Elecciones de 1936 en España , importancia para la Guerra Civil Española

Las elecciones generales de febrero de 1936: una reconsideración historiográfica

fuente  https://www.revistadelibros.com/discusion/las-elecciones-generales-de-febrero-de-1936una-reconsideracion-historiografica

 

El domingo 16 de febrero de 1936, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, se celebraron en España las terceras y últimas elecciones generales democráticas del quinquenio de existencia de la Segunda República, después de una campaña muy intensa y polarizada que pareció otorgarles el perfil de un plebiscito existencial. Su convocatoria, organización y supervisión estuvo en manos de un gobierno republicano centrista presidido desde mediados de diciembre de 1935 por Manuel Portela Valladares, veterano político liberal que actuaba como leal vicario del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Ambos pretendían con esa operación promover desde el poder una opción política republicana moderada que ocupara el espacio del centro político (desguarnecido por la reciente crisis del Partido Radical de Alejandro Lerroux) y sirviera de amortiguador entre las fuerzas derechistas articuladas en torno al partido del catolicismo político dirigido por José María Gil-Robles, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), y las fuerzas aglutinadas en torno a la Izquierda Republicana liderada por Manuel Azaña con el concurso del movimiento socialista organizado por el PSOE y la UGT.

En esas elecciones legislativas tenían derecho de voto todos los españoles, hombres y mujeres, que hubieran cumplido los veintitrés años antes del mes de enero de 1936 (un total de 13.578.056 personas, según el censo). Y estaba en su mano elegir un Congreso unicameral de 473 escaños distribuidos en sesenta circunscripciones (grandes capitales y provincias) mediante un sistema de listas nominales abiertas (el elector podía votar los nombres de los candidatos de su gusto sin atender a su adscripción a una u otra candidatura en la lista única de la circunscripción).

El peculiar sistema electoral vigente desde 1931 imponía el voto restringido (el elector sólo podía votar a un número menor de escaños en juego en la circunscripción: si eran veinte, sólo elegía dieciséis), era hipermayoritario (primaba al vencedor de forma notoria: le otorgaba hasta el 80% de escaños en juego, el llamado «cupo de mayorías») y favorecía claramente la representación de los ámbitos urbanos y más poblados. Así, por ejemplo, la circunscripción de Barcelona capital, con veinte escaños, tenía un cupo de mayorías de dieciséis diputados frente a cuatro para el cupo de las minorías; Madrid capital y Oviedo, con diecisiete escaños, repartían sus cupos en proporción de trece a cuatro; en tanto que Salamanca, con siete escaños, lo hacía de cinco a dos, y Soria, con tres, quedaba en dos a uno. Por tanto, fuese la que fuese la diferencia entre el número de votos de la primera y la segunda candidatura, la victoria en la capital catalana siempre suponía casi cuatro veces más escaños que en Salamanca y ocho veces más que en Soria.

En esas circunstancias, aparte del peso crucial que tenían las circunscripciones con muchos escaños (localizadas en el centro-sur, litoral mediterráneo, Galicia y Asturias), un leve cambio de voto popular podía provocar reajustes bruscos en los resultados en términos de escaños parlamentarios, como habían demostrado las consultas de junio de 1931 y noviembre de 1933. En estas últimas (bien estudiadas por Roberto Villa García, La República en las urnas, Madrid, Marcial Pons, 2011), las izquierdas habían recogido 2,8 millones de votos (el 33% de los sufragios) y sólo habían conseguido 91 escaños, en tanto que las derechas habían sumado 4,02 millones de votos (el 47,5% del sufragio) y logrado 237 escaños (casi el triple que sus adversarios).

Con una participación popular realmente notable (acudieron a votar 9.687.108 personas: el 71,3% del censo), el resultado final de dicho proceso electoral fue el triunfo de la coalición de izquierdas denominada Frente Popular, tanto en votos como, sobre todo, y por las razones electorales explicadas, en número de escaños. Hasta ahora, el mejor análisis historiográfico de ese proceso electoral y sus resultados, obra de un equipo dirigido por Javier Tusell, se basaba en datos de prensa combinados con el cotejo ocasional de boletines oficiales provinciales incompletos (Las elecciones del Frente Popular, Madrid, Edicusa, 1971, 2 vols.). El reciente trabajo conjunto de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que ahora vamos a pasar a comentar (1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Madrid, Espasa, 2017), rectifica ligeramente sus cifras con el apoyo de otras fuentes documentales primarias, entre las que destaca el fondo electoral custodiado en el archivo del Congreso de los Diputados.

Según los nuevos datos ponderados por ambos autores, reconocidos expertos en la historia política de los años treinta, esa victoria del Frente Popular en la primera vuelta se plasmó en la recepción de 4.432.381 votos populares (el 46,3% de los sufragios) y la obtención de 259 escaños parlamentarios (una mayoría holgada del 54,7% de los 473 escaños). Sus adversarios de las candidaturas derechistas coaligadas recibieron 4.402.811 votos (el 46% de sufragios), pero sólo consiguieron sumar 189 escaños. El resto de los votos (738.557: un 7,7% de los sufragios) fue para otras candidaturas de centro-derecha (Partido Nacionalista Vasco; candidaturas ministeriales auspiciadas por Portela Valladares) y derechas (Falange Española) que reportaron sólo dos escaños (ambos del PNV).

El proceso electoral descrito contó con una singularidad muy destacable y objeto de debate ya entonces: apenas tres días después de la celebración de las elecciones, se registró la formación de un gobierno presidido por Manuel Azaña que asumió sus funciones en situación de emergencia (en la tarde-noche del 19 de febrero), a petición del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, y ante la dimisión/huida del gobierno centrista de Portela Valladares, que renunció a seguir en su cargo hasta la terminación del proceso electoral. El acceso del ejecutivo de Azaña al poder se hizo, por tanto, antes de haber concluido el escrutinio oficial por parte de la Junta Central del Censo Electoral, que no se haría público hasta el 26 de febrero (el 28 formalmente) y que incluía la cautela de someter treinta y cinco actas de circunscripción protestadas por algún motivo (más de la mitad del total) a la consideración de la futura Comisión de Actas del nuevo Congreso, que habría de dictaminar sobre esas protestas y resolver el destino de los escaños en discusión.

La victoria en la capital catalana siempre suponía casi cuatro veces más escaños que en Salamanca y ocho veces más que en Soria

La llegada al gobierno del Frente Popular se produjo también antes de celebrarse la segunda vuelta electoral en cinco circunscripciones (del total de sesenta) donde ninguna candidatura había superado el 40% de sufragios totales (veinte escaños disputados en Álava, Castellón, Guipúzcoa, Soria y Vizcaya provincia). Realizada el 1 de marzo, sus resultados reforzaron la situación creada en la primera vuelta: el Frente Popular obtuvo ocho escaños; el PNV consiguió siete y las derechas lograron cinco. En consecuencia, tras pequeños ajustes, la mayoría gubernamental pasó a tener 267 escaños, en tanto que las restantes minorías sumaron 206.

En virtud de su importancia histórica y de esas complejas circunstancias contextuales descritas, las elecciones de febrero de 1936 fueron desde el principio objeto de innumerables discusiones y polémicas, inicialmente de perfil ideológico y sociopolítico y, con posterioridad, ya más propiamente historiográficas.

La discusión partidista, apenas cerradas las urnas, opuso crudamente a las izquierdas ganadoras y a las derechas perdedoras, llegando a convertirse la legitimidad de la consulta y la validez de sus resultados en verdaderas piedras de toque de los bandos contendientes, que apenas cinco meses después se enfrentarían con las armas en la mano durante la guerra civil de 1936-1939. Así, por ejemplo, en su primer discurso radiado como nuevo presidente del Gobierno en la tarde del 20 de febrero, Azaña no dudaría en recordar que hablaba ya en su calidad de «poder legítimo de la nación, constituido en virtud de la voluntad manifestada en las elecciones pasadas». Por su parte, el repudio de las derechas se manifestó ya abiertamente años después, cuando el régimen franquista publicó un famoso Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936 (Madrid, Ministerio de Gobernación, 1939) que había empezado a confeccionarse en diciembre de 1936 para demostrar los «vicios de legitimidad y ejercicio» del Gobierno republicano, que justificaban la rebelión contra el mismo y eximían del oprobioso marchamo de «rebeldes» a quienes sólo serían insurgentes contra un poder ilegal. En ese catálogo de motivos de inhabilitación formal y legal de las autoridades frentepopulistas, la consideración del resultado de las elecciones como un verdadero fraude y «pucherazo» general y sistémico era la primera de las conclusiones dictaminadas:

1º Que la inconstitucionalidad del Parlamento reunido en 1936 se deduce claramente de los hechos, plena y documentalmente probados, de que al realizarse el escrutinio general de las elecciones del 16 de febrero, se utilizó, en diversas provincias, el procedimiento delictivo de la falsificación de actas proclamándose diputados a quienes no habían sido elegidos; de que, con evidente arbitrariedad, se anularon elecciones de diputados en varias circunscripciones para verificarse de nuevo, en condiciones de violencia y coacción que las hacían inválidas; y de que se declaró la incapacidad de diputados que no estaban real y legalmente incursos en ella, apareciendo acreditado también que, como consecuencia del fraude electoral, los partidos de significación opuesta vieron ilegalmente mutilados sus grupos, alcanzando lo consignado repercusión transcendental y decisiva en las votaciones de la Cámara.

En el plano historiográfico, probablemente el primer estudio ecuánime y falto de sectarismo sobre aquellas elecciones generales fue obra del hispanista francés Jean Bécarud (La Segunda República Española, trad. de Florentino Trapero, Madrid, Taurus, 1967, capítulo 5; edición original de 1962). En el mismo, sin dudar del triunfo frentepopulista global, también apuntaba que había «pruebas de parcialidad» en detrimento de las derechas por parte de las nuevas autoridades azañistas en los recuentos finales de sufragios y que la Comisión de Actas posterior había tenido una actuación «dudosa» al invalidar sin justificación firme a varios diputados electos de orientación derechista. En esa misma línea se encuentra la descripción de la consulta electoral presente en la segunda versión corregida de la conocida e influyente obra de Hugh Thomas (La guerra civil española, trad. de Neri Daurella, París, Ruedo Ibérico, 1976), que asume el papel fraudulento desempeñado por el «caciquismo» tanto rural (proderechista) como urbano (prosocialista) en los resultados, pero concluye: «En todo caso, las izquierdas habían logrado una victoria inesperada; y las derechas, particularmente la CEDA, una derrota inesperada».

Finalmente, al margen de esas obras generalistas citadas y otras posteriores, el trabajo monográfico ya mencionado de Javier Tusell supuso una aportación sustancial que, hasta el presente, cabía considerar canónica e insuperable. Ello incluía sus cifras de resultados finales depurados, que asumían los ocasionales fraudes en algunas circunscripciones muy destacadas (caso de la provincia de Cáceres, por ejemplo): el Frente Popular habría cosechado una victoria por un estrecho margen de votos populares (4,65 millones: el 47,1%), las derechas habrían recibido poco menos (4,50 millones: el 45,6%) y el centro sólo poco más de medio millón (un escaso 5,3%). De hecho, el último análisis historiográfico general de la etapa frentepopulista, obra de José Luis Martín Ramos (El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado y Presente, 2015), pese a sus reservas sobre el modo de computar los votos del equipo de Tusell, concluye:

Sea como fuere, el 16 de febrero la situación quedó muy clara. El Frente Popular ganó en 33 circunscripciones, de las 60 del total, y obtuvo entre el 47 y el 49% del total de los votos. […] El total de la derecha republicana y no republicana sumó un 45,6% en febrero. […] Las circunscripciones en las que ganó [el Frente Popular] sumaban la mayoría del censo, el 69%, y de los diputados en disputa, el 68,5%; lo que reforzó los efectos de la corrección mayoritaria al escrutinio proporcional.

Como era de esperar, habida cuenta de esos antecedentes, la reciente publicación de la obra de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García ha reverdecido esa discusión de manera muy notable y crispada. Sin ánimo alguno de exahustividad (por otra parte, innecesaria para el caso), basta leer algunas de las reseñas o noticias en prensa o radio aparecidas al respecto, que parecen tristes réplicas de los debates partidistas de hace decenios.

En los foros más activos de las derechas mediáticas, la lectura fue rápida, maniquea y reconfortante para sus postulados: «¿Estuvo justificado el Alzamiento de Franco? El pucherazo de las elecciones del 36 demuestra que sí» (sentencia Juan Robles en el diario digital Actuall el 13 de marzo de 2017); «La victoria de la izquierda en las elecciones de 1936 fue un pucherazo» (anuncia el diario Navarra confidencial ese mismo día); «El Golpe de Estado del Frente Popular en las elecciones de 1936» (titula el publicista Pablo Gea Congosto en la revista digital El Magacín en marzo de 2017); «El título lo dice todo: fraude y violencia» (subraya el general Rafael Dávila en Actuall el 15 de marzo); «Doble golpe de Estado» del Frente Popular en 1936 (proclama César Vidal en el diario Libertad digital el 2 de abril).

Incluso la reacción entre los historiadores de mayor perfil conservador y normalmente más mesurados fue igualmente taxativa, como reflejaron las declaraciones de Alfonso Bullón de Mendoza (El Debate de hoy, 18 de abril) reivindicando expresamente el acierto del famoso Dictamen de 1939 y apuntando que las revelaciones de la obra de Álvarez Tardío y Villa García no eran realmente novedosas, sino verdades sospechadas y parcialmente ya demostradas:

Desde el mismo momento de su celebración, fueron numerosas las denuncias sobre las elecciones de 1936. Sin duda, la más radical fue la contenida en la primera de las conclusiones del Dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, comisión de juristas establecida por el bando nacional, una vez comenzada la guerra […]. Esta acusación, de manera más matizada, se encuentra también en declaraciones de Alcalá-Zamora a la prensa una vez comenzado el conflicto y, sobre todo, en el segundo texto de sus Memorias y en el volumen correspondiente del primero, Asalto a la República, en el que da la impresión de que el político de Priego acabó llegando a la conclusión de que el Frente Popular no había ganado las elecciones. Y, por supuesto, es recogida por numerosos autores. ¿Carece, por ello, de interés la obra de Villa y Álvarez Tardío? Todo lo contrario. En primer lugar, porque quienes habíamos leído los textos ya citados habíamos llegado a la conclusión de que el Frente Popular había ganado las elecciones, pero con una mayoría menor que la que luego se atribuyó gracias a sus manejos y, sin embargo, tras la lectura de este nuevo libro resulta muy dudoso que el Frente Popular llegara tan siquiera a ganar los comicios. En segundo lugar y, sobre todo, porque Villa y Álvarez Tardío demuestran lo que antes tan solo cabía sospechar.

En el ámbito genérico de las izquierdas, tanto mediáticas como, sobre todo, historiográficas, la reacciones a la publicación de la obra se han movido entre la prudencia inicial y la crítica formal y material, pasando por la descalificación maniquea apriorística dominante en publicaciones generalistas (del tipo de Agustín Moreno en la revista digital Cuarto Poder: «Un nuevo intento para legitimar el golpe de Estado contra un gobierno democrático», 23 de abril).

Un caso evidente de la primera reacción podría ser la de Julián Casanova en sus declaraciones al diario digital derechista Actuall, el 15 de marzo, que comparte la idea de otros (Bullón de Mendoza, entre ellos) de que la novedad del asunto era sólo relativa: «Ya era conocido, desde la investigación de Javier Tusell, que pudo haber falseamiento en las elecciones de febrero del 36, y el propio Azaña se quejó de haber pasado a ser presidente sin apenas transición». Casanova matiza el alcance de los episodios descritos de fraude y su singularidad en la época: «También hay que tener en cuenta que los procesos electorales en Europa antes de 1945 eran imperfectos y se producían falseamientos y muchos no eran limpios. Pero de ahí a pensar que el posible pucherazo legitimaría el golpe de Estado de Franco es hacer una lectura política interesada». Finalmente, también asume la posibilidad de que el fraude hubiera tenido efectos reales: «Otra cosa es que se pueda demostrar que, efectivamente la izquierda no obtuvo los escaños que se le atribuyeron, y se podría concluir que no debió formar Gobierno».

Entre las segundas reacciones, cabría mencionar las reseñas de Santos Juliá («Las cuentas galanas de 1936») y de Francisco Espinosa Maestre («Receta antigua: “Fraude electoral 1936” al horno»). Juliá rechaza la «supuesta demolición de un tabú» (el fraude electoral) del que se habló «desde los mismos días del proceso electoral», en el Dictamen franquista de 1939 y en el estudio de Tusell de 1971. Y sólo encuentra un acierto en la obra que resulta menor e indigno de la «gran fanfarria» de «la más rancia derecha»: «Todo, pues, conocido y trabajado si se exceptúa el carácter decisivo −en el sentido de inclinar la mayoría absoluta a una de las dos supuestas coaliciones en disputa− de la manipulación de actas que tuvo lugar en media docena de distritos electorales». Espinosa Maestre muestra mucha mayor acritud denunciatoria al subrayar la concordancia entre las tesis de Álvarez Tardío y Villa García y el Dictamen de 1939 (aunque aquéllos apenas lo citen una vez en todo su trabajo), para terminar señalando que su obra «recoge y actualiza parte de aquella herencia» derechista que sólo pretendió ayer y pretende hoy seguir avalando «la justificación del 18 de julio».

Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña

Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña

Los autores del libro aquí examinado, como buenos historiadores de la política ya curtidos en el oficio, y con obra académica solvente a sus espaldas, eran muy conscientes del uso potencial que su trabajo comportaba y se curan en salud al reiterar en diversos momentos su negativa a participar en «la discusión “guerracivilista” sobre la validez o no del triunfo del Frente Popular», así como su distancia de «polémicas gratuitas y puramente ideológicas» sobre «la legitimidad del Gobierno del Frente Popular o de la República como régimen» (pp. 380 y 517). De hecho, consignan explícitamente sus temores de que «nuestra investigación pueda interpretarse de forma distorsionada» y manifiestan tanto su lejanía del «célebre Dictamen publicado por las autoridades franquistas» como de «los relatos de corte antifascista» y prorrepublicano (p. 518). Por eso subrayan su negativa a «una toma de partido» a favor de uno u otro en aras de un objetivo historiográfico crudo y nudo: «Nuestro propósito principal ha sido explicar con rigor el desarrollo de las últimas elecciones antes del conflicto bélico, afrontando las dos cuestiones controvertidas, la del inopinado y sorprendente cambio de Gobierno en medio del proceso electoral y la de los resultados del escrutinio, que continuaban abiertas» (p. 517).

Conociendo desde hace tiempo la estimable obra de estos historiadores y a sus propias personas, debo consignar, como colega de oficio y lector crítico de este análisis sobre las elecciones generales de 1936, que acepto sin ningún asomo de duda la honestidad de esas declaraciones y su sincero deseo de realizar una obra historiográficamente solvente, equilibrada y ecuánime en la medida humanamente posible y profesionalmente viable. Todavía más. Después de la lectura detenida del trabajo y de las pertinentes consultas y comprobaciones de varios de sus datos y argumentos, creo que cabe afirmar que se trata de una obra sólida y fundada documentalmente, que arroja nuevas luces sobre un fenómeno histórico complejo con encomiable acierto general dentro de sus ocasionales limitaciones y yerros, procurando evitar sectarismos partidistas interesados en aras del respeto a los códigos operativos de la disciplina de Clío. Su trabajo no es, ni puede ser considerado, una obra de propaganda más o menos sofisticada, pero en la línea de algunas de las mencionadas intervenciones maniqueas registradas en los foros mediáticos e historiográficos de las derechas hispanas en su pluralidad. No son meros epígonos de los autores del Dictamen de 1939 o de las obras de combate antirrepublicano del periodista Joaquín Arrarás Iribarren en los años cuarenta (ni de sus posibles legatarios de hoy mismo, para el caso). Y sería una grave equivocación (en el plano historiográfico) y un lamentable error (en el plano cívico) que se tratara de denostar o minusvalorar la naturaleza historiográfica de su trabajo bajo esas perspectivas y parámetros de medida y ponderación.

Por eso mismo, las observaciones, reservas o críticas que voy a permitirme exponer a continuación sobre los resultados de la investigación efectuada por los profesores Álvarez Tardío y Villa García quieren y deben situarse en ese plano de discusión razonada y argumentada que configura el campo gnoseológico de la disciplina de la Historia como empresa intelectual destinada a comprender el pasado sin anteojeras, ni prejuicios, ni presupuestos ajenos al material probatorio e interpretativo disponible para esa difícil tarea, que es siempre humana (que no divina), siempre revisable (no dogmática) y siempre eminentemente personal (no anónima) y, por ello, falible y perfectible sin límite de caducidad. Una labor de comprensión que debe tratar de superar las filias y fobias personales (si tenemos más empatía por Azaña que por Gil-Robles, o más afinidad espiritual con el Frente Popular que con la CEDA, a título de ejemplos expresivos: y yo reconozco la mayor inclinación por los primeros que por los segundos de ambas alternativas) para tratar simplemente de saber por qué pasó lo que pasó en aquel tiempo y sociedad, sin importar el efecto de ese conocimiento. En palabras insuperables de Hannah Arendt, hay que intentar comprender intelectualmente incluso los fenómenos humanos más detestables o admirables sin pretender dictar a la par sentencias definitivas como profetas retrospectivos, moralistas intachables o justicieros inapelables:

Comprender quiere decir, más bien, investigar y soportar de manera consciente la carga que nuestro siglo ha impuesto sobre nuestros hombros: y hacerlo de una forma que no sea ni negar su existencia ni derrumbarse bajo su peso. Dicho brevemente: mirar la realidad cara a cara y hacerle frente de forma desprejuiciada y atenta, sea cual sea su apariencia.

Para tratar de ejercer con la mayor virtualidad hermenéutica esa tarea de revisión crítica del trabajo de investigación, voy a seguir un orden de exposición y argumentación que abordará consecutivamente varios asuntos, con mayor o menor brevedad o intensidad según estime conveniente o sencillamente viable. A saber:

1) Unas consideraciones preliminares de orden lógico-metodológico sobre el conjunto de la investigación en su faceta expositiva y narrativa.
2) El análisis del contexto de la convocatoria, campaña y jornada electoral de votaciones.
3) La descripción de los primeros resultados del escrutinio entre el 16 y el 19 de febrero, y las circunstancias del cambio de gobierno efectuado en ese último día.
4) El estudio de la gestión del Gobierno de Azaña hasta la terminación del proceso electoral, incluyendo los episodios de la segunda vuelta y la discusión de actas en el nuevo Congreso de Diputados.
5) Unas observaciones finales a modo de conclusiones tentativas derivadas del análisis crítico previamente realizado y expuesto.

1. Consideraciones preliminares

Convendría empezar por abordar una cuestión que, muchas veces, se omite en los análisis historiográficos e impide apreciar algunas facetas de todo trabajo intelectual que los estudios semióticos y de la teoría de la información tienen muy en cuenta en sus respectivos análisis (véase al respecto, y sin ánimo alguno de canonicidad, las obras de Felicísimo Valbuena, Teoría general de la información, Madrid, Noesis, 1997; y Sean Hall,Esto significa esto. Esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y su significado, trad. de Manuel Pijoan, Barcelona, Blume, 2007). Se trata de la existencia de dos planos siempre presentes y coordinantes en cualquier discurso humano (oral o escrito, tanto da):

a) El plano del texto literal de sentidos explícitos y hasta conscientemente definidos y articulados (ipsissima verba: lo que se dice y escribe).

b) El plano del subtexto evocativo de sobreentendidos implícitos y a menudo inconscientes o semiconscientes (unspoken assumptions o supuestos tácitos: lo que no se dice, pero está referido y aludido).

De manera sencilla y pragmática, podría entenderse la naturaleza básica de la relación entre ambos planos mediante el par de conceptos conjugados «denotación»/«connotación», según hacen algunos buenos manuales disponibles. Esa distinción, implantada en la vida cotidiana y societaria por mera necesidad material (la comunicación humana siempre es cosa mínima de dos y circunstanciada), está reflejada de manera brillante en la siguiente viñeta de los humoristas Ricardo y Nacho (Ricardo Martínez e Ignacio Moreno). Fue publicada en el diario El Mundo en algún momento del año 1997 y la reproduzco aquí con plena reserva legal de que no hay ánimo de lucro y sólo imperativo académico de finalidad docente e ilustrativa, sin conculcar bajo ningún concepto los derechos de ambos autores o de la empresa editora correspondiente.

En el caso del libro de historia que ahora nos ocupa, la relación entre ambos planos se aprecia en diversas partes y momentos del texto, y con distintos grados de acuerdo o tensión (desde la plena complementariedad hasta la notoria oposición), como trataré de probar. Pero, de manera muy expresa y reveladora, se hace presente desde el primer momento en un elemento decisivo y determinante de toda obra intelectual escrita e impresa: el título (titulus: «encabezado», término latino que denotaba un rótulo o cartel anunciador de algo), en su calidad de conjunto de palabras vinculadas que actúa como horizonte regulativo de su campo material de contenidos semánticos.

Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García (o quizá sus asesores editoriales, o incluso los diseñadores gráficos, con o sin su conocimiento y consentimiento), han optado por componer un título que consta de tres partes visiblemente diferentes y jerarquizadas (mediante el uso del tamaño y color de los tipos gráficos):

1936 (máximo tamaño y color rojo);
FRAUDE Y VIOLENCIA (tamaño intermedio en mayúsculas y color negro);
en las elecciones del Frente Popular (tamaño menor en minúsculas y en negro salvo el último término, Frente Popular, que vuelve a utilizar el rojo).

La capacidad connotativa de esa composición y disposición es inequívoca e innegable: «Frente Popular» y «1936» están vinculados por el destacado sintagma «Fraude y violencia» sin ningún género de dudas o hiato, proyectando la sombra inquietante y negativa de ambos conceptos sobre esas «elecciones del Frente Popular». No erraba el general Rafael Dávila, nieto del militar homónimo que combatió con Franco y fue su ministro del Ejército varios años: «El título lo dice todo: fraude y violencia» (Actuall, 15 de marzo de 2017). Y por eso mismo y con el mismo derecho tampoco erraba por completo el juicio de intenciones de aquellos comentaristas críticos con la obra que, sólo al apreciar el título, veían en ella una potencial justificación del golpe militar de julio de 1936.

Por supuesto, y excuso reiterar de nuevo las palabras ya citadas de ambos autores, su obra no pretendía tal cosa y su texto posterior prolijo y detallado desmiente en gran medida esos mensajes simplistas y tratan de hacerse eco de la complejidad de los fenómenos con mucho menos maniqueísmo partidista que el título de marras. Ahora bien, para que el plano denotativo no estuviera tan lejano de su plano connotativo, ¿no hubiera sido mejor titular el trabajo de esta manera menos sesgada y más habitual en el ámbito académico: «Las elecciones generales de febrero de 1936»? Incluso, si se estimara oportuno, añadiendo un subtítulo especificador: «Un estudio del grado de fraude y violencia registrado en el proceso electoral».

Como no ha sido así, el hecho de que el binomio «Fraude y violencia» anteceda al sintagma «las elecciones» (sin contar el hecho de que son «del Frente Popular», nada menos) no es nada baladí ni carente de significados ulteriores explosivos y muy lastrados ideológicamente. ¿Acaso esa relación de propiedad («elecciones del Frente Popular»), siguiendo al núcleo sintagmático de «Fraude y violencia», no es una clara toma de partido respecto a quién propició ambas cosas de manera exclusiva y totalizante? ¿Qué diríamos si las elecciones de noviembre de 1933, para el caso, las bautizáramos en esta línea similar, pero especular: «Reacción caciquil y fanatismo en 1933: las elecciones de la CEDA»?

Si la elección del título ofrece ya motivos para abrigar siquiera una mínima reserva intelectual ante el trabajo desde un punto de vista asépticamente historiográfico, lo mismo cabría decir para el cierre argumental de la obra y por igual motivo de discordancia entre planos denotativos y connotativos. Basta echar una mirada atenta a esas dos páginas 516-517 que concluyen el texto central argumentativo (la primera, situada a la izquierda del ojo lector) e inician el epílogo final recapitulatorio (la segunda, a la derecha).

Las palabras iniciales del epílogo recogen la ya mencionada e impecable declaración de fidelidad al principio intencional de neutralidad historiográfica y repudio de las «polémicas gratuitas y puramente ideológicas»: «Este libro no pretende animar debate alguno sobre la legitimidad del Gobierno del Frente Popular o de la República como régimen». Y se refuerza ese principio de ecuanimidad interpretativa (bona fides), que es fundamento de la historiografía como disciplina intelectual, con la muy pertinente admisión de que «nuestra investigación pueda interpretarse de forma distorsionada» como una forma de legitimación de la sublevación militar de julio de 1936. Con un importante añadido final (en página 524) para rechazar esas conclusiones hipotéticas que otros pudieran sacar de manera interesada (como así ha sucedido): «El proceso electoral, por tanto, estuvo lejos de ser antecedente directo de la Guerra Civil».

Sin embargo, sin perjuicio de mi absoluta conformidad con esas afirmaciones explícitas del epílogo (que, además, difícilmente podrían ser impugnadas por ningún historiador), el grave problema radica en que aparecen inmediatamente y justo después de un cierre del texto central argumentativo del libro muy significativo (y connotativo). No en vano, todo el último párrafo de dicho texto recoge unas afirmaciones y unas citas textuales que, como mínimo, parecen refrendar la idea de que sí hubo una clara vinculación entre elecciones y golpe militar. Véanse, por ejemplo, las siguientes oraciones:

El control de las elecciones y el uso partidista de las instituciones estaban convirtiendo al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, en palabras del diputado cedista [se trata de Manuel Giménez Fernández, el exponente más claro de las minoritarias tendencias democristianas en el seno de la CEDA] en los verdaderos promotores del fascismo: «Vais a convencer a los demás de que la lucha legal no es posible, de que hay que ir a la lucha antilegal, y eso sí que constituye un mal terrible para la democracia y la República».

Esa reproducción (y asunción como propias por parte de los autores del trabajo) de las palabras de ese diputado cedista en el debate parlamentario del 2 de junio de 1936, escasamente mes y medio antes del inicio de la insurrección militar contra el Gobierno frentepopulista, es una opción arriesgada y no exenta de claros peligros de connotación y sobreinterpretación interesadas. Primero, porque se cita casi en exclusiva la opinión de un opositor al Gobierno y no se ofrece, por ejemplo, ninguna reflexión de otros participantes en aquel debate de otro significado político (una desproporción de citas de partes en liza que cabe también apreciar a lo largo de casi todo el capítulo). Y, segundo, porque ese juicio reproducido se refrenda de inmediato con otra referencia textual del mismo autor y de fecha todavía más lacónicamente inquietante, que clausura el cuerpo central del libro a modo de colofón conclusivo: «Hoy me he convencido de que todo lo que sean apelaciones a la convivencia aquí son perfectamente inútiles».

Apenas queda oculto o encubierto lo que había detrás de esa declaración de abierta renuncia al juego político y parlamentario: trasladar la resolución del problema sociopolítico planteado a las manos de otras instancias y de otras fórmulas (y sólo había unas y otras alternativas: fuerzas armadas y uso de la violencia militar). Pero esa era una opción sin duda querida, anhelada o resignadamente aceptada por una buena parte de las fuerzas derechistas españolas en el verano de 1936. No de todas, es de suponer legítimamente. Y no, desde luego, de las otras fuerzas políticas republicanas y socialistas de inspiración no revolucionaria, cualquiera que fuese su grado de radicalismo, exclusivismo o sectarismo. En cualquier caso, terminar con esa apelación virtual a la inevitabilidad del uso de las armas, por inutilidad de las palabras o los votos, es una grave responsabilidad y hace que la inmediata declaración que abre el epílogo quede ciertamente afectada en sus fundamentos. Al menos al juicio de este lector y comentarista, que podría estar equivocado en esa lectura y comentario, naturalmente y sin ningún género de dudas.

El destacado tratamiento otorgado por los autores a las reflexiones de Giménez Fernández en ese tramo final de su texto central, de un dramatismo literariamente notable e impactante, es también indicativo de una tendencia perceptible a lo largo de toda la obra y que se expresa reiteradamente: el uso y cita de las afirmaciones, opiniones y juicios de los líderes políticos del catolicismo español más templados y moderados, menos comprometidos con el radicalismo de otros dirigentes cedistas o de la extremosidad de sus ocasionales aliados electorales (los monárquicos alfonsinos de José Calvo Sotelo, los tradicionalistas herederos del carlismo intransigente, los nuevos contrarrevolucionarios del fascismo imitado por la Falange de José Antonio Primo de Rivera, etc.).

La elección de Giménez Fernández, desde luego, es bien comprensible, porque representa a uno de los mejores dirigentes de la minoría demócrata cristiana que intentó sin éxito apreciable orientar a la CEDA en ese sentido político durante el bienio de 1933-1935 y a lo largo del primer semestre de 1936. Pero cabe dudar con fundamento que esas impresiones, juicios y prevenciones fueran representativas de la mayoría del catolicismo político español de aquella coyuntura republicana, por no hablar de las otras alternativas políticas que acabaron confluyendo con la CEDA en diversas y locales alianzas electorales de ámbito provincial en febrero de 1936. En ellas cabe encontrar mucha más voluntad inflexible de ruptura democrática violenta con el régimen republicano en todas sus variantes y posibilidades, una posición cristalizada mucho antes y con independencia de lo que habría de pasar en la campaña y jornada electoral y en los días y meses siguientes a la misma.

Baste recordar en este punto el relativo poco peso y presencia que se otorga en el libro a las manifestaciones decididamente antiliberales y antidemocráticas (por no decir claramente «fascistizadas») de personajes de primera fila de las derechas finalmente coaligadas en «una orquesta mal avenida» y que trataban de «conciliar lo inconciliable» (pp. 135 y 137). Por ejemplo, un conocido discurso de Calvo Sotelo el 24 de diciembre de 1935 es referenciado por su tronante descalificación del régimen: «Toda la República es Octubre [de 1934]». Pero cabría recordar que su argumento no era sólo una repulsa antirrevolucionaria (compartida, de hecho, en las filas de la izquierda republicana sin problema), sino una declaración propositiva reaccionaria con todas sus consecuencias: «Ya no se puede revisar la Constitución. Está cancelada […]. Hay pues que ir a otra Constitución. […] Glosa los conceptos de corporativismo, autoritarismo y totalitarismo para decir que el Bloque Nacional conquistará el Estado» (Abc, 24 de diciembre de 1935). En ese mismo discurso, el compañero de tribuna del líder monárquico, el tradicionalista Romualdo de Toledo, no fue menos radical y claro: «Días tristes para la Patria, cuando ésta parece resquebrajarse y hundirse por la masonería y el judaísmo». Añadiendo con tremendismo que la República era «el socialismo como fin, el laicismo en el alma y el separatismo como norte».

La oferta electoral derechista exhibió también un fuerte componente de voluntad de exclusión radical del adversario 

En igual sentido, pero ya en plena precampaña electoral, el libro refiere el famoso discurso golpista de Calvo Sotelo el 12 de enero de 1936 (invocando «la fuerza del Estado» y «al Ejército» para desalojar «los fermentos malsanos» que corrompían la Patria), mencionándolo como «importante escollo» que luego no lo fue tanto, aunque «el extremismo de líder monárquico» exasperara ocasionalmente a Gil–Robles (p. 140). En estas condiciones, la afirmación de que «no hubo en el plano estratégico o táctico ambivalencias en el discurso de la CEDA» (p. 224) es cuestionable, porque, como reconocen los autores, su propia convergencia electoral con monárquicos autoritarios y tradicionalistas antiliberales subrayó por contagio la faceta intolerante del discurso electoral antidemocrático y antirrepublicano. En otras palabras, no cabe duda de que la posición legalista y posibilista de la CEDA, su acatamiento «accidental» del régimen y su Constitución, quedó seriamente afectada por los otros discursos menos templados y ambiguos de sus aliados electorales, introduciendo un elemento de sospecha nada improcedente sobre las verdaderas intenciones y propósitos de las candidaturas derechistas.

Por eso mismo, la oferta electoral derechista, por encima del legalismo y la moderación que aprecian Álvarez Tardío y Villa García como elementos dominantes, exhibió también un fuerte componente de voluntad de exclusión radical del adversario que no sólo centraba su ira en los revolucionarios de octubre de 1934, sino también (y quizá sobre todo) en los demócratas de todo linaje y condición que parecían temer más a la reacción que a la revolución. En esa clave, la lucha electoral era una «gran batalla ciudadana» del «frente contrarrevolucionario» contra «la Revolución y sus cómplices» por «la ruina o la salvación de España» (El Debate, 3 de enero); era una verdadera «guerra de independencia» («De un lado, España; de otro, Rusia», según el diario madrileño La Época, 21 de enero); era una virtual «guerrilla» entre «las fuerzas de España, nobles, honradas, siempre dispuestas al sacrificio, y las fuerzas de la Anti-España, turbias, morbosas, intoxicadas» (Blanco y Negro, 26 de enero); era la batalla de «las dos ciudades enemigas de que habla San Agustín» (según el obispo de Teruel, el 1 de febrero); era la hora de barrer a «los enemigos de la Religión, la Patria, la Familia, la Propiedad y el Orden» (según Abc el 7 de febrero). Y ese fue un factor nada desdeñable para entender la fuerte reserva que la política de alianzas de la CEDA despertó en sectores centristas y republicanos moderados, que acabaría privándola de votos potencialmente «naturales» por contrarrevolucionarios (pero no reaccionarios) en un contexto polarizado como el de febrero de 1936. La misma reserva, agudizada y reforzada, que provocó tal conducta en las izquierdas en su pluralidad, aunque se equivocaran calamitosamente al confundir el autoritarismo monárquico y el corporativismo católico integrista con el fascismo stricto sensu.

En esencia, parece evidente que la perspectiva de los profesores Álvarez Tardío y Villa García es benévola hacia las razones, motivos y actuaciones de Gil-Robles a lo largo de todo el período analizado en este estudio, adoptando siempre la exégesis más comprensiva a la hora de enjuiciar sus políticas, giros y declaraciones (minusvalorando, en mi opinión, de paso el protagonismo creciente de otros líderes políticos claramente «fascistizados”). Es una posición bastante lógica y que tiene sus precedentes en la muy estimable biografía que el primero de los autores dedicó a ese personaje y vio la luz apenas hace un año (Gil-Robles. Un conservador en la República, Madrid, Gota a gota, 2016). Era éste un retrato lúcido y sólido que, sin embargo, como han anotado algunos reseñistas nada hostiles ni sectariamente izquierdistas, adolecía de algunas sombras que ahora me inclino a pensar que se reiteran en esta obra: «No hay casi un solo juicio rotundamente adverso»; «no fue liberal ni demócrata hasta los años sesenta»; «nunca reconoció la legitimidad del régimen republicano: a lo sumo lo consideró accidental y siempre se definió como monárquico»; y «de buscar un paralelo contemporáneo, lo encontraríamos en António de Oliveira Salazar» (reseña de Pedro Carlos González Cuevas para Revista de Libros).

La focalización del libro en esas figuras plenamente respetables (desde parámetros democráticos) de la CEDA (o en la versión más digna de las posibles del protagonismo de José María Gil-Robles en toda la obra), sin embargo, casa bastante mal con la reiterada concentración de su atención hacia los elementos más radicales de la coalición adversaria del Frente Popular. En este sentido, es notable que la contrapartida de esa actitud benévola hacia Gil-Robles y la CEDA sea la adopción de una mirada reiteradamente crítica hacia las figuras y motivaciones de Azaña y sus aliados republicanos de izquierda (por supuesto, igualmente, y con más razón, hacia socialistas y extremas izquierdas libertarias o comunistas). De este modo, si la convergencia electoral de Gil-Robles con aliados «inconciliables» es vista con simpatía, y hasta con admiración, por su cintura política (obviando demasiado sus fracasos y el coste general de la operación, a mi juicio), la voluntad de hacer lo propio de las izquierdas, con mayor éxito además, se carga en la cuenta de responsabilidades temerarias y suicidas de Azaña y de los restantes dirigentes republicanos de izquierda, Diego Martínez Barrio y Felipe Sánchez Román (aunque a éste le salva su renuncia a seguir en el pacto electoral tras el ingreso de los comunistas). Pero tal diferencia de criterio y juicio omite que ambas coaliciones estaban organizadas en torno a grandes partidos sólo «semileales» hacia el régimen, como apuntó certeramente Juan José Linz en su momento (La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza, 1987; edición original inglesa de 1978). Y esa característica de respeto sólo condicional («posibilista» y «pragmático») al sistema democrático constitucional es aplicable con igual propiedad tanto a la CEDA como al PSOE, aunque en ambos hubiera fermentos más o menos fuertes de compromiso democrático (socialdemócrata o cristianodemócrata) y que sólo se harían hegemónicos en ambos movimientos después de la experiencia traumática de la guerra, el totalitarismo y el racismo genocida que imperó en Europa entre 1939 y 1945. Antes de ese hito trágico, en España, como en gran parte de Europa en el período de entreguerras, el catolicismo político y el socialismo obrero veían en la democracia un medio para promover sus proyectos y no un fin admirable en sí mismo.

Otro elemento discernible en la perspectiva analítica de la obra comentada que resulta llamativo es la profunda reserva mostrada hacia el papel desempeñado por el presidente Alcalá-Zamora y su infortunado jefe de gobierno ocasional, Portela Valladares. Pero tal actitud plantea una cuestión muy importante, y que los autores de la obra dan por sentada, pero que no explican de manera suficiente: ¿por qué razón figuras inequívocamente democráticas, moderadas y centradas, como las de ambos presidentes, mantenían tanta prevención hacia la CEDA y sus objetivos últimos esenciales y no accidentales? Aún más: ¿por qué razón tal actitud preventiva era compartida por tantos otros líderes del republicanismo centrista, que secundaron su decisión de acudir a las urnas por separado en la medida de lo posible y sin confundirse con la amalgama electoral aglutinada por la CEDA? ¿Quizá porque tenía algún fundamento su temor a que «un Gobierno liderado por Gil-Robles destruiría la República», como ambos anotan en la página 23? ¿Quizá porque recordaban el empeño de Gil-Robles, después de octubre de 1934, de perseguir no sólo y legítimamente a los culpables de la revolución, sino también a los supuestos «cómplices» de la misma (personificados por Azaña), que carecían de responsabilidad alguna, pero que fueron objeto de una persecución tan virulenta como, a la postre, fallida y contraproducente?

Es posible que aquí residan algunas de las fallas argumentales más perceptibles de la obra en su dimensión de historia política. Después de todo, la negativa de Alcalá-Zamora a llamar a Gil-Robles a formar gobierno a mediados de diciembre de 1935, junto con la paralela decisión de encargar esa tarea a Portela Valladares, fue avalada por muchos grupos derechistas que habían formado parte de los gobiernos radical-cedistas: los liberal-demócratas, la Lliga, los agrarios y buena parte de los más veteranos dirigentes del Partido Radical en descomposición. Y si esa decisión es considerada gravemente irresponsable por los profesores Álvarez Tardío y Villa García, no menos gravemente irresponsable podría estimarse la decisión cedista de negar a ese gobierno interino el pan y la sal, hasta el punto de abocarlo a la convocatoria inmediata de elecciones antes de ser derribado en las Cortes sin alternativa viable y en contextos socioeconómicos bastante críticos. En todo caso, que las prevenciones del presidente de la República sobre la «táctica legalista» de la CEDA no eran delirios seniles ni procesos de intenciones absurdos y personalistas parece quedar probado por algo tan sencillo como su pequeño pero significativo atractivo electoral, incluso en un contexto de competencia polarizada como lo fue la consulta de febrero de 1936: las candidaturas ministeriales promovidas por Portela y Alcalá-Zamora sumaron nada menos que 324.276 votos (3,4%) y sus afines de las candidaturas de derecha republicana en solitario atrajeron otros 138.235 votos (1,4%).

En suma, casi medio millón de votantes de centro-derecha se negaron en 1936 a sumarse al «frente contrarrevolucionario» y su política de exclusión de «los cómplices» demócratas de las fuerzas revolucionarias (y también a sumarse al otro «frente popular», va de suyo). Cabe pensar que quizá lo hicieron así porque creían que la democracia no quedaría garantizada por el triunfo de ese frente heterogéneo, pero unido por un aire de familia innegablemente intransigente y filoautoritario. Y también cabe pensar que quizá lo hicieron porque no se fiaban de un partido «accidentalista» cuya ambigüedad sobre el futuro y la continuidad del sistema democrático (fuera republicano o coronado) ofrecía motivos reiterados para tal reserva. No en vano, es posible que apreciaran algo que los autores de esta obra no parecen admitir como posibilidad y que, sin embargo, un autor como Pedro Carlos González Cuevas ha dejado bastante claro desde perspectivas historiográficas muy poco izquierdistas: la táctica legalista y accidentalista de Gil-Robles fue un error estratégico, puesto que «careció de virtualidad, dado que no convenció a nadie», evitó la conversión de la CEDA en un pilar leal del régimen democrático republicano y no rompió la vinculación finalista «entre el proyecto cedista y el de Acción Española» (el monarquismo autoritario fascistizado). Sencillamente porque el gran partido del catolicismo político español de aquellos años era deudor de una grave carencia: «la ausencia de un catolicismo liberal» capaz de romper la alianza de trono y altar, y transitar hacia la sincera conversión democrática, como harían esas mismas fuerzas en países como Alemania, Italia y Francia desde finales del siglo XIX.

Cabe pensar muy legítimamente, en definitiva, que quizá la organización de Gil-Robles no fuera en 1936 el partido de centro-derecha lealmente demócrata y sinceramente constitucionalista que parece ser en esta obra (y que personifica Manuel Giménez Fernández). Quizá era, como desde su origen, otra cosa más compleja en su calidad de «conglomerado mal articulado de grupos y tendencias dispares: conservadores autoritarios, neotradicionalistas, democristianos» sólo integrado por la fuerza y carisma de su principal y ambiguo dirigente:

La ideología de la CEDA fue una síntesis de tradicionalismo cultural, social-catolicismo y conservadurismo autoritario. Su líder, José María Gil-Robles, hijo de Enrique Gil y Robles, fue un claro defensor del tradicionalismo corporativo, más influido por la perspectiva de su progenitor. Su órgano doctrinal, la Revista de Estudios Hispánicos, dirigida por el marqués de Lozoya, y colocada bajo el patrocinio intelectual de Menéndez Pelayo, Antonio Sardinha, Milá y Fontanals y Luis de Camões, fue, salvo en el tema de las formas de gobierno, un plagio consciente de Acción Española, y en sus páginas se propugnó un Estado autoritario, corporativo y confesional, cuyo modelo más próximo fue el Portugal salazarista («Las tradiciones ideológicas de la extrema derecha española», Hispania, vol. LXI/1, núm. 207 (2001), p. 129).

Procede abordar en este apartado, finalmente, una cuestión de orden eminentemente historiológico que suscita el trabajo de investigación de los profesores Álvarez Tardío y Villa García, y que forma parte del debate sobre el ser o no ser de la disciplina de la Historia casi desde sus inicios y hasta la más presente actualidad. Se trata del grado de validez explicativa que cabe atribuir a la perspectiva analítica que inspira la obra y su despliegue narrativo: abordar el estudio de la dinámica política de aquel tiempo y espacio concentrándose sólo (o eso parece y quiere afirmarse) en los términos (actores políticos stricto sensu), relaciones (vínculos y codeterminaciones establecidos entre ellos) y operaciones (contextos cristalizados y resultados circunstanciales derivados por ese juego de fuerzas plurales siempre sujeto a evolución). Dicho en otras palabras, han escrito un legítimo estudio de «historia política» entendida como dimensión autónoma dentro de la dinámica existencial de una sociedad humana: «Hemos pretendido mejorar el conocimiento de la vida política republicana a través de un episodio transcendental» (p. 517).

El problema de esa perspectiva es que quizá, por su propia focalización en el ámbito político de manera exclusiva, omite la consideración (al menos suficiente, en opinión de este comentarista) de otras variables no directamente políticas que, sin embargo, afectan, influyen e, incluso, conforman ese mismo ámbito y dimensión de la vida societaria humana. Es una vieja discusión de filosofía de la historia que se originó ya en el mismo momento de constitución de la disciplina en la época clásica grecorromana y que se mantiene en el día de hoy sin apenas variaciones notables en las posiciones. Y merece la pena recordar sus contornos porque ese debate está implícito e informa el alma del trabajo aquí comentado, y su consideración permite resituar parte de sus grandes logros y posibles carencias en un plano general historiográfico que transciende con mucho la historia española del período republicano, naturalmente.

Dicho de manera muy sumaria y sucinta: a mi juicio, el estudio realizado sobre las elecciones de febrero de 1936 peca de omisión de referencias suficientes al contexto socioeconómico y cultural envolvente y, por ello mismo, acrecienta y sustantiva en exceso el carácter autodefinitorio del juego político analizado. Esa operación intelectual de sobredeterminación de la vida política como esfera autónoma con sus propias lógicas y referentes contradice de manera clara otra alternativa de lectura de la dimensión política existente. A saber: aquella que entiende las sociedades humanas históricamente registradas como sistemas dinámicos y complejos cuyos términos básicos son los individuos operativos que mantienen entre sí relaciones de naturaleza intersubjetiva (incluyendo la constitución de grupos o clases de orden diverso) y que operan y actúan en ese marco social colectivo y plural sujeto a evolución. Tales sociedades humanas están conformadas al menos por cuatro dimensiones relacionales y operatorias diferentes pero conexas, codeterminadas e interdependientes: biológicas (relaciones y operaciones de filiación y parentesco), económicas (de producción material vitales para la subsistencia), políticas (de coordinación, dominación y poder imprescindibles para la vida en sociedad) y culturales (de comunicación derivadas del carácter plural de todo grupo humano). Por ello mismo, la tentativa de explicación del devenir de una sociedad, con independencia de su foco de atención primario, no puede dejar de atender a la plausible existencia de una conexión significativa entre los diferentes planos fenoménicos de esa misma sociedad que permita entender mejor la evolución de cada uno de ellos y de su conjunto global.

Jornada electoral de 1936

Jornada electoral de 1936

Suele suponerse en algunos medios y foros que esta perspectiva analítico- interpretativa de la historia de las sociedades humanas es fruto de la obra de Karl Marx y está por ello «contaminada» irremediablemente de su filosofía materialista y dialéctica y sus restantes postulados filosóficos e ideológicos. Es decir: el supuesto de que la vida política está influida, codeterminada, implantada o afectada por circunstancias socioeconómicas y socioculturales implica ser «marxista» (con todo lo que ello supone por connotación: el marxismo como doctrina oficial de la Unión Soviética o la República Popular China, por ejemplo). Pero es una burda equivocación intelectual y conceptual, con independencia de que Marx fuera quizás el más tenaz cultivador de esta tradición historiológica en la segunda mitad del siglo XIX. En realidad, como trataremos de sugerir, la cristalización de ese postulado interpretativo, de esta verdadera premisa hermenéutica, se produjo en la Grecia del siglo V antes de nuestra era, justo a la par que se configuraba la disciplina de la Historia de la mano de Heródoto y al mismo tiempo que florecían (y no es baladí) la reflexión filosófica socrático-platónica, la fórmula política de la polis democrática, la impactante innovación de la escritura alfabética y la correlativa expansión de la economía mercantil y monetaria por el mundo helénico y mediterráneo.

Lisias de Atenas, el gran retórico y jurista que vivió probablemente entre los años 440 y 380 a. C., fue uno de los primeros y más precisos formuladores de esta tesis interpretativa, hasta el punto de que podríamos denominarla «el principio de Lisias» con plena propiedad (su traductor español, José Luis Calvo, lo llama «declaración de realismo político»: Discursos, Madrid, Gredos, 1995). Es evidente que llegó a formular su hipótesis del «carácter instrumental de la política» (juicio de Claude Mosse en Moses I. Finley, El nacimiento de la política, trad. de Teresa Sempere, Barcelona, Crítica, 2016, p. 141; edición original inlgesa de 1983) como resultado de su propia y traumática experiencia vital y familiar, producto de las luchas sociopolíticas que azotaron al Ática durante su ciclo biográfico: primero, esplendor de la democracia con Pericles; luego, guerras agotadoras contra Esparta; más tarde, derrota militar y derrocamiento de la democracia por la oligarquía; a continuación, restauración de la democracia y nueva guerra desastrosa contra Esparta; finalmente, declive ateniense y primera expansión del poder de Macedonia.

El «principio de Lisias» fue expuesto por este orador en un famoso discurso y alegato expuesto ante el tribunal superior ateniense que juzgaba a los ciudadanos que habían flaqueado en su amor por la democracia ante las derrotas militares o incluso habían apoyado el establecimiento de la efímera oligarquía de los «Treinta Tiranos» durante la crisis de 411. Con el fin de explicar esos cambios de juicio y valoración de los regímenes entre la ciudadanía ateniense, Lisias solicitó a los jueces que tuvieran en cuenta una crucial consideración:

Os voy a tratar de explicar a qué ciudadanos toca en mi opinión el apetecer la oligarquía y a qué otros la democracia. Con ello tendréis un criterio para emitir un juicio, y yo me haré la defensa poniendo en evidencia que, ni por mi conducta en la democracia, ni por mi conducta en la oligarquía, me cuadra en absoluto el tener sentimientos hostiles a vuestro pueblo. En primer lugar, ciertamente, hay que fijarse en el hecho de que ningún hombre es por naturaleza oligárquico o democrático, sino que desea que se establezca el tipo de constitución favorable a sus conveniencias. […] Así que no es difícil darse cuenta, ¡oh, jueces!, de que no versan sobre la forma de gobierno las diferencias mutuas entre los hombres, sino sobre las conveniencias personales de cada uno. Por consiguiente, es desde ese punto de vista como conviene que hagáis el examen de los ciudadanos, observando cómo fue su conducta cívica en la democracia e indagando si les reportó algún beneficio la caída del régimen. Porque ésta sería la manera de que pudierais emitir sobre ellos el juicio más justo. Ahora bien, en mi opinión, era a cuantos estaban desposeídos de derechos cívicos durante la democracia, o a cuantos habían sido condenados en la rendición de cuentas, o privados de sus bienes o sufrían cualquier otra desgracia de esta índole, a quienes cuadraba desear otro régimen político, en la esperanza de que el cambio les reportase alguna ventaja.

La apelación de Lisias a mirar «las conveniencias» (entendidas como interés material, sí, pero también expectativas de futuro, temores inmediatos, juicios sobre la mejor alternativa…) como «criterio» para entender las conductas y actitudes políticas, incluso como «fundamento» deseable para la solidez de los regímenes y Estados, no pasó inadvertida en la literatura posterior. Al igual que su fondo de «sentido común» no había pasado inadvertido a los propios hombres y gobernantes previos, naturalmente. No en vano, como nos recordaba Samuel Noah Krammer en La historia empieza en Sumer. 39 primeros testimonios de la historia escrita (trad. de Jaime Elías Cornet y Jorge Braga Riera,Madrid, Alianza, 2009; edición original inglesa de 1956), una de las primeras tablillas que registran la actividad política del rey Urukagina de Lagash, en la primera mitad del tercer milenio a. C., señala cómo se restableció la «paz social» en su reino mediante una sencilla «rebaja de impuestos» que alivió la carga de agricultores, ganaderos, barqueros, pescadores, mercaderes y artesanos y así «instauró la libertad» de sus súbditos y recuperó su apoyo y lealtad en el conflicto con la vecina ciudad-Estado de Umma.

Es difícil no ver cómo opera el «principio de Lisias» en muchos otros analistas y protagonistas de la vida sociopolítica posterior, a medida que nos acercamos a la época contemporánea y después de la cumbre que supuso la reflexión de Maquiavelo en su opúsculo El Príncipe (1531). Es costumbre al respecto mencionar al aristócrata inglés James Harrington, autor de The Commowealth of Oceana (1656), que se atrevió a ofrecer una interpretación de la convulsa guerra civil que vivió en primera persona como tibio partidario de la causa de Carlos I. En ella subrayaba la determinante conexión entre violencia armada y propiedad de la tierra que había enfrentado a las viejas fuerzas partidarias del rey con las nuevas fuerzas que apoyaban al Parlamento: el conflicto habría sido resultado de la ruptura de los equilibrios entre las formas de poder político y la estructura social derivada de la distribución de la propiedad de la tierra (alta nobleza terrateniente en declive partidaria del poder real absoluto versus pequeña nobleza y propietarios agrarios en auge partidarios de la primacía parlamentaria).

Atender a esa conexión de planos no reduce la guerra civil inglesa a una cruda lucha por la propiedad de la tierra, desde luego. Pero, como bien entendió la sociedad inglesa desde entonces, permite comprender la vinculación que existe en cambiantes o invariables preferencias políticas, naturaleza de las fuentes de la renta y riqueza de los grupos y concepciones, ideas y valores abrigados, readaptados o repudiados. Para el siglo XVIII, esa conexión era tan clara que una gran parte de la historiografía británica posterior (siguiendo a Sir Lewis Namier) consideró abusivamente que «las ideas y los principios de los políticos dieciochescos eran meras racionalizaciones de ambiciones egoístas y motivos de base material» (H.T. Dickinson, Liberty and Property. Political Ideology in Eighteenth-Century Britain, Londres, Methuen, 1979, p. 2). Y si eso era así para los grupos sociales rectores y pudientes, tampoco es de extrañar que los grupos sociales más humildes y desfavorecidos atendieran a ver esa conexión de planos bajo la fórmula sencilla y simple de un aforismo popular: «A hungry man is an angry man» («Un hombre hambriento es un hombre descontento»). Y su corolario implícito: la paz pública exige un mínimo de tranquilidad social que puede quebrarse por el hambre o azotes similares, por la conciencia de graves diferencias de posibilidades para superar el hambre y esos azotes, y por la convicción de que las instituciones y sus gobernantes no aciertan a dar con fórmulas eficaces para afrontar esos males y reducir su impacto.

Este repaso sumario a la pervivencia del «principio de Lisias» no podría dejar de aludir al político revolucionario e historiador Antoine Barnave, que publicó póstumamente suIntroducción a la Revolución Francesa en 1843. Un conocido párrafo de la obra (en el que, además, se identifica significativamente a las clases burguesas con el «pueblo») es muy elocuente al respecto:

Desde que las artes y el comercio consiguen penetrar en el pueblo y crean un nuevo medio de riqueza en provecho de las clases laboriosas, se prepara una revolución en las leyes políticas; una nueva distribución de la riqueza prepara una nueva distribución del poder. Al igual que la posesión de las tierras ha elevado a la aristocracia, la propiedad industrial eleva el poder del pueblo; adquiere su libertad, se multiplica y comienza a influir en los negocios públicos.

Recapitulemos. Mucho antes de Marx, el análisis de la vida política de una sociedad no había perdido de vista que sus fundamentos económicos y sus manifestaciones culturales eran factores codeterminantes y recíprocamente vinculados de la dinámica evolutiva general de una sociedad. Y, entre los más recientes e influyentes defensores de esta perspectiva interpretativa holística, cabría mencionar al filósofo y antropólogo británico Ernest Gellner (conocido por sus estudios sobre el nacionalismo como fenómeno histórico-cultural desde una perspectiva global). Y también al historiador francés Gérard Noiriel (famoso por su propuesta de fundación de una «sociohistoria» que borrara los lindes entre una y otra disciplina). Incluso cabría referirse, por último, al sociólogo holandés Abram de Swaan y su aclamado manual titulado Human Societies (Londres, Polity Press, 2001).

En el caso de Gellner (El arado, la espada y el libro. La estructura de la historia humana, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1992), su consideración de la «sociedad» como agrupación obligada de individuos y grupos humanos era solidaria de su concepción de la misma como unidad de tres esferas de acción y representación ineludibles y conexas en algún formato y proporción: el ámbito de la producción de la vida material (esa vida económica cuyo símbolo es el arado); el ámbito de la gestión del poder público (esa vida política encarnada en la espada); y el ámbito de la comunicación interpersonal (esa vida cultural que tiene su expresión en el libro). En el caso de Noiriel (Introducción a la sociohistoria, trad. de Alcira Bixio, Madrid, Siglo XXI, 2011), el «vínculo social» que une, conforma e identifica a los individuos y a los grupos sociales también se descompone analíticamente (sin ruptura de su unidad sintética real) en tres grandes dimensiones de acción y pensamiento recíprocamente afectados: otra vez la producción de las condiciones de existencia material (y el disfrute diferencial de las «riquezas»); la gestión de la vida pública (y el uso, abuso o negación de las prácticas del «poder»); y la cultura compartida y colectiva (y los consecuentes «honores» sentidos, promovidos o anulados).

La crisis económica agudizada entre 1935 y 1936, por sus efectos sociales y culturales, alentaba la polarización recíprocamente excluyente

Terminado este largo excurso proemial, por el que me excuso sinceramente, cabe ahora concretar en qué medida, a mi juicio, el trabajo de los profesores Álvarez Tardío y Villa García adolece de exceso de focalización política y carece de suficiente atención a otras dimensiones históricas que configuran la dinámica de la vida política.

Para empezar, entiendo que no subraya suficientemente el alto grado de incertidumbre y crisis económica que condicionaba la situación política de la España de 1936. Apenas hay en el libro, en su primer capítulo de contextualización de los años 1933-1935 («El camino al 16 de febrero»), referencia alguna a esa realidad socioeconómica. Y, sin embargo, los últimos estudios disponibles ofrecen una panorámica de la misma que es bastante más oscura, pesimista y dramática de lo que habitualmente se pensaba. Una circunstancia que permitía pensar que la agudización de la polarización política era en gran medida producto autorreferencial de la propia actividad política (de «partidismos extremos» que eran «ajenos a todo realismo», por ejemplo). Pero cabe dudar de que fuera sólo ese el motivo de la creciente polarización de la sociedad española en torno a alternativas de futuro casi dilemáticas, sobre todo si atendemos al último gran análisis de la coyuntura económica de finales de 1935 y principios de 1936, obra de José Ángel Sánchez Asiaín (La financiación de la guerra civil, Madrid, Alianza, 2012). A tenor del mismo, entre finales de 1935 y los primeros meses de 1936, el agravamiento de la situación económica española fue verdaderamente dramático y agudo:

De la coyuntura económica de la primera mitad de los años treinta se ha escrito bastante, pero en este caso es necesario prestar especial atención a la situación del período anterior al conflicto, uno de los menos conocidos de la época. Porque no existen dudas de que fue la dificilísima situación económica previa a la guerra civil lo que aceleró los preparativos del «levantamiento» del 18 de julio. Y fue así porque a partir de principios de 1936 el paro empezó a generalizarse progresivamente, alcanzando cotas hasta entonces desconocidas. Por otra parte, y de acuerdo con los índices de actividad industrial, en el primer semestre de 1936 era ya evidente la situación depresiva de la economía española. De diciembre de 1935 a abril de 1936, la actividad de los ferrocarriles disminuyó un 21% y el movimiento marítimo cayó un 27%. La caída del descuento del papel comercial era un hecho. Los valores bursátiles estaban bajando considerablemente. Desde el punto de vista de las relaciones económicas con el exterior, la coyuntura a lo largo de los meses de paz de 1936 se definía como de «tácita suspensión de pagos de España en los mercados internacionales». […] En febrero de 1936, la cifra de parados se situaba en 843.972 trabajadores, casi un 10% de la población activa, destacando el desempleo en las industrias agrícolas y ganaderas, que representaban dos tercios del total. […] El índice de la producción industrial pasó de 86,9 en 1935 a 76,9 en marzo de 1936 (base 1929 = 100). […] La producción de acero descendió fuertemente, de un millón de toneladas en 1929 a 580.000 en 1935.

El panorama evocado es aterrador y permite comprender algo más esa base social de los potentes movimientos políticos (electorales o de otro tipo) que dieron su tono y estilo a esos meses finales de 1935 e iniciales de 1936. Porque, por una parte, permite entender algo más el proceso de enajenamiento de las clases campesinas jornaleras y obreras industriales respecto del ideal democrático-constitucional que había iniciado su periplo en 1931 con la promesa de mejorar su situación y aliviar sus patentes penurias. No en vano, entre 1931 y 1933, la incapacidad de los gobiernos republicano-socialistas para atajar el impacto de la Gran Depresión había provocado dos fenómenos concurrentes.

Por un lado, la creciente pérdida de apoyo de unas clases obreras y jornaleras defraudadas por su gestión, que veían empeorar significativamente sus condiciones de vida y trabajo por la crisis y el desempleo, y que estaban más abiertas a atender los mensajes salvíficos radicales del anarquismo, el comunismo o la izquierda socialista largocaballerista. Un proceso que los diplomáticos británicos destinados en España habían acertado a ver con perspicacia ya en 1932:

Es cierto que la situación económica y financiera del país, debido no sólo a conflictos internos, sino también a la crisis mundial, ha creado un gran paro y extrema pobreza en las ciudades y los campos. El descontento generado hace que la gestión administrativa sea más difícil de lo que hubiera sido el caso en otra circunstancia. Además, este proceso socava el inicial entusiasmo pro-republicano, especialmente entre los trabajadores, a quienes los agitadores constantemente les dicen que la revolución republicana ha sido secuestrada por burgueses egoístas y que es necesario hacer otra nueva. […] Muchos obreros y campesinos en muchas partes del país apenas tienen algo que llevarse a la boca para comer. De ahí muchos problemas.

Por otro lado, la progresiva desafección de amplios sectores propietarios urbanos y, sobre todo, rurales, que acabaron confluyendo en la apuesta por alternativas políticas enfrentadas a las propuestas republicano-socialistas en mayor o menor grado de visceralidad y denuncia. Francisco Cobo Romero ha explicado el proceso, en un marco contextual continental, con precisión notable:

[…] durante el primer bienio republicano, buena parte de los pequeños arrendatarios, propietarios y aparceros agrícolas [bascularon] hacia posiciones político-ideológicas antirrepublicanas, o por lo menos antidemocráticas. Sintiéndose profundamente molestos con el giro que adoptaban los enfrentamientos en el ámbito de las relaciones laborales, cuando no abiertamente contrarios a un régimen político que amparaba una legislación laboral y unas autoridades municipales que les perjudicaban. Muchos de ellos experimentaron un deslizamiento electoral derechista y antidemocrático, que se prolongó hasta la antesala del conflicto civil de 1936, como prueba el caso de la provincia de Jaén. Esta deriva política del campesinado intermedio se expresó mediante el respaldo electoral a la derecha católica y corporativista, e incluso a las propuestas crecientemente rupturistas y antidemocráticas de las organizaciones patronales agrarias y los partidos derechistas en proceso de abierta «fascistización» […]. Se produjo, al menos desde 1933, y como consecuencia de la intensa oleada huelguística precedente y el reforzamiento de la capacidad reivindicativa de los jornaleros, un realineamiento de las alianzas políticas en la mayor parte de las comarcas rurales. Los reagrupamientos sociales y políticos resultantes del viraje de fracciones del campesinado más modesto vinculadas a la explotación directa de la tierra se tradujeron en una reorientación del voto. Especialmente en las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y buena parte de la de Córdoba, y muy probablemente allí donde existiese un alto porcentaje de pequeños propietarios y arrendatarios rústicos, las izquierdas –particularmente el PSOE– comenzaron a tener serias dificultades a partir de las elecciones generales de 1933 («Labradores y granjeros ante las urnas. El comportamiento político del pequeño campesinado en la Europa occidental de entreguerras. Una visión comparada», Historia Agraria, núm. 38 (2006), pp. 63-64).

La presencia de estas fuertes tensiones y fracturas de origen económico en el cuerpo social de la España de 1935-1936 no debe ser obliterada porque, entre otras cosas, fueron ellas las que nutrieron, hicieron crecer y dieron pábulo a la difusión de las concepciones socioculturales que alentaban los discursos y las prácticas políticas más radicales, más excluyentes y menos contemporizadoras con el statu quo constitucional, democrático y civilista existente, pero poco consolidado. A un lado y a otro del espectro político, además, y casi con igual intensidad, en un círculo vicioso retroalimentado de difícil pero no imposible resolución si hubiera habido los instrumentos precisos (humanos y materiales). Sólo si se atiende a estos procesos subyacentes (metafóricamente) que sirven de telón de fondo (más metáforas iluminadoras) al contexto político y electoral, cabe entender varias cosas que los protagonistas de la época apreciaron y detectaron con bastante precisión. Y que, en mi opinión, los autores de esta obra no siempre ponderan en su debida medida y proporción.

Primero: que la crisis económica agudizada entre 1935 y 1936, por sus efectos sociales (paro y desempleo, cierre de empresas e incertidumbre) y culturales (pérdida de validez de viejos principios y de respeto a jerarquías clásicas), alentaba la polarización recíprocamente excluyente y reducía las bases humanas y geográficas de consolidación del sistema democrático y de preservación de la paz pública. La viva sorpresa de las izquierdas ante la victoria electoral de las derechas en noviembre de 1933 era lógica consecuencia de su incapacidad para ver el grado de desafección creado entre esos sectores obrero-jornaleros y de pequeños propietarios y de su compartido hartazgo ante el fracaso del primer bienio para revertir la crisis o paliar sus efectos sobre sus intereses materiales. De igual modo, la sorpresa de las derechas ante la potente movilización electoral de las izquierdas y su victoria final en febrero de 1936 (dejando muy aparte la incidencia del fraude registrado) parece ser un caso de similar miopía respecto al grado de repudio de sus prácticas políticas durante el bienio 1933-1935 por parte de amplios sectores sociales urbanos y agrarios humildes y agraviados por la falta de solución a esa misma crisis galopante y no contenida. Es significativo, al respecto, que el propio José Larraz, entonces presidente del Consejo de Administración de Editorial Católica (dueña de El Debate, el diario de la CEDA) y posterior ministro de Hacienda de Franco, reconociera en sus fecundas memorias el impacto de la crisis agraria sobre la credibilidad electoral de la CEDA en esa coyuntura: «los informadores políticos no valoraban exactamente el quebranto que el problema triguero había inferido a las derechas» (Memorias, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2006, p. 107).

Segundo: que esa misma circunstancia de conflictos sociales agravados y quiebras de expectativas contradictorias estaba en la raíz de las serias dificultades de estabilización del sistema político e institucional, en la medida en que parecía que la democracia, ya fuera gobernada por unos o por otros, carecía de la potencia, energía y voluntad para resolver los problemas de manera urgente y decisiva. La creciente expansión durante el quinquenio, especialmente entre 1934 y 1936, de la «ideología de la violencia» como solución salvífica, fue un resultado casi inevitable de esos fracasos institucionales, justo como estaba pasando en gran parte del continente europeo y por las mismas razones de fondo de orden histórico (depresión económica, crisis de representación política y radicalización cultural-ideológica). Por eso mismo, el aumento de la tensión en la calle (evidenciada en la «violencia política» bajo el formato de muertos y heridos en distintos choques), la expansión de las «políticas de exclusión» del contrario, el uso de la intimidación como fórmula de lucha social y la expansión de los discursos radicalizados y maniqueos, no fueron patrimonio de un solo bando, ni en España ni en Europa. Y tampoco fueron una especie de autogeneración de la vida política hispana, especialmente tremebunda o fanatizada. Y menos aún fueron procesos registrados únicamente entre las izquierdas de manera principal y proactiva, y sin apreciable peso en las derechas, donde acaso fueran sólo marginales y reactivos. Es significativo, al respecto, esta cita recogida por los autores de la obra sobre las declaraciones del dirigente anarcosindicalista Francisco Ascaso en un mitin celebrado en Barcelona, acogidas con «frenéticos aplausos», por los asistentes: «Calvo Sotelo ha dicho recientemente que […] ellos destruirían el Parlamento, lo arrasarían todo. Nosotros no aceptamos la acción parlamentaria y […] también lo destruiremos y lo arrasaremos todo» (p. 252). Viejo corolario lógico que cabe retener de todo esto: Contraria sunt circa eadem.

2. Contexto de convocatoria, campaña y jornada electoral

El estudio de los profesores Álvarez Tardío y Villa García analiza con mucha precisión tanto el contexto «político» (no otros, por las razones ya expuestas) que dio origen a la convocatoria electoral impresa en la Gaceta el 8 de enero de 1936, como la larga campaña electoral que llevó a la jornada de votaciones del 16 de febrero de ese mismo año (incluyendo la segunda vuelta realizada el 1 de marzo en cinco circunscripciones). También describe con minuciosidad las características del sistema electoral que estaba vigente desde 1931 y su notorio efecto hipermayoritario, que forzaba la formación de coaliciones amplias para maximizar sus posibilidades y, además, otorgaba una prima de representación a ciertas grandes ciudades y circunscripciones provinciales más pobladas: «las provincias con muchos escaños –concentradas en el centro-sur, el litoral mediterráneo, Galicia y Asturias− […] justo allí donde la victoria estaba más sobrevalorada en cuanto a número de diputados» (p. 49). Y, finalmente, también subraya un último efecto de dicho sistema de no poca importancia para la estabilidad del régimen democrático: el sistema electoral potenciaba la hiperrepresentación de los ganadores y la infrarrepresentación de los perdedores, y ese reparto desproporcionado de escaños generaba «la consecuencia perversa de crear la ilusión de que los vencedores recibían un mandato aplastante a favor de su programa» (p. 51).

La elaboración de las candidaturas de derechas se convirtió en «una orquesta mal avenida», en gran medida porque Gil-Robles descartó formar un pacto nacional similar al del Frente Popular 

En esas circunstancias, el estudio señala sin ambages el éxito crucial que supuso la conformación de la coalición electoral del Frente Popular, a pesar de las complejidades de las negociaciones para sumar en una misma lista y en torno a un mismo programa a republicanos centristas (la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que aglutinaba a muchos viejos radicales lerrouxistas), republicanos de izquierda (agrupados en la Izquierda Republicana de Azaña), el movimiento socialista (pese a la división que fracturaba al PSOE con dirección prietista y a la UGT con dirección largocaballerista) y otros partidos menores de la izquierda obrera (como el Partido Comunista). Aunque las divisiones en su seno fueran hondas y estratégicas, es indudable que Azaña «logró encauzar en una coalición unida y cohesionada al centro-izquierda republicano y a la izquierda obrera» (p. 53), aunque eso implicara (o exigiera) ser «comprensivos hacia la insurrección» [de octubre de 1934] y tolerar los discursos autónomos más radicales del largocaballerismo o los comunistas. Al fin y al cabo, el pacto finalmente sellado el 16 de enero reflejaba «el plan político que el centro-izquierda llevaría a cabo desde el gobierno a cambio de la coalición electoral» y garantizaba una considerable mayoría de potenciales escaños a los republicanos de centro-izquierda sobre sus aliados obreros: «de las 347 candidaturas que presentó el Frente Popular, 192 fueron para las diferentes formaciones republicanas y 155 para las obreras. El porcentaje final fue de un 55,3% frente a un 44,7%» (p. 116).

Por el contrario, la elaboración de las candidaturas de derechas se convirtió en «una orquesta mal avenida», en gran medida porque Gil-Robles descartó formar un pacto nacional similar al del Frente Popular por razones derivadas de su ambigüedad estratégica: no habría forma de sumar en una lista única y en torno a un programa único a Calvo Sotelo y los tradicionalistas con Lerroux y los republicanos liberal-conservadores. Por eso optó por conseguir alianzas «a varias bandas» para crear un frente «contrarrevolucionario» que fuera la suma de «uniones circunstanciales en las distintas provincias, con arreglo a las características que cada una de ellas tenga» (pp. 139 y 146). El resultado fue la formación de muy diversas candidaturas (a veces la CEDA en solitario, a veces con aliados republicanos radicales, a veces con monárquicos y tradicionalistas), pero la ausencia, por mera imposibilidad material, de un pacto programático de gobierno poselectoral.

Si esa heterogeneidad de candidaturas y la falta de programa pactado no eran precisamente buenos augurios, también era inquietante la existencia de «la operación centro» auspiciada por el presidente Alcalá-Zamora y dirigida por Portela Valladares, que pensaba fomentar sus posibilidades mediante el conocido recurso del «uso partidista de la Administración» (p. 161). Las previsibles competencias entre ambas candidaturas «rompieron el bloque de centro-derecha» irreversiblemente, si bien al final hubo cierto entendimiento práctico favorable a la CEDA, con la retirada de muchas candidaturas ministeriales o el reacomodo de algunos de sus miembros en la candidatura cedista, por una razón básica: «En puridad, aunque no fuese un proyecto fantasma, por cuanto no carecía de organizaciones arraigadas en algunas provincias, estas fuerzas (centristas) tenían poco que oponer a las dos grandes coaliciones» (p. 175).

Con todo, las dudosas maniobras del gobierno de Portela para forzar sus bazas electorales hicieron surgir muchas dudas y temores sobre la limpieza del proceso que asustaron tanto a las derechas como a las izquierdas. En particular, una semana antes de las elecciones, Azaña tuvo que advertir en público de que el «intento de centro» de Portela iba a consistir en «adulterar el sufragio, en sobornarlo, en corromperlo, en imponerle la fuerza pública, en falsificar actas, en obtenerlas en blanco a través de los gobernadores» (p. 179). El campo estaba minado para esas sospechas que habrían de tener su impacto posterior en el proceso de recuento de sufragios, aunque ya no fuera el Gobierno de Portela el responsable único o mayoritario de esas maniobras, como habrá de verse.

La mayor novedad que cabe apreciar en el estudio sobre la campaña electoral no consiste en la ratificación de que fue «larga e intensa» y con caracteres existenciales en la confrontación de los dos grandes bloques (como revelan las citas ya enunciadas en el primer apartado de este comentario). Por el contrario, radica en la atención dedicada a los «episodios violentos directamente relacionados con la competición partidista», que lleva a sus autores a titular el epígrafe correspondiente «Una campaña, ¿violenta?» (p. 254). Y el interrogante que aquí se incluye (y que falta en el título general, lamentablemente) se responde con la pertinente argumentación, que ofrece los matices suficientes para atenuar las expectativas creadas y concluir:

La violencia política tuvo una significativa presencia en la campaña electoral de 1936. Y si no fue mayor se debió, seguramente, a las medidas preventivas del Gobierno. No cabe, desde luego, exagerar la importancia de esa violencia, ya que cientos de actos electorales se repitieron por todo el país sin que hubiera incidentes. Los candidatos pudieron, en general, dirigirse a los electores sin disturbios, aunque a veces tuvieron que soportar abucheos y amenazas verbales, como le pasó a Gil-Robles en Lugo o a Caballero en Carcagente. […] Por lo demás, la violencia electoral estorbó, pero no impidió la competición democrática (pp. 271- 272).

Desde luego que hubo violencia, puesto que en apenas un mes y medio (desde la disolución de Cortes hasta la jornada electoral), pudieron registrarse un total de cuarenta y una víctimas mortales y ochenta heridos atribuibles a distintos episodios de «violencia política»: reyertas callejeras entre grupos de ideologías rivales (once muertos y veintinueve heridos); choques de grupos con fuerzas de orden público (trece muertos y cuatro heridos); agresiones con armas diversas (tres muertos y treinta y cuatro heridos); etc. (pp. 255-256). Y de los ochenta y seis casos conocidos de muertos y heridos, al menos cuarenta y tres víctimas pertenecían a partidos de izquierdas (mayormente socialistas y comunistas), treinta y seis a las derechas (cedistas y falangistas) y siete a las fuerzas de orden público (pp. 258-259).

Ese volumen de víctimas de violencia política es, sin duda, preocupante y anormal en una democracia veterana y consolidada (lo que tampoco era la Segunda República). Pero hay dos elementos en consideración que permiten avalar el juicio de ambos autores en el sentido de que fue una violencia «elevada, pero no generalizada» y que «estorbó, pero no impidió, la competición democrática».

Primero: que la violencia política fue un fenómeno lamentablemente permanente durante el quinquenio republicano en dosis de «media intensidad», con focos multipolares (a juicio de Fernando del Rey Reguillo, por no mencionar a Eduardo González Calleja o Rafael Cruz) y de manera no tan diferente a lo que sucedía en el resto de las jóvenes democracias europeas de entonces (la República de Weimar en Alemania es el caso más conocido). De hecho, en la campaña electoral de noviembre de 1933, bien estudiada por Roberto Villa García y considerada casi como modélica en su calidad de expresión genuina de la voluntad del electorado, hubo «más de trescientos» episodios violentos que tuvieron como resultado «veintisiete muertos y cincuenta y ocho heridos» nada menos en apenas un mes y una semana de duración de la campaña (p. 255).

Segundo: que esa violencia no se desplegó «en todas partes», sino que ofreció unos perfiles geográficos peculiares y significativos (p. 262). Estuvo bastante ausente de zonas de alta conflictividad tradicional (Zaragoza, Barcelona, Valencia, Asturias o Extremadura) y tuvo más impacto en tres áreas («Madrid, Galicia y buena parte de Andalucía») donde la campaña presentó características especiales: «bien una lucha triangular (Galicia), bien la fuerte actividad de los grupos proclives a actitudes extremas, como comunistas y falangistas (Málaga, Sevilla o Madrid), o bien un peso mayor que en otras zonas de los conflictos laborales teñidos de importantes connotaciones políticas (Madrid)» (p. 264).

En estas condiciones, como indican los autores de la obra comentada, la jornada electoral del día 16 de febrero de 1936 transcurrió sin incidentes graves que alteraran decisivamente su desarrollo: «Las medidas adoptadas por las autoridades permitieron que la constitución de las mesas y la movilización de los millones de electores se hiciera con normalidad», no pudiendo decirse «que la violencia primara» (pp. 280 y 284). De hecho, en una rara muestra de unanimidad, «al cierre de los colegios, los dirigentes de los diversos partidos reconocieron que, en general, la votación se había celebrado correctamente» (p. 359). En resolución, como concluyen en el epílogo del libro, «las elecciones fueron, al menos hasta la jornada de las votaciones inclusive, competidas y todo lo limpias que podían ser en la España de entonces» (p. 519).

3. Escrutinio y cambio de gobierno

Los profesores Álvarez Tardío y Villa García realizan en su estudio un minucioso análisis, casi hora por hora y día por día, del escrutinio de los votos depositados por los españoles en aquella consulta electoral, con vistas a dilucidar el grado de fiabilidad democrática de los resultados oficiales ofrecidos (en varias fechas, hasta los finales del 26-28 de febrero en primera vuelta) y con el objetivo de sustanciar qué grado de fraude o «pucherazo» pudo haberse registrado. Y esa labor parte del reconocimiento de una realidad evidente e incontestada (aunque a veces olvidada por los críticos del resultado final de la consulta): habida cuenta del aparato electoral profesionalizado y supervisado existente en España por entonces, y rodado ya en varias consultas legislativas y municipales, el fraude general y sistémico era sencillamente imposible o bien harto difícil de ejecutar y sostener. En palabras de ambos autores:

En 1936 existía ya un método depurado de confección del censo electoral que llevaba a cabo un organismo técnico, el Instituto Geográfico y Estadístico. Había candidatos, interventores, apoderados, notarios y funcionarios habilitados para extender acta notarial, todo un ejército de activistas políticos que, en los sitios donde se registraba competencia efectiva –en estas elecciones ocurrió en todas las circunscripciones− velaba por sus votos y se contrapesaba entre sí. Existía además una administración electoral separada del Gobierno y constituida por tres clases diferentes de Juntas de Censo, que cuidaban del proceso electoral y custodiaban las actas electorales, de las que se guardaban varias copias para asegurar su validación. Había también mesas electorales con presidentes y adjuntos nombrados por un procedimiento automático que no dependía de las autoridades o los partidos. Y, por último, una serie de formalidades y pasos necesarios para validar las elecciones, amén de un extenso catálogo de infracciones sobre las que entendían los jueces. De hecho, tales garantías hacían imposible el fraude si los que pretendían cometerlo no lograban cierta impunidad por parte de las autoridades, como de hecho ocurrió en algunos episodios(pp. 492-493; la cursiva es nuestra).

El escrutinio electoral, iniciado nada más cerradas las mesas electorales a las cuatro de la tarde de aquel domingo, era un proceso lento y moroso que incluía las suficientes garantías para hacer casi imposible ese «pucherazo» en términos generalizados y masivos. Las primeras noticias sobre resultados fidedignos comenzaron a llegar desde los diversos gobiernos civiles al Ministerio de la Gobernación, responsable orgánico de los comicios, la misma noche del 16 de febrero, aunque eran «informes muy parciales, pues los recuentos provinciales no comenzaron en la gran mayoría de los gobiernos civiles hasta las nueve de la noche». Primero llegaban «los datos de los colegios más cercanos a las Audiencias: los de las pequeñas capitales y los distritos céntricos de las grandes ciudades». Seguidamente llegaban «los colegios de los distritos periféricos de las urbes y los de las localidades que circundaban a las capitales». Y ya después, hasta el mediodía del 19, se «recibiría la documentación del resto» de las mesas situadas en pueblos y villas más alejadas de la capital provincial (p. 359).

La veracidad de esa descripción está avalada por lo sucedido en la circunscripción electoral de la provincia de Cáceres, según cabe apreciar en una obra no utilizada por los autores de este estudio, pero muy importante por motivos que se verán: el libro derivado de la tesis doctoral de Fernando Ayala Vicente (de cuyo tribunal tuve el honor de formar parte), publicado bajo el título Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2001). A tenor del mismo, los resultados de esta enorme provincia periférica y mayormente rural, con habitantes muy dispersos, fueron llegando mediante telegramas urgentes a Gobernación con un ritmo que probablemente fue uno de los más lentos del país, en razón de las propias dificultades de comunicación y circulación de la atrasada provincia: 1) A las 02.10 horas de la madrugada del día 17 llegaron los primeros resultados provisionales y alterables, puesto que faltaban 362 secciones por escrutar; 2) A las 22.10 horas de la noche del día 17 llegaron los segundos resultados, ya casi definitivos, puesto que sólo excluían los datos de sesenta y siete secciones; 3) A las 14.10 horas del día 19 llegaron los terceros y últimos resultados ya definitivos, con la ausencia de sólo veintitrés secciones, que no podrían afectar al resultado final de manera importante.

Celebración del Frente Popular en la Plaza Cibeles de Madrid tras su ascenso al poder

Celebración del Frente Popular en la Plaza Cibeles de Madrid tras su ascenso al poder

Por supuesto, esos «avances del escrutinio» remitidos por los Gobiernos Civiles desde la noche del 16 de febrero eran «oficiosos» y de ningún modo «sustituían al de las Juntas Provinciales del Censo», únicas instancias que podían dar datos oficiales a partir del 20 de febrero (p. 359). Pero, como en elecciones previas, y de forma lógica, su valor informativo y orientativo sobre el perfil de la voluntad del electorado era claro y nítido para todos, incluyendo el Gobierno y la dirección de los partidos. Y el hecho es que ya desde la noche del día 16 las noticias recibidas apuntaban «el triunfo del Frente Popular en las dos circunscripciones madrileñas» (obteniendo catorce de los diecisiete escaños en la capital y seis de ocho en la provincia), así como en otras veintitrés circunscripciones, lo que fue confirmado por las autoridades gubernativas y «desató la euforia porque las izquierdas podían aproximarse a los 180 escaños, una cifra superior a las estimaciones preelectorales» (p. 360). Las noticias recibidas esa misma tarde-noche desde Cataluña no eran menos triunfales: el «Front d’Esquerres» (la marca frentepopulista en la región) «triunfaba de forma considerable en Barcelona capital e iba por delante en la provincia, amén de Gerona y Tarragona», dejando muy atrás al «Front Català d’Ordre» (la marca derechista aglutinada por la Lliga de Francesc Cambó, que sí había conseguido unir a todo el centro-derecha regional). No en vano, el primer «frente» lograría sumar dieciséis escaños en la capital catalana (por cuatro del segundo) y otros once de la provincia barcelonesa (por tres del segundo). Un resultado tan abultado e inesperado que «había conmocionado a los dirigentes de la Lliga» (que habían estado convencidos de su victoria) y provocado la dimisión inmediata del gobernador civil de Barcelona, el portelista Félix Escalas, que sería reemplazado urgentemente el día 17 por el republicano de izquierda Juan Moles (pp. 360-361 y 390). No menos conmoción sufrió la CEDA al conocer esos mismos resultados, como dejó anotado José Larraz (Memorias, pp. 108 y 110):

Transcurrió el tiempo y la casa del periódico continuaba vacía. No iba nadie. ¡Qué raro! No pude contener mi impaciencia y, al filo de las ocho de la tarde (del día 16 de febrero), abandoné mi despacho y bajé a la sala de información. Muy pocos redactores, malas caras y tristeza.

− ¿Perdimos? – pregunté.
− Parece – me contestó lacónicamente un redactor.
− Pero, ¿en el conjunto de España?
− A juzgar por las noticias, sí. […]
Recuerdo cómo impresionó a Gil-Robles el resultado electoral.

Así pues, a lo largo del día 17 fue confirmándose una realidad incontestada que el Gobierno de Portela no ocultó, pese a que destrozaba sus previsiones, justo a la par que las calles de las grandes ciudades (empezando por Madrid y Barcelona) se llenaban de masas frentepopulistas que festejaban su victoria todavía estrictamente oficiosa (sin duda: pero no inventada o imaginada artificiosamente) y presionaban por un rápido traspaso de poderes (como de hecho había sucedido en Barcelona). En palabras de los profesores Álvarez Tardío y Villa García:

En realidad, los escrutinios del 17 sólo eran terminantes en que el Frente Popular iba por delante en el escrutinio y en que sus adversarios sólo podían encomendarse, para ganarle, a los votos en los distritos rurales aún por contar. Eso sí, el optimismo de los dirigentes del Frente Popular estaba justificado: habían destrozado todas las previsiones, que apuntaban a un indiscutible triunfo de la CEDA en las circunscripciones urbanas de Valencia y Zaragoza, y del PNV en Bilbao. Nadie había vaticinado, además, un incremento tan espectacular de sus votos. Cuando se cerró el escrutinio en Madrid capital, el Frente Popular cosechó 46.000 papeletas más que todas las izquierdas juntas en 1933. Mejores fueron aún los resultados en las circunscripciones urbanas de Barcelona, Valencia y Sevilla: nada menos que 90.000, 77.000 y 51.000 votos, respectivamente. Los aumentos fueron menores, pero igualmente destacados, en el resto de las circunscripciones urbanas (p. 363).

En ese contexto de victoria anticipada (pero sin datos seguros y oficiales sobre su entidad y sobre el volumen total de escaños), el gobierno de Portela empezó a filtrar a media tarde del día 17 los resultados recabados por el Ministerio de Gobernación y que no dejaban lugar a dudas de la entidad del inesperado triunfo frentepopulista, desde luego que magnificado por el sistema electoral vigente desde 1931:

Las izquierdas lograrían 240 escaños, mayoría absoluta, por 221 de sus adversarios. Estos fueron los datos que la prensa reprodujo casi en pleno en sus ediciones del 18 y el 19 de febrero, haciendo referencia velada a su procedencia gubernativa. Fue precisamente esa filtración la que, al publicitarse, generalizó la creencia de que las izquierdas habían obtenido una victoria que incluso el recuento oficioso estaba lejos de confirmar (pp. 364-365).

Como los autores de esta obra subrayan reiteradamente, eran proyecciones de cifras oficiosas y no formalmente sancionadas por las Juntas de Censo, por supuesto. E incluso erraban en la distribución del número de escaños porque, para entonces, los datos oficiales disponibles por el Gobierno de Portela, en «la mañana del 18 de febrero», sólo confirmaban que el Frente Popular «tenía 198 escaños» asegurados, en tanto que «sus adversarios se quedaban en 161», restando para la segunda vuelta la asignación de veinte escaños quizás esenciales para determinar si el triunfo era por mayoría absoluta o sólo relativa (p. 366). Sin embargo, la dinámica de victoria estaba clara y en el recuento, que siguió su curso normal el día 18, los «resultados confirmaron las victorias que ya se habían dibujado el 17» (p. 366). Y, hay que hacerlo notar, para entonces, las acusaciones de fraude o falseamiento de la voluntad popular eran meras denuncias retóricas o puras invenciones interesadas, porque estaba claro que el Frente Popular había ganado las elecciones por una mayoría clara, aunque todavía incierta en su proporción parlamentaria final. Y en ese resultado, como indican los profesores Álvarez Tardío y Villa García, el fraude electoral tenía muy poco que ver, en tanto que la mayor cohesión y amplitud de las candidaturas del Frente Popular sí que pesó lo suyo, porque contrastó con la división de las coaliciones centro-derechistas (con candidaturas cedistas compitiendo por el voto con candidaturas ministeriales):

La clave fue que esta coalición aprovechó mejor las ventajas del sistema electoral, especialmente al triunfar en trece de las diecisiete circunscripciones con diez o más escaños, las más pobladas y donde la prima al vencedor era mayor. Por el contrario, sus rivales lograron más victorias en las circunscripciones con menos electores, que presentaban un menor desequilibrio de escaños entre mayorías y minorías. […] Obviando los trastrueques de actas (posteriormente tratados), la victoria de las izquierdas fue, en las grandes circunscripciones, tan solvente que ni siquiera una mayor cohesión del centro y la derecha hubiera cambiado decisivamente el reparto de escaños, con las solas excepciones de Jaén, Pontevedra y Valencia provincia. La desunión del centro-derecha sí fue determinante en otras circunscripciones. Al infravalorar el número de votos que el Frente Popular podía obtener, hubo más de una candidatura conservadora que contendió por la victoria o, al menos, se presentaron varios candidatos por las minorías que restaron votos a la CEDA y sus aliados (p. 438).

Lo que vino a alterar el panorama de relativa normalidad descrito a lo largo del día 18 de febrero y durante la mañana siguiente fueron dos fenómenos conexos en la práctica pero diferentes en su origen. Por un lado, la creciente movilización de las masas frentepopulistas que salieron a la calle para reivindicar el triunfo electoral y en muchas ocasiones para imponer de inmediato la adopción de su programa político (como fue el caso del Gobierno Civil de Barcelona tras el nombramiento de Juan Moles): proceder a amnistiar a los presos políticos encarcelados por su participación en la revolución de octubre de 1934, reponer en sus cargos a los alcaldes y ayuntamientos dominados por las izquierdas y anulados como resultado de su actuación en 1934, exigir la readmisión de los trabajadores despedidos por secundar aquella huelga general, etc. Una movilización mitad pacífica y festiva y mitad reivindicativa con brotes de violencia muy notables en distintos lugares, que los partidos de izquierda republicana querían atajar, mientras que los partidos obreros los aprovechaban y alentaban. Y que el Gobierno de Portela, ya en franca descomposición, trató de frenar con la declaración del estado de alarma en toda España y, en varias provincias, incluso con la declaración del estado de guerra (Valencia, Alicante, Oviedo y Murcia).

Por otro lado, el práctico desmoronamiento de la autoridad gubernativa, empezando por su abrumado presidente, Manuel Portela Valladares, y siguiendo por la mayoría de sus ministros y de los gobernadores civiles (como fue el caso barcelonés ya mencionado). No en vano, enfrentado al tremendo fracaso de su opción centrista y al inesperado empuje del triunfo frentepopulista, Portela decidió abandonar precipitadamente el cargo al mediodía del 19 de febrero, contra el indignado parecer del presidente Alcalá-Zamora, sin esperar a los primeros escrutinios oficiales (el día 20) y sin llegar a presidir la segunda vuelta electoral (prevista para el 1 de marzo).

Esa combinación de movilización callejera y desconcierto y fuga en la cúspide del poder institucional creó las condiciones para una crisis sociopolítica muy grave que obligó, a media tarde del día 19 de febrero, a tomar una decisión inédita y anormal, aunque no necesariamente anticonstitucional: Alcalá-Zamora decidió reemplazar al dimitido Portela por un gabinete frentepopulista liderado por Manuel Azaña. Como señalan los autores de este libro, ese cambio de gobierno en medio de un proceso electoral inconcluso era sorprendente, porque el supuesto ganador todavía no confirmado oficialmente, y sin saber exactamente cuál iba a ser su mayoría parlamentaria (sólo relativa, o absoluta por superar los 237 escaños), asumía la gestión de supervisar el final de dicho proceso. El propio Azaña dejó constancia ante el presidente de la República y en sus memorias de sus reservas ante ese paso excepcional: «Hoy, ni siquiera sabemos exactamente cuál es el resultado electoral, ni por tanto, qué mayoría tenemos. Falta repetir la elección en algunas provincias» (Memorias de guerra, Barcelona, Mondadori, 1996, vol. 1, p. 10). Pero era también un paso obligado en virtud de las circunstancias y no contravenía las normas constitucionales:

Consumada su dimisión [de Portela], Alcalá-Zamora […] apenas tuvo dudas en señalar a Azaña como «la única solución posible», antes incluso de iniciar una ronda de consultas tan amplia como formularia. Ciertamente, la marcha del recuento que, como se verá, a esa hora mantenía al Frente Popular por delante, pesó lo suyo. Pero más importante era que la coalición de izquierdas, con sus fragilidades, era el único instrumento de gobierno que se percibía sin Cámara a la vista, pues se basaba en un pacto poselectoral que vinculaba a quienes habían concurrido juntos a las elecciones. Por el lado del centro y la derecha no había más que coaliciones puramente electorales, una entente destinada a disolverse tras el escrutinio. De modo que, para acordar un Gobierno, los partidos de centro y derecha hubieran necesitado negociar previamente un bloque parlamentario, y esto era imposible sin conocer a ciencia cierta la composición de las futuras Cortes. Más aún cuando el escrutinio no concedía a la CEDA y a los republicanos moderados, ese 19 de febrero, ninguna posibilidad de mayoría como no concitaran también el apoyo de los grupos monárquicos y hasta del PNV. […] Alba, Cambó, Portela y Cirilo del Río [dirigentes del centro-derecha perdedor] aconsejaron al Jefe del Estado que encargara el gobierno a Azaña (pp. 310-311).

El cambio de gobierno acaecido en la tarde del 19 de febrero no apaciguó de inmediato los ánimos en las calles y, en general, como se verá, no afectó sensiblemente a los resultados electorales, que estaban confirmándose por un doble motivo:

[…] porque la documentación de la gran mayoría de las mesas estaba ya en manos de los secretarios de las Juntas Provinciales del Censo y porque, además, en muchas circunscripciones la candidatura vencedora lo era por diferencias que hacían ya imposible variar el reparto de los escaños. No obstante, en determinadas circunscripciones, especialmente las que tenían un resultado apretado, el cambio de gobierno tuvo un impacto decisivo. Esto ocurrió allí donde debían repetirse las elecciones (p. 371).

En efecto, en el momento de la formación del Gobierno de Azaña, en la tarde del 19 de febrero (con buena parte de los escrutinios ya realizados, como demuestra el caso citado de la provincia de Cáceres), el Frente Popular podía tener garantizado «un suelo de 219 escaños por 198 de sus adversarios» (p. 380). Por eso mismo, el recuento final fue objeto de una reñida pugna para conseguir el máximo de los restantes escaños en disputa, circunstancia que ofreció oportunidades de intervención fraudulenta a las nuevas autoridades provinciales nombradas por el gabinete de Azaña. Unas actividades que jamás fueron dictadas por ese Gobierno ni tuvieron carácter general: «esas manipulaciones no tuvieron que ver con un plan sistemático del nuevo Ejecutivo de izquierdas, sino que fueron promovidas por los dirigentes que se hicieron interinamente con los gobiernos provinciales» (p. 380). Unas actividades, en fin, que magnificarían el volumen del triunfo frentepopulista, pero no lo generarían ni fabricarían de manera espuria, como acertadamente subrayan con precisión los autores del estudio (y como olvidan algunos comentaristas con clara intención):

Eso no quiere decir que los resultados del Frente Popular fueran un mero subproducto del fraude, como proclamarían sus adversarios comenzada ya la Guerra Civil. De hecho, esta coalición obtuvo, hasta el 20 de febrero, más escaños que cualquier otra agrupación de partidos (pp. 380-381).

Las «determinadas circunscripciones» donde la ocasión para el fraude localizado fue evidente y significativo fueron las siguientes: Coruña, Pontevedra y Lugo (en ellas la pugna electoral a tres bandas había sido particularmente reñida, dada la fuerza de Portela Valladares en la región), Jaén, Málaga (aunque aquí «el triunfo por las mayorías del Frente Popular era incontestable»), Valencia provincia, Santa Cruz de Tenerife y Cáceres. En todas las citadas se produjeron en mayor o menor medida episodios fraudulentos (cambios de actas, anulación de sufragios adversos, alteración interesada de sumas de votos…) a cargo de las nuevas autoridades gubernativas o mediante presión sobre los integrantes de las juntas provinciales del censo.

El caso de la provincia de Cáceres fue quizá el más grave, claro y manifiesto, como ponen de relieve los profesores Álvarez Tardío y Villa García. Y así lo había demostrado ya en 2001 el profesor Fernando Ayala Vicente, cuyo relato es particularmente completo, porque consiguió acceder a las fuentes probatorias conservadas en el Archivo del Gobierno Civil de la Provincia y en el Archivo de la Diputación Provincial. A tenor del mismo, según datos del Gobierno Civil, los resultados electorales en la provincia al mediodía del 19 de julio otorgaban un resultado favorable a las derechas: seis diputados de la CEDA frente a tres del Frente Popular, con número de votos bastante ajustados (el primero de la CEDA con 97.410 frente al primero del Frente Popular con 92.280). Y así se corrobora en el Acta General conservada en el Archivo del Gobierno Civil (hoy en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres). Sin embargo, existe otro Acta General custodiada en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial, claramente de día y horas posteriores, que ofrece otro resultado casi inverso, que fue el proclamado finalmente como oficial: el Frente Popular obtenía siete diputados frente a dos de la CEDA (su primer candidato con 98.878 votos, frente a 95.777 del primer adversario electo) (pp. 169- 171). Es decir, el Frente Popular pasaba de tres a siete escaños (sumaba cuatro) y la CEDA descendía de seis a dos (perdía cuatro).

¿Cómo fue posible el cambio registrado en las preferencias electorales de la provincia de Cáceres? Porque el nuevo gobernador frentepopulista, que asumió su cargo en la noche del día 19, también cambió al presidente de la Diputación y a su secretario, asumiendo los nuevos designados la tarea de custodiar los escrutinios recibidos y procediendo a modificar las certificaciones de voto de varias mesas de pueblos provinciales hasta invertir los sufragios y dar la mayoría al Frente Popular. Así lo describen acertadamente los profesores Álvarez Tardío y Villa García en su estudio (pp. 377 y 392-393). Y así lo había anotado el profesor Ayala Vicente (que, por si fuera de interés, además de buen y honesto historiador, es un conocido dirigente socialista extremeño):

Estos son los hechos conocidos. De todos ellos podemos colegir la existencia de una serie de irregularidades, que si bien en cuanto al número no fueron muy significativas, pudieron ser determinantes a la hora de hacer bascular un resultado, que se ventilaba por un muy estrecho margen de votos, en un sentido u otro. […] Lo ajustado de los datos, la escasa diferencia entre ambas candidaturas, avala la sospecha de pucherazo (p. 188).

Esas «disparatadas irregularidades» fueron debidamente denunciadas por los candidatos lesionados ante la Junta Central, que en virtud de la ley electoral debía pasar su consideración a la «Comisión de Actas» que habría de conformarse en el seno del nuevo Congreso, puesto que ése sería el «único organismo que podía solicitar un nuevo recuento». Esta extraña y arriesgada prescripción normativa politizaba, inevitable y lamentablemente, el final del proceso electoral, haciendo de la Comisión de Actas parlamentaria una especie de juez y parte extrajudicial en la resolución del proceso (p. 394). En todo caso, el 26 de febrero pudieron ofrecerse ya los datos casi finales de los escrutinios a cargo de las Juntas Provinciales: «el Frente Popular obtenía entre 256 y 259 escaños, mayoría absoluta, por entre 194 y 209 de las candidaturas de centro y derecha» (si bien faltaban las veinte actas de la segunda vuelta y la confirmación de algunas otras circunscripciones) (p. 408).

El presidente Alcalá-Zamora, ya posteriormente en el amargo exilio iniciado antes del estallido de la Guerra Civil, calculó que las manipulaciones electorales realizadas desde la noche del 19 de febrero pudieron afectar a «medio centenar» de escaños parlamentarios (p. 408). En mi opinión, teniendo en cuenta que hablamos de unas ocho circunscripciones y que el grave caso cacereño supuso sumar cuatro escaños fraudulentamente, esa cifra de cincuenta escaños parece excesiva (incluso si asumimos que incluye las actas que cambiaron de signo en la discusión de la Comisión de Actas). Los profesores Álvarez Tardío y Villa García apuntan que «estas alteraciones afectaron a un mínimo de treinta y seis escaños y hasta un máximo de cuarenta» en su conjunto; y añaden que, en la crucial primera vuelta, gracias a ellas «el Frente Popular sumó un mínimo de veintinueve y un máximo de treinta y tres escaños» (p. 497). Aceptando esas cifras estimativas, ese fraude no variaría, en todo caso, el hecho indiscutido de que el Frente Popular tenía bastantes más diputados ya en la primera vuelta (razón principal por la que Azaña asumió su cargo), aunque sí el hecho de alcanzar y rebasar la mayoría absoluta: descontando el máximo de treinta y tres escaños «trastocados» a los 259 escaños logrados, la mayoría del Frente Popular habría quedado en 226 (once escaños menos que la mayoría absoluta, pero entre diecisiete y treinta y dos más que sus adversarios). A este respecto, el juicio emitido por Álvarez Tardío y Villa García merece reproducirse por su importancia:

En realidad, estos fenómenos [los fraudes mencionados] estuvieron circunscritos, como ha podido constatarse, a determinadas provincias. […] Es decir, fueron el proselitismo de partido y la capacidad de movilización los que contribuyeron a distribuir el grueso de los votos, que no el fraude o la violencia (pp. 408-409).

Puede decirse de otra manera, pero quizá no mejor: el espectacular aumento de votos del Frente Popular en “cincuenta de las sesenta circunscripciones» electorales explica «el gran resultado» de sus candidatos más allá de cualquier otra circunstancia. Y si esa victoria en número de votos se tradujo en «una ventaja tan grande de escaños», la razón hay que buscarla no en un inmenso fraude, sino en otra razón bien conocida: un sistema electoral hipermayoritario que el Frente Popular aprovechó a fondo hasta «triunfar en trece de las diecisiete circunscripciones con diez o más escaños, las más pobladas y donde la prima al vencedor era mayor». Sus rivales, por el contrario, «lograron más victorias en las circunscripciones con menos electores, que presentaban un menor desequilibrio de escaños entre mayorías y minorías». Y, ante esas circunstancias, como concluyen ambos autores y suscribo íntegramente, «la victoria de las izquierdas fue, en las grandes circunscripciones, tan solvente que ni siquiera una mayor cohesión del centro y la derecha hubiera cambiado decisivamente el reparto de escaños, con las solas excepciones de Jaén, Pontevedra y Valencia provincia» (p. 438).

4. Gestión del Gobierno de Azaña y final del proceso electoral

El análisis de la gestión del nuevo Gobierno de Manuel Azaña, que asumió el poder de manera urgente en la tarde-noche del 19 de febrero, es objeto de la necesaria atención por parte del libro comentado. Y si bien sus autores subrayaban que el traspaso de poderes había sido «anormal» (pero no anticonstitucional) y fruto de una presión callejera y de una fuga gubernamental lamentables, también reconocen que Azaña asumió la carga por falta de otras alternativas (hubiera preferido con mucho esperar a la segunda vuelta electoral). No en vano, como ya apuntó Santos Juliá hace tiempo, la coyuntura creada desde la noche del 16 de febrero era verdaderamente una «situación revolucionaria», con «relaciones sociales trastocadas» por la imprevista victoria frentepopulista y con una «autoridad hundida e incapaz de manejar los resortes de la represión» («Antecedentes políticos: la primavera de 1936», en Edward Malefakis, 1936–1939. La guerra de España, Madrid, El País, 1986, pp. 24-25).

En todo caso, lo cierto es que el nuevo Gobierno no fue meramente «de gestión» hasta el final del proceso electoral, sino que empezó a aplicar buena parte del programa de Frente Popular como único medio de atajar la crisis de autoridad abierta por un Portela que «ha tirado el poder, sin reparar en las consecuencias» y una masa frentepopulista que «anda suelta por las calles» (en palabras de Manuel Azaña en sus fecundas Memorias de guerra, vol. 1, pp. 13 y 16). En efecto, «ese desordenado empuje del Frente Popular» se traducía en una «calle inflamada» y un brote de violencia política verdaderamente alarmante y sangriento: desde el día 19 de febrero hasta el día 1 de marzo de 1936, los autores de esta obra registran la plausible cifra de 129 víctimas de incidentes políticos: casi una tercera parte, muertos; el resto, heridos graves (p. 344). La mayor parte de las víctimas se registraron entre el 19 y el 20 de febrero, ya con Azaña al frente del Ejecutivo y empezando a gobernar con resolución. Y, significativamente, el 62% de los muertos registrados entonces lo fueron por «disparos de las fuerzas del orden», que cumplían las órdenes de mantener la paz pública. Sólo el restante 38% murió como resultado de choques entre grupos izquierdistas y derechistas, sin intervención policial o de la Guardia Civil (pp. 317-318).

La apuesta de Azaña para «calmar la intranquilidad pública» fue poner en marcha de manera acelerada buena parte del programa del Frente Popular

La apuesta de Azaña para «calmar la intranquilidad pública» fue poner en marcha de manera acelerada buena parte del programa del Frente Popular, sobre todo la amnistía para los detenidos por su participación en la revolución de octubre de 1934, eje vital y sentimental del apoyo de las fuerzas obreras a su Gobierno. Y trató y consiguió hacerlo con el concurso de las fuerzas de la oposición y mediante el recurso constitucional de someter sus decretos al refrendo de la Diputación Permanente de las Cortes ya disueltas. Así se hizo con el concurso de ese organismo, reunido de forma urgente la tarde del 21 de febrero, que sancionó la medida cuando ya estaba siendo ejecutada de forma «alegal» por decisiones gubernativas (pp. 334- 335). La Diputación también corroboró la imposición del «estado de excepción en los términos dictados por el Gobierno», que incluían «el estado de guerra en Albacete, Alicante, Zaragoza y Valencia» (p. 337). La imperiosa necesidad de esas medidas cabe apreciarla en el hecho de que recibieron el voto favorable (inexcusable, dada la composición de la Diputación Permanente) de los representantes de las derechas: el Partido Radical, la CEDA e, incluso, diputados monárquicos votaron a favor sin reservas.

Poco a poco, la situación revolucionaria abierta durante esos días de febrero fue reconducida de forma constitucional gracias a la labor del Ejecutivo de Azaña, que entonces aparecía como única esperanza de «restauración nacional» y evitación de caídas en el abismo. El propio José Antonio Primo de Rivera, el 21 de febrero, anunció en público su reconocimiento al valor político del «César de la República de Abril», con palabras elogiosas que causaron sensación, como nos recuerda la reciente biografía de Joan Maria Thomàs: «Azaña vive su segunda ocasión. Menos fresca que el 14 de abril, le rodea, sin embargo, una caudalosa esperanza popular» (José Antonio. Realidad y mito, Barcelona, Debate, 2017, p. 257). Sin embargo, lamentablemente, esa labor reconstructiva y consensuada no se extendió al campo electoral y, de hecho, las divergencias entre el Frente Popular y las oposiciones derechistas acabarían derivando en una ruptura total en estas materias y en otras muchas.

El primer desencuentro se produjo por la segunda vuelta electoral celebrada el 1 de marzo en las cinco circunscripciones (Álava, Castellón, Guipúzcoa, Soria y Vizcaya provincia) donde ninguna candidatura había superado el 40% de los votos populares. En realidad, con el Frente Popular en el poder, y con mayoría parlamentaria asegurada, «la importancia de la segunda vuelta parecía secundaria» (p. 440) y las derechas, traumatizadas por su derrota y aterrorizadas por la violencia callejera, prestaron relativamente poca atención a la pugna. Por eso, en gran medida, los resultados fueron muy favorables al Frente Popular, que revirtió parcialmente los triunfos conservadores en esas provincias: ganó en Castellón y obtuvo las minorías de Álava, Guipúzcoa y Soria, sumando ocho escaños más. El segundo triunfador fue el PNV, que obtuvo siete escaños. El resto −cinco escaños en total− fueron para las derechas. Como resultado, «El Frente Popular pudo alcanzar así las 267 actas, por 206 del centro y las derechas» (p. 444).

La piedra de toque de la actitud cooperativa del Gobierno de Azaña, una vez lograda la garantía de su abrumador apoyo parlamentario, se centró en la discusión de las actas denunciadas ante la Junta Central, que pasarían a ser examinadas y dictaminadas por una «Comisión de Actas» de las nuevas Cortes, dominadas lógicamente por la nueva mayoría (catorce diputados del Frente Popular frente a siete de la oposición, bajo la presidencia de Indalecio Prieto). A partir del 17 de marzo empezaron a discutirse nada menos que los resultados de treinta y cinco circunscripciones (del total de sesenta), en parte porque «la protesta era considerada, en realidad, una fase más del proceso electoral, una especie de tercera vuelta facilitada por un procedimiento muy garantista» (p. 446). Los primeros dictámenes se tomaron casi por unanimidad y con criterios jurídicos impecables, solventando sin problemas muchas impugnaciones. Pero la discusión de las actas de Cáceres, La Coruña y Pontevedra, «donde sí había evidencias palmarias de fraude que afectaban a las izquierdas», fueron objeto de una dura discusión, que acabó con la imposición del dictamen favorable por parte de la mayoría frentepopulista y pese a las críticas de la oposición en minoría (pp. 460 y 464).

El grado de acritud de esa ruptura llevó a la dimisión de Indalecio Prieto como miembro de la Comisión de Actas, en evidente desacuerdo con sus decisiones, y en clara demostración de la fuerza de la izquierda socialista frente a sus camaradas más centristas. De hecho, la situación llegó a ser tan grave que la mayoría frentepopulista concibió la tentación de dejar sin escaño a Gil-Robles, Calvo Sotelo y otros destacados líderes de la oposición. Una circunstancia que forzó al propio Niceto Alcalá-Zamora a advertir a Azaña el día 2 de abril: «expulsar a los dos jefes de la oposición equivaldría a suprimir el régimen parlamentario» (p. 488). No se llegó a tal extremo, pero ciertamente el balance del debate de actas en el Congreso en esos meses de 1936 fue manifiestamente desequilibrado. Y eso era muy lamentable, porque esa intransigencia era innecesaria, por las razones esgrimidas por los profesores Álvarez Tardío y Villa García:

En realidad, la actuación de los vocales del Frente Popular no hizo más que enturbiar y distorsionar unos resultados electorales que, en altísimo porcentaje, procedían de votaciones limpias. De los treinta y seis expedientes electorales que traían protestas en 1936, sumando la primera y la segunda vuelta, la aplicación de un criterio jurídico hubiera convalidado casi todas las actas, tanto de las izquierdas como de las derechas. Ni siquiera el fraude narrado afectó, aun en las circunscripciones más polémicas, a la mayoría de sus mesas. Hubiera bastado con un nuevo recuento y las correcciones pertinentes en el reparto de los escaños. Como se ha explicado, las dos únicas anulaciones, las de Granada y Cuenca, se fundaron en criterios partidistas y, ante la falta de pruebas, hubo de recurrirse al formulismo huero, aplicado a conciencia, de las «convicciones morales» (p. 492).

En todo caso, la arbitrariedad de la mayoría frentepopulista en la Comisión de Actas se tradujo en algunos cambios en el seno del Congreso, que cabe cuantificar: la CEDA perdió once escaños, los tradicionalistas, tres escaños, y los monárquicos de Renovación Española, otro escaño más. Por su parte, el PSOE, Izquierda Republicana y Unión Republicana perdieron sólo un escaño cada uno. Poca cosa, porque las elecciones parciales en Cuenca y Granada otorgarían otros diecisiete diputados más al Frente Popular en mayo de 1936 (p. 496).

En resolución, el sectarismo en la Comisión de Actas reforzó abusivamente la ya notable mayoría electoral del Frente Popular en las Cortes (pese al casi empate de votos populares registrado, obvio es recordarlo). Ahora bien, como indican los autores del libro: ese partidismo fehaciente «no fabricó una mayoría que ya era una realidad cuando se completaron las operaciones de escrutinio y se constituyó interinamente el Congreso». Y, por eso mismo, «casi todos los grupos conservadores acabaron aceptando, con más o menos reservas, este hecho consumado» (p. 496). Así pues, las elecciones de febrero de 1936 dieron paso a una etapa política en la que las derechas asumieron sus resultados con mayor o menor disgusto y conformidad, aceptando en general su papel minoritario en aquellas Cortes (al menos por lo que respecta a la CEDA y el republicanismo moderado, no así las extremas derechas más autoritarias). Con su corolario bien anotado en las páginas finales de esta obra: «El proceso electoral, por tanto, estuvo lejos de ser antecedente directo de la Guerra Civil» (p. 524).

5. Observaciones finales a modo de conclusiones tentativas

Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han escrito un libro de historia bien fundamentado en investigaciones primarias, que resulta crucial para conocer las circunstancias de las elecciones generales de febrero de 1936, sin lugar a dudas. Y dejando aparte las reservas y matices que cabe legítimamente hacer a algunas de sus perspectivas, focos de análisis o argumentaciones explicativas, como en cualquier otra obra histórica, que es siempre revisable y mejorable, lo cierto es que su trabajo tiene poco que ver con las reverdecidas denuncias derechistas de fraude general e invalidez total de la victoria del Frente Popular en aquellas fechas. Por eso yerran las críticas apriorísticas del estudio surgidas desde perspectivas historiográficas o mediáticas próximas a las izquierdas en su pluralidad: su obra no es un «nuevo intento para legitimar el golpe de Estado contra un Gobierno democrático» (Agustín Moreno) y nada autoriza a pensar que sus autores tengan como objetivo «la justificación del 18 de julio» (Espinosa Maestre). De hecho, según mi leal y siempre falible saber y entender, cabe extraer una serie de conclusiones y deducciones de este libro que así lo demuestran:

1) La violencia durante la campaña electoral fue significativa y persistente, revelando el grado de tensión político-ideológica registrado en la sociedad española de entonces. Pero no tuvo la envergadura ni la intensidad suficiente para alterar gravemente el desarrollo normal del proceso electoral en su conjunto. Hubo, así pues, casos de violencia episódica recurrente, pero también una mayoría sustancial de conductas cívicas regulares y competencia libre y equilibrada entre alternativas políticas diferenciadas, como corresponde a una consulta democrática válida.

2) El fraude en el proceso de escrutinio de los votos fue claro y probado en distinto grado en varias circunscripciones (al menos ocho del total de sesenta) y tuvo su efecto distorsionador en la distribución final de escaños parlamentarios (menos de los cincuenta señalados por Alcalá Zamora y quizás entre los treinta y seis-cuarenta apuntados por Álvarez Tardío y Villa García). Pero no hubo fraude generalizado y orquestado (un atisbo de «pucherazo» general y sistémico) y el triunfo del Frente Popular fue principalmente producto de la mayor movilización de sus votantes a la hora de acudir a las urnas y del efecto de un sistema electoral hipermayoritario en la distribución de escaños, aun cuando su mayoría parlamentaria final fue de hecho amplificada muy sensiblemente por esos episodios localizados de fraude.

3) El acceso al poder del nuevo Gobierno de Frente Popular presidido por Manuel Azaña desde la tarde-noche del 19 de febrero fue un fenómeno excepcional y sorprendente y sólo comprensible en el contexto de emergencia creado por la deserción y huida del Gobierno de Portela Valladares y la movilización de las masas frentepopulistas, que reivindicaban la puesta en práctica del programa electoral del triunfador. Pero no fue un golpe de Estado, ni violento, ni armado, ni electoral, porque Azaña fue nombrado por el presidente de la República, que tenía competencias para ello y consideró todas las alternativas posibles antes de tomar su decisión y después de consultar con los partidos pertinentes.

4) La labor del nuevo Gobierno de Azaña no se limitó a ser la de un Ejecutivo de gestión interina hasta la terminación del proceso electoral con vistas a rendir cuentas de su tarea ante las nuevas Cortes. Fue también un Gobierno del Frente Popular que comenzó de inmediato, antes de tener los resultados definitivos, a aplicar el programa electoral pactado, en buena medida con el apoyo expreso (como es el caso de la aprobación de la amnistía política) de todos los partidos con representación en la Diputación Permanente de las Cortes disueltas (incluyendo los votos de la CEDA y de los monárquicos autoritarios). Y fue así porque la misma situación de emergencia («situación revolucionaria», en palabras clásicas de Santos Juliá) no permitió encontrar otra salida constitucional efectiva.

5) La gestión política del Ejecutivo de Azaña tras las elecciones consiguió cauterizar en pocos días el peligro de un desbordamiento revolucionario con medidas enérgicas y con el apoyo de las propias derechas, reconduciendo constitucionalmente los desafíos planteados, y a pesar de los amplios brotes de violencia registrados. Sin embargo, esa encomiable y necesaria cooperación transpartidista se frustró posteriormente en la discusión de las denuncias de fraude en la Comisión de Actas, generando una ruptura política ya casi insalvable en el mes de abril de 1936, cuando otros problemas y desafíos estaban generando una nueva crisis social e institucional de mayor calado.

En definitiva, y para concluir, la lectura del libro comentado ofrece perspectivas novedosas e información relevante sobre todo ese proceso. Pero no ofrece material probatorio para impugnar el hecho cierto de que hubo unas elecciones básicamente limpias y un resultado claro en forma de victoria electoral del Frente Popular, aunque no fuera con la mayoría abultada que finalmente se proclamó de manera oficial. En otras palabras: en febrero de 1936 no hubo golpe de Estado del Frente Popular (Pablo Gea Congosto), ni su triunfo fue resultado de una combinación de violencia y fraude generalizados (César Vidal), ni sus «manejos» robaron a las derechas su clara victoria electoral (Alfonso Bullón de Mendoza), ni su triunfo fraudulento y viciado por la violencia sirve de justificación del 18 de julio como mera reacción defensiva (Juan Robles). Todo lo contrario. Hay que recordar que lo que finalmente acabó con la democracia republicana, a la postre, no fue una revolución prohijada por las autoridades frentepopulistas, que destruyeron así internamente la pacífica normalidad constitucional (lo que, por cierto, evitaron entre el 19 y 20 de febrero). Lo que terminó con ella fue un golpe militar de perfil reaccionario que tenía en su punto de mira letal tanto el peligro de revolución social como la evidencia de la reforma democrática gubernativa en acción resuelta e imparable. Olvidar estas circunstancias es sumamente peligroso desde el punto de vista histórico. Casi tanto como desde el punto de vista cívico.

Enrique Moradiellos es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura. Sus últimos libros son 1936. Los mitos de la Guerra Civil (Barcelona, Península, 2004), Franco frente a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (Barcelona, Península, 2005), Don Juan Negrín (Barcelona, Península, 2006), La semilla de la barbarie. Antisemitismo y Holocausto (Barcelona, Península, 2009), Clío y las aulas (Badajoz, Diputación Provincial, 2013), El oficio de historiador. Estudiar, enseñar, investigar(Madrid, Akal, 2013) e Historia mínima de la Guerra Civil española (Madrid, Turner, 2016). Recientemente ha sido editor de Las caras de Franco. Una revisión histórica del caudillo y su régimen (Madrid, Siglo XXI, 2016).

13/09/2017

John Kay, reseña de su libro El dinero de los demás

FUENTE https://www.revistadelibros.com/resenas/el-dinero-de-los-demas-john-kay

John Kay
El dinero de los demás. El verdadero negocio de las finanzas
Barcelona, RBA, 2017
Trad. de Javier Sanjulián y Anna Solé
432 pp. 25 €

El dinero de los demás (Other People’s Money) fue publicado en 2015 en el Reino Unido, obteniendo muy favorable acogida. Ahora RBA lo ha editado en español, lo que nos parece una acertada iniciativa que contribuirá a un debate de calidad sobre estos temas financieros, propensos a ser tratados con generalidades y apriorismos. En esta reseña nos proponemos comentar algunos aspectos de un libro particularmente denso –a pesar de estar redactado en un lenguaje accesible para un lector no especializado– y que se detiene en prácticamente la totalidad del amplio abanico de los problemas que afectan a la banca y al sistema financiero en general. Probablemente es el libro más ambicioso de los publicados por su autor, John Kay.

Dividiremos esta reseña en tres apartados. En primer lugar, conviene introducir siquiera brevemente al autor. A continuación nos detendremos en el contenido del libro, como guía para el potencial lector. Por último, terminaremos con una reflexión de índole general y más personal que afecta a la naturaleza de las reformas acometidas por los poderes públicos en materia de mercados e instituciones financieras a raíz de la crisis de 2008.

El dinero de los demás no es un bestseller mediático de crítica fácil sobre el sistema financiero a raíz de la reciente crisis. John Kay es bien conocido en el Reino Unido. Colaborador en Financial Times desde 1995, donde tiene una columna semanal, escritor respetado con varios libros, académico, profesor en Oxford y profesor invitado en la London School of Economics, ha sido consejero de Halifax de 1994 a 2004, así como consultor privado y autor del Informe sobre el mercado de capitales en el Reino Unido, por encargo del Gobierno británico, en 2012. En 2014 recibió la Orden del Imperio Británico con la distinción de Comandante. Entre sus libros cabe destacar The Truth About Markets (2003) y Obliquity (2010), ninguno de los cuales, que sepamos, ha sido traducido al español, de ahí la oportunidad de la aparición de El dinero de los demás, que contribuirá al conocimiento de su autor en nuestro país y a mejorar la información y discusión sobre estos temas.

John Kay, nacido en Edimburgo en 1948, es heredero de esa tradición liberal escocesa que podría remontarse a David Hume y Adam Smith. Un liberalismo templado, filtrado por una cultura humanista influida por Isaiah Berlin. En este sentido, Obliquity es quizá su libro más personal y en el que decanta su pensamiento liberal e independiente, muy en la línea, repetimos, de Berlin y su conocida dicotomía entre el zorro y el erizo (The Fox and the Hedgehog, 1953), claramente a favor del primero, por el pensamiento pragmático y plural frente al dogmático y profundo. Sirva este apunte simplemente para enmarcar al autor en unas coordenadas de referencia para aquellos lectores que inicien la lectura de El dinero de los demás sin un conocimiento previo de John Kay.

Entrando en materia el libro que nos ocupa, se propone analizar no la crisis de 2008, sino la transformación del sistema financiero en su doble vertiente de la banca y los mercados de capitales. Se trata de una transformación que se acelera en los años noventa, pero que tiene sus inicios en los setenta y principios de los ochenta con un cambio en el paradigma que sostuvo el crecimiento y la estabilidad de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 1973, Estados Unidos da por finalizada la – más teórica que real– relación fija del dólar con el oro, lo que significa la aparición de los cambios flotantes. En 1986, con el llamado Big Bang, se liberalizan los mercados financieros británicos, poniéndose fin a la tradicional separación entre banca y agentes de mercado. En 1999 sucede lo mismo en Estados Unidos con la abolición de la Glass-Steagall Act, vigente desde 1933. En pocos años se consolidan grandes conglomerados financieros, bancos universales, con actividad en todos los mercados. Todo ello conduce a lo que John Kay denomina «financiarización» (financialisation). Un crecimiento desorbitado de la actividad financiera en relación con la actividad real, con la producción, con la inversión: en definitiva, con el nivel del PIB. Esta sobreactividad no ha tenido como consecuencia una mayor o mejor oferta de servicios financieros para los usuarios finales de los mismos; antes al contrario, el mercado se ha poblado de productos más opacos, complejos y los riesgos han aumentado considerablemente, al igual que los costes, tanto a nivel individual como a nivel global, como consecuencia de los rescates con dinero público de las entidades crediticias inviables, rescates asumidos por el Estado que paga el ciudadano por medio de sus impuestos.

El libro se estructura en tres partes, de las que las más interesantes son la primera y la última. En la primera, John Kay repasa cómo hemos llegado hasta lo que hoy es el sistema financiero del mundo occidental, un sistema caracterizado por una creciente sofisticación y opacidad, por la invención de mecanismos de transferencia de riesgos, por el aumento del apalancamiento, por la generación de beneficios contables –muy discutibles en función de la valoración de los activos–, dando lugar a altísimas remuneraciones a un número muy limitado de ejecutivos. Este panorama contrasta fuertemente con la tradicional actividad bancaria: la toma de depósitos y la concesión de créditos. Hoy en día, una parte fundamental de los ingresos bancarios proviene de comisiones a la clientela y de márgenes en posiciones de mercado (trading). En toda la argumentación de Kay hay un enfoque deback to basics, o vuelta a los fundamentales, a un tiempo donde el banquero a nivel local era una institución semejante al médico y el banco era tan fiable como el hospital. La crítica tiene cierto peso pero, desgraciadamente, no parece posible volver atrás. Volveremos sobre esto al final de esta reseña.

La segunda parte se dedica a lo que podríamos llamar las funciones del sistema financiero y, en este sentido, resulta un completo curso elemental, quizás algo reiterativo, de finanzas. Del sistema financiero, el ciudadano de a pie espera encontrar un mecanismo eficiente de pagos; un intermediario que canalice los ahorros hacia proyectos de inversión, incluido el acceso a la vivienda; un gestor independiente de su patrimonio; y, finalmente, un conjunto de medios fiables de cobertura de riesgos, como seguros básicos de vida, de enfermedad, de pensiones, etc. En líneas generales, y salvando el mecanismo de pagos –claramente más eficiente que el de hace unas décadas e incluso algunos años, ligado a los avances en la tecnología de la información–, el resto de actividades adolecen bien de una sobreactividad y sofisticación no muy útil para el usuario final, bien de una carestía en forma de comisiones que perjudica claramente al usuario. De tal forma que la generación de beneficios de las entidades financieras resulta más de una transferencia de renta desde el usuario que de una genuina creación de valor. Y no sólo esto: el problema es que conduce a un aumento del riesgo sistémico al concentrarse en actividades con elevada volatilidad, en principio asociadas a una mayor rentabilidad.

La parte final, a nuestro modo de ver la más interesante, se centra en el tema de la regulación y en diversas medidas y propuestas de reformas. Es imposible aquí ir más allá de un brevísimo apunte, que puede quedar en caricatura, aunque de ninguna forma es esta la intención en un tema tan complejo. Para intentar cierto orden, y dentro del espacio limitado de esta reseña, distinguiremos las principales ideas y recomendaciones de John Kay de un comentario más general y de carácter personal que cerrará estas líneas.

El punto de arranque de John Kay es que el sector financiero no es en esencia diferente de cualquier otro sector económico. Por lo tanto, debe evaluarse en función de su utilidad como proveedor de servicios demandados por la clientela. El problema radica en que en estos mercados suceden dos cosas. Por un lado, el consumidor se comporta muy frecuentemente de manera no racional. Este es un tema bien conocido sobre el que no se requiere mayor reiteración. Desde la concesión del premio Nobel de Economía en 2002 a Daniel Kahneman, doctor en Psicología, los economistas deberíamos adoptar una actitud bastante más prudente y modesta. Unido a esto, los mercados financieros no son perfectos en el sentido marshalliano, ni tampoco transparentes. La información es asimétrica y la posición del consumidor no es igualitaria. En segundo lugar, los agentes en el sistema financiero, particularmente la banca, actúan en dos niveles: como vehículos del sistema de pagos, donde la liquidez es primordial; y como agentes en todo lo demás, tomando posiciones en los mercados (trading) o como intermediarios en el proceso de financiación (incluyendo cuando actúan por cuenta propia). Si ha de preservarse el mecanismo de pagos, se entra rápidamente en contradicción con estas otras actividades que lo ponen en riesgo. En el caso de bancos sistémicos (too big to fail), el riesgo es tal que la disciplina de mercado no puede operar libremente. A pesar del énfasis de John Kay de un retorno a los principios (back to basics), su aplicación resulta extremadamente difícil. El enorme crecimiento, en estos últimos años, de los niveles de endeudamiento, especialmente público, pero también de las economías domésticas en mayor medida que de las empresas, no es un fenómeno ajeno a políticas monetarias muy laxas con tipos de interés muy bajos, prácticamente nulos en términos reales, y abundante suministro de liquidez. John Kay no entra apenas en este tema en lo que sería el pilar macro o, dicho en lenguaje más técnico, macroprudencial frente al microprudencial. En concreto, se centra en este último, aunque su escepticismo sobre una regulación excesiva o intrusiva podría abarcar también el primero. La regulación, tal como está planteada actualmente, es más un problema que una solución. Es muy crítico con ciertas normas contables y, en general, con el enfoque de Basilea III. La alternativa propuesta recoge un abanico de medidas de las que comentaremos a continuación las que creemos son más sustantivas.

Primera, y quizá la más importante: es mejor dejar caer un banco que mantenerlo artificialmente en funcionamiento con inyecciones de liquidez, o rescatarlo vía recapitalización con fondos públicos (lo que equivale a su nacionalización). Esto se postula incluso para grandes bancos: por tanto, la decisión de cerrar Lehman Brothers fue acertada. En segundo lugar, la tasa Tobin no solucionaría el exceso de activismo (trading) en los mercados financieros, sean de activos o de derivados, ya que no hay consenso entre Estados Unidos y la Unión Europea para su aplicación. Provocaría una deslocalización de estas actividades sin ningún resultado global. Tercera: resulta imprescindible fraccionar los actuales conglomerados bancarios tal como se hizo en 1933 con la Glass-Steagall Act. La especialización mejoraría la confianza en los intermediarios financieros, disminuyendo el riesgo global y estabilizando los mercados. Cuarta: la responsabilidad de los fraudes y, en general, de actuaciones ilícitas debe ser personal y no institucional. Han de evitarse situaciones de exculpación gracias a la pantalla corporativa. Los altos directivos deben tener una responsabilidad directa en las actuaciones de sus empresas. En este punto, Europa va claramente a la zaga de Estados Unidos.

Hasta aquí un breve resumen de la posición de John Kay, que, como decimos, precisaría de mayores matizaciones, pues el tema es complejo y el libro denso y bien articulado. Terminaremos estas líneas con una reflexión de carácter general y es la siguiente. Han transcurrido casi ciento cincuenta años desde que, en 1873, Walter Bagehot, en Lombart Street, sentase las reglas de una banca sana. Uno de sus principios básicos era que el Banco Central sólo debe prestar en línea de urgencia (lending of last resort) contra colateral de primera calidad y a tipo de interés superior al del mercado monetario. Esto tiene su lógica y la ha tenido durante más de cien años, siempre que se den dos condiciones: 1) una liquidez global limitada; 2) una clara distinción entre problemas de liquidez y problemas de solvencia. Esto ya no es así. La banca de nuestros días tiene acceso prácticamente ilimitado a la liquidez del Banco Central y los bancos ya no quiebran a consecuencia de pánicos ante sus oficinas. La banca está relativamente muy concentrada y muy apalancada, de tal forma que el objetivo primario es la estabilidad del sistema o, dicho más concretamente, la salvaguardia de los depósitos de la clientela, no sólo por razones éticas, sino también económico-financieras. El grado de monetización de la economía, en el sentido de activos financieros (depósitos, fondos de inversión, fondos de pensiones, posiciones en derivados, etc.) sobre el PIB es infinitamente mayor que en épocas pasadas, de tal forma que una crisis financiera puede tener un impacto muy relevante en el sector real, puede extenderse rápidamente y contenerse difícilmente. El sistema de garantía de depósitos es meramente un primer dique, insuficiente si no cuenta con el respaldo explícito o implícito del Estado. Por lo tanto, aunque lo lógico sería permitir mayores grados de libertad de actuación del mercado, el riesgo a una debacle financiera no es insignificante. De ahí la tesitura a que se enfrentan las autoridades que, por un lado, han liberalizado la actuación de los agentes financieros, de la banca en particular, pero al tiempo no permiten que actúe la disciplina natural del mercado. Y tanto más si se trata de bancos de cierta dimensión, sistémicos (too big to fail). En consecuencia, se recurre a la regulación micro, exhaustiva, de la operativa y de los riesgos (Basilea III) y a la protección macro a través de la actuación del Banco Central, con políticas monetarias cada vez más acomodaticias. El riesgo aquí es la inflación, pero en esta dinámica es perfectamente asumible, pues supondría simplemente una transferencia de recursos de los consumidores, en definitiva de los depositantes, a los bancos. Un precio, un impuesto-sombra, relativamente bajo en defensa de la totalidad del sistema.

En definitiva, el sistema financiero moderno se parece mucho a un servicio público intervenido, en el que las tomas de decisiones micro –asignación de recursos vía préstamos-depósitos, la composición del balance– se dejan en manos de los gestores, pero bajo una estricta supervisión del regulador. El mercado funciona sólo parcialmente. La liquidez es abundante y procede, principalmente, no del mercado monetario, sino del Banco Central. El énfasis se traslada de la liquidez a la solvencia, esto es, a los ratios de recursos propios ponderados por los riesgos del balance. Capitalización y control de riesgos. Los bancos ya no caen por un pánico ante sus oficinas, sino por una decisión, más o menos reglada, del regulador. Esto es así tanto en Estados Unidos como en Europa.

Es difícil volver atrás: más bien imposible. Quizás, en efecto, un sistema más competitivo ofreciese unos estándares de productos financieros de más calidad y a mejor precio. Pero la dinámica expuesta parece imparable. Esto no implica que no se pueda o no se deba hacer nada diferente, o que las críticas de John Kay sean infundadas. En concreto, deberían explorarse vías que abran mayores espacios a la competencia, simplificando la regulación y aumentando la confianza y la buena gobernanza interna de mercados e instituciones.

Carlos Pérez de Eulate es economista del Banco de España.

17/09/2018

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Versión en español del artículo de David Alvargonzález sobre la estructura de la Bioética

Acerca de la estructura de la Bioética como una disciplina pragmática

David Alvargonzález

Metaphilosophy 48/4(July 2017): 467-483.

Resumen

Este artículo analiza algunos aspectos de la estructura de la Bioética como una disciplina pragmática. Comienza argumentando que la Bioética es una disciplina de naturaleza pragmática y presenta una clasificación de los problemas, asuntos e intereses propios de la Bioética, usando esa clasificación como un instrumento para determinar los límites y la estructura de su campo. A continuación, se pretende que un tratamiento comprensivo de cualquier asunto de naturaleza bioética implica tomar en consideración tres dimensiones normativas (la ética, la moral y la política). Se concluye que la clasificación de los asuntos propios de la Bioética y el análisis de las tres dimensiones de cada asunto pueden dar lugar a contribuciones valiosas con el objeto de entender la estructura sui generis de la Bioética como disciplina pragmática.

Palabras clave

Estructura de la Bioética, problemas bioéticos, disciplinas bioéticas, tipos de normas.

1. La Bioética como una disciplina pragmática

Una disciplina es un cuerpo de conocimiento y de habilidades que pueden ser enseñadas y aprendidas. Las técnicas, las tecnologías, los deportes, los hobbies, las artes, la retórica, la teología, el derecho y la filosofía, entre otras muchas cosas, pueden ser enseñados y aprendidos y, por tanto, pueden dan lugar a disciplinas. En el contexto de las normas y de la praxis humana, las disciplinas implican una cierta institucionalización, mientras que los animales no humanos, en la naturaleza, no tienen disciplinas estructuradas a pesar de que se encuentran inmersos en una gran variedad de procesos de aprendizaje. Incluso se puede afirmar que cualquier institución educativa puede inventar cualquier disciplina que considere que merece ser enseñada de acuerdo con las demandas de la sociedad a las que esa institución presta sus servicios.

En este artículo, yo partiré del supuesto de que la Bioética es una disciplina consolidada en la universidad, y que tiene un marcado carácter interdisciplinar dado el origen tan variado de los profesionales que la practican: filósofos, historiadores, juristas, científicos sociales, investigadores de los campos biomédicos, médicos, enfermeras, teólogos, periodistas, analistas políticos, vendedores de seguros y hombres de negocios, entre otros muchos. La naturaleza interdisciplinar de la bioética ha sido defendida, entre otros, por Callahan (1982), O’Neill (2002), Kopelman (2009) y Wilson (2013). Esta naturaleza interdisciplinar de la Bioética se complementa con su estabilidad relativa como disciplina académica que viene siendo compatible con la variada formación de sus practicantes. La existencia de una disciplina institucionalizada, sin embargo, convive con el hecho de que no se requiere ninguna preparación específica para tratar los asuntos de la Bioética y ningún experto de ningún campo puede pretender que esos asuntos son de su exclusiva competencia. Lo mismo que ocurre con otros profesionales como los periodistas, los políticos y los emprendedores, no existe una única trayectoria académica para llegar a ser un “especialista” en bioética (si es que tiene sentido hablar aquí de “especialistas”). Como ocurre con muchos otros asuntos de la vida pública, cualquier ciudadano puede discutir públicamente los asuntos disputados sin tener por qué ser excluido a priori del debate. En cualquier caso, una vez admitida la naturaleza interdisciplinar de la bioética, es preciso reconocer que, para bien o para mal, esta actividad interdisciplinar ha sido institucionalizada académicamente y que, por tanto, se ha convertido en una disciplina, en un cuerpo de conocimientos que puede ser enseñado y aprendido y al que se le supone una cierta estructura interna. De todas formas, el reconocimiento de la Bioética como una disciplina académica no significa que esa disciplina sea una ciencia sensu stricto ya que, en su campo, existe una falta de consenso acerca de sus principios generales y de las teorías, y la confrontación continua de doctrinas parece inevitable.

Desde sus orígenes, la Bioética ha tratado con un amplio espectro de asuntos prácticos. En cualquier caso, como dice Callahan, “un proyecto de investigación en Bioética, o un especialista en bioética que trabaje en el ámbito público, debe tratar de dar cuenta de una pregunta práctica que implique un “debe” (Callahan 1973, 73). Callahan, entre otros, ha subrayado la naturaleza práctica de la Bioética: “La disciplina de la Bioética debe estar diseñada de tal modo que tendrá que estar al servicio de aquellos médicos y biólogos cuyas posiciones exijan la toma de decisiones prácticas, y ello incluso a costa de la elegancia de la disciplina (Callahan 1973, 73). De acuerdo con estos requerimientos, en este artículo se mantendrá que, dado el carácter práctico de los asuntos tratados por la Bioética, y dada la ausencia de un consenso teórico, la mejor manera de sacar a la luz la estructura de este campo es intentando enumerar y clasificar los problemas y las preocupaciones que han venido tratándose hasta el momento.

La ética, la moral y la política han formado parte de los sistemas filosóficos más importantes desde la República de Platón y la Ética a Nicómaco de Aristóteles, pero la constitución de la Bioética como una disciplina específica que aglutina los problemas prácticos suscitados por las actuales ciencias y tecnologías biológicas tuvo lugar en el último tercio del siglo veinte (Jonsen 1998). En este artículo, supondré que el surgimiento de la Bioética como una disciplina fue el resultado del surgimiento de un conjunto de problemas y preocupaciones nuevas en relación con los organismos biológicos. Esos asuntos, a su vez, están relacionados con dos procesos diferentes, aunque interrelacionados, que pueden ser distinguidos. Por una parte, el desarrollo de ciertas ciencias y tecnologías tales como la medicina moderna, la biotecnología, la ingeniería genética, la ecología, la etología, la física atómica, las tecnologías de la información, la computación y otras cosas parecidas que desencadenaron un conjunto de realidades nuevas que incluyen la investigación sobre embriones humanos, la clonación, el trasplante de órganos, las nuevas prótesis, la contaminación por radiactividad y la extinción de las especies, por citar sólo algunas de las más sobresalientes. Por otra parte, ciertos cambios socio-económicos de amplio alcance plantearon problemas prácticos acuciantes. Sin ánimo de ser exhaustivo puede citarse la Revolución Verde, el crecimiento demográfico, la caída del socialismo real de la Unión Soviética, el triunfo del capitalismo de consumo, la aplicación de ese capitalismo de consumo a la asistencia y cuidado médicos y, en los países occidentales en los que surgió la Bioética, el triunfo de los movimientos feministas y el declive relativo de la influencia de la antropología teológica y los códigos morales del cristianismo (Bueno 1999 y 2001; Baker y McCullogh 2008).

2. Un intento de clasificar los principales asuntos, preocupaciones y problemas de la Bioética

Como ya se ha dicho, la Bioética, a diferencia de la geometría, la física o la biología no es una ciencia estricta y su estructura interna es la propia de una disciplina de carácter práctico. Por tanto, alguien podría pensar que lo único que puede hacerse es un mero inventario empírico de los asuntos tratados, como una especie de lista de lavandería. Los documentalistas han propuesto algunas clasificaciones de los tópicos de la Bioética como, por ejemplo, la creada y mantenida por el Kennedy Institut of Ethics en la Universidad de Georgetown, el llamado Bioethics Research Library Classificatory Scheme. Aunque estas clasificaciones pueden ser muy útiles para ciertos propósitos prácticos, sin embargo, carecen de una estructura interna clara. Jorge Luis Borges se refirió a una cierta enciclopedia china, titulada Emporio celestial de conocimientos benévolos, en la que está escrito que los animales se dividen en “(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas” (Borges 1984, 103).

Cuando se compara esta clasificación con las taxonomías filogenéticas basadas en la teoría de la evolución, se puede apreciar la diferencia entre una lista de lavandería, como la de la enciclopedia china de Borges, y una clasificación esencial coherente que brota de un teorema científico. Otro tanto se podría decir si comparamos las listas heterogéneas de compuestos de los primeros alquimistas con la tabla periódica de los elementos químicos. Las listas de lavandería pueden resultar útiles en ciertos contextos prácticos, pero no son el tipo de clasificación que uno está buscando cuando intenta entender la estructura de un determinado campo de conocimiento. Más bien, se trata de alcanzar el grado de completitud, coherencia y orden que reconocemos en la clasificación de los triángulos de acuerdo con el tamaño de sus lados (equiláteros, isósceles y escalenos) o en la categorización de los tres tipos de palancas.

La falta de estructura científica propia de la Bioética no debe disuadirnos de intentar diseñar una caracterización coherente basada en un conjunto de supuestos que se muestren como adecuados. Al contrario, el reto más importante precisamente es el de encontrar esos criterios filosóficos adecuados para dar cuenta de esa clasificación. Aunque los supuestos filosóficos no sean de naturaleza científica, también tienen que estar basados en argumentos y pueden ser evaluados por sus resultados cuando se ponen a funcionar.

En la bibliografía académica, el término “bioética” viene siendo utilizado en dos sentidos diferentes: en un sentido restringido, la bioética es entendida como ética biomédica; en un sentido amplio, la bioética incluye un amplio espectro de asuntos que afectan a los organismos biológicos. A pesar de que algunos autores como Warren T. Reich pretenden que la bioética no clínica es simplemente una palabra y nunca ha llegado a desarrollarse como disciplina (Reich 1994 y 1995), en este artículo yo seguiré las propuestas de Angus Dawson y Ruth Macklin y me referiré también al sentido ampliado de la palabra bioética (Dawson 2010; Macklin 2010). Esta elección tiene la ventaja de que nos permite tratar la estructura de la Bioética en ambos sentidos, restringido y amplio, y nos exige explicar la relación existente entre ambos. De este modo, daré por supuesto que los problemas y preocupaciones estudiados por la Bioética hacen referencia directa o indirecta a organismo humanos y no humanos, y también sostendré que la Bioética es una disciplina de etiología humana. Partiendo de estos supuestos, voy a dividir las relaciones y operaciones que afectan a los humanos en dos grupos: el primero contiene las relaciones y operaciones de los humanos con otros seres dotados de inteligencia y voluntad, mientras que el segundo incluye las relaciones y operaciones de sujetos humanos con entidades sin inteligencia ni voluntad. Esta dicotomía adquiere un significado inmediato en la Bioética ya que las normas y los asuntos que concierne a animales con inteligencia y voluntad (ya sean humanos o no) requieren ordinariamente un tratamiento diferente que aquellos que conciernen a otras entidades. El primer grupo que, como acabo de decir, contiene las relaciones de los sujetos humanos con otros animales dotados de inteligencia y voluntad puede, a su vez, ser divido en dos. A pesar de que esta propuesta chocará inmediatamente con los críticos del especismo, voy a argumentar que las relaciones y operaciones entre humanos tienen que diferenciarse de las relaciones y operaciones entre sujetos humanos y otros sujetos animales inteligentes no humanos. Por su parte, las relaciones entre los humanos y los entes que carecen de inteligencia y voluntad también se pueden dividir en dos ya que algunos de ellos son seres vivos (por ejemplo, organismos no animales como las bacterias, las eucariotas o las arqueas) mientras que otros son cuerpos inertes (piedras, ríos, nubes, estrellas y cosas parecidas). Sin embargo, supondré que, en el contexto de la Bioética, esta última diferencia entre los viviente y lo no viviente no juega ningún papel significativo (y también soy plenamente consciente de lo controvertido de esta afirmación). 

Si designamos a los seres humanos con una “H”, a los seres que no son animales con una “I” (independientemente de que sean organismos vivos o no), y a los animales dotados de inteligencia y voluntad con una “A”, los criterios para clasificar la esfera práctica antrópica de la Bioética se pueden resumir como sigue:

(1) Asuntos que conciernen a las relaciones y operaciones entre hombres (H-H).

(2) Asuntos que conciernen a las relaciones y operaciones entre hombres y otros animales no humanos dotados de inteligencia y voluntad (H-A).

(3) Asuntos que conciernen a las relaciones y operaciones de los humanos con otras entidades distintas de los animales referidos en (2) (H-I).

La etología y la psicología animal han mostrado de un modo inequívoco que la teoría cartesiana del automatismo de las bestias está equivocada ya que nadie niega hoy que ciertos animales están dotados de inteligencia, sentimientos y deseos. Por tanto, el trato dado a esos animales no puede ser el mismo que el que se da a otros seres vivos o a los entes inertes. Por supuesto, el trato con estos últimos (H-I) también plantea problemas bioéticos, pero esos asuntos requieren un tratamiento diferente de aquel que reciben las relaciones entre los humanos y otros animales no humanos con inteligencia y voluntad (H-A) ya que la mayor parte de los organismos vivos y los cuerpos inertes no realizan operaciones similares a las de los humanos, no sufren, no tienen deseos y no se comportan de un modo inteligente. Es más difícil justificar la conveniencia de tratar de forma diferente los asuntos que implican las relaciones entre humanos (H-H) y los que implican las relaciones entre humanos y animales no humanos dotados de inteligencia, sentimientos y voluntad (H-A). Esta justificación exige discutir los argumentos del antiespecismo. Por razones de espacio, no puedo tratar este asunto aquí con el detenimiento que merece, pero para los propósitos de este artículo, los argumentos en favor del especismo humano pueden resumirse como sigue:    

a. Una comparación entre los animales inteligentes no humanos en estado salvaje con los humanos sanos adultos enculturados en sociedades complejas revela la existencia de importantes diferencias entre los dos grupos. Los humanos tienen un conjunto de interrelaciones entre ellos muy complejas que incluyen el lenguaje fonético de palabras y la capacidad de desplegar conductas éticas en las que se da reciprocidad. Además, los humanos tienen unas capacidades de aprendizaje mucho mayores. Todo esto está relacionado con la existencia de una cultura objetiva que incluye las técnicas, las artes, las ciencias y las tecnologías más sofisticadas.

b. Las diferencias entre los animales no humanos inteligentes y los humanos, cuando estos últimos están en los primeros estados de su desarrollo (como recién nacidos y niños) o en estados transitorios de enfermedad, puede justificarse con un argumento teleológico que tenga en cuenta el estadio final de desarrollo inherente a todos los miembros de los grupos humanos que van a convertirse en adultos sanos enculturados. Como nadie nace adulto, el periodo desde el nacimiento hasta la madurez (o los periodos transitorios de enfermedad) requieren una protección ética que, a diferencia de lo que ocurre con los animales, tenga en cuenta el estatus futuro de la persona como un adulto sano enculturado.

c. Los argumentos antiespecistas parecen adquirir una fuerza especial cuando se compara a ciertos chimpancés criados en cautividad y que comparten una parte importante de la cultura humana (incluyendo rudimentos del lenguaje d sordomudos) con ciertos individuos humanos que tienen enfermedades graves incurables e irreversibles, tales como un retraso mental severo. La comparación de esos dos grupos tan específicos, que han sido seleccionados ad hoc, arroja cierta luz acerca del tratamiento caritativo que merecen ciertos chimpancés integrados en una comunidad humana, pero no puede ser usado como un argumento en contra de distinguir a los humanos de otros animales cuando estamos tratando de analizar la estructura de la Bioética. Cualquier intento de establecer distinciones en cualquier terreno da lugar a situaciones que resultan difíciles de clasificar, como puede verse en la discusión actual acerca de si los virus son o no organismos vivos (Hegde et al. 2009; Moreira y López García 2009). El análisis de esos casos fronterizos, sin embargo, no hace desaparecer la diferencia entre los organismos vivos y las piedras. Dejando de lado ciertos casos particulares fronterizos, mantendré que los asuntos éticos adoptan una significación diferente dependiendo de que afecten a relaciones entre hombres (h-H), y a las relaciones entre hombres y animales no humanos con inteligencia y voluntad (H-A). Esta estructura está tomada de la teoría del espacio antropológico de Gustavo bueno (1978).

Sin pretender ser exhaustivo, los asuntos más significativos tratados por la Bioética se pueden clasificar de acuerdo con los tres dominios de relaciones antropológicas que he propuesto, tal como se aprecia en la tabla 1.

Los dominios segundo y tercero pueden ser identificados con los ordinariamente se conoce como “Bioética animal” (Singer 1975; Beauchamp y Frey 2011) y “Bioética ambiental” (Naess 1973, Taylor 1986). Sin embargo, el primer grupo, que toman en consideración las relaciones entre sujetos humanos (H-H) no se puede reducir a lo que ordinariamente se conoce como 

Tabla 1

Clasificación de algunos asuntos característicos de la Bioética

Primer dominio: Relaciones entre humanos (H-H)
Anticoncepción, aborto, infanticidio, esterilización, sexualidad, orientación sexual

Maternidad subrogada, tecnologías de reproducción asistida, adopción, ectogénesis

Manipulación de embriones, investigación en células madre, clonación terapia genética, eugenesia, siameses

Consentimiento informado, confidencialidad, privacidad, conflictos de intereses

Cuidados médicos

Drogas de abuso, ética del deporte, neuro-ética 

Mutilación, ablación, circuncisión, deformación corporal, Bioética de la alimentación

Muerte cerebral, reanimación, trasplantes, donación

Patologización, medicalización, iatrogénesis

Pacientes terminales, sufrimiento, eutanasia clínica, suicidio asistido

Pena capital (eutanasia procesal)

Políticas de salud y seguros, regulación sanitaria y legislación, distribución de recursos, desigualdad

Emigración, racismo, sexismo, acceso a la salud y experimentación en el Tercer Mundo, control epidemiológico

Segundo dominio: Relaciones entre humanos y otros animales no humanos con inteligencia y voluntad (H-A)
Investigación y experimentación con animales

Derechos animales, liberación animal, proyecto Gran Simio

Eutanasia animal, límites de la maleficencia animal, patentes animales

Especies en peligro de extinción

Legislación relativa a los animales

Tercer dominio: Relaciones entre los humanos y otras entidades (ya sean vivientes o no) (H-I)
Límites de la maleficencia biológica, especies en peligro

Vida artificial, modificación genética

Demografía, sociedad de ancianos

Ecología, sostenibilidad, cambio climático, calentamiento global polución 

Bio-riesgos, bio-terrorismo, Guerra biológica, Guerra nuclear

Ética espacial, astro-ética 

“Bioética médica” o “Bioética clínica”. Hay ciertos asuntos tales como la pena capital, el racismo, el sexismo, la discriminación por causa de género, la orientación sexual, o el infanticidio que no se consideran ordinariamente asuntos de naturaleza médica o clínica, además, existe un animado debate en marcha acerca de si ciertas cuestiones tales como el aborto o el suicidio asistido deben ser eliminados de la práctica médica (Rachels 1986; Pellegrino 1992; Baurim 1998).

El interés de la clasificación propuesta (H-H; H-A; H-I) puede apreciarse cuando se observan las consecuencias de modificar su estructura. Este es el caso del que podríamos llamar “humanismo divergente” que prevé que la relación entre hombres (H-H) pronto se dividirá en dos como consecuencia de la materialización de un grupo de humanos mejorados gracias a ciertos avances de la biotecnología: ingeniería genética, modificación física, biónica, tecnología de la información y nanotecnología, entre otras. Estos humanos mejorados darán lugar a unos superhombres (SH) que se irán separando de los actuales humanos normales dando lugar a una nueva relación entre ellos mismos (SH-SH), con los humanos normales (SH-H), con los animales no humanos (SH-A) y con el entorno (SH-I). Dejando al margen la cuestión de si ese transhumanismo divergente podrá o no alcanzar su objetivo, es necesario admitir que la mera formulación de estos asuntos ha planteado ya cuestiones de bioética relativas a los límites en la utilización de nuevas tecnologías que persiguen el fin de la mejora humana (Savulescu 2001 y 2002; Naan 2005; Agar 2010). Una eventual admisión del transhumanismo divergente, en la medida en que afecta a la cuestión central de la igualdad distributiva entre humanos, implicaría un cambio radical en la estructura de nuestra antropología filosófica y, consiguientemente, en la estructura de la Bioética.

Para terminar este epígrafe, voy a referirme brevemente a ciertas variedades de la bioética feminista que sostienen que las relaciones entre humanos (anthropos) (H-H) encubren dos situaciones radicalmente diferentes dependiendo de que se trate de mujeres (gyne) (M-M) o de hombres (andros) (V-V). Por tanto, los tres dominios de relaciones que hemos propuesto (H-H, H-A, H-I) habría que desplegarlos del siguiente modo: hombres varones- animales (V-A); mujeres- animales (M-A); varones – seres inanimados (V-I); mujeres – seres inanimados (M-I); y, por supuesto, las relaciones entre las mujeres (M-M), entre los varones (V-V), y entre los dos grupos (M-V). Por tanto, si nos basáramos en los supuestos de este feminismo, el mapa de las preocupaciones éticas debería ser enriquecido y ampliado en todas estas direcciones. 

3. Las tres dimensiones normativas de todo asunto bioético

Las personas humanas, en su vida diaria, deben observar tres diferentes tipos de normas que persiguen tres objetivos diferentes. El primer grupo de reglas busca preservar la integridad de cada uno de los sujetos humanos, el segundo persigue el mantenimiento de ciertos grupos (profesiones, asociaciones, grupos étnicos, grupos religiosos, etc.), y el tercero pretende asegurar el correcto gobierno de un estado político. Esta doctrina fue formulada por Gustavo Bueno que se refirió a estos tres ámbitos como “ética”, “moral” y “política”, respectivamente (Bueno 1996 y 2003).

Siguiendo la filosofía de Bueno, las normas y reglas éticas tratan de preservar la integridad de cada uno de los sujetos humanos, tanto en lo referente a su cuerpo biológico como en lo que afecta a su estatuto como personas dotadas de auto-determinación. En su Ética, Espinosa propuso que la virtud ética fundamental es la fortaleza, que se entiende como firmeza cuando se refiere a uno mismo y como generosidad cuando se aplica a los demás. Siguiendo este criterio, las conductas éticas contribuyen al correcto desarrollo de la gente en lo que se refiere a su firmeza y su salud corporal. Al contrario, las conductas que amenazan la integridad personal son anti-éticas. El homicidio, la esclavitud, la mutilación, el abuso, la tortura, los daños físicos, las injurias, las difamaciones, la denigración y la burla son algunos ejemplos de conductas destinadas a socavar la firmeza de otras personas. Además, aquellas personas que ponen en peligro su propia integridad sin necesidad también tienen una conducta no ética hacia sí mismas. El suicidio, el abuso de drogas, y otros hábitos nocivos para la salud pueden servir de ejemplo. La disciplina de la Bioética ha estado comprometida, desde sus mismos comienzos, con la protección de la integridad individual y con el respeto de la auto-determinación de las personas para contribuir a su firmeza.

El segundo grupo de reglas y normas persigue el mantenimiento de ciertos grupos. Toda persona pertenece a ciertos colectivos en función de su etnia, familia, género, edad, lengua, religión, profesión, clase social, nivel educativo, o residencia, por citar sólo unos ejemplos relevantes. Cada uno de estos grupos tiene intereses y objetivos diferentes y sigue sus propias costumbres, normas y reglas. Gustavo Bueno propuso llamar a estas normas morales fundamentando su propuesta en los usos ordinarios que tiene la palabra moral en muchos idiomas modernos, como cuando se habla de la moral victoriana, o de la moral burguesa o cristiana: los victorianos, los burgueses y los cristianos son grupos específicos que comparten unas normas y costumbres particulares. La virtud cardinal de los códigos morales es la lealtad hacia otros miembros del grupo como ocurría en el famoso credo de los piratas, titulado Credo de ética o costumbres de los hermanos de la costa (1640). De este modo, muchos especialistas en bioética han defendido la necesidad de tomar en consideración, en una amplia variedad de contextos, las reglas que afectan a los individuos en cuanto miembros de ciertos colectivos (etnias, religiones, edades, sexos, profesiones, etc.) ya que ninguna persona está aislada. De este modo, a la Bioética no sólo le conciernen los principios abstractos que se aplican a los individuos sino también una amplia variedad de morales: judía (Freedman 1999), musulmana (Sachedina 2009), médica (Pellegrino y Tomasma 2003), de los pacientes, militar (Cook y Syse 2010), y otras muchas (Thompson 2012).

La tercera dimensión normativa que afecta, de un modo inevitable, a la praxis humana tiene que ver con las reglas que contribuyen al buen funcionamiento de un Estado político. En el mundo actual, toda persona forma parte de un Estado político y, por tanto, está sometido al derecho de ese estado. Muchos especialistas en bioética han argumentado de un modo convincente que los asuntos y preocupaciones políticas han constituido un contenido irrenunciable de la Bioética desde sus inicios (Callahan 1973; Downie 1983; Sheehan y Dunn 2013).

Las normas éticas son universales y distributivas en la medida en que afectan a los sujetos individuales con independencia de su raza, lengua, religión, sexo, edad, clase, profesión o cualquiera otra determinación. Esta universalidad abstracta y el individuo humano abstracto al que va referida no se alcanzan sino vaciando todas las determinaciones concretas que los caracterizan. Las personas individuales están siempre enculturadas en una amplia variedad de grupos y han crecido como ciudadanos de un Estado político concreto. Esos grupos siguen sus propias normas morales mientras que el Estado impone su propio orden legal. Aunque las normas éticas en muchas ocasiones no entran en conflicto con la moral de un grupo determinado, a veces ocurre que sí lo hacen de modo que las prescripciones de una determinada comunidad resultan ser incompatibles con los derechos individuales. Por ejemplo, un testigo de Jehová que rechaza una trasfusión de sangre está siguiendo una normal moral religiosa que choca con el imperativo ético de preservar la vida. Los cultos destructivos pueden servir como otro ejemplo de grupos que sostienen normas morales, pero no éticas. Incluso los miembros de una asociación profesional, con el fin de protegerse mutuamente, pueden incurrir en una conducta anti-ética, como cuando El código ético de la Sociedad Médica Americana de 1847 exigía a los médicos que no criticasen a los colegas que hubieran tratado un caso concreto con anterioridad (Fox y Swazey 1984). Mucho se ha escrito acerca de la moral médica nazi que era, en muchos extremos, anti-ética. Las morales de ciertos grupos contravienen frecuentemente ciertos imperativos éticos como en los casos de abusos de género, sexismo, racismo y discriminación social.

En cualquier caso, las normas éticas pueden ser dirigidas por motivos morales ulteriores como cuando la decisión colectiva (un mandato moral) tomada por ciertos grupos étnicos anula implícitamente la autoderminación de un sujeto (que es un requerimiento ético) respecto a ciertos asuntos que afectan su salud individual. En tales casos, la persona que no está habituada a tomar sola ciertas decisiones, se siente arropada por el grupo y espera que sea el grupo el que decida (Johnstone 2012). En otros casos, los dictados éticos chocan con los intereses del grupo, como ocurre cuando la preservación de la confidencialidad relativa a la información genética es puesta en entredicho por el interés que puedan tener ciertos familiares de sangre para acceder a esa información (Chadwick 200). Además, las normas morales de colectivos diferentes pueden entrar en conflicto entre sí como cuando el código de los testigos de Jehová sobre las trasfusiones de sangre entra en conflicto con el código médico de salvar la vida del paciente. Las diferentes normas de musulmanes y cristianos, de pacifistas y militares, de policías y mafiosos pueden servir como otros ejemplos de la incompatibilidad entre códigos morales diferentes. Muchos conflictos de intereses pueden entenderse como conflictos entre un individuo y un grupo o entre normas de diferentes grupos (Schunklen 2004).

Las normas políticas son normalmente compatibles con las normas éticas y una parte sustancial de las legislaciones de los Estados contribuyen al desarrollo de las virtudes éticas personales. Sin embargo, las normas políticas y éticas también entran, a veces, en conflicto. Las normas éticas abstractas no establecen diferencias entre personas de Estados diferentes, pero la política de una determinada nación implica la existencia de fronteras y la toma de medidas policiales y deportaciones como modo de preservar el bienestar del Estado, incluso cuando esas medidas condenan a otras personas a morirse de hambre, oponiéndose de este modo al bienestar de esa persona concreta. Lisa Eckenwiler, Christine Straehle, y Ryoa Chung (2012) han subrayado la dialéctica entre los requerimientos éticos y políticos relativos a la desigualdad en la salud, aunque su propuesta de una “solidaridad global” no deja de ser internamente problemática, ya que la solidaridad es siempre la solidaridad de un grupo frente a otros.

La ética y la política también entran en conflicto a propósito de los derechos reproductivos de la persona en relación con la planificación familiar. La libertad reproductiva incluye la posibilidad de decidir cuántos hijos se desea tener, pero este derecho en ocasiones resulta ser incompatible con la necesidad política de controlar el exceso de población. Como tantas veces se ha argumentado, algunos de los costes de tener hijos son soportados por otras personas distintas de los padres y, por tanto, esas personas también tienen algo que decir acerca del control de la natalidad (Buchanan et al. 2000, 210). Otro ejemplo de conflicto entre ética y política nos lo proporciona Mary Warnock que ha argumentado la primacía del bien político sobre la vida individual en su defensa del “deber de morir” que tendrían los pacientes dementes terminales como un medio para economizar recursos sanitarios (2008). La pena capital (mejor llamada eutanasia procesal), la guerra y la inteligencia político militar son otros tantos ejemplos de conflictos entre los requerimientos políticos y los valores y las virtudes éticas. Otro botón de muestra de esta tensión podría ser el equilibrio entre la privacidad individual y la seguridad ciudadana y estatal.

La relación entre normas políticas y morales también puede ser conflictiva. Como es sabido, los países occidentales que asumen ciertas normas éticas se oponen al infanticidio preferencial femenino, a los matrimonios forzados, a la mutilación sexual, al racismo, y al sexismo que son promovidos por ciertos grupos. Otro ejemplo del conflicto entre la moral de un grupo y la buena marcha del Estado lo proporciona el terrorismo. Por supuesto, también se dan muchas situaciones en las que un asunto puede tener relevancia ética o moral y carecer de importancia política: la promiscuidad sexual y el consumo legal de tabaco o de alcohol puede llegar a ser contraria a la ética, si pone en riesgo la firmeza del sujeto, y puede ser contraria de la moral, si perjudica a ciertos grupos tales como familias o empresas y, sin embargo, continúa siendo legal en muchos países.

La distinción entre ética, moral y política como tres dimensiones normativas diferentes de la praxis humana no se propone aquí como una simple definición de diccionario acerca de los usos de ciertas palabras en algunos idiomas modernos, sino que se presenta como el fundamento de la existencia de tres dominios diferentes de normas. Como ha afirmado Callahan, en Bioética “la dimensión puramente ética no puede ser considerada sin referirse a las dimensiones legal, política, psicológica y social” (1973, 72). En este texto tan antiguo se puede encontrar ya la distinción entre la dimensión ética, la social y la política de cualquier asunto bioético (la dimensión social puede ponerse en correspondencia con los que aquí llamamos moral).

Muchas de las adiciones de las últimas ediciones de los Principios de ética biomédica introducidos por Tom L. Beauchamp y James F. Childress para responder a sus críticos se podrían entender mejor si los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia fueran reinterpretados desde el conflicto entre ética, moral y política (Beauchamp y Childress 2009; Gert y Clouser 1990). La autodeterminación es en sí misma un principio ético, en la medida en que afecta al sujeto individual distributivo y a su firmeza, pero se encuentra inmediatamente restringido cuando se ponen a funcionar las normas morales de un grupo o las de un Estado político. Los conflictos y equilibrios entre los tres primeros principios de Beauchamps y el principio de justicia pueden entenderse como variaciones de las concesiones mutuas entre normas éticas y políticas como resultado de la contextualización de las normas éticas abstractas en la realidad de las contingencias políticas y de las restricciones morales institucionales. Como Mark Sheenan y Michael Dunn han dicho recientemente, todo requerimiento ético debe ser discutido en el contexto de los que es políticamente practicable y que realmente se puede implementar” (2013).

Robert Baker ha sostenido que es necesario realizar en la Bioética una revolución de corte historicista parecida a la que hizo Kuhn en la filosofía de la ciencia abstracta con el objeto de poner fin a la metodología actual ahistórica y racionalista y poner los asuntos en su contexto histórico. El libro de James H Jone de 1981 sobre el experimento de Tuskegee suele citarse para ejemplificar la fertilidad de la aproximación histórica. Duncan Wilson ha defendido también la relevancia de la historia en los análisis bioéticos (2013). Desde mi punto de vista, el análisis de Baker se podría entender mejor si asumimos que la Bioética no implica sólo la perspectiva ética sino también las mencionadas dimensiones moral y política. Debido a su naturaleza abstracta, el punto de vista ético puede proceder, en ciertos aspectos, de un modo ahistórico, como le ocurre a la geometría frente a la física. La moral y la política, no pueden proceder ahistoricamente ya que, por definición, están históricamente determinadas. La Bioética no puede quedar reducida al análisis abstracto de ciertos asuntos y ha incluido desde sus comienzos las dimensiones morales y políticas de modo que requiere una metodología histórica y comparada. En realidad, la dicotomía entre racionalismo e historicismo propuesta por Baker puede ser el resultado de centrarse solamente en la dimensión ética de la Bioética (dejando de lado la política y las morales), y centrarse sólo en los trabajos de cierto grupo de

académicos (ciertos filósofos analíticos estrictos) que asumen como única metodología el racionalismo cartesiano criticado por Baker. Esto nos explicaría la afirmación de Roger Cooter según la cual los especialistas en Bioética muestran siempre “superficialidad (o ausencia) de comprensión socio-económica o política” (1995, 259).

En la praxis de la vida ordinaria, las personas están inmersas en este espacio de normas heterogéneas y, por consiguiente, cualquier discusión de un asunto bioético se beneficiará de tomar en consideración la dimensión ética (la perspectiva del individuo tomado distributivamente), la dimensión moral (considerando los grupos que estén involucrados), y la dimensión política (en la medida en que afecta al Estado y a la legislación), teniendo siempre en mente que estos tres tipos de normas pueden entrar en conflicto entre sí.

4. Acerca de la estructura de la Bioética como una disciplina pragmática

Como ya se ha dicho, la Bioética es una disciplina de naturaleza pragmática. A pesar de la falta de consenso acerca de sus doctrinas y sus principios, el campo de esta disciplina no es ni caótico, ni amorfo, de modo que se puede apreciar en él cierta estructura. Por una parte, los asuntos de la bioética pueden ser clasificados basándose en los tres tipos de relaciones implicadas en la praxis humana: las relaciones entre humanos, las relaciones entre humanos y animales no humanos con inteligencia y voluntad, y las relaciones entre los humanos y otras entidades sin inteligencia ni voluntad. La razón fundamental para mantener esta clasificación es que las normas que gobiernan cada uno de estos dominios requieren un tratamiento específico ya que implican responsabilidades diferentes. Por otra parte, las personas humanas están sumergidas de modo inevitable en un espacio normativo tridimensional que afecta a su praxis: las normas éticas, que tratan de fortalecer a los individuos humanos, las normas morales, que persiguen el mantenimiento de determinados grupos sociales, y las normas políticas, que salvaguardan la buena marcha del Estado.

Por lo que hace a los tres dominios de relaciones humanas, las críticas más radicales provienen del animalismo anti-especista, que pretende hacer desaparecer las fronteras entre los hombres y ciertos animales, y del transhumanismo divergente, que busca dividir a la humanidad en grupos como resultado de una mejora humana divergente (una vez que se han abandonado definitivamente el racismo “científico” del siglo diecinueve). Incluso dejando a un lado las pretensiones anti-especistas, el grado de compromiso ético hacia ciertos animales con inteligencia y voluntad permanece siendo objeto de consideración.

Por lo que hace a las tres dimensiones de las normas humanas, la cuestión principal puede formularse del siguiente modo: en caso de un conflicto entre normas éticas, morales y políticas ¿contamos con alguna regla para establecer prioridades entre ellas? Esta cuestión está en el núcleo de la discusión entre universalismo y relativismo, entre liberalismo y comunitarismo, entre la autonomía del paciente y el paternalismo médico, y entre los partidarios de la autonomía individual y los que defiende el poder del grupo del estado. El reconocimiento de estas tres dimensiones normativas también puede arrojar alguna luz sobre el problema de las prioridades entre ciertos valores que están en competencia y que afectan al individuo, al grupo y al Estado, así como sobre el conflicto y el equilibrio entre ciertos principios bioéticos, y puede ser de ayuda para dar cuenta del lugar de la perspectiva histórica en Bioética.   

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