar la restitución inmediata de ellos a la libertad ”; 
2.Sólo en aras de la economía procesal, es decir, por su escasa relevancia para la apreciación del fondo del caso, no se apela la facticidad probada, sin embargo, cabe señalar que se basó únicamente en las declaraciones de la los propios solicitantes.
3. La decisión impugnada por no haber cumplido el solicitante con el punto 6 de la Resolución del Consejo del Gobierno Regional de las Azores No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, violó el ámbito de aplicación de la misma Resolución, definida en punto 1 de la misma Resolución; 
4. La convalidación judicial de cuarentena obligatoria, prevista en el punto 6 de la citada resolución, sólo aplica a la cuarentena obligatoria decretada para pasajeros que no acepten, alternativamente, alguno de los trámites previstos en el punto 1 de la mencionada Resolución;
5. Los solicitantes cumplieron con el procedimiento previsto en el párrafo 1 a) de la Resolución No. 207/2020, de 31 de julio de 2020, por lo que nunca podrían estar sujetos a cuarentena obligatoria bajo dicha Resolución y, en consecuencia, no existe lugar a la convalidación judicial, previsto en el punto 6 de la Resolución n. ° 207/2020, de 31 de julio de 2020. 
6. Contrariamente a lo que se defiende en la sentencia impugnada, el ordenamiento jurídico portugués permite la adopción de medidas excepcionales, incluida la separación de personas, consecuente decreto de confinamiento obligatorio de personas infectadas y con alta probabilidad de estar infectadas, mediante el mecanismo previsto en el artículo 17 de la Ley nº 81/2009, de 21 de agosto;
7. El Consejo de Ministros hizo uso legítimo de la facultad reglamentaria excepcional, prevista en el artículo 17 de la Ley No. 81/2009, mediante las Resoluciones del Consejo de Ministros No. 55-A / 2020, de 31 de julio, 2020 y No. 63-A / 2020, de 14 de agosto; 
8. El párrafo 2 de la Resolución del Consejo de Ministros No. 55-A / 2020, de 31 de julio de 2020, dispuso medidas de carácter excepcional, necesarias para combatir el COVID -19, para ser aplicadas en todo el territorio nacional, a saber las previstas en el régimen adjunto a dicha resolución; 
9. El artículo 2 del Anexo decretó que: 
Artículo 2 
Reclusión obligatoria 
1 – Se encuentran en internación obligatoria, en un establecimiento de salud, en su domicilio o en otro lugar definido por las autoridades sanitarias:
a) Pacientes con COVID -19 y aquellos infectados con SARS -CoV-2; 
b) Ciudadanos para los que la autoridad sanitaria u otros profesionales sanitarios hayan determinado vigilancia activa. 
2 – (…) ” 
10. El solicitante AH___ cuando esté infectado con el virus SARS-CoV-2, de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, letra a) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros 55-A / 2020, tenía que estar en confinamiento obligatorio; 
11. El Tribunal a quo, al decretar el hábeas corpus de AH___ y ​​permitir su libre circulación, violó el artículo 17 de la Ley nº 81/2009, de 21 de agosto, en referencia al artículo 2, núm. 1, letra a) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros No. 55-A / 2020;
12. Los solicitantes SH__SWH__ y NK_ de acuerdo con las reglas estipuladas por la Autoridad Nacional de Salud, contenidas en la Norma 015/2020, del 24/07/2020, son contactos con Exposición de Alto Riesgo, y deben estar sujetos a: a 
. Vigilancia activa durante 14 días, a partir de la fecha de la última exposición; 
b) Determinación de aislamiento profiláctico, en domicilio u otro lugar definido a nivel local, por la Autoridad Sanitaria, hasta el final del período de vigilancia activa, según el modelo de Despacho no. 2836-A / 2020 y / o n 3103-A / 20202 ” 
13. Los solicitantes SH__SWH__ y NK_, sujetos a vigilancia activa, de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, letra b) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros núm. 55-A / 2020, tenía que estar en confinamiento obligatorio;
14. El Tribunal a quo, al decretar el hábeas corpus de SH__SWH__ y NK_ y permitir su libre circulación, violó el artículo 17 de la Ley nº 81/2009, de 21 de agosto, por referencia al artículo 2, núm. 1, inciso b) del Anexo I de la Resolución del Consejo de Ministros nº 55-A / 2020. 
15. Es imperativo que la Decisión impugnada sea revocada y sustituida por una que valide el confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo, decretado por las autoridades sanitarias (SH__SWH__ y NK___). 
3. En su respuesta, el MºPº extrajo las siguientes conclusiones: 
 1– La sentencia del Tribunal Constitucional de 31-07-2020 (Proc. 403/2020; 1. ‘Sección; Cons. José António Teles Pereira), tras concluir que el confinamiento obligatorio, ya sea por cuarentena o por aislamiento profiláctico, constituye una verdadera privación de libertad no prevista en el art. 27, núm. 2, del CRP, y que toda privación de libertad requiere autorización previa de la Asamblea de la República, loque no sucedió con las Resoluciones del Gobierno Regional de las Azores que imponían una cuarentena obligatoria, considerándose verificada la inconstitucionalidad orgánica de las referidas normas.
2 – Estas normas, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, son en todo material idénticas a las contenidas en las Resoluciones del Consejo de Ministros nº 55-A / 2020, de 31-07, 63-A / 2020, de 14-08 , y 70-A / 2020, de 11-09, y 88-A / 2020, de 14-10, en la medida en que prevean las privaciones de libertad no previstas en un documento legal correspondiente emanado de la entidad competente, así como no se encuentran en las excepciones previstas en el art. 27, nº 3, de la CRP, por lo que también deben ser inaplicados por violación del art. 27 (1) del CRP.
3 – Previsión del art. 5, párrafo 1, al. e), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales – Roma, 04-11-1950), relativo al Derecho a la Libertad y la Seguridad, que “Toda persona tiene derecho a libertad y seguridad “y que” Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo en los siguientes casos y de acuerdo con el procedimiento legal: (…) “Si se trata de la detención legal de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de mental extranjero, alcohólico, drogadicto o vagabundo ”, podemos concluir que la privación de libertad de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa es una forma de detención y que, según la Convención, es posible que Que los Estados dispongan la detención de estas personas en su legislación interna.
4 – Teniendo en cuenta el principio constitucional de tipicidad de las medidas privativas de libertad, y no previendo el art. 27, de la CRP, en ninguno de los párrafos del número 3, la privación de libertad de una persona “susceptible de propagar una enfermedad contagiosa”, 
5 – Y teniendo el inciso h) – que prevé la admisión de una anomalía psiquiátrica en un establecimiento terapéutico apropiado – añadido por el art. 11.0, nº 6, de la Ley Constitucional nº 1/97, de 20 de septiembre (4. ‘revisión constitucional), en un momento en el que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya preveía expresamente la detención de una persona susceptible de propagación enfermedad contagiosa,
6 – Y que el legislador constitucional, ni en la referida revisión constitucional ni en una posterior, agregó otro párrafo al párrafo 3 del art. 27. de prever esta posibilidad, como lo hizo con el internamiento de un paciente con una anomalía psíquica, podemos concluir que nos encontramos ante una decisión consciente del legislador constitucional de no permitir la privación de libertad de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, solo por ese hecho.
7 – Análisis del régimen constitucional del derecho a la libertad y seguridad previsto en el art. 27, No. 1, de la CRP, podemos concluir, por lo tanto, que no es posible que el legislador, aunque a través de la Asamblea de la República o del Gobierno autorizado por ella, genere privaciones de libertad no previstas en el n. 3 de la citada norma constitucional, es decir, respecto de las personas con enfermedades infecciosas y contagiosas, ya sean estas privaciones de libertad confinamientos, cuarentenas o aislamientos profilácticos, sin incurrir en ninguna norma creada al efecto de inconstitucionalidad material por vulneración de dicha norma constitucional.
8 – Pasando ahora al régimen legal para la admisión de personas con enfermedades contagiosas, la Ley No. 2036 de 08-08-1949 preveía la posibilidad de promover el aislamiento o internamiento de personas con enfermedades infecciosas, pero solo, en este caso. último caso, en situaciones en las que existiera un grave peligro de contagio, recurriendo a una autoridad de decisión de aislamiento o internamiento.
9 – A su vez, el art. 17 de la Ley nº 81/2009, de 21-08, que derogó la Ley nº 2036 del 8/9/1949, otorga al miembro del Gobierno responsable del área de la salud una facultad reguladora especial, según lo estipulado en la base XX de la Ley No. 48/90, de 24-08 (Ley Básica de Salud), a saber, “tomar las medidas de excepción necesarias en caso de emergencia de salud pública, incluyendo la restricción, suspensión o cierre de actividades o separación de personas no enfermas, medios de transporte o mercancías, que hayan estado expuestas, a fin de evitar la posible propagación de infecciones o contaminación ». 
10– A partir de aquí, se desprende que la posibilidad de promover el aislamiento o internamiento de personas con enfermedades infecciosas y contagiosas no está prevista en esta ley, según lo dispuesto en la Ley N ° 2036 de 09-08-1949. Por otro lado, dado que las medidas tomadas por las autoridades sanitarias respetan la Constitución y la ley y la Ley Constitucional no prevé la privación de libertad para las personas con enfermedades infecciosas, la interpretación que se debe dar a la expresión “separación de personas que no son pacientes, medios de transporte o bienes, que han sido expuestos ”, para estar de acuerdo con la Constitución de la República Portuguesa no puede alcanzar el núcleo del derecho a la libertad, es decir, no debe constituir una privación total de libertad.
11 – Por otro lado, la actual Ley Básica de Salud – Ley No. 95/2019, de 04-09 – establece en la Base 34, en materia de defensa de la salud pública, que la autoridad de salud pública puede «b) Desatar , de acuerdo con la Constitución y la ley, internación o atención médica obligatoria para personas que de otro modo constituirían un peligro para la salud pública. 
12 – Ley No. 82/2009, de 02-04, que regula el régimen legal para la designación, competencia y funcionamiento de las entidades que ejercen la competencia de las autoridades sanitarias, dispone en su art. 5 ° las facultades de la autoridad sanitaria, a saber, “c) Activar, de conformidad con la Constitución y la ley, el internamiento o la prestación obligatoria de asistencia sanitaria a las personas en situación de perjuicio para la salud pública”.
13 – De ello se desprende que, dado que las medidas tomadas por las autoridades sanitarias respetan la Constitución y la ley, y la Ley Constitucional no prevé la privación de libertad de las personas con enfermedades infecciosas y contagiosas, si la interpretación que se dé a la expresión o la prestación obligatoria de asistencia sanitaria a las personas que corren peligro de dañar la salud pública ‘, ya sea en el sentido de que las autoridades sanitarias puedan ordenar el internamiento u otra medida restrictiva de la libertad de circulación, o la prestación obligatoria de asistencia sanitaria por parte de personas con enfermedades infecciosas y contagiosas, tal interpretación de la ley es materialmente inconstitucional por violación del art. 27 (1) del CRP.
14 – Que define la Ley N ° 27/2006, de 03-07 (Ley Fundamental de Protección Civil) “Accidente grave” como un evento inusual con efectos relativamente limitados en el tiempo y el espacio, capaz de afectar a personas y otros seres la vida, los bienes o el medio ambiente, pero estableciéndose en el art. 5, párrafo 1, al. a), el principio de prioridad del interés público relativo a la protección civil sobre los intereses de la defensa nacional, la seguridad interior y la salud pública, podemos concluir que situaciones graves de salud pública, como la actual pandemia, no se incluyen en el interés público en La protección civil, por tanto, no está incluida en los conceptos de “accidente mayor” y “catástrofe” a que se refiere el art. 3 de la Ley de Protección Civil.
15 – De aquí también se puede concluir que las Resoluciones del Consejo de Ministros – y las Resoluciones del Consejo del Gobierno Regional – que se basaron en la Ley Básica de Protección Civil para declarar “la situación de contingencia y alerta, en el ámbito de la enfermedad pandémica COVID-19 “, a saber, las Resoluciones del Consejo de Ministros no. 55-A / 2020, de 31-07, 63-A / 2020, de 14-08, 68-A / 2020, de 28-08, y 70-A / 2020, de 11-09 – derogada por Resolución del Consejo de Ministros nº 88-A / 2020, de 14-10, actualmente vigente -, que prevé en el punto 2 el “confinamiento obligatorio, en establecimiento de salud, en su domicilio o en otro lugar definido por las autoridades sanitarias: (…) «a) Pacientes con COVID-19 e infectados por SARS-CoV-2; (…) “B) Los ciudadanos para quienes la autoridad sanitaria u otros profesionales sanitarios hayan determinado vigilancia activa”, no tienen base legal, ya quela Ley de Protección Civil no se aplica a situaciones de peligro para la salud pública. 
16 – Podemos así concluir que las Resoluciones del Consejo de Ministros n. 55-A / 2020, de 31-07, 63-A / 2020, de 14-08, 68-A / 2020, de 28-08 , 81/2020, 29-09 – este último fue derogado por Resolución del Consejo de Ministros nº 88-A / 2020, de 14-10, actualmente vigente -, y su Anexo, que fueron emitidos por el Gobierno, en el uso poderes administrativos, creó un régimen que restringe la libertad de los ciudadanos con enfermedades infecciosas y contagiosas (cuarentenas, profilácticas situaciones de personas con enfermedad contagiosa o peligro para la salud pública, establecieron la combinación de la práctica de un delito de desobediencia por tales violaciones y el agravamiento de la pena prevista por dicho delito,violar directamente el art. 27 (1) de la CRP, que, por ser inconstitucional, debe por tanto ser retirado del caso, contrariamente a la solicitud del demandante,
17 – Manteniendo la decisión sub judice.  
4. El solicitante es la autoridad sanitaria regional, representada por la Dirección Regional de Salud de la Región Autónoma de las Azores. 
El Decreto Ley No. 11/93, de 1993-01-15, en su versión actual (Estatuto del Servicio Nacional de Salud) determina que (énfasis agregado): 
 Artículo 1 
El Servicio Nacional de Salud , en adelante denominado SNS, es un conjunto ordenado y jerárquico de instituciones y servicios oficiales que brindan atención médica, que operan bajo la supervisión o supervisión del Ministerio de Salud . 
Artículo 3 
1 – El NHS está organizado en regiones sanitarias. 
2 – Las regiones de salud se dividen en subregiones de salud, integradas por áreas de salud.
Artículo 6 
1 – En cada región sanitaria existe una administración sanitaria regional, en adelante ARS . 
2 – Las ARS tienen personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. 
3- Las ARS tienen las funciones de planificación, distribución de recursos, orientación y coordinación de actividades, gestión de recursos humanos, apoyo técnico y administrativo, así como evaluar el funcionamiento de las instituciones y servicios de salud.
4 – (…). 
Por su parte, establece el Decreto-Ley nº 22/2012 
Artículo 1 
1 – Las Administraciones Autonómicas de Salud, IP, en sus abreviaturas ARS , IP., son institutos públicos integrados en la administración indirecta del Estado , dotados de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. 
2 – Las ARS, IP, continúan con sus funciones, bajo la supervisión y vigilancia del miembro gubernamental responsable del área de salud. 
3- Las ARS, IP, se rigen por las normas contenidas en este decreto-ley, por lo dispuesto en la ley marco de los institutos públicos y en el Estatuto del Servicio Nacional de Salud y por las demás normas que le sean de aplicación .


Artículo 3
1 – Las ARS, IP, tienen la misión de garantizar a la población de la respectiva área geográfica de intervención el acceso a la prestación de atención en salud, adecuando los recursos disponibles a las necesidades y cumpliendo y haciendo cumplir las políticas y programas de salud en su área de intervención.
2 – Es responsabilidad de cada ARS, IP, en el ámbito de las respectivas circunscripciones territoriales: 
a) Ejecutar la política nacional de salud, de acuerdo con las políticas globales y sectoriales, con miras a su organización racional y optimización de recursos ; 
b) Participar en la definición de medidas de coordinación de la planificación intersectorial, con el objetivo de mejorar la prestación de salud;
c) Colaborar en la elaboración del Plan Nacional de Salud y monitorear su implementación a nivel regional; 
d) Desarrollar e impulsar actividades en el campo de la salud pública, a fin de garantizar la protección y promoción de la salud de las poblaciones; 
e) Asegurar la ejecución de programas de intervención local dirigidos a reducir el consumo de sustancias psicoactivas, prevenir conductas adictivas y reducir las dependencias; 
f) Desarrollar, consolidar y participar en la gestión de la Red Nacional Integrada de Atención Continuada según los lineamientos definidos;
g) Asegurar la planificación regional de los recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo la ejecución de los proyectos de inversión necesarios, de las instituciones y servicios que prestan atención de salud, supervisando su asignación; 
h) Elaborar, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, el listado de instalaciones y equipos; 
i) Asignar, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, recursos financieros a las instituciones y servicios de atención de salud integrados o financiados por el Servicio Nacional de Salud y a entidades privadas con o sin fines de lucro. , que presten asistencia sanitaria o actúen en los ámbitos a que se refieren los puntos e) yf);
j) Celebrar, monitorear y revisar los contratos en el ámbito de las alianzas público-privadas, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, y asignar los recursos financieros respectivos; 
l) Negociar, celebrar y monitorear, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, los contratos, protocolos y convenciones de ámbito regional, así como realizar la respectiva evaluación y revisión, tanto en el ámbito de la prestación de salud como en las áreas referidas. en los puntos e) yf);
m) Orientar, brindar soporte técnico y evaluar el desempeño de las instituciones y servicios de salud, de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos y reglamentos emitidos por los servicios centrales y organismos competentes en los diferentes campos de intervención; 
n) Asegurar la adecuada articulación entre los servicios de salud para garantizar el cumplimiento de la red de derivación; 
o) Asignar recursos económicos, mediante la firma, seguimiento y revisión de contratos en el ámbito de la atención continua integrada; 
p) Elaborar programas funcionales de establecimientos de salud; 
q) Concesión de licencias a unidades privadas de atención de salud y unidades en el área de adicciones y conductas adictivas en el sector social y privado;
r) Emitir dictámenes sobre planes maestros de unidades de salud, así como sobre creación, modificación y fusión de servicios; 
s) Emitir dictámenes sobre la adquisición y expropiación de terrenos y edificaciones para la instalación de servicios de salud, así como sobre proyectos de las instalaciones de los prestadores de servicios de salud. 
3 – Para el desempeño de sus funciones, las ARS, IP, podrán colaborar entre sí y con otras entidades del sector público o privado, con o sin fines de lucro, en los términos de la legislación vigente. 
5. La disposición de hábeas corpus requerida se enmarca en lo dispuesto en el artículo 220 de la CPP, que dice lo siguiente:
Habeas corpus por detención ilegal
1 – Los detenidos por orden de cualquier autoridad podrán solicitar al juez de instrucción del área donde se encuentren que ordene su inmediata presentación judicial, por cualquiera de las siguientes causales: 
a) Excedido el plazo de entrega al poder judicial; 
b) Mantener la detención fuera de los lugares legalmente permitidos; 
c) La detención fue realizada u ordenada por una entidad incompetente; 
d) La detención esté motivada por un hecho para el cual la ley no lo permite.
2- La solicitud puede ser firmada por el detenido o por cualquier ciudadano en el goce de sus derechos políticos.
3.- Toda autoridad que ponga un obstáculo ilegítimo para la presentación de la demanda a que se refieren los párrafos anteriores o para su remisión al juez competente es sancionada con la pena prevista en el artículo 382 del Código Penal. 
6. Disfrutando.
El artículo 401 del Código Penal establece lo siguiente: 
1 – Tienen legitimidad para apelar: 
a) El Ministerio Público, de las decisiones, incluso en el interés exclusivo del imputado; 
b) El imputado y el asistente, de las decisiones que se hayan pronunciado en su contra; 
c) Las partes civiles, por parte de las decisiones que se dicten contra cada uno; 
d) Aquellos a quienes se les haya ordenado el pago de alguna cantidad, en los términos de este Código, o tengan que defender un derecho afectado por la decisión.
2 – Cualquiera que no tenga interés en actuar no puede apelar.


7. La primera cuestión que surge aquí es la de la legitimidad del demandante, en el contexto de un recurso de casación en un proceso penal. 
yo. Estamos en el ámbito de una jurisdicción penal, cuyo objeto es asegurar el ejercicio efectivo del jus puniendi del Estado, es decir, que se dedica a investigar y decidir sobre conductas que constituyan delito o falta administrativa. 
Es en este contexto y con tal fin que la Ley determina quién tiene la legitimidad para poder discutir la bondad de una sentencia dictada por un tribunal penal. 
ii.En este caso, observamos que la demandante no es demandada, no es asistente y no ha presentado ningún reclamo civil que, dado el principio de adhesión, determinaría su posición como demandante o demandada. 
iii. Así, ante la Ley y teniendo en cuenta la lista de intervinientes que el legislador entendió que pueden tener legitimidad para intervenir en un proceso en este tipo de jurisdicción, en el recurso de apelación tendremos que concluir que el solicitante carece de legitimidad para poder venir a discutir el contenido de una decisión judicial en este contexto. 
iv.De hecho, aquí no se discute la práctica de ningún delito, ni de ningún delito de carácter administrativo, teniendo la certeza de que la cuestión de las posibles consecuencias a nivel penal, del reconocimiento de la existencia de una detención ilegal, es un asunto que habrá que discutir. en su propia sede, es decir, en una investigación que pueda abrirse a tal efecto, siendo completamente ajena a la decisión del presente caso. 
v. Concluimos, por tanto, que la demandante carece de legitimidad para apelar contra la decisión dictada por el tribunal “a quo”.


8. Independientemente de la cuestión de la legitimidad, parece que, asimismo, el demandante carece de interés en actuar. 
yo.Como se desprende de la jurisprudencia y doctrina pacífica al respecto, el interés por actuar significa la necesidad de que alguien tenga que utilizar el mecanismo de apelación como forma de reaccionar frente a una decisión que perjudique los intereses que defiende o que haya frustrado su expectativa o beneficio legítimo. 
ii. Ahora bien, en el presente caso, la pregunta es: ¿la decisión generó alguna desventaja para los intereses que defiende la ARS? ¿O una expectativa o beneficio legítimo? 
La respuesta es manifiestamente negativa. 
De lo contrario, veamos. 
iii. El ARS continúa con sus funciones, bajo la supervisión y supervisión del miembro gubernamental responsable del área de salud .
Así, e inmediatamente, ya sea por las funciones que le son encomendadas, o por su jerarquía manifiesta, frente a la tutela, habrá que concluir que ninguna ARS persigue un interés propio y autónomo, que debe defender. Quien continuará, eventualmente, será el Ministro respectivo o el Gobierno en el que se inserte, ya que los “intereses” de la ARS no serán los suyos, sino que se incluirán en la política de salud del ministerio que supervisa dicha entidad. 
Cabe señalar, además, que en la definición de sus atribuciones [1] , no se le asigna ninguna función específica de defensa, con independencia y en su propio nombre, en los tribunales, de los intereses que corresponden a sus funciones que, en lo que concierne con respecto a las infracciones penales o administrativas, no existen … 
iv.Por su parte, el interés que el propio solicitante pretende defender y que consta en la solicitud, al final de este recurso, la validación del confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar en La vigilancia activa, para exposición de alto riesgo, decretada por las autoridades sanitarias (SH__SWH__ y NK___) – es en sí misma contradictoria y va más allá del propósito y alcance de un tribunal penal. 
Contradictorio porque la demandante no admite que el confinamiento corresponda a la privación de libertad. Si es así, no se vislumbra dónde se basa la jurisdicción del apelante para validar “confinamientos”. Y fuera del ámbito de actuación de un tribunal penal, porque no le corresponde al tribunal tomar decisiones declarativas para validar infecciones o enfermedades… 
v . Finalmente, no se ve que una expectativa o beneficio legítimo tenga una entidad bajo la tutela de un organismo gubernamental, visto frustrado por la decisión ahora criticada. Sierra. De ello se desprende que el solicitante no tiene interés en emprender acciones, razón por la cual, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 401 del CP Penal, no puede apelar la decisión. 9. La decisión del tribunal “a quo” para recibir el presente recurso no vincula a este tribunal (artículo 414 CPPenal), por lo que nada impide su rechazo. 10. 

No obstante, y para la tranquilidad de las conciencias, también se agregará lo siguiente: 
Aunque no se entendiera, el recurso presentado sería manifiestamente infundado, por las siguientes razones sucintas : 
i. En primer lugar, por el razonamiento exhaustivo y correcto expuesto en la sentencia, por parte del tribunal “a quo”, cuyo contenido está plenamente suscrito. 
En verdad,De acuerdo con la Constitución y la Ley, las autoridades sanitarias no tienen el poder ni la legitimidad para privar a nadie de su libertad, ni siquiera bajo la etiqueta de “confinamiento”, que efectivamente corresponde a una detención, ya que tal decisión solo puede determinarse. o convalidada por la autoridad judicial, es decir, la competencia exclusiva, en vista de la Ley que aún nos rige, para ordenar o validar dicha privación de libertad, la afecta exclusivamente un poder autónomo, el Poder Judicial. 
De ahí se desprende que toda persona o entidad que emita una orden, cuyo contenido lleve a la privación de la libertad física, ambulatoria, ajena (cualquiera que sea la nomenclatura que asuma esta orden: confinamiento, aislamiento, cuarentena, protección profiláctica, etc.), que no se ajusta a las disposiciones legales, es decir, a lo dispuesto en el artículo 27 de la CRP y sin que se le haya otorgado tal poder de decisión, en virtud de la Ley, proveniente de la RA, en el ámbito estricto de la declaración de estado de emergencia o sitio. , con el debido respeto al principio de proporcionalidad – para imponer y precisar los términos y condiciones de dicha privaciónse estará realizando una detención ilegal, por orden de una entidad incompetente y por estar motivada por un hecho para el cual la ley no lo permite (Cabe decir, además, que esta cuestión se ha debatido, a lo largo del tiempo, en relación con otros fenómenos de salud pública, a saber, en relación con la infección por VIH y la tuberculosis, por ejemplo. Y, que se sepa, nunca nadie ha sido privado de su libertad, por sospecha o certeza de padecer tales enfermedades, precisamente porque la Ley no lo permite). 
Es en este ámbito que, sin lugar a dudas, la situación bajo consideración en este proceso, teniendo certeza de que los medios de defensa adecuados, contra detenciones ilegales, se subsume al recurso de recurso de hábeas corpus , previsto en el art. c) yd), de CPPenal. 
Y con razón, el tribunal “a quo” ordenó la liberación inmediata de cuatro personas que fueron privadas de libertad ilegalmente. 
ii.En segundo lugar, porque la solicitud realizada en el recurso de casación resulta imposible . 
De lo contrario, veamos:


11. De hecho, se solicita que “se valide el confinamiento obligatorio de los solicitantes, por ser portadores del virus SARS-CoV-2 (AH___) y por estar bajo vigilancia activa, por exposición de alto riesgo , decretada por las autoridades (SH__SWH__ y NK_) “.


12. Es con gran asombro que este tribunal se enfrente a tal solicitud, sobre todo si tenemos en cuenta que el recurrente trabaja en el sector de la salud.
¿Desde cuándo le corresponde a un tribunal realizar diagnósticos clínicos, por iniciativa propia y en base a posibles resultados de pruebas? ¿O el ARS? ¿Desde cuándo el diagnóstico de una enfermedad se hace por decreto o por ley?

13. Como el solicitante tiene más que una obligación de saber, un diagnóstico es un acto médico, responsabilidad exclusiva de un médico . 
Esto es lo que se desprende inequívoca y perentoriamente del Reglamento N ° 698/2019, de 5.9 (reglamento que define los propios actos de los médicos), publicado en RD. 
Allí se determina, de manera imperativa (lo que requiere su cumplimiento por parte de todos, incluido el solicitante) que (énfasis agregado): 

Artículo 1 
Objeto
Este reglamento define los actos profesionales propios del médico, su responsabilidad, autonomía y límites, en el ámbito de su desempeño. 

Artículo 3 
Calificación 
1 – El médico es el profesional legalmente capacitado para ejercer la medicina , capacitado para el diagnóstico , tratamiento, prevención o recuperación de enfermedades y otros problemas de salud , y capaz de brindar atención e intervenir en individuos, grupos de personas individuos o grupos de población, enfermos o sanos, con el fin de proteger, mejorar o mantener su estado y nivel de salud. 
dos –Los médicos que tienen un registro vigente en la Asociación Médica Portuguesa son los únicos profesionales que pueden ejercer los actos propios de los médicos , en los términos del Estatuto de la Asociación Médica Portuguesa, aprobado por el Decreto-ley n. con las modificaciones introducidas por la Ley 117/2015, de 31 de agosto y del presente reglamento.


Artículo 6
Acto médico en general
1º – El acto médico consta de diagnóstico , pronóstico , vigilancia , investigación, pericia médico-legal, codificación clínica, auditoría clínica, prescripción y ejecución de medidas farmacológicas y no terapéuticas. técnicas farmacológicas, médicas , cirugía y rehabilitación, promoción de la salud y prevención de enfermedades en todas sus dimensiones, es decir, física, psíquica y social de las personas, grupos de población o comunidades, respetando los valores éticos de la profesión médica.


Artículo 7 
Acto diagnóstico 
La identificación de un trastorno, enfermedad o estado de una enfermedad mediante el estudio de sus síntomas y signos y el análisis de las pruebas realizadas es un procedimiento sanitario básico que debe ser realizado por un médico y, en cada área específica , por un médico especialista y tiene como objetivo establecer la mejor terapia preventiva, quirúrgica, farmacológica, no farmacológica o rehabilitadora.

14. Incluso en el marco de la Ley de Salud Mental, Ley N ° 36/98, de 24 de julio, el diagnóstico de la patología que puede conducir a la hospitalización obligatoria es realizado obligatoriamente por médicos especialistas y su juicio técnico y científico, inherente a la evaluación. clínico-psiquiátrico – queda excluido de la libre valoración del juez (ver artículos 13, 3, 16 y 17 de dicha Ley).


15. Así, cualquier diagnóstico o cualquier acto de vigilancia de la salud (como es el caso de determinar la existencia de infección viral y alto riesgo de exposición, que se muestran cubiertos por estos conceptos) realizado sin observación médica previa a los solicitantes, sin la intervención de un médico. inscrito en el OM (que procedió a la evaluación de sus signos y síntomas, así como a los exámenes que estimó oportunos a su condición), viola dicho Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 97 de la Orden de los Doctores, pudiendo configurar el delito pag. y P. por el art. 358 al.b) (Usurpación de funciones) de C.Penal, si lo dicta alguien que no tenga tal calidad, es decir, que no sea médico inscrito en la Ordem dos Médicos.
También viola núm. 1 del artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que Portugal suscribió y está obligado a respetar interna y externamente, ya que no se ha proporcionado ningún documento que acredite el consentimiento aclarado que impone esta Declaración. .
Así, queda claro que la prescripción de métodos auxiliares de diagnóstico (como es el caso de las pruebas para la detección de infección viral), así como el diagnóstico de la existencia de una enfermedad, en relación a todas y cada una de las personas, es un asunto que no puede ser ser realizados por Ley, Resolución, Decreto, Reglamento o cualquier otro medio normativo, por tratarse de actos que nuestro ordenamiento jurídico se reserva a la exclusiva competencia de un médico, asegurándose que, al asesorar a su paciente, éste siempre debe procurar obtener la su consentimiento informado.


16. En el caso que nos ocupa, no existe ningún indicio o evidencia de que tal diagnóstico haya sido efectivamente realizado por un profesional calificado en Derecho y que haya actuado de acuerdo con las buenas prácticas médicas.
En efecto, lo que se desprende de los hechos dados por supuestos es que ninguno de los demandantes fue visto siquiera por un médico, lo cual es francamente inexplicable, dada la supuesta gravedad de la infección. 


17. De hecho, el único elemento que aparece en los hechos probados al respecto es la realización de pruebas de RT-PCR, una de las cuales presentó resultado positivo en relación con una de las demandantes. 
yo. Sin embargo, a la vista de la evidencia científica actual, esta prueba es, en sí misma, incapaz de determinar, más allá de toda duda razonable, que tal positividad corresponde, de hecho, a la infección de una persona por el virus SARS-CoV-2, por Varias razones, de las que destacamos dos (a las que se suma el tema del patrón oro que, por su especificidad, ni siquiera abordaremos):
Para que esta fiabilidad dependa de la cantidad de ciclos que componen la prueba; 
Para que esta fiabilidad dependa de la cantidad de carga viral presente. 
ii. De hecho, las pruebas de RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa), pruebas de biología molecular que detectan el ARN del virus, comúnmente utilizadas en Portugal para probar y enumerar el número de infectados (después de la recolección nasofaríngea), se realizan amplificando muestras. , a través de ciclos repetitivos. 
El número de ciclos de tal amplificación da como resultado la mayor o menor confiabilidad de tales pruebas. 
iii. Y el problema es que esta fiabilidad se muestra, en términos de evidencia científica (y en este campo, el juez tendrá que apoyarse en el conocimiento de expertos en la materia) más que discutible.
Este es el resultado, entre otros, del estudio de correlación muy reciente y completo entre 3790 muestras positivas de qPCR y cultivos celulares positivos, incluidos los aislados de SARS-CoV-2 de 1941 , por Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Van Thuan Hoang Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola, Enfermedades Infecciosas Clínicas, ciaa1491, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491,emhttps://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093 / cid / ciaa1491 / 5912603 , publicado a finales de septiembre de este año, por Oxford Academic , realizado por un grupo que reúne a algunos de los mayores expertos europeos y mundiales en la materia. 
Este estudio concluye [2] , en traducción libre:
“Con un umbral de ciclo (ct) de 25, aproximadamente el 70% de las muestras permanecen positivas en el cultivo celular (es decir, estaban infectadas): en un ct de 30, el 20% de las muestras permanecieron positivas; en un ct de 35, el 3% de las muestras permanecieron positivas; y en un ct superior a 35, ninguna muestra permaneció positiva (infecciosa) en cultivo celular (ver diagrama). 
Esto significa que si una persona tiene una prueba de PCR positiva en un umbral de ciclo de 35 o más (como en la mayoría de los laboratorios de EE. UU. Y Europa), las posibilidades de que una persona se infecte son menos del 3%. La probabilidad de que la persona reciba un falso positivo es del 97% o más ”. 
iv. Lo que se sigue de estos estudios es simple:la posible confiabilidad de las pruebas de PCR realizadas depende, de entrada, del umbral de ciclos de amplificación que contengan, de tal manera que, hasta el límite de 25 ciclos, la confiabilidad de la prueba será de alrededor del 70%; si se realizan 30 ciclos, el grado de fiabilidad desciende al 20%; si se alcanzan los 35 ciclos, el grado de fiabilidad será del 3%. 
v. Sin embargo, en el presente caso, se desconoce el número de ciclos de amplificación con los que se realizan las pruebas de PCR en Portugal, incluidas las Azores y Madeira, ya que no pudimos encontrar ninguna recomendación o límite al respecto. 
Sierra. A su vez, en un estudio muy reciente de Elena Surkova, Vladyslav Nikolayevskyy y Francis Drobniewski, accesible en: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext , publicado en el igualmente prestigioso The Lancet, Respiratory Medicine , hace referencia (además de las múltiples preguntas que el mismo la precisión de la prueba aumenta, en cuanto a la detección específica del virus sars-cov 2, debido a las fuertes dudas sobre el cumplimiento del llamado estándar de oro) (traducción libre):
“Cualquier prueba diagnóstica debe ser interpretada en el contexto de la posibilidad real de la enfermedad, antes de su realización . Para Covid-19, esta decisión de realizar la prueba depende de una valoración previa de la existencia de síntomas, antecedentes médicos de Covid 19 o presencia de anticuerpos, cualquier posible exposición a esta enfermedad y la posibilidad de otro posible diagnóstico. ” [3]“ Una de las posibles razones para presentar resultados positivos puede ser la diseminación prolongada de ARN viral, que se sabe que se extiende durante semanas después de la recuperación, en aquellos que estuvieron previamente expuestos al SARS-CoV-2. Sin embargo, y lo que es más relevante, no existen datos científicos que sugieran que niveles bajos de ARN viral por RT-PCR equivalen a infección, a menos que la presencia de partículas virales infecciosas haya sido confirmada por métodos de cultivo de laboratorio .

En resumen, las pruebas de Covid-19 que muestran falsos positivos son cada vez más probables, en el panorama climático epidemiológico actual en el Reino Unido, con importantes consecuencias personales, sanitarias y del sistema social ”. [4]


18. Así, con tantas dudas científicas expresadas por expertos en la materia, que son los que aquí importan, en cuanto a la confiabilidad de tales pruebas, desconociendo los parámetros de su desempeño y sin un diagnóstico realizado por un médico, en el sentido de la existencia de infección y riesgo, este tribunal nunca podría determinar que AH___ tenía el virus SARS-CoV-2, ni que SH__SWH__ y NK_ habían tenido exposición de alto riesgo.


19.En resumen, se dirá que, dado que el recurso interpuesto es inadmisible, por falta de legitimidad y desinterés en la actuación del solicitante, así como manifiestamente infundado, deberá ser desestimado, en virtud del en los artículos 401 nº1 al. a), 417 nº6 al. b) y artº420 nº1 als. a) yb), todos los CP Penal. iv – decisión.

En vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 417, párrafo 6, al. b) y 420 nº1 als. a) yb), ambos del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso interpuesto por la AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL, representada por la Dirección Regional de Salud de la Región Autónoma de las Azores .
 
En los términos del numeral 3 del artículo 420 de la CPPenal, se condena al solicitante en la sanción procesal de 4 UC, así como en el TJ de 4 UC y costas. 
Informar inmediatamente al tribunal “a quo” del contenido de esta sentencia.

Lisboa, 11 de noviembre de 2020

Margarida Ramos de Almeida

Ana Paramés

_______________________________________________________ [1] [1] 2 – Es responsabilidad de cada ARS, IP, en el ámbito de las respectivas circunscripciones territoriales:

a) Implementar la política nacional de salud, de acuerdo con políticas globales y sectoriales, orientadas a su organización racional y optimización de recursos;
b) Participar en la definición de medidas de coordinación de la planificación intersectorial, con el objetivo de mejorar la prestación de salud; 
c) Colaborar en la elaboración del Plan Nacional de Salud y monitorear su implementación a nivel regional; 
d) Desarrollar e impulsar actividades en el campo de la salud pública, a fin de garantizar la protección y promoción de la salud de las poblaciones; 
e) Asegurar la ejecución de programas de intervención local dirigidos a reducir el consumo de sustancias psicoactivas, prevenir conductas adictivas y reducir las dependencias; 
f) Desarrollar, consolidar y participar en la gestión de la Red Nacional Integrada de Atención Continuada según los lineamientos definidos;
g) Asegurar la planificación regional de los recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo la ejecución de los proyectos de inversión necesarios, de las instituciones y servicios que prestan atención de salud, supervisando su asignación; 
h) Elaborar, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, el listado de instalaciones y equipos; 
i) Asignar, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, recursos financieros a las instituciones y servicios de atención de salud integrados o financiados por el Servicio Nacional de Salud y a entidades privadas con o sin fines de lucro. , que presten asistencia sanitaria o actúen en los ámbitos a que se refieren los puntos e) yf);
j) Celebrar, monitorear y revisar los contratos en el ámbito de las alianzas público-privadas, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Administración Central del Sistema de Salud, IP, y asignar los recursos financieros respectivos; 
l) Negociar, celebrar y monitorear, de acuerdo con los lineamientos definidos a nivel nacional, los contratos, protocolos y convenciones de ámbito regional, así como realizar la respectiva evaluación y revisión, tanto en el ámbito de la prestación de salud como en las áreas referidas. en los puntos e) yf);
m) Orientar, brindar soporte técnico y evaluar el desempeño de las instituciones y servicios de salud, de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos y reglamentos emitidos por los servicios centrales y organismos competentes en los diferentes campos de intervención; 
n) Asegurar la adecuada articulación entre los servicios de salud para garantizar el cumplimiento de la red de derivación; 
o) Asignar recursos económicos, mediante la firma, seguimiento y revisión de contratos en el ámbito de la atención continua integrada; 
p) Elaborar programas funcionales de establecimientos de salud; 
q) Concesión de licencias a unidades privadas de atención de salud y unidades en el área de adicciones y conductas adictivas en el sector social y privado;
r) Emitir dictámenes sobre planes maestros de unidades de salud, así como sobre creación, modificación y fusión de servicios; 
s) Emitir dictámenes sobre la adquisición y expropiación de terrenos y edificaciones para la instalación de servicios de salud, así como sobre proyectos de las instalaciones de los prestadores de servicios de salud. 
[2] “que en un umbral de ciclo (ct) de 25, aproximadamente el 70% de las muestras permanecieron positivas en cultivo celular (es decir, infecciosas); a un ct de 30, el 20% de las muestras permanecieron positivas; con un ct de 35, el 3% de las muestras permanecieron positivas; y en un ct por encima de 35, ninguna muestra quedó positiva (infecciosa) en el cultivo celular (ver diagrama). Esto significa que si una persona obtiene un resultado de prueba de PCR “positivo” en un umbral de ciclo de 35 o más (como se aplica en la mayoría de los laboratorios de EE. UU. y muchos laboratorios europeos), 
la probabilidad de que la persona sea infecciosa es inferior al 3%. La probabilidad de que la persona reciba un resultado “falso positivo” es del 97% o más .

[3] Cualquier resultado de una prueba de diagnóstico debe interpretarse en el contexto de la probabilidad de enfermedad previa a la prueba. Para COVID-19, la evaluación de probabilidad previa a la prueba incluye síntomas, historial médico previo de COVID-19 o presencia de anticuerpos, cualquier exposición potencial a COVID-19 y la probabilidad de un diagnóstico alternativo.1 Cuando existe baja probabilidad previa a la prueba, los resultados positivos deben ser interpretado con precaución y una segunda muestra analizada para su confirmación.

[4]La diseminación prolongada de ARN viral, que se sabe que dura semanas después de la recuperación, puede ser una razón potencial para que las pruebas de frotis sean positivas en personas previamente expuestas al SARS-CoV-2. Sin embargo, lo que es más importante, no hay datos que sugieran que la detección de niveles bajos de ARN viral por RT-PCR se equipare con la infectividad a menos que las partículas de virus infecciosas se hayan confirmado con métodos de laboratorio basados ​​en cultivos.7

En resumen, los resultados de la prueba de frotis de COVID-19 falsos positivos podrían ser cada vez más probablemente en el clima epidemiológico actual en el Reino Unido, con consecuencias sustanciales a nivel personal, del sistema de salud y social (panel).

COR o Na: Tribunal portugués dictamina que las pruebas de P C R son poco fiables e ilegales para poner en cuarentena a las personas

Quintanarooall.com
19 de noviembre de 2020
https://www.quintanarooall.com/noticias/principales/item/39509-tribunal-portugues-dictamina-que-las-pruebas-de-pcr-son-poco-fiables-e-ilegales-para-poner-en-cuarentena-a-las-personas

Tribunal portugués dictamina que las pruebas de PCR son poco fiables e ilegales para poner en cuarentena a las personas

El tribunal declaró que la confiabilidad de la prueba depende de la cantidad de ciclos utilizados y la carga viral presente. Citando a  Jaafar et al. 2020 , el tribunal concluye que

“Si alguien obtiene un resultado positivo mediante PCR cuando se usa un umbral de 35 ciclos o más (como es la regla en la mayoría de los laboratorios en Europa y EE. UU.), La probabilidad de que dicha persona esté infectada es menor del 3%, y la probabilidad que dicho resultado sea un falso positivo es del 97% ”.

El tribunal señala además que se desconoce el umbral de ciclo utilizado para las pruebas de PCR que se están realizando actualmente en Portugal.

Los ciclos de umbral utilizados en las pruebas de PCR en la India están entre 37 y 40, lo que hace que la confiabilidad de la prueba de PCR sea inferior al 3% y la tasa de falsos positivos tan alta como el 97%.

Este caso se refería al hecho de que cuatro personas habían sido puestas en cuarentena por la Autoridad Sanitaria Regional. De estos, uno había dado positivo por COVID mediante una prueba de PCR; se consideró que los otros tres habían sufrido un alto riesgo de exposición. En consecuencia, la Autoridad Sanitaria Regional decidió que los cuatro eran infecciosos y un peligro para la salud, lo que requería que se aislaran.

“Dada la cantidad de dudas científicas que existen – como lo expresan los expertos, es decir, los que importan – sobre la confiabilidad de las pruebas de PCR, dada la falta de información sobre los parámetros analíticos de las pruebas y la ausencia de un diagnóstico médico que respalde la de infección o riesgo, no hay forma de que este tribunal pueda determinar si C era realmente un portador del virus SARS-CoV-2, o si A, B y D habían tenido un alto riesgo de exposición al mismo. “

También es importante recordar que la PCR se inventó como una forma de crear copias de material genético. Nunca tuvo la intención de ser una herramienta de diagnóstico.

Las pruebas estándar de coronavirus arrojan una gran cantidad de casos positivos a diario. Estas pruebas se realizan en base a  protocolos defectuosos de la OMS  que están diseñados para incluir también casos de falsos positivos.

Este hecho sobre los falsos positivos de las pruebas de PCR fue observado por primera vez en público por el Dr. Beda M. Stadler, biólogo suizo, profesor emérito y ex director del Instituto de Inmunología de la Universidad de Berna.

Entonces, si hacemos una prueba de corona de PCR en una persona inmune, no se detecta un virus, sino una pequeña parte rota del genoma viral. La prueba da positivo mientras queden pequeñas partes destrozadas del virus. Correcto: incluso si los virus infecciosos han muerto hace mucho tiempo, una prueba de corona puede dar positivo, porque el método de PCR multiplica incluso una pequeña fracción del material genético viral lo suficiente [para ser detectado].

Anteriormente, la autoridad sanitaria nacional de Finlandia incluso cuestionó el protocolo de análisis de la  OMS . La OMS había pedido a los países que realicen pruebas a tantos pacientes como sea posible  para detectar el  coronavirus.

Finlandia se quedó sin capacidad de prueba y comenzó a limitar las pruebas de coronavirus solo a los grupos más vulnerables y al personal sanitario. La autoridad sanitaria nacional de Finlandia dijo que realizar pruebas a personas con síntomas leves sería un desperdicio de recursos sanitarios.

En una revelación sorprendente, el jefe de seguridad sanitaria de Finlandia, Mika Salminen, desestimó el aviso de la OMS diciendo que la  OMS no comprende las pandemias  y que su protocolo de prueba de coronavirus es ilógico y no funciona.

Entonces, si los protocolos de prueba de la OMS se basan realmente en las tecnologías y metodologías de investigación más confiables, precisas y bien obtenidas disponibles en todo el mundo, ¿no deberían haber sabido acerca de su efectividad insignificante y su impacto en causar pánico y caos? De hecho, la OMS sabe que no funciona y, además, esta no es la primera vez que se expresan críticas de este tipo.

En el pasado, en 2010, la  OMS fue sorprendida fingiendo una pandemia  y se vio obligada a admitir que su metodología para medir la viralidad o la propagación de la enfermedad, en lugar de su gravedad, era incorrecta.

Para obtener las últimas actualizaciones sobre el brote, consulte nuestra  Cobertura de coronavirus .

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(GreatGameIndia:https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/ )

Documental francés sobre un complot mundial forjado en torno al virus coro na

www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-hold-up-le-documentaire-sur-un-complot-mondial-qui-fait-polemique-20201112

COMENTARIOS CRITICOS MATERIALISTAS(NO IDEALISTAS)SOBRE LA IDEA DE DEMOCRACIA Y SU FRACASO COMO MODELO DE SISTEMA POLITICO EN EL SIGLO XXI.RESEÑA DEL LIBRO DE GUSTAVO BUENO, FILOSOFO ESPAÑOL(21926-2016): PANFLETO CONTRA LA DEMOCRACIA REALMENTE EXSISTENTE. EXPOSION POR EL PROFESOR JESUS G MAESTRO, DE LA UNIV. DE VIGO(ESPAÑA)…MAS VIDEO DONDE EL AUTOR DEL PANFLETO (GUSTAVO BUENO)EXPLICA SUS TESIS

LA DEMOCRACIA SISTEMA POLITICO FRACASADO EN EL SIGLO XXI.SU DERIVA TIENDE A SU CONTRARIO REALMENTE: LA TIRANIA Y EL DESPOTISMO DE CORTE “TOTALITARIO” IN FIERI

PRESENTACION DE GUSTAVO BUENO SOBRE EL PANFLETO CONTRA LA DEMOCRACIA REALMENTE EXISTENTE . Presentación del libro “Panfleto contra la democracia realmente existente” de Gustavo Bueno Martínez el 20 de Abril del 2004 en Gijón.